“Nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”. La frase es del presidente argentino, Javier Milei, en el cierre de la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el último 20 de mayo. A pocas horas del triunfo electoral de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, el primer mandatario no dudó en ir contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a la que responsabilizó por la baja en la tasa de natalidad. Una vez más, su discurso apuntó contra lo que él llama la agenda woke y, tal vez, fue un poco más cauteloso que cuando asistió a Davos y dijo que los homosexuales eran pedófilos. “Se les pasó la mano en atacar a la familia, a las dos vidas y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad”, agregó.

Javier Milei no piensa solo. Tiene detrás ideólogos que acumulan teorías y argumentan cada uno de sus pasos. Uno de los que viene divulgando la baja tasa de natalidad como una consecuencia de la legalización del aborto es el director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, para quien “la verdad” del aborto es que existan menos personas en el mundo. Así y todo, los argumentos de los libertarios no lograron el aval social suficiente como para plantear un derogamiento inmediato al asumir el Gobierno: según una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados en diciembre de 2024, el 57,1% de los y las argentinas está en desacuerdo con derogar la ley de interrupción del embarazo. La estrategia, entonces, fue desfinanciar los presupuestos nacionales en materia de salud sexual y reproductiva, y dejar que los gobiernos provinciales resuelvan como se las arreglan para garantizar (o no) el acceso a este derecho. Según lo informó el propio ministerio de Salud, luego de un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA) y Amnistía ante la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación, hace más de un año que el Estado Nacional no adquiere ni distribuye insumos para aborto a las provincias y en febrero de 2025 confirmó la decisión de no comprar. Además, en ese mismo mes, Salud informó que 14 provincias reportaron falta de stock de misoprostol; 20, de mifepristona y 21, del combipack, todos medicamentos claves para garantizar el acceso a IVE-ILE.
Entre la crisis de insumos, el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la enorme desigualdad presupuestaria que existe entre las distintas provincias, se vuelve imprescindible el seguimiento y monitoreo para hacerse de panoramas lo más cercanos posible al estado de las cosas y de esa manera poner en práctica estrategias de defensa aprendidas en una enorme historia de lucha.

Ley IVE: entre el avance de la ultraderecha y las redes feministas 

Que Argentina sea un laboratorio de la ultraderecha allana el terreno para que quienes en su momento se manifestaron en contra de la Ley IVE, hoy encuentren asidero para desplegar las ideas que en aquella época fueron rechazadas por gran parte de la sociedad gracias al trabajo, insistente y persistente, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que logró sacar al aborto del closet.  

“¿No sabías que ya no es ley?”,  es una pregunta en forma de respuesta que dieron en un centro de salud al consultar por una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Lo cuenta Ruth Zurbriggen, referenta de Socorristas en Red, una organización feminista creada en 2012 que brinda acompañamiento a quienes quieren abortar de manera segura e informada. Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610, el panorama es más complejo de lo que imaginamos aquel 30 de diciembre. “Por un lado, tenemos los discursos contra el aborto por parte del gobierno nacional y, por otro, el recorte del presupuesto para la aplicación de la Ley más colectivamente luchada ”, explica a LATFEM.

Y es que desde el inicio de la gestión libertaria en Argentina, las políticas de salud sexual y reproductiva —incluida la IVE/ILE— sufrieron el filo de la motosierra. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pieza fundamental en la implementación de la Ley,  venía realizando una enorme tarea en relación a la provisión de medicamentos, la formación de profesionales y  la democratización de información sobre derechos sexuales y (no) reproductivos en todo el territorio nacional. Entre 2020 y 2023, los servicios de salud que brindaban prestaciones de salud sexual y reproductiva pasaron de 6.492 a 7.113, la distribución de métodos anticonceptivos de larga duración (como DIUs e implantes) aumentó un 17% a nivel nacional, y los establecimientos que garantizan IVE/ILE pasaron de 907 en 2020 a 1.982 en 2023 en todo el país. Pero cuando Javier Milei llegó al gobierno, el presupuesto del Programa cayó a su punto más bajo  —representó apenas un 0,19% del gasto ejecutado del Ministerio de Salud en 2024 y se proyecta un 0,7% para 2025— y delegó a las provincias el financiamiento y  la decisión sobre la aplicación de políticas públicas vinculadas al aborto. Además, según datos de la Cámara de Diputados de la Nación, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva no tiene una línea presupuestaria asignada para cumplir con la Ley 27.610.

