Diseño e ilustración de portada: Rocío Fernández Fuks y Seelvana.
Al final de una calle de ripio que serpentea entre las vías del tren abandonadas, está el hospital de Ñorquinco. En la puerta espera Jeanette Lamuniere. El hospital es pequeño, una edificación cuadrada y blanca que podría confundirse con una oficina y ella es una de las profesionales de la localidad que garantiza interrupciones voluntarias y legales del embarazo.
Ubicado sobre la línea sur de la provincia de Río Negro, a 101 kilómetros de El Bolsón, en Ñorquinco viven aproximadamente 700 personas que, junto con Río Chico, el otro centro urbano del área programática del hospital, y la población rural dispersa, suman algo más de 1000 habitantes. Del mapudungún “agua de ñorquin” –una hierba típica de la vegetación de la estepa que en la punta del tallo lleva un abrojo como flor–, en Ñorquinco las casas, las veredas, las calles, la plaza, todo tiene el color amarronado del polvo. Sólo algunos árboles se tiñen de verde allí donde hay un poco de agua. Y en Ñorquinco, cada año, un promedio de cuatro mujeres, niñas o adolescentes abortan.
Jeannette cuenta que, al menos desde que ella llegó, hace unos ocho años, en este hospital se garantiza el derecho al aborto. Al equipo lo integran ahora dos personas, casi tres: ella, que es trabajadora social; una médica argentina con estudios en Cuba, y otra que, por una cuestión de religiosidad, prefiere evitarlo. No es objetora, pero pide no acompañar IVE/ILE excepto cuando se queda sola.
Lo difícil en estos lugares, dice Jeannette, es mantener la confidencialidad:
–Pensá que acá se mezcla todo. Por ahí la mujer que viene a atenderse es la hija de una mucama o de una enfermera. El solo hecho de que una persona esté yendo mucho al hospital ya levanta sospecha.
La médica que está a su lado se pone como ejemplo:
–Yo me casé con un chofer que tiene un hermano que trabaja en recursos humanos del hospital, el padre se acaba de jubilar como enfermero y el otro hermano atiende el almacén de al lado.
Frente a esta geografía social cerrada, desde el equipo de profesionales despliegan estrategias para resguardar la intimidad de las pacientes. Acompañan por teléfono o, llegado el caso, derivan al hospital de referencia en El Bolsón, ubicado a una hora y media de allí.
Jeannete aprendió el arte de pensar estrategias, ese “trabajo de hormiga” –como ella le dice a la tarea de garantizar abortos en el sistema de salud– cuando trabajaba en Bariloche codo a codo con las socorristas. Fue hace más de una década, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenciara el histórico “Fallo FAL”.
En enero, en una farmacia de Bariloche un tratamiento de 12 comprimidos de misoprostol tenía el costo de $119.470, mientras que el salario mínimo vital y móvil ese mes se ubicó en los $286.711.
Este fallo fue el fin del largo camino judicial que A.G., una adolescente de 15 años, tuvo que emprender en 2010 para acceder a un aborto por causal legal –como lo establecía la legislación vigente desde 1921–, tras haber quedado embarazada producto de la violación de su padrastro, un oficial de la policía, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Después de que la justicia penal se declarara incompetente y el fuero de familia rechazara la petición en dos instancias, la Corte Suprema de Chubut dio vuelta el enfoque y ordenó encuadrar el reclamo como un aborto no punible. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sellaría cualquier debate en torno a las causales no punibles. Además, llamó a no judicializar los abortos y exortó a los gobiernos a que implementen protocolos hospitalarios para la práctica. Así, desde el año 2012 Río Negro cuenta con la Ley Provincial N°4.79688 que garantiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
–Antes el aborto se vivía en secreto y se hacía para adentro. Cuando se abrió la Corte Suprema, las usuarias empezaron a exigirlo como un derecho–, recuerda Romina Berazategui, médica generalista de Bariloche.
Un consultorio IVE que abrió el paso
A más de 180 kilómetros de Ñorquinco, en el centro de Bariloche, donde un enjambre de turistas de todas partes del mundo inundan las calles, compran chocolates y se sacan fotos en el lago y la pobreza que está en los barrios del Alto no se ve, se erige el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, un imponente edificio que ocupa casi toda la manzana.
