Fotos: Catalina Distefano.
Este lunes 2 de febrero comienzan las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo para tratar, entre otros temas, una reforma laboral profundamente regresiva en materia de derechos laborales y que pretende arrasar con herramientas conquistadas por lxs trabajadorxs en democracia. El proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional, denominado “Ley de modernización laboral”, tiene como principal impulsora en el Senado a Patricia Bullrich y promueve cambios en las relaciones de trabajo, debilita la capacidad de acción de los sindicatos y modifica el cálculo de las indemnizaciones, entre otros grandes cambios que impactarán en la vida cotidiana de los y las trabajadoras. Lejos de actualizar la legislación laboral a las transformaciones de los tiempos que corren, es un intento deliberado de retroceder décadas en la historia de las conquistas laborales en la Argentina.
Se trata de un proyecto redactado a medida de los grandes grupos económicos —que ven a los sindicatos y las leyes laborales como un obstáculo para las inversiones y el crecimiento económico—, que disminuye la protección para quienes tienen un empleo formal e ignora por completo la realidad de lxs trabajadorxs informales —unos 5,6 millones de personas, según datos del INDEC— y de la economía popular. En lugar de tender puentes hacia la formalidad, la propuesta del Gobierno libertario profundiza la desregulación y la precarización laboral.
Entre los aspectos centrales del proyecto se destacan la modificación de las indemnizaciones, la creación de un “banco de horas”, la posibilidad de pagar sueldos en dólares y billeteras virtuales y la restricción del derecho a huelga.
Indemnizaciones baratas y en cuotas
La reforma laboral libertaria propone reemplazar el sistema actual de indemnizaciones por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permite que las empresas aporten el 3% del salario de sus trabajadorxs a un fondo que será utilizado para el pago de futuras indemnizaciones por despido.
La creación del FAL, similar al fondo de cese laboral creado por la Ley Bases, implicaría que el Estado deje de percibir contribuciones patronales —unos 1.369.010 millones de pesos en 2025— para redirigirlos a cubrir el costo de los despidos. En la práctica, el Estado estaría financiando parte del costo de los despidos en el sector privado. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, lo definió con crudeza en su cuenta de X: “Fondo de cese obligatorio financiado 100% con recursos públicos. Sí, el Estado a cargo de pagar las indemnizaciones”.
Por su parte, la abogada laboralista Natalia Salvo asegura que “el fondo de cese laboral es inconstitucional porque es contrario a la protección contra los despidos arbitrarios”, prevista en el artículo 14 de la Constitución nacional. Para la letrada, al eliminar el costo punitivo de los despidos, la reforma no protege a los trabajadores de posibles arbitrariedades y lxs priva de su fuente de trabajo sin motivo y, por lo tanto, del derecho humano al trabajo.
“El trabajador se vería perjudicado no solo por una reforma inconstitucional, sino también porque lo que llaman alta rotación se impondría como regla: cualquiera que haya aportado al fondo de cese laboral podría despedir a un trabajador y, de esa forma, el despido injustificado sería mucho más frecuente”, advierte Salvo.
“Con esta reforma, la alta rotación se impondría como regla: cualquiera que haya aportado al fondo de cese laboral podría despedir a un trabajador y, de esa forma, el despido injustificado sería mucho más frecuente”.
Además, el proyecto modifica el cálculo de las indemnizaciones y excluye el aguinaldo, las vacaciones, propinas, bonos y otros beneficios que no son de pago mensual. De aprobarse el proyecto, las indemnizaciones serán más bajas que las actuales y, en caso de llegar a juicio, podrán pagarse en 12 cuotas.
Menos derechos, más flexibilización
El proyecto de “modernización laboral” introduce modificaciones que otorgan mayor margen de maniobra al empleador en detrimento de los derechos de los y las trabajadoras. Entre estas modificaciones, se destacan:
- Banco de horas: se incorpora la figura del banco de horas, que permite a las empresas compensar jornadas laborales extendidas con descansos posteriores, en lugar de pagar el adicional por horas extras.
- Vacaciones en cuotas: se flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo que los empleadores fraccionen las vacaciones de sus trabajadorxs en tramos de al menos 7 días y ampliando el período legal para ser otorgadas en cualquier momento del año. De aprobarse, este cambio podría dificultar el disfrute del descanso en la temporada de verano y afectar la coordinación con el calendario escolar y la vida familiar.
