Fotos: Sol Avena
El próximo viernes 26 de diciembre, el gobierno nacional espera dictaminar el Presupuesto 2026 en el Senado tras la media sanción en Diputados. Uno de los tantos puntos cuestionados es el Artículo 30 del proyecto, que pretende ponerle fin al compromiso del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, y de financiar la Educación Técnico Profesional y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto de educación de la gestión Milei se expresa, en el plano económico, a través del desfinanciamiento y, en el plano ideológico, en el documento de “Libertad educativa” presentado a instancias del Consejo de Mayo. La legisladora porteña de Unión por la Patria Maru Bielli y la especialista en educación Soledad Areal analizan la iniciativa y reflexionan sobre su alcance y los riesgos que implica para la educación pública.
El ajuste como forma de gestión
El proyecto enviado por el Ejecutivo “viene a consolidar un recorte que ya se está aplicando”, analiza Bielli. Incluso en un contexto en el que el oficialismo evitó someter una ley de presupuesto a debate durante el último año. Según su análisis, “la inversión educativa sufrió un recorte acumulado del 50 % de los recursos.”
“Este presupuesto consolida un modelo que no necesita de la educación técnico-profesional, ni de la ciencia y la tecnología, ni de las universidades”, advierte Bielli sobre los recortes que afectan directamente a estas áreas. En el caso de la educación técnica, el ajuste supera el 80%: según el texto enviado al Congreso se elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058, que financiaba la infraestructura de las escuelas técnicas, la actualización de talleres y laboratorios, la capacitación docente y la articulación con el mundo del trabajo. Su eliminación golpea directamente a más de 1.500 escuelas de todo el país y a miles de estudiantes que dependen de esos recursos, una señal clara de cuáles son las áreas que el Gobierno considera prescindibles para su proyecto económico.
Otro de los puntos críticos es la eliminación de los pisos y metas de inversión establecidos por ley: el 6% del PBI para educación, el 0,2% destinado a educación técnico-profesional y el objetivo de alcanzar el 1% para ciencia y tecnología. “Aunque esas metas no siempre se hayan cumplido, funcionaban como un horizonte, como una orientación estratégica”, subraya la legisladora, quien considera que su eliminación implica una renuncia explícita a una política de desarrollo de largo plazo.
En la misma línea, los gremios docentes manifestaron su rechazo al proyecto. Desde CTERA denunciaron que el Presupuesto 2026 representa “un ajuste educativo” y exigieron el rechazo del artículo 30, al considerar que sus disposiciones profundizan la crisis del sistema educativo público. En su comunicado, señalan que estas medidas atentan contra “las condiciones de enseñanza y aprendizaje” y contra el ejercicio efectivo del derecho social a la educación.
Del derecho a la fragmentación
En nombre de la libertad, el Gobierno avanza en un modelo educativo en el que el Estado se retira y las necesidades colectivas dejan de pensarse como derechos para quedar libradas a la lógica del mercado y de las individualidades. En ese marco, el desfinanciamiento educativo, a través del Presupuesto 2026, tiene su correlato en la reforma educativa a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendel y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Inicialmente el proyecto tomó estado público por un documento borrador filtrado a la prensa, y finalmente fue oficializado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni al presentar los acuerdos del Consejo de Mayo. Las conclusiones a las que arribaron sus miembros señalan como diagnóstico que “la Argentina se encuentra frente a una profunda crisis educativa”, signada por los bajos resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales a las y los estudiantes. “La evidencia internacional demuestra que los mejores resultados educativos están en directa relación con altos niveles de autonomía y libertad de los docentes, los directores, las familias y los propios estudiantes como los verdaderos protagonistas del proceso educativo”, sostienen los integrantes del Consejo de Mayo. Además, el informe caracteriza al sistema educativo argentino por tener “una estructura excesivamente centralista y burocratizada que ahoga la libertad innovadora”.
