El 2025 será recordado, entre otras cosas, como el año en que el gobierno de Javier Milei consolidó un nuevo régimen de entrega territorial. Bajo la promesa de atraer inversiones y con un discurso que reduce el desarrollo a la explotación de recursos, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en el corazón legal y político de un modelo extractivista sin frenos, diseñado a medida de los grandes capitales. Minerales críticos, hidrocarburos, litio, oro, gas y tierras fértiles quedaron al servicio de empresas que, amparadas por esta arquitectura jurídica, ingresan al país con beneficios impositivos, estabilidad normativa por tres décadas y mínimos controles ambientales.
Según el Boletín del Observatorio del RIGI, en apenas unos meses se presentaron 19 proyectos bajo este régimen por más de 30.000 millones de dólares. El 95% se concentra en los sectores minero e hidrocarburífero, y se despliega sobre territorios clave como San Juan, Catamarca, Río Negro, Jujuy, Mendoza y el Golfo San Matías. Estos proyectos no solo suponen un impacto ecológico directo: se asientan sobre comunidades que no fueron consultadas debidamente, en zonas protegidas por normativas vigentes, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, y avanzan gracias a la connivencia entre el Estado nacional y gobiernos provinciales.
La implementación del RIGI coincidió con una serie de regresiones ambientales sin precedentes. De acuerdo al informe anual de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, el 2025 estuvo atravesado por un vaciamiento sistemático de las instituciones ambientales: recorte presupuestario, despidos masivos, desfinanciamiento de fondos clave y eliminación de programas vinculados a bosques nativos, biodiversidad y cambio climático. A esto se suma un aumento en la criminalización de la protesta socioambiental, una fuerte regresión normativa y la ausencia de participación pública en procesos de toma de decisiones.
En los últimos días, se conoció el intento del Gobierno nacional de avanzar con un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, presentado en el Congreso sin consulta previa ni debate público. La iniciativa —cuestionada por su inconstitucionalidad y su sesgo a favor de la megaminería— buscaba reducir la protección de ambientes periglaciares, eliminar el rol técnico del IANIGLA y habilitar que las provincias definan qué glaciares proteger. Sin embargo, tras una fuerte reacción de organizaciones socioambientales, equipos de investigación y especialistas jurídicos durante el plenario de comisiones en el Senado, el debate fue aplazado. No es una victoria, pero sí un freno: el oficialismo había supuesto que no habría resistencia. Lo que quedó en evidencia es que la Ley de Glaciares no se toca sin conflicto. Y que la defensa del agua sigue marcando un límite.
El extractivismo como política de Estado
Durante 2025 los eventos climáticos extremos se volvieron casi rutinarios. Las inundaciones en Bahía Blanca o en Salta, los incendios en Córdoba o en el sur del país, el deterioro de los glaciares y la persistente falta de una Ley de Humedales no son fenómenos aislados, sino el resultado directo de un modelo de desprotección ambiental activa. El Estado no sólo retira su capacidad de control: habilita, financia y legaliza el avance extractivo incluso en zonas de alto valor ecológico y social.
Pero el eje nacional no explica todo. En provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy o Río Negro, los gobiernos locales –que en su mayoría representan a fuerzas opositoras– han sido actores protagónicos en la reactivación de proyectos mineros, petroleros o portuarios, incluso modificando leyes provinciales o negociando votos a cambio de inversiones. Lo que se consolida es una alianza estructural entre el poder central y los Ejecutivos provinciales, que comparte una misma visión del territorio: como recurso disponible, como mercancía
A nivel internacional, el alineamiento con Estados Unidos —ahora nuevamente bajo el liderazgo de Donald Trump— terminó de cerrar la ecuación. En los últimos meses trascendió que los acuerdos financieros entre Argentina y el sistema SWIFT, respaldados por Washington, podrían incluir acceso preferencial a los llamados “minerales estratégicos” como parte de la letra chica, aunque esto no fue confirmado oficialmente. La orientación, sin embargo, es clara.En sintonía con el giro negacionista que llevó a Trump a retirar a EE.UU. del Acuerdo de París, Argentina profundizó su retiro de los espacios de negociación climática internacional. La ausencia deliberada en la COP30, celebrada este año en Brasil, fue un gesto político en línea con ese nuevo orden. El negacionismo no es un exabrupto ni únicamente una provocación ideológica: es una estrategia de política exterior que consolida a la Argentina como plataforma extractiva en el tablero geopolítico global.