Por la entrada de la calle Elflein, en los primeros metros de un largo y angosto pasillo, está el consultorio 9. Una chica y un chico salen con folletos en la mano; adentro se escucha la voz de alguien que los despide: es Ailín Scheider de Haro, médica generalista del consultorio IVE de Bariloche.
Ailín, junto a otras médicas, fue parte del armado de este espacio específico dentro del hospital a partir de la sanción de la Ley 27610. La diferencia con otros servicios, como el de ginecología, es que ofrecen una atención distinta: acompañada, cuidada, personalizada.
–Antes éramos una consulta más, estábamos entre control de niño sano, control de embarazo, enfermedades crónicas. Queríamos un espacio específico para IVE–, cuenta Ailín.
Así se abrieron paso dentro del imponente Hospital Zonal. Primero ocuparon el hospital modular del Kilómetro 8, lejos del centro, un espacio que luego de la pandemia había quedado en desuso. Como era un lugar preparado para la atención de Covid, no había ni camilla ginecológica ni elementos necesarios para montar un consultorio, así que ellas mismas empezaron a llevar mobiliario. Era 2021, corrían los primeros meses de la Ley, y por directivas del hospital no podían llamarlo Consultorio de IVE. Se las ingeniaron para ponerle otro nombre y lo bautizaron Opción para Personas Gestantes (OPG). Luego, a fines de 2024, por una cuestión de cercanía y para facilitar el acceso, se mudaron al Hospital donde atendieron hasta ahora. Aunque el derecho al aborto lo seguirán garantizando a través del servicio de ginecología, a partir de junio el consultorio específico cerrará sus puertas como consecuencia de la escasez de personal. Un retroceso más para el acceso a derechos en la era Milei.
Romina Berazategui, compañera de Ailín en el consultorio IVE de Bariloche, agrega otro de los avances que trajo la Ley::
–Antes llegaban abortos mucho más avanzados y con métodos en la clandestinidad que comprometían la vida. Eso ya no pasa.
Según el Reporte 2023 del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la organización Ibis Reproductive Health que tiene el objetivo de monitorear la implementación de la Ley 27.610 de IVE/ILE en Argentina, en los primeros tres años de la ley, en todo el país se duplicaron los servicios de salud pública que realizan abortos y hubo un marcado descenso de la fecundidad de niñas y dolescentes gracias a políticas como el Plan ENIA, actualmente desmantelado.
Desde la provincia de Neuquén, Ruth Zurbriggen, activista feminista de La Revuelta y Socorristas en Red (feministas y transfeministas que abortamos), cuenta que muchas de las personas a las que acompañan, se afianzan en la decisión cuando escuchan o comprueban que el aborto es legal.
–Si el Estado reconoce que tenés ese derecho y además te lo garantiza con una política de acceso, gratuidad y seguridad, entonces la práctica de abortar no está mal. Lo que estaba mal eran las leyes restrictivas. Ahí se configura una legitimación que es mucho más que el texto de la ley–, sostiene Ruth.
Pero la Ley 27.610 les trajo nuevos desafíos a las activistas de Socorristas en Red: empujar para que todo lo que dice el texto, se cumpla. Eso se tradujo en un fuerte trabajo de difusión, de campañas y talleres con sectores comunitarios. Y, también, de retomar conversaciones con profesionales del sistema de salud.
–A esos profesionales con quienes ya articulábamos, la ley les dio un espaldarazo. Después hubo otros que no eran contrarios al derecho, pero necesitaban el respaldo legal para empezar a garantizar–, explica Ruth.
También hay otro grupo. Aquellos que “por unos años tuvieron que mantener silencio”: los antiderechos. Es que, entre otros puntos, la Ley menciona que sólo pueden ser “objetores de conciencia”, es decir, negarse a la práctica, quienes intervienen de manera directa en ella. No aplica para ecografistas, anestesistas, ni choferes de ambulancia, por ejemplo. Además, deben “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, por lo cual deben abstenerse de cualquier maltrato o comentario que dilate la solicitud.
En 2024, la llegada de la ultraderecha libertaria al gobierno nacional cambió por completo el escenario. Con la desregulación y el vaciamiento desde el propio Estado, los sectores antiderechos volvieron a la carga.
