Foto de portada: Marcelino Ueslei/ Reuters
Mientras Brasil se prepara para un nuevo año electoral, hay una fecha que no figura en el calendario oficial del proceso democrático, pero que sigue organizando su presente político: el 8 de enero de 2023. A tres años de aquel día, no se trata de una efeméride, sino de una advertencia. Cuando las urnas no arrojaron el resultado esperado por la extrema derecha, la democracia brasileña fue atacada de manera organizada y violenta.
Ese domingo, cientos de personas vestidas de verde y amarillo invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Lejos de una protesta espontánea, la investigación judicial demostró que se trató de un intento de golpe de Estado. Fue una operación planificada, con financiamiento privado, logística profesional y un objetivo político claro, orientado a provocar un colapso institucional que daría paso a la intervención de las Fuerzas Armadas.
La responsabilidad política tuvo un nombre propio: Jair Bolsonaro. Aunque se encontraba fuera del país, su rol fue central en la construcción del clima golpista. La narrativa del fraude electoral, repetida sin pruebas y amplificada por redes de desinformación, funcionó como el hilo conductor que sostuvo la violencia. A su alrededor se articuló un entramado civil y militar dispuesto a desconocer la voluntad popular y quebrar el orden constitucional.
Tres años después, la respuesta institucional provino del mismo lugar que fue blanco prioritario del odio bolsonarista: el Supremo Tribunal Federal. El trabajo sostenido de investigación y juzgamiento sentó un precedente histórico al procesar y condenar tanto a civiles como, por primera vez en la historia democrática reciente de Brasil, a altos mandos militares por delitos contra el Estado Democrático de Derecho. Esta ruptura de la tutela militar sobre la política marcó un antes y un después en la relación entre Fuerzas Armadas y democracia.
Si bien la figura central del proceso judicial fue Alexandre de Moraes, el voto de la ministra Cármen Lúcia permitió condensar el enfoque adoptado por el tribunal. Su intervención situó el intento de golpe en un marco político más amplio, al entenderlo no como un exceso circunstancial, sino como la expresión de una trama autoritaria sostenida en la deshumanización del adversario político, el desprecio por el pluralismo y una violencia discursiva previa a la invasión material de las instituciones. Esa lectura fue clave para consolidar las condenas y reafirmar la defensa del orden constitucional.
Sin embargo, la respuesta judicial no clausuró el conflicto político que dio origen al 8 de enero. El bolsonarismo conserva una presencia significativa en el Congreso Nacional y continúa disputando sentidos en la esfera pública. En paralelo, avanzan iniciativas que buscan reinstalar la amnistía como salida política, apelando a una tradición histórica que en Brasil significó impunidad para los crímenes de la dictadura.
Este escenario no puede leerse únicamente en clave nacional. El intento de golpe en Brasil se inscribe en una dinámica regional marcada por la circulación transnacional de estrategias de desinformación, la radicalización de las derechas y la erosión deliberada de consensos democráticos básicos. La experiencia brasileña dialoga de manera directa con el asalto al Capitolio en los Estados Unidos en enero de 2021 y con la posterior exportación de narrativas que relativizan el valor del voto y naturalizan la violencia política como herramienta de disputa de poder.
En este nuevo enero, el reposicionamiento de los Estados Unidos como actor de influencia directa en América Latina, incluida su creciente injerencia en la crisis venezolana, añade un factor de incertidumbre a un escenario ya tensionado. Para Brasil, que ingresa a un año electoral con una sociedad profundamente polarizada y un Congreso con fuerte presencia bolsonarista, el contexto regional amplifica los riesgos y vuelve aún más urgente una vigilancia democrática activa.
A tres años del 8 de enero, la democracia brasileña mostró capacidad de resistencia institucional, pero no quedó blindada frente a nuevas amenazas. Nombrar el intento de golpe, señalar responsabilidades políticas y comprender su dimensión regional es una condición necesaria para defender el derecho al voto y el orden constitucional en Brasil y en América Latina.
* Renata Codas es abogada y especialista en políticas públicas. Danielle Santana es Historiadora, consultora política y militante antiracista. Ambas coordinan el Núcleo del Partido de los Trabajadores de Brasil en Argentina desde 2025.