Tres territorios y un mismo modelo
Durante 2025, Argentina tuvo tres casos emblemáticos —el Golfo San Matías en Río Negro, el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y el Valle de Uspallata en Mendoza— que sirven para analizar cómo se entretejen los intereses provinciales, las decisiones del gobierno nacional y los alineamientos geopolíticos que reconfiguran los territorios. Lejos de ser excepciones, estos conflictos condensan el nuevo patrón extractivo que se consolida en la Argentina bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuya primera etapa de ejecución comenzó este año. Son tres territorios alcanzados directamente por este nuevo marco legal, y por eso ponemos la lupa ahí: porque en ellos se expresa con claridad la escala del saqueo y la potencia de las resistencias.
Golfo San Matías: el saqueo legalizado y la destrucción del mar
En el mapa extractivista que el RIGI consolidó durante 2025, el Golfo San Matías se convirtió en uno de los territorios emblema del nuevo modelo territorial impulsado por Nación. Ubicado entre Vaca Muerta y el Atlántico sur, este ecosistema de alto valor ecológico es hoy epicentro de un plan que incluye la construcción de un oleoducto de cientos de kilómetros, el desembarco de buques regasificadores frente a Las Grutas y la instalación de un puerto petrolero en una zona hasta ahora libre de hidrocarburos.
El proyecto, liderado por Southern Energy —consorcio integrado por Pan American Energy, Golar LNG, YPF y otras firmas—, fue uno de los más promocionados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el Observatorio del RIGI, los emprendimientos ligados a gas y petróleo representan el 32% del total de las inversiones aprobadas en su primer año. Pero más allá de las cifras, lo que se instala es una disputa territorial que expone un modelo sin licencia social ni climática.
El gobernador Alberto Weretilneck, uno de los aliados más activos del Ejecutivo nacional, no solo promovió la derogación exprés de la Ley 3308 —que desde 1999 protegía al golfo de la instalación de terminales petroleras— sino que alineó su gestión con las principales reformas económicas de Nación. A cambio, consolidó poder: logró que una funcionaria provincial ingresara al directorio de YPF y transformó al Golfo en bandera de su legado productivo.
Pero lejos de convertirse en una “oportunidad energética”, el proyecto impacta directamente sobre el territorio marítimo y todas las relaciones que allí conviven como la pesca artesanal, el turismo costero y la biodiversidad marina.. Las audiencias públicas fueron denunciadas como simulacros: sin acceso a información clara, con cupos limitados y horarios incompatibles con la vida comunitaria. Las organizaciones socioambientales advierten que un derrame en estas aguas, donde conviven ballenas francas, pingüinos de Magallanes y el pulpo tehuelche, sería un ecocidio irreversible.El Informe de Regresiones Ambientales 2025, el Colectivo de Abogadxs ya alertaba que la expansión del GNL en esta región “profundiza el modelo fósil en plena crisis climática”. Por su parte, el informe Una nueva ruta para la extracción energética creado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también en este año es contundente: el Golfo San Matías está siendo convertido en una zona de sacrificio, reconfigurado para viabilizar la salida al mar de Vaca Muerta, sin evaluación ambiental integral y con una institucionalidad fragmentada. FARN advierte, además, que las modificaciones a la Ley 3308 se realizaron sin consulta previa a las comunidades ni estudios técnicos públicos, y denuncia una “arquitectura institucional debilitada, sin capacidades para evaluar ni controlar este tipo de megaproyectos”.
A nivel internacional, las contradicciones se acumulan. Una de las empresas involucradas, Harbour Energy, fue sancionada por operar ilegalmente en las Islas Malvinas. La legisladora Magdalena Odarda denunció penalmente al gobernador por encubrimiento y violación de normativas ambientales, mientras la Casa Rosada guarda silencio.