Para Zubriggen, el panorama se complejiza aún más con el envalentonamiento de quienes se opunen al aborto y son parte del sistema de salud formal. “A veces sentimos que estamos en los tiempos de pre-ley. Si juntamos las narrativas del Gobierno actual de que abortar está mal más el abandono estatal, las propuestas del individualismo extremo y  el sálvese quien pueda, se arma un combo que hace que el acceso al derecho sea realmente difícil y que quede sujeto a las decisiones de las provincias con las desigualdades que existen en el país. Todo esto tiene efectos que buscan desde desalentar la decisión hasta el retorno a riesgos en múltiples sentidos”, explica.  

Pero a pesar de los obstáculos y el avance de las narrativas conservadoras, los profesionales de la salud y el activismo feminista siguen alertas y, con menor o mayor dificultad, garantizan el acceso al aborto en todo el país. Cuando se aprobó la Ley IVE, en diciembre de 2020, había acumuladas herramientas y conocimientos basados en los acompañamientos de las organizaciones feministas. Esto sumado al tejido de redes para el acceso a la información y la militancia territorial trazaron las coordenadas necesarias para el horizonte de implementación de la ley.  Ese saber militante se trasladó a la esfera pública y, como dice Zubriggen, “se fortalecieron las alianzas entre espacios del sistema de salud formal y espacios comunitarios”. ¿Cuáles son los riesgos del desmantelamiento de los programas y políticas públicas que hacen posible este derecho?

“Cada vez que el Presidente condena e insulta a quienes abortan, se va creando una atmósfera de silenciamiento y vergüenza. Si bien las estadísticas muestran que la mayor parte de las personas que necesitan abortar lo hacen con menos de 14 semanas de gestación, notamos que en determinados tiempos gestacionales se levantan barreras, muchas veces infranqueables”, dice la activista y reconoce que hace mucho tiempo que no escuchaban tantas argumentaciones acerca de porque negar un aborto:  “En tiempos tan regresivos, el poder médico hegemónico también se sale con la suya, toman impulso narrativas conservadoras que desalientas decisiones”.  Y este no es el único problema: muchxs profesionales de la salud se ven hostigados, la objeción de conciencia gana terreno y las prácticas se resienten. 

¿Dónde están los datos?

La opacidad de los datos es otra de las capas de análisis necesarias para poder evaluar y detectar los desafíos a futuro.  “Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina” es un informe presentado por el Proyecto Mirar en diciembre de 2024 que hace hincapié en la situación que atraviesan algunas provincias desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional. Quienes llevan adelante el proyecto sostienen una comunicación activa con las provincias para dar seguimiento a los efectos del desfinanciamiento a nivel nacional. Mariana Romero,  integrante del proyecto impulsado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health,  explica “que los informes que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva publicaba de manera cotidiana eran la principal fuente de información pública y que hoy no están más”. 

Desde el CEDES realizan pedidos de información pública a cada provincia y en general la respuesta sucede en tiempo y forma: “Esto es un buen indicador porque significa que a las provincias les importa rendir cuentas, el hecho de que en un contexto donde las cosas están más complicadas, las distintas gestiones provinciales quieran demostrar lo que están haciendo es un dato valioso”, destaca Romero y  considera que no hubo tiempo para que las provincias pudiesen llevar adelante un traspaso gradual de las políticas públicas que fueron relegadas desde la gestión nacional: “Se trató de una decisión unilateral de traspasar la gestión a las provincias sin presupuesto nacional, eso hubiera requerido una estrategia gradual, consensuada y equitativa donde la especificidad de cada territorio pudiese requerir una estrategia distinta según el contexto”, explica Romero. 