- Debilitamiento de la negociación colectiva: el proyecto del oficialismo busca descentralizar la negociación colectiva de las condiciones laborales, fortaleciendo el ámbito empresarial por sobre el gremial. Así, dejaran de garantizarse los pisos salariales de convenios colectivos por actividad y lxs trabajadorxs deberán negociar su sueldo mínimo con sus empleadores. Además, se establece el fin de la ultractividad sindical, lo que implica que los convenios colectivos de trabajo no se prorrogarán automáticamente si vencen sin un nuevo acuerdo. Estas medidas se traducen en un debilitamiento del poder de negociación de los sindicatos y facilitan el ajuste a la baja de salarios y condiciones laborales.
- Se restringe el derecho a huelga: al ampliar la definición de servicios esenciales, que establecen pisos de prestación obligatoria de entre el 50% y el 75% , se acota la posibilidad de hacer paros para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Además, impone límites a las asambleas de trabajadorxs, exige autorización previa del empleador y establece que el tiempo de asamblea no es remunerado.
“Estamos frente a una reforma hecha a gusto y medida del mercado, y cuya única finalidad es debilitar las herramientas sindicales y el disciplinamiento de los trabajadores”, asegura Johana Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), para quien el proyecto presentado por el Gobierno no favorece a ningún sector de la clase trabajadora.
El laberinto de la informalidad
A pesar de la promesa de incorporar las nuevas formas de trabajo a la legislación argentina, la reforma laboral que propone La Libertad Avanza establece un régimen especial para lxs trabajadorxs de plataformas, a quienes mantiene como cuentapropistas o monotributistas y descarta que exista una relación de dependencia con las apps, que solo deberán garantizar elementos de seguridad vial y un seguro.
En ese sentido, Salvo considera que esta reforma no solo no soluciona el problema de la alta informalidad —que alcanza al 43,3% de la población económicamente activa—, sino que la facilita. “Este proyecto de ley es directamente excluir de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores de plataformas y a los trabajadores que prestan servicios como ‘colaboradores para empleadores independientes'”, asegura la abogada laboralista para quien la falta de multas a la no registración y la creación de figuras que excluyen a vastos sectores de legislación laboral son el camino a una mayor desprotección.
“Estamos frente a una reforma hecha a gusto y medida del mercado, y cuya única finalidad es debilitar las herramientas sindicales y el disciplinamiento de los trabajadores”.
Por su parte, Duarte señala que este proyecto no trae ningún beneficio para lxs trabajadorxs de la economía popular y llama a la construcción de una unidad lo más amplia posible del conjunto de lxs trabajadores para impedir que el Gobierno libertario logre avanzar con la reforma laboral. “Lo que se debe discutir es cómo se registran y se otorgan derechos a los más de 10 millones de trabajadores que hoy están en la informalidad. Por el contrario, la reforma del gobierno pretende quitarle derechos a quienes tienen empleo formal”, advierte la dirigente social. Lo que el gobierno llama “modernización” es, en los hechos, más precarización.
Una reforma sin perspectiva de género
En Argentina, las mujeres se encuentran en una desventaja estructural en el mundo laboral frente a los varones: hoy el desempleo alcanza al 8,5% de las mujeres y al 6,8% de los varones, mientras que la brecha de ingresos por género es del 29,5% y se amplía al 38% entre quienes trabajan en la informalidad. Lejos de resolver esta desigualdad en el mundo del trabajo, la reforma laboral libertaria viene a profundizar esas desigualdades.
“Uno de los núcleos más regresivos es la flexibilización del tiempo de trabajo: banco de horas, negociación individual y compensación flexible de jornadas. En un país donde, según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo elaborada por el INDEC, las mujeres realizan tres veces más trabajo no remunerado que los varones, estos esquemas no amplían libertades sino que castigan la disponibilidad limitada ya impuesta. El resultado es menos salario, menos previsibilidad y más expulsión del empleo formal para quienes no pueden adaptarse a jornadas variables o extensas, producto de una doble o hasta triple jornada laboral”, sostiene Sol Bajar, periodista especializada en género y asesora parlamentaria.