Lo que ocurre en Río Negro no es un caso aislado. Es parte de un patrón: infraestructura fósil sobre ecosistemas sensibles, leyes desmanteladas a medida del capital transnacional y participación ciudadana reducida a trámite. Como advierte FARN en su informe, el Golfo San Matías representa una nueva frontera extractiva: un territorio reconfigurado por y para la exportación de hidrocarburos, bajo la lógica del “progreso” sin comunidad ni territorio. Pero en las costas de San Antonio Oeste, Las Grutas y otras localidades ribereñas, las resistencias crecen. Porque lo que está en disputa no es solo el mar, son las formas de vida que éste entorno propicia.
Catamarca: la minería como pacto de poder
En Catamarca, el avance del extractivismo no se explica solo por la riqueza mineral del suelo. También hay que mirar hacia arriba: hacia el pacto entre el gobierno provincial de Raúl Jalil y la Casa Rosada, que encontró en la minería un terreno fértil para los negocios y la acumulación política. Luego de las elecciones legislativas, a días de la jura en el Congreso, tres diputados alineados con Jalil se alejaron del bloque de Fuerza Patria colaborando así en la constitución de La Libertad Avanza como primera minoría de la Cámara de Diputados. Días después, el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), una empresa estatal codiciada por su volumen de regalías y sus contratos con multinacionales. La secuencia no deja lugar a dudas: la entrega de la empresa minera fue parte de un acuerdo político a cambio de bancas en el Congreso.
Mientras eso ocurre en Buenos Aires, en los territorios se profundiza otro tipo de violencia: la institucional. En el Salar del Hombre Muerto, corazón del litio en la región, el gobierno catamarqueño continúa avanzando con audiencias públicas ilegales, ignorando un fallo clave de la Corte de Justicia provincial. En marzo de 2024, la justicia hizo lugar a un amparo de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y ordenó la suspensión de los proyectos Fénix (operado por Livent, hoy Río Tinto) y Sal de Vida (Galaxy), por el secado de la vega Trapiche y otros impactos acumulativos. El fallo exige un estudio ambiental integral y acumulativo de toda la cuenca, y prohíbe otorgar nuevos permisos hasta que esa evaluación se realice. Aún sin una resolución definitiva, el Ejecutivo provincial sigue habilitando proyectos, violando abiertamente ese mandato judicial.
Durante diciembre, se realizaron tres audiencias públicas en Antofagasta de la Sierra —dos de ellas el mismo día en distintas localidades—, lo que imposibilita cualquier participación efectiva de las comunidades afectadas. Además, algunas corresponden a actualizaciones del proyecto Fénix inhabilitado por la corte de Catamarca. En Fiambalá –otra localidad del oeste catamarqueño– una audiencia por el proyecto ZiJin se realizará el 30 de diciembre. La intención es clara: avanzar rápido, en silencio y sin consulta.
En este contexto, y con una crisis hídrica estructural, el gobierno provincial también ocultó información clave sobre el uso del agua por parte de las mineras. Así lo confirmó el reciente fallo a favor de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, que denunció que el Estado no entregó los permisos ni estudios técnicos vinculados al uso del Río Los Patos y el Río Trapiche. En lugar de cumplir con la Ley de Acceso a la Información Ambiental, el Ministerio de Agua y Medio Ambiente respondió con documentos incompletos, ocultando incluso una autorización clave del Proyecto Fénix, uno de los más avanzados en el salar. En paralelo, empresas como Sal de Vida siguen operando sin control, mientras más de seis kilómetros de humedales aparecen completamente secos.
Esta forma de gestión no es nueva, pero se profundiza con el aval nacional. El proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), impulsado por Glencore, está en fase de expansión y cuenta con la reactivación de la planta concentradora de Bajo la Alumbrera como eje estratégico. Ambos están incluidos en el RIGI.
La política minera de Jalil es mucho más que una gestión local: es una postal del nuevo régimen de poder en Argentina. Recursos naturales como moneda de cambio, legalidades suspendidas y comunidades que deben acudir a la justicia para frenar un modelo que se impone sin licencia social. Aunque el fallo judicial marcó un hito histórico, su incumplimiento revela algo más profundo: el extractivismo avanza no solo con topadoras, sino también con pactos políticos que convierten a los territorios en zonas sacrificables, y a sus habitantes, en obstáculos a sortear.