Abortar en un gobierno de derecha
Javier Milei se pone los lentes y acomoda los micrófonos. Está en Suiza para dar su primer discurso como presidente de la Argentina en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos 2024. Habla. Dice que está ahí para alertar que “Occidente está en peligro” por el socialismo: “Sostienen (los socialistas) que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto”.
Las palabras de Milei calan de diversas maneras en la sociedad. En Bariloche, durante todo el año pasado, Romina Berazategui tuvo la percepción de que las chicas “empezaron a venir más escondidas”.
A 120 kilómetros de la ciudad, suena el teléfono de Socorro Rosa Comarca Andina, la colectiva que acompaña en las localidades del sur de Río Negro y el noroeste de Chubut. Es el llamado de una persona que tiene el temor de que la ley ya no exista.
–La pregunta que más recibimos es si todavía se garantiza–, dice Carla, socorrista de Fiske Menuco. Así se llamaba en mapuche la ciudad de General Roca, Río Negro, antes de que fuera nombrada como el general que comandó el genocidio indígena en la Patagonia.
–Hay nuevamente una expresión dentro de espacios de salud que dicen “acá esto no se garantiza” y se cierran puertas–, añadirá luego Ruth, desde Neuquén.
Lo que sucede en el Hospital Heller de Neuquén podría tomarse tanto como ejemplo de la coyuntura como señal de alarma. Una institución que supo ser referencia en materia de derecho al aborto, hoy registra obstáculos para la práctica. Si bien el servicio se garantiza porque es ley, cada vez son más las barreras, como la presencia de objetores y las derivaciones constantes.
–Lo paradójico es que el hospital es el mismo, pero todo se volvió más laberíntico–, grafica Ruth.
A 8 kilómetros del Heller, hacia la zona este de la ciudad de Neuquén, se encuentra el centro de salud del barrio Villa María, donde cada martes por la tarde abre sus puertas el consultorio específico de IVE. A ese lugar llegan usuarias desde el centro de la ciudad pero también de los pueblitos más alejados, como Rincón de Los Sauces, o quienes cruzan el puente desde Río Negro para ser atendidas de manera integral.
–Desde que se dio la Ley a esta parte, la IVE se resuelve, y para el médico que no se pregunta si su intervención es integral, se convierte en una consulta más. Esa es una pregunta que sí nos hicimos desde el centro de salud y por eso armamos un equipo, para dar contención–, cuenta Nicolás Gilarducci, médico generalista del centro de salud, acompañado de las enfermeras y trabajadoras sociales que integran el equipo.
Los ataques oficiales hacia el movimiento feminista en general, y contra la lucha por el aborto en particular, no se quedan en lo discursivo. Desde que asumió la presidencia, el Gobierno nacional paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto, “lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”, alertaron desde Amnistía Internacional.
Ese había sido otro de los significativos avances alcanzados con la ley: la mejora en la calidad de los tratamientos utilizados para el aborto. En 2022 ingresó por primera vez a la Argentina una donación de mifepristona con autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y en 2023 el organismo autorizó su comercialización dentro del país. Esta medicación, en combinación con el misoprostol, es el tratamiento para abortar de mayor eficacia y seguridad según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“En el medio del caos, seguimos pensando estrategias. Por ejemplo, a una de las acompañadas se le quemó la casa en los incendios de este verano y, con la casa, la medicación para abortar. A esa persona había que acompañarla en múltiples sentidos, y es lo que tratamos de armar”, dice Andrea de Socorristas en Red.
Los datos del Proyecto Mirar son reveladores en este sentido: en 2022 se distribuyeron 62.323 tratamientos de misoprostol y 28.577 tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol. En 2023, la distribución a centros de salud y hospitales de todo el país continuó en aumento, alcanzando un total de 166.164 tratamientos. La tendencia al alza se cortó en 2024, año en que el Ministerio de Salud de la Nación de gestión libertaria decidió no distribuir ningún tratamiento medicamentoso para IVE/ILE de los 100.400 planificados, según informó Chequeado.
Desde marzo de 2024, además, las provincias dejaron de recibir métodos anticonceptivos por parte del Gobierno Nacional, que también discontinuó el envío de tests de embarazo.
–Al desfinanciarla, la Ley se vacía. La minan desde adentro-, advierte Andrea González, de Socorristas en Red.