Además, la reforma golpea de lleno sobre los sectores más feminizados y precarizados de la economía, como los servicios, el comercio, los trabajos de cuidados y de casas particulares, donde la informalidad alcanza los niveles más altos: el 97,3% de las personas que trabajan en casas particulares son mujeres, el 77,7% trabaja en la informalidad y el 40% es el principal sostén económico de su hogar. “Al facilitar despidos, debilitar la presunción de relación laboral y reducir la responsabilidad de las empresas, el proyecto refuerza una precarización que tiene rostro de mujer: más rotación, aportes intermitentes y trayectorias laborales fragmentadas que luego se traducen en jubilaciones más bajas o directamente inexistentes”, agrega la periodista y activista feminista.
“Al facilitar despidos, debilitar la presunción de relación laboral y reducir la responsabilidad de las empresas, el proyecto refuerza una precarización que tiene rostro de mujer”.
Otro de los impactos de género de la reforma laboral es el ataque a los “derechos laborales con perspectiva de género” que, en su gran mayoría, no están reconocidos en la Ley de Contrato de Trabajo, sino en los convenios colectivos como, por ejemplo, las licencias por violencia de género, los protocolos contra acoso, los lactarios y las licencias por cuidados. “Si se habilitan convenios a la baja y se elimina la ultraactividad, esos derechos van a ser los primeros en desaparecer. Esta reforma no tiene nada de progresiva. Es un modelo pensado para un trabajador disponible las 24 horas, sin responsabilidades de cuidado y sin organización colectiva. Ese sujeto no existe. Y para las mujeres, este régimen es directamente invivible”, asegura Bajar.
El cupo laboral travesti-trans no se toca
Lara María Bertolini es trabajadora judicial, académica y activista travesti por los derechos civiles y libertades LGBTIQ+. Para ella, el problema más importante de la reforma laboral que propone el Gobierno nacional radica en que “tiene contradicciones constitucionales graves” y que implica un “enorme movimiento de recursos del sistema de seguridad social y de los trabajadores al sector empresarial.”
En ese sentido, Bertolini hace especial énfasis en que el derecho al trabajo, a agremiarse y a concentrar convenios colectivos de trabajo tienen jerarquía constitucional en Argentina ya que están garantizados en el artículo 14 bis de la Constitución nacional. “Hoy todo eso está en peligro porque la reforma, de la manera en que la plantean, suprime la conciliación y el arbitraje, y limita el derecho a huelga”, asegura.
Por otro lado, la abogada y activista sostiene que, en caso de que la reforma laboral que impulsa el Gobierno se convierta en ley, no debería afectar la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans ya que las normativas generales no pueden colisionar con las especiales, como lo es la ley de cupo, más aún cuando se trata de poblaciones vulnerables. “Es una categoría especial por la vulneración de derechos y el promedio de vida de nuestra comunidad. Además, la ley establece que cuando se despide una persona trans, ese cupo no puede quedar vacío, sino tiene que ser contratada otra persona trans”, explica Bertolini. Sin embargo, advierte que el empleo trans ha disminuido drásticamente en la Argentina desde 2023, de la mano del ataque y desmantelamiento a las política de Género y Diversidad por parte del Gobierno de La Libertad Avanza.
La reforma laboral que impulsa el oficialismo representa un quiebre del contrato social y un asalto directo a la arquitectura constitucional que protege el trabajo en Argentina. Al transferir los riesgos empresarios al Estado y a los trabajadorxs, el proyecto no genera empleo, sino que institucionaliza la inestabilidad. La vulneración de derechos y el intento de licuar la fuerza de la negociación colectiva exponen la verdadera matriz de esta ley: una regresión que nos retrotrae a principios del siglo pasado. Ante ese escenario, la calle se perfila como el último tribunal de apelación. Allí donde se juega la defensa de los derechos y la posibilidad de imaginar una vida que no sea de mera supervivencia.
Frente a este panorama, la calle se prepara para una nueva movilización prevista para el próximo 11 de febrero, día en que el Gobierno libertario buscará sancionar la reforma en el Congreso. Urge seguir en las calles, para dejar en claro que los derechos no se negocian y que el destino de la clase trabajadora se define en la acción colectiva.