Mendoza: entre el lobby del cobre y la rebelión por el agua
Mientras el gobierno nacional impulsa un nuevo ciclo de saqueo sobre la cordillera en nombre de la “seguridad jurídica”, Mendoza se convirtió en el caso más emblemático de resistencia popular frente al avance minero. En diciembre de 2025, con aval transversal de legisladores radicales, libertarios, del PRO y parte del peronismo, la Legislatura provincial aprobó a espaldas del pueblo la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge, habilitando la megaminería de cobre a cielo abierto en el Valle de Uspallata.
El emprendimiento será operado por Zonda Metals GmbH, una firma suiza con sede financiera en paraísos fiscales. Su habilitación vino acompañada de un combo legislativo hecho a medida: ampliación del protocolo minero en zonas periglaciares —en clara contradicción con la Ley de Glaciares—, un fondo de “compensación” que transfiere al Estado los costos ambientales, y una nueva Ley de Regalías que mantiene el irrisorio 3% para la provincia.
La sesión que aprobó el proyecto ocurrió bajo fuerte presencia policial y una Legislatura vallada. Afuera, miles de personas marcharon desde distintos puntos de la provincia para defender el agua. Las Asambleas del Agua reactivaron su histórica capacidad de movilización con caravanas, caminatas y concentraciones masivas. Ni el blindaje institucional ni la represión impidieron que la calle volviera a marcar el pulso político.
El rechazo no es nuevo, pero esta vez fue más profundo. El PSJ se aprobó con estudios desactualizados, sin consulta a todos los municipios de la cuenca y con dictámenes técnicos censurados. La mayor cuenca hídrica de Mendoza —de donde se abastece más del 70% de la población— podría quedar expuesta al drenaje ácido de escombreras y al uso de sustancias como el xantato, prohibidas en otros países por su toxicidad.
Mendoza no actúa en soledad. La aprobación del PSJ se enmarca en la avanzada nacional que promueve el gobierno de Milei con el RIGI como herramienta central para habilitar grandes inversiones mineras, incluyendo proyectos de cobre como MARA, Pachón o Filo del Sol. La provincia opera como laboratorio político: legalidad exprés, criminalización de la protesta, licencias ambientales hechas a medida y apagón informativo. Una arquitectura institucional al servicio del extractivismo.
El vínculo entre la avanzada provincial y la política nacional se hizo aún más explícito en los últimos días, cuando trascendió la noticia de que el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares. La propuesta —impulsada por el Ejecutivo junto a la Secretaría de Minería— busca debilitar la protección de los ambientes periglaciares, excluir zonas clave del Inventario Nacional de Glaciares y otorgar mayor discrecionalidad a las provincias en los procesos de evaluación ambiental. Lejos de ser una actualización técnica, la reforma se alinea con los intereses de las grandes mineras que presionan para legalizar proyectos hoy irregulares, como el propio San Jorge en Mendoza, que requiere intervenciones en territorio periglaciar.
Pero el intento no pasó desapercibido. Durante el plenario de comisiones en el Senado, especialistas, grupos de investigación y organizaciones socioambientales expusieron con dureza contra el proyecto, señalando su inconstitucionalidad y el retroceso que implicaría para la arquitectura ambiental del país. La presión logró su primer efecto: el oficialismo, que pensaba aprobar la iniciativa de forma exprés, se vio obligado a aplazar el debate. No se trata de una victoria definitiva, pero sí de un freno político que muestra que la defensa del agua sigue marcando límites incluso en un contexto de regresión generalizada.
En Mendoza, esa resistencia persiste. Aunque la Legislatura selló el acuerdo con las mineras, las asambleas siguen encendidas, multiplicando acciones, denunciando irregularidades y sosteniendo un rechazo que no necesita micrófonos oficiales para hacerse escuchar. Lo que se aprobó fue un trámite administrativo. Lo que no consiguieron es lo más importante: la legitimidad. Porque cuando el agua está en juego, la respuesta no es técnica ni partidaria. Es vital. El caso mendocino deja una certeza, cuando los pueblos están organizados, la defensa del agua puede más que cualquier decreto.