Tanto en Río Negro como en Neuquén, los gobiernos provinciales absorvieron las compras de insumos y lograron mantener las estadísticas del 2023. “Provincia se hizo cargo de lo que no mandó más Nación”, aseguró el responsable del Departamento de Salud Sexual de Neuquén, Cristian D’alu, en diciembre pasado en una entrevista al diario Río Negro. En la misma nota se informaba que en el primer cuatrimestre de 2024, en Neuquén se registraron 620 IVE/ILE, la misma cantidad que en 2023.
Sol Gallego, coordinadora de Salud Sexual de Río Negro, refuerza: “Desde la provincia se realizaron compras porque no teníamos claro si iban a discontinuar ni contábamos con una proyección ni comunicación oficial desde el programa nacional, a pesar del insistente pedido de la misma”. Según la funcionaria, solo un mes hubo faltante de medicación por una cuestión de trámites administrativos.
–En todas las localidades se garantiza el acceso excepto en las localidades de Roca y Cipolletti, donde ya no se realizan resoluciones del segundo trimestre por falta de profesionales por licencias y objeción de conciencia–, aclara Gallego.
En Río Negro un alto porcentaje de profesionales se volvieron objetores este año. El estudio “Los malos usos”–publicado por las organizaciones Cedes, Redaas y ELA, con el apoyo de El Gato y la Caja– en el que se analiza la invocación de la objeción de conciencia en abortos entre enero de 2021 y diciembre de 2023, ubica a Río Negro en el cuarto puesto, detrás de las tres primeras, Córdoba, Buenos Aires y Salta, en el ranking de las provincias que más eventos de objeción individual y negaciones institucionales registran cada 100.000 habitantes. Neuquén está en el noveno lugar.
Médicas en fuga
Pasillos y consultorios vacíos. Ventanillas bajas. Carteles que anuncian servicios de paro, centros de salud cerrados, mensajes de la población en apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Abrazos simbólicos a los hospitales. Asambleas. Un mes, septiembre de 2024, con el Ministerio de Salud de Río Negro acéfalo.
Desde mediados del año pasado, la provincia entró en una grave crisis sanitaria que derivó en la renuncia masiva de médicos y médicas en los hospitales de mayor complejidad de la provincia, como son los de Bariloche, Cipolletti y Viedma, pero también en El Bolsón, que tuvo que cerrar Unidad de Cuidados Intermerdios (UCI) por la falta de profesionales. Según un relevamiento de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur), entre un 15 y 20% de los profesionales abandonaron la salud pública desde mayo a la actualidad, lo que representa cerca de 200 profesionales. Para el gremio, la fuga de la salud pública no sólo se da por los bajos salarios, sino también por las deficientes condiciones laborales.
Para Carla, la socorrista de Fiske Menuco, la situación en esa ciudad es incluso peor que previo a la Ley 27.610. “Antes teníamos un equipo de referencia en el hospital que se encargaba de las ILEs. Ahora ya no, hay que buscar dónde están las médicas garantes”.
Victoria Fernández es médica generalista y socorrista de la colectiva Maleducadas Socorro Fiske Menuco. Hasta enero, trabajó en el hospital público de General Roca:
–Soy parte del éxodo de profesionales por toda la situación de crisis sanitaria de la provincia–, confiesa. El servicio de ginecología del Hospital de General Roca fue desmantelado y su salida del sistema público de salud tuvo relación con ese vaciamiento.
–La fuga de profesionales tiene que ver no solo con los pobres salarios, sino también con la inseguridad para la práctica debido a la falta de insumos, a la falta de personal. No se puede trabajar de esa manera.
La Ley 27.610 les trajo nuevos desafíos a las activistas de Socorristas en Red: empujar para que todo lo que dice el texto, se cumpla. Eso se tradujo en un fuerte trabajo de difusión, de campañas y talleres con sectores comunitarios. Y, también, de retomar conversaciones con profesionales del sistema de salud.
Frente a esta panorama, desde la Coordinación de Salud Sexual de la provincia argumentan: “Actualmente los efectores van oscilando en cantidad debido a que algunos de forma intermitente refieren verse sobrecargados y toman conductas evitativas, otros han renunciado, otros se han hecho objetores”.
Mientras tanto, en medio de una asamblea en el Hospital de El Bolsón, una socorrista espera sentada junto a una adolescente y a la médica que va a atenderla. Y juntas se van luego al consultorio, porque los servicios de IVE/ILE allí no se detuvieron.
