Queremos agradecer la oportunidad de expresarnos en este recinto.
Represento a La Hoguera una organización feminista de Ushuaia que, entre otras cosas, acompaña interrupciones legales de embarazos y a mujeres criminalizadas por abortos en el territorio. Somos parte de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y Gratuito y de Socorristas en Red.
Les venimos a hablar de Ramon y de Natalia, mujeres que fueron criminalizadas y que hemos acompañado. Ramona, era víctima de violencia de género, quedó embarazada y quiso abortar, nada iba a frenar su voluntad, aunque ella no sabía que esa interrupción estaba contemplada por la ley.
Les venimos a hablar de Ramon y de Natalia, mujeres que fueron criminalizadas y que hemos acompañado. Ramona, era víctima de violencia de género, quedó embarazada y quiso abortar, nada iba a frenar su voluntad, aunque ella no sabía que esa interrupción estaba contemplada por la ley.
Fue al hospital de Ushuaia hace dos años – en donde 8 de los 10 médicos del servicio de ginecología son objetores de conciencia- y allí no obtuvo información ni soluciones.
Durante dos semanas buscó incansablemente acceder a la interrupción y se dio cuenta que “Sin dinero no hay aborto”, nos lo dijo casi un año después, cuando la conocimos a raíz de la citación a indagatoria que recibió en la causa penal iniciada por el hurto de una caja de Oxaprost en una farmacia de Ushuaia. Cabe aclarar que Ramona no estuvo implicada en el hurto.
Recién al momento de articular su acompañamiento en una causa donde se criminalizó su emergencia obstétrica, pudo saber que estaba amparada legalmente para abortar.
Ramona sabía lo que era la maternidad, fue madre a los 16 años, pero esta vez no podía asumirlo: no quería estar atada a un violento toda la vida, ni tampoco quería ser forzada a ser madre.
A pesar de la ILE vigente desde 1921, a pesar del fallo FAL y pesar de que Tierra del Fuego es una de las primeras provincias que adhirió al Protocolo Nacional de Atención de Abortos No Punibles, a Ramona la criminalizaron.
Para garantizar el castigo, la jueza ordenó un embargo por 100.000 pesos.
La persecución penal fue desproporcionada, y con intenciones aleccionadoras tras la pesquisa de la mujer que había abortado. Las fuerzas de seguridad dividieron la ciudad en tres zonas, rastreando una caja y un blister de Oxaprost; hicieron 4 allanamientos, se tomaron más de diez testimonios en policía, se inspeccionaron las cámaras de seguridad de las farmacias de la ciudad, se hicieron requisas e inspecciones de casi diez celulares.
Ramona nos contó que no fue al hospital para atender su hemorragia porque leyó en las noticias que habían encontrado un feto en una alcantarilla y tuvo miedo de que la vincularan con el hallazgo. Como si conociera a Belén de Tucumán, se aguantó un día más los dolores, al día siguiente fue al hospital y la atendió un médico objetor de conciencia, quien solo le prescribió una medicación para “evitar” un aborto y la mandó a su casa. Ella no la tomó Finalmente, al tercer día de dolores y malestar otro médico ordenó una intervención por AMEU.
Al igual que Ramona, Natalia también había querido abortar, a raíz de un embarazo producto de una relación tormentosa de años, con un hombre que la violentó sexualmente. Atravesó la cordillera, viajó 220 kms para terminar en un departamento de Ushuaia donde le hicieron un aborto con una sonda, por 3500 pesos, en el año 2010. Volvió a Río Grande, y, a causa de una infección, tuvo que ir al hospital. Le explicó al médico que no podía quedar internada porque tenía que volver a su casa a cuidar a tres hijas, y por eso aceptó que le hicieran el legrado con anestesia local en vez de total. Recuerda los dolores hasta el día de hoy.
Nadie habló con ella sobre la ILE, sobre el aborto no punible, sobre las maternidades forzadas, sobre las violaciones- por años invisibilizadas- existentes en la pareja.
Tiempo después recibió una citación a indagatoria y, como no tenía dinero, fue a la defensoría pública donde tampoco encontró contención ni información. Si bien apelaron su procesamiento, no se articuló la defensa como un aborto no punible; recién con la citación para la elevación a juicio oral, cuatro años después, sintió miedo de caer presa y comenzó a buscar otras ayudas.
Durante todo ese tiempo, el registro de antecedentes penales le impedía entrar a la fábrica, una de las mayores fuentes de trabajo en Río Grande.
La causa estuvo plagada de ilegalidades: pedido de información persecutoria a todos los centros de salud, indagando si le habían realizado maniobras abortivas; testimonios de médicos que la habían atendido en el Hospital de Río Grande. Toda la prueba era violatoria del secreto médico profesional.
Ni Ramona, ni Natalia, pudieron acceder a información oportuna acerca de la ILE; las dos decidieron abortar por distintos motivos; tuvieron que hacerlo de forma clandestina y fueron criminalizadas. Gracias al acompañamiento feminista: de la hoguera y las organizaciones locales y nacionales que se hicieron eco del caso finalmente fueron absueltas.
El estado es responsable de garantizar ese derecho, pero no solo no cumplió con esa función sino que las castigó con causas penales y persecución judicial.
Estos relatos nos incluyen en la realidad nacional, donde los vacíos del Estado los cubrimos las mujeres y organizaciones feministas.
¿Cómo es posible que no se haga cumplir un derecho que existe hace casi 100 años? El derecho se torna abstracto sino se cumple a tiempo.
Ramona y Natalia son algunas de las experiencias de mujeres donde las violaciones a los derechos fundamentales: a la vida, a la salud, a la libertad, a la información en decisiones sobre nuestras maternidades, se vulneran desde Ushuaia a La Quiaca.
En nuestra provincia en particular, los derechos reproductivos de las mujeres se encuentran en constante retroceso tal es así que la pastilla del día después estuvo prohibida durante 4 años, y mientras se iniciaba este debate histórico, se aprobó sobre tablas la Ley Provincial que instaura el día 25 de marzo como Día de los Derechos del Niño por Nacer.
Sres. Diputados, Sras. Diputadas: Necesitamos seguridad jurídica. Despenalizar y legalizar el aborto bajo premisas de respeto a los derechos de todes.
Nosotras desde La Hoguera como tantas otras organizaciones feministas nos acompañamos, resistimos, nos defendemos, estamos en las casas, en las calles, en los hospitales, en los tribunales, en las aulas.
Pero eso solo no alcanza.
Es indispensable que reviertan el sistema actual, y que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se haga ley, que reconozca nuestras capacidades y que reconozca el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades.
Reafirmamos las palabras de Dora Barrancos del derecho al disfrute sexual igualitario. Sin esa paridad no habrá democracia.
No esperemos cien años más, nuestras historias, nuestros cuerpos ya hablaron.
Muchas Gracias.