Este proyecto propone derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006. Prevé modificaciones sobre todo para la educación básica que comprende los tres niveles obligatorios, inicial, primaria y secundaria, y la declara como un servicio esencial para inhibir el derecho a huelga. También da cuenta de cambios para la Educación Superior, especialmente en materia de financiamiento. Para Soledad Areal, que también es militante sindical de ATE, el proyecto rompe incluso con la tradición liberal que dice reivindicar, se trata de un quiebre histórico. “Este gobierno que se declara liberal y que tiene a Sarmiento como uno de sus próceres construye una ley que Sarmiento degradaría completamente”, señala. A diferencia del liberalismo del siglo XIX, que concebía al Estado como actor central en la construcción de una Nación, el proyecto de Ley de Libertad Educativa propone exactamente lo contrario: desarmar lo común; la escuela deja de ser el espacio donde se construye un horizonte compartido y pasa a organizarse en función de creencias, proyectos e intereses particulares.
El texto, que finalmente se compone de 169 artículos, a diferencia de los casi 200 del primer borrador, retoma y profundiza los lineamientos que el oficialismo había intentado introducir en el capítulo educativo de la primera Ley Bases, en diciembre de 2023, elaborado entonces por Federico Sturzenegger. En la primera parte del documento dan cuenta de la impronta de la norma, en la que definen al Sistema Nacional de Educación, como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado, destinadas a que toda persona acceda a una formación integral y continua que la prepare para el ejercicio responsable de su libertad en la vida personal, social y cívica”. Entre los principios rectores se enumeran, en primer lugar, la “libertad educativa”, el “rol preferente de la familia” y la “subsidiariedad del Estado”. La centralidad otorgada a la “familia” como agente natural y primario de la educación no es neutral. El proyecto menciona reiteradamente a “padres y tutores”, pero omite cualquier referencia a las madres, a las tareas de cuidado, a las familias diversas o a las identidades disidentes. Borrando así, la perspectiva de género y desconociendo que el sostenimiento de la escolaridad acompañar trayectorias, garantizar tiempos, recursos, contención emocional, recae históricamente sobre las mujeres y cuerpos feminizados. En un contexto de retiro estatal, esta mirada no amplía libertades: refuerza la feminización de los cuidados y privatiza una responsabilidad que hasta ahora era colectiva.
Aunque el proyecto mantiene la gratuidad de la educación obligatoria, desde sala de cuatro hasta el último año de la secundaria, deja de definirla como un bien público y habilita un conjunto de “formas alternativas de enseñanza”. Entre ellas, la educación en el hogar, la modalidad híbrida, que se suman a la educación a distancia. Sin embargo no establecen una edad mínima. En el caso de la educación en el hogar (homeschooling), los aprendizajes podrán acreditarse mediante exámenes periódicos, sin exigir títulos ni formación pedagógica a quienes estén a cargo de la enseñanza.
¿Qué está en juego?
“En la Ley de Educación Nacional, que es la ley que pretenden derogar, estaba muy claro que las familias tienen un rol muy importante, pero que es el Estado quien debe garantizar que la educación de todos los niños a lo largo y a lo ancho del país se lleve adelante. En este caso se invierte y queda en potestad de las familias incluso habilitando la metodología de educación como el homeschooling, estudiar en tu casa que efectivamente trae como consecuencia una suerte de disolución de nuestro sistema educativo tal como lo conocemos”, subraya la legisladora porteña sobre la impronta del documento publicado por el Consejo.
Se trata de una redefinición profunda del sentido de la educación pública que sustenta al proyecto de país libertario. Lo que el oficialismo denomina “libertad educativa” se traduce en los hechos, en desfinanciamiento, fragmentación y un sistema pensado para unos pocos. Uno de los puntos que más preocupa a distintos sectores educativos es la centralidad del “ideario institucional”. Soledad advierte que la norma insiste una y otra vez en la noción de convicciones propias, habilitando una fragmentación inédita. “Se refuerza la idea de que yo me educo solo en lo que yo creo. La escuela deja de ser el lugar donde uno se encuentra con el otro”, señala. En esa propuesta, el horizonte común pierde valor y la educación se adapta a creencias individuales antes que a un proyecto colectivo. Soledad lo describe como un borramiento de la idea de esa escuela donde uno se encuentra con otros. Este proyecto propone elegir la escuela que se adecúe a creencias individuales, por sobre la comunidad.