En Bariloche, durante las medidas de fuerza y los abrazos simbólicos, el consultorio IVE tampoco dejó de atender. Ese mes, recibieron 150 llamadas porque absorbieron las consultas de los centros de salud.
La que quiere abortar, ¿que pague?
Ante la crisis, surge una pregunta: ¿hacia dónde van las médicas garantistas que trabajaban en los hospitales públicos?
–Muchas de nuestras compañeras se fueron al sector privado, fue una crisis total–, cuenta Romina, y reconoce que a ella la enojó–: Porque es la época de sostener.
En estas provincias, la brecha de desigualdad en el acceso al aborto, ahora, volvió a ser económica. Quienes puedan pagarán una consulta en el sistema privado, que empezó a contar con más garantes, o afrontarán el costo de comprar la medicación con receta. “Hemos acompañado a muchas personas que tarjetean la medicación en la farmacia o piden plata para poder comprarla”, relata una de las socorristas de Fiske Menuco.
En enero, en una farmacia de Bariloche un tratamiento de 12 comprimidos de misoprostol tenía el costo de $119.470, mientras que el salario mínimo vital y móvil ese mes se ubicó en los $286.711.
“En Neuquén se redujo el personal que garantiza. El acceso es muy desigual en la provincia”, agrega Ruth, y cuenta que una joven que quiso abortar en un servicio privado porque tenía obra social, por una aspiración manual endouterina (AMEU), una de las técnicas quirúrgicas más seguras para abortar, debía pagar $1.300.000.
Desde Maleducadas apuntan al fortalecimiento del discurso antiderechos en términos económicos, en sintonía con las banderas libertarias: la que quiere abortar, que se lo pague.
El teléfono sigue sonando
Las personas siguen abortando pase lo que pase. Las médicas amigables siguen atendiendo y la línea de Socorristas en Red sigue sonando. En la pandemia siguió sonando. Con la Ley siguió sonando y con Milei, también.
–No hemos tenido disminución de llamadas. Llaman un promedio de 20 personas por semana–, asegura Zurbriggen.
Llaman o mandan mensajes que dicen: “Necesito que me acompañen en una interrupción”. Y la palabra acompañar aparece. Llaman porque saben que afrontar esta decisión genera más bienestar si no están solas. Dicen “a mi amiga ustedes le consiguieron el turno con la médica”, y hay una convicción de que si las socorristas están cerca, todo será más rápido. Llaman porque existen profesionales de la salud que les dicen: llamalas.
Si hace algunos años las personas se comunicaban para superar cuestionamientos morales, juicios ajenos o culpas propias, ahora lo hacen con nuevas preocupaciones. A medida que va recrudeciendo la crisis económica, las acompañantes amplían la escucha.
–Escuchamos múltiples situaciones que agobian la vida de las personas que necesitan abortar, que no solo tiene que ver con el aborto, sino con su situación personal, laboral, económica. El aborto es un tema más en todas las complicaciones de la vida en este momento.
Y las activistas y acompañantes no están exentas de la crisis.
–Varias de nosotras tuvimos que agarrar más horas de laburo o cambiar de trabajo para poder sostener nuestras vidas, pero la apuesta es estar siempre y acompañar con una política de cuidados. Sostenernos en estos vaivenes, sin soltarnos–, dice Vanesa desde la Comarca Andina.
–Es estar pasando broncas, angustias… Pero acompañar también es una elección de vida–, agrega Fernanda en Fiske Menuco–. Somos porque nos tenemos, resistimos porque estamos con otras y otres pensando formas de organizarnos, contener y generar vínculos amorosos, de respeto y escucha.
Andrea, desde El Bolsón, añade:
–En el medio del caos, seguimos pensando estrategias. Por ejemplo, a una de las acompañadas se le quemó la casa en los incendios de este verano y, con la casa, la medicación para abortar. A esa persona había que acompañarla en múltiples sentidos, y es lo que tratamos de armar.
Desde Bariloche las médicas también se afianzan, enlazan, tejen y articulan para hacer cumplir la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo que Argentina supo conseguir.
–Este consultorio ha sido refugio. Nosotras lo vamos a seguir sosteniendo porque hay un compromiso militante–, dice Romina desde el Hospital Ramón Carrillo. Y no está sola.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
