Fotos: Wambra.
En el último mes, Ecuador vive una intensa protesta social en rechazo al Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. El gobierno de Daniel Noboa respondió con la declaración del estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país y una fuerte militarización que incluyó el despliegue de más de 7.000 efectivos en ciudades como Quito y Otavalo, el envío de tanques militares tanto en zonas urbanas como rurales, y un operativo represivo que, hasta el 19 de octubre, ya contabilizaba 377 vulneraciones a los derechos humanos, según el último reporte de la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador.
El decreto se presentó como una medida de ajuste para reducir el gasto público. Según el gobierno, permitiría un ahorro de 1.100 millones de dólares al año. Sin embargo, el impacto de ese ajuste recae directamente sobre los sectores más empobrecidos del país. El precio del diésel —combustible clave para el transporte, la producción agrícola y la economía popular— pasará de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que equivale a un aumento del 56%. Organizaciones sociales advierten que esto provocará una suba generalizada en el costo de vida, afectando especialmente a pequeños agricultores, pescadores artesanales y comunidades indígenas que ya enfrentan condiciones de precariedad estructural.
Pero las razones del paro nacional van mucho más allá del combustible. Las comunidades indígenas, campesinas y amazónicas denuncian la consolidación de un modelo extractivista minero, la criminalización de la protesta social y una estrategia de control estatal que amenaza derechos colectivos, ambientales y democráticos en el país andino. Mientras los grandes medios y organismos internacionales guardan silencio, los medios comunitarios y las organizaciones territoriales son quienes están narrando la crisis y denunciando la represión, sin recursos ni protección.
Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos describieron la respuesta del gobierno de Noboa a la protesta social como una política de guerra. En LATFEM, cinco claves para entender qué está pasando en Ecuador, en un contexto marcado por la represión, el racismo y el intento de imponer reformas estructurales sin debate democrático.
1. La represión es parte del plan
Desde el inicio del paro nacional, el despliegue de la fuerza pública ha sido desproporcionado. En ciudades como Otavalo, un pueblo andino con fuerte presencia indígena, el gobierno ecuatoriano envió tanques y convoyes militares para patrullar zonas residenciales. Las denuncias de los organismos de Derechos Humanos y medios comunitarios de comunicación incluyen ingreso violento a viviendas, represión con armas letales, allanamientos, y detenciones masivas. “Están tratando a la gente como combatientes. Han entrado a las casas, han roto puertas, disparado a mujeres, niños y ancianos. Es algo que no lo hemos visto nunca. Parece una guerra”, cuenta Sinchi Gómez, comunicadora popular e indígena, integrante del medio comunitario Wambra.
Los y las comunicadoras comunitarias también están en riesgo. En medio de la represión, fueron golpeadas, amenazadas y atacadas con gases y balas de goma. Un periodista fue herido de bala en el pecho y otro recibió un disparo por la espalda. “Cada vez es más difícil informar. Nos disparan directamente al cuerpo y varios compañeros han resultado heridos”, relata la comunicadora.
El caso de las personas indígenas a quienes les cortaron el cabello tras ser detenidas ha generado un gran rechazo. La práctica, que tiene un fuerte contenido racista y simbólico, recuerda los momentos más oscuros del colonialismo. Para Sinchi, “la violencia desplegada por el gobierno es el nivel más alto de violencia patriarcal. Es una guerra declarada contra los pueblos”.
“La violencia desplegada por el gobierno de Daniel Noboa es el nivel más alto de violencia patriarcal. Es una guerra declarada contra los pueblos”.
2. El extractivismo como eje estructurante
El levantamiento actual también es una respuesta a la profundización del modelo extractivo, que se ha trasladado progresivamente del petróleo hacia la minería a gran escala. Para David Fajardo, activista de Yasunidos y del Cabildo por el Agua de Cuenca, esta transición no es solo técnica, sino política: “Hay una reorganización de las élites económicas para asegurar sus intereses en el modelo minero. El grupo Nobis, ligado directamente a la familia del presidente Noboa, tiene 12 concesiones mineras en cinco provincias”.
Fajardo relata cómo, tras una masiva movilización de más de 120.000 personas en Cuenca el pasado 16 de septiembre en defensa de Kimsacocha —un ecosistema que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y tiene gran importancia como reserva hídrica para la región—, el gobierno ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y el inicio de una investigación judicial. “Nos acusan de enriquecimiento privado injustificado. Dicen que financiamos el paro nacional con dinero de ONGs. Es una nueva forma de criminalización financiera”, afirma.
“Hay una reorganización de las élites económicas para asegurar sus intereses en el modelo minero”.
Este proceso se enmarca en una estrategia más amplia: avanzar con nuevos contratos, tratados de libre comercio —como el firmado con Canadá— y despojo territorial. El Yasuní, donde en 2023 una consulta popular histórica votó por detener la explotación petrolera, vuelve a estar bajo amenaza. “El gobierno intenta desconocer los resultados de la consulta. Está impulsando una nueva ronda petrolera en la Amazonía. Y donde no entra el petróleo, entra la minería”, resume Fajardo.