Desmantelamiento y desfinanciamiento

Detenerse en ese traspaso intempestivo de Nación a las provincias es una de las claves de la estrategia de desfinanciamiento que se materializa en el desmantelamiento y el cierre de oficinas del Plan ENIA en todo el país. 

Esta política tuvo un impacto directo en los casos de embarazos de menores. En el marco de su implementación, la cantidad de adolescentes asesoradxs casi se duplicó en dos años: pasó de 21.958 en 2020 a 40.720 en 2022. Y desde 2018 a 2021, el embarazo no deseado en la adolescencia se redujo casi en un 50%, según datos del Proyecto Mirar. 

Romero señala un dato crucial: “El Plan ENIA fue evaluado económicamente dando cuenta de que para el Estado no tener las barreras para el embarazo adolescente implica menos gasto. Se trata del Estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas que analiza las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Argentina. Este estudio señala que para atender embarazos no intencionales y partos adolescentes el Estado destina ocho veces lo que invierte en el Plan ENIA. 

“La información de este estudio es muy relevante porque da cuenta de lo que significa en términos económicos poder postergar el primer embarazo” dice Romero y agrega:  “Hay algunos costos que son directos del sistema de salud, porque se trata de ´prevenir´ un embarazo versus ´atender´ un embarazo, luego un parto y luego el sostén de esa asolecente con su hijxs”. El estudio mostró que en muy corto tiempo había resultados muy concretos,  no sólo en términos de los indicadores duros como el descenso de la tasa de fecundidad tanto de las adolescentes como de las niñas, según Romero, se pudieron ver indicadores cualitativos muy importantes como el bienestar de les adolescentes que participaban del Plan ENIA y la permanencia en la escuela. Este dato se contrasta con una problemática que en Argentina se combatió bajo la consigna “Niñas no Madres” que apuntaba a visibilizar los embarazos adolescentes, muchos de ellos, producto de abusos sexuales dentro de la familia. 

Estrategias de defensa

Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, habla de un frente común cuando piensa en estrategias de defensa: “Para defender este derecho y otros tantos, yo creo que tenemos que hacer un frente común de defensa de la democracia en contra del fascismo. Un frente que nos permita englobar todos los derechos que está vulnerando el gobierno actual”, ella apela al impulso utópico -del que habla Fredric Jameson- que resulta vital no solo para defender el derecho conquistado sino para profundizar el deseo de mejorar la vida de las personas. La tensión entre conservar y defender lo conquistado y el impulso de poder imaginar cómo queremos vivir, en este sentido, las Socorristas en Red vienen trabajando estas ideas desde hace décadas. 

“Hemos hecho grandes cosas, muchas de ellas estruendosas y altisonantes, y muchas más, de esas que hacen a la política que busca transformar lo cotidiano, lo que para muchos se cataloga como minúsculo y que sabemos que es lo que nos devuelve esperanzas” dice Ruth Zubriggen, que piensa las genealogías de resistencia como  otra de las estrategias de defensa disponibles: “A las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo las tengo a la mano como un amuleto esperanzador cada vez que el mundo se empeña en decirnos que no podemos, que no hay luchas que cambien este estado de cosas. Esos amuletos, más la capilaridad que logramos armar y que constituye uno de los bienes comunes de los feminismos y transfeminismos, producen a cada rato actos creativos” dice. 

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una molestia para los horizontes de la ultraderecha, no sólo por constituir parte de la batalla cultural sino porque es la prueba viva de una lucha que aún vibra en los cuerpos de quienes la protagonizaron. El pasado 1F, ese acto creativo o ese impulso utópico estuvieron sobrevolando la calle en una contundente manifestación que puso un freno a los discursos de odio que pregona el presidente y que son parte de una tendencia mundial, es ese impulso el que aún reverbera en la posibilidad de insistir y persistir frente a la crueldad.

Esta nota fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.