La libertad de contenidos, es otro de los ejes que llama la atención al recorrer el documento. El proyecto crea la figura de los planes de estudio “propios”, que cada institución podrá elaborar “conforme a su ideario y proyecto educativo”, en el marco de una mayor autonomía institucional. De esta manera el documento pretende habilitar una fragmentación curricular inédita, al reforzar el peso del ideario institucional por sobre el horizonte común, que es el espíritu de la actual Ley de Educación Nacional.
“Es regresivo en términos históricos. Ni en los 90 se animaron a tanto”, advierte Areal, trabajadora de la Secretaría de Educación y militante sindical. Para la docente, el proyecto no solo carece de un diagnóstico serio, sino que rompe con la idea misma de sistema educativo nacional y devuelve a la educación a un esquema previo al normalismo. La docente propone trazar una relación histórica con los gobiernos de facto de los 60 y 70: “Son los que empiezan a generar las condiciones para el proceso de descentralización que se torna orgánico con la ley federal de 1993”. La legisladora porteña, Maru Bielli coincide con este análisis, y advierte que es difícil hacer una comparación, porque en este caso el proyecto de reforma explícitamente le quita la función rectora al Estado, provocando la disolución del sistema educativo tal cual lo conocemos.
Uno de los rasgos más llamativos del borrador es la ausencia total de fundamentos. “El proyecto no tiene ni diagnóstico, ni evidencia”, señala Soledad. En nombre de la libertad, se propone una reorganización completa del sistema educativo sin explicar por qué ni para quién. En el caso de las escuelas estatales, el proyecto establece una transición hacia esquemas de gestión institucional y pedagógica autónoma. Según el artículo 44, estas instituciones podrán definir planes de estudio, estrategias organizativas, reglamentos de convivencia, participar en la selección de su personal y administrar recursos, en el marco que establezca cada jurisdicción. Para distintos sectores educativos, este punto abre la puerta a una redefinición profunda del vínculo laboral docente y a un corrimiento del Estado como empleador y regulador. Para los gremios y las comunidades educativas, el proyecto no solo desconoce décadas de debates y consensos democráticos, sino que intenta borrar el proceso histórico de luchas que permitió sancionar en 2006 una Ley de Educación Nacional en clave de derecho e inclusión socioeducativa. Lo que está en discusión, advierten, no es una reforma técnica, sino el lugar mismo de la educación pública en la Argentina.
Hacia una educación que construya un horizonte común
Los resultados alcanzados en las pruebas nacionales e internacionales, dan cuenta de un déficit en materia de educación. “Hay un diagnóstico que es que les pibes no están aprendiendo en la escuela y eso es verdad”, advierte Soledad Areal, sin embargo las reformas que propone este proyecto y el desfinanciamiento estipulado en el Presupuesto 2026, no parecen ofrecer respuestas a sus propios diagnósticos. “Esta ley viene a romper todavía más el tejido social. Pero también es cierto que la escuela no está pudiendo ayudar a les pibes a pensar un proyecto de vida. No es culpa de la escuela, por supuesto, es producto de una sociedad hostil que no aloja a nadie. Les pibes no pueden imaginarse a dónde van después de esa escuela”, señala también.
En ese marco, hay una discusión de fondo que queda abierta: la relación de la escuela con el mundo del trabajo, las condiciones materiales para imaginar, el sentido de productividad y las posibilidades reales de inserción laboral. Son algunas de las preguntas que plantea Areal para desandar el camino y reflexionar en torno a cuáles serían aquellas reformas que permitan construir un horizonte común y fortalezcan los lazos sociales ante un modelo que prioriza las estrategias individuales del mercado. Y agrega: “¿Cómo abonamos a que les pibes construyan un proyecto de vida que contemple lo individual, que es leitmotiv de esta gestión, pero que también apueste a un proyecto colectivo? Para eso hay que tener un proyecto colectivo y esta gestión no lo tiene, lo que tiene es un proyecto de mercado”.