3. Racismo estructural: el cuerpo indígena como enemigo
Durante las protestas, múltiples denuncias señalaron que militares cortaron el cabello a indígenas detenidos. La práctica, con connotaciones coloniales, representa una forma de humillación simbólica. “No es solo violencia física. Es una forma de despojo, de castigo racista contra quienes resisten”, explica Sinchi Gómez.
La construcción del indígena como “enemigo interno” no es nueva, pero ha sido profundizada por el gobierno de Noboa. Desde los medios oficiales y las autoridades, se ha buscado vincular al movimiento indígena con la minería ilegal, el narcotráfico y grupos de delincuencia organizada. Esta narrativa, sin sustento judicial, ha sido utilizada para justificar la represión, la estigmatización y la criminalización de la protesta social.
“Están construyendo la imagen de que somos parte del crimen organizado, como hicieron antes con la CONAIE. Es una estrategia para justificar cualquier violencia y dividir al movimiento”, señala Fajardo. En paralelo, se han intensificado prácticas de clientelismo en territorios indígenas y amazónicos, con entrega de bonos y programas sociales que buscan fragmentar y cooptar liderazgos.
“La violencia contra personas indígenas detenidas durante las protestas es una forma de castigo racista contra quienes resisten”.
4. El control social, institucional y mediático
Este avance extractivo no sería posible sin un aparato de control y disciplinamiento. El gobierno ha impulsado una “Ley de Transparencia Social” que permite vigilar y restringir el financiamiento de organizaciones sociales, ONGs y colectivos comunitarios. Aunque presentada como una herramienta anticorrupción, en la práctica es usada para desmovilizar y sancionar a quienes se oponen al modelo económico dominante.
“Se trata de una forma de criminalización financiera y legal. El Estado puede congelarte las cuentas, investigarte, acusar de delitos económicos solo por movilizarte”, explica Fajardo. En paralelo, se prepara una consulta popular para reformar la Constitución, y uno de sus posibles efectos es la eliminación de derechos colectivos, como la consulta previa y los derechos de la naturaleza.
El aparato mediático acompaña este proceso. “Los grandes medios están pautados, compraron medios digitales que antes eran críticos y censuraron canales comunitarios como TV MICC, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Intentan instalar la idea de que quienes protestamos somos delincuentes o terroristas”, denuncia Sinchi. Esta guerra narrativa refuerza la estrategia estatal: controlar el sentido común para deslegitimar la resistencia.
5. El narcotráfico como excusa para criminalizar
Una pieza clave del relato oficial ha sido vincular las organizaciones sociales, indígenas y ecologistas con el narcotráfico. Desde el gobierno se ha acusado a líderes de “financiamiento ilícito” y hasta de nexos con grupos criminales como el “Tren de Aragua”. Para Sinchi, esta narrativa busca justificar la violencia estatal: “Nos acusan de estar financiados por carteles para instalar que somos terroristas. Pero lo que quieren es eliminar el derecho a la resistencia.”
David Fajardo agrega: “El gobierno estudió los paros anteriores. Esta vez desplegaron estrategias militares: cambiaron la sede del gobierno, bloquearon cuentas bancarias, atacaron a dirigentes. Todo para eliminar el tejido social organizado que frena sus intereses.”
Esta narrativa no solo busca justificar la represión, sino también allanar el camino para reformas legales que equiparen protesta social con terrorismo. En los discursos oficiales, la confusión deliberada entre movimientos indígenas y grupos criminales permite legitimar el uso desmedido de la fuerza y sembrar miedo en la población. Como señala Fajardo, “se trata de una estrategia que mezcla guerra psicológica, propaganda mediática y reformas legales para desarticular a los actores que históricamente han defendido los territorios”. Lejos de combatir al narcotráfico, el gobierno de Noboa apunta a desactivar toda forma de organización popular que cuestione el extractivismo y la concentración de poder.
Continuidades y una alerta para la región
Aunque el contexto actual tiene sus particularidades, hay claras continuidades con el paro de octubre de 2019, cuando un estallido indígena y popular detuvo un paquete de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional. En aquel entonces —como ahora—, la respuesta fue represión, pero también organización e incluso una victoria parcial.
Hoy, la represión es más sistemática, más planificada y más respaldada por un modelo geopolítico que incluye acuerdos con Estados Unidos e Israel para el control de la protesta social. “El Plan Fénix, que se activa ahora, fue elaborado durante el gobierno de (Guillermo) Lasso y profundizado por Noboa. Está pensado para aplastar levantamientos sociales con asesoría internacional”, denuncia Fajardo.
La situación en Ecuador alerta sobre una tendencia regional: la criminalización de la defensa del territorio, el vaciamiento institucional y el avance de megaproyectos extractivistas bajo gobiernos autoritarios. Las resistencias que hoy se expresan en Ecuador son también un espejo para los pueblos del continente.
