Foto de portada: Gala Abramovich
A comienzos del mes de octubre, el presidente Javier Milei presentó un proyecto de reforma del Código Penal que enviará al Congreso nacional. “Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponde, que los juicios se hagan rápido y que los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad“, dijo durante el acto en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Uno de los puntos del proyecto apunta a la baja de edad de punibilidad de 16 a 13 años. El gobierno insiste de esta manera con el proyecto de ley presentado en mayo de este año que tambien establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes, penas de hasta 20 años de prisión y que cuenta con el apoyo de varios partidos de la oposición.
¿Qué problemas resuelve la cárcel? ¿Qué sucede cuando el Estado sólo está presente para castigar?
Nora Calandra, subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal de la provincia de Buenos Aires, analiza por qué la baja de punibilidad no es una solución y asegura que lo primordial es “trabajar en la prevención”.
Antes de ocupar su cargo actual, Nora Calandra caminó durante años los penales del país para asistir a las personas privadas de su libertad. También pasó por la cárcel y conoce la violencia sistemática que se vive muro adentro, es por eso que está convencida de que el encierro no puede ser la única respuesta para niñxs y jóvenes, ya que solo genera más daño y violencia.
Cuando Nora recuperó su libertad, se organizó junto a otros compañeros y compañeras en la Rama de liberadxs y familiares del Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE). Coordinó cooperativas de trabajo integradas por personas ex encarceladas, desde donde acompañó a mujeres liberadas y con arresto domiciliario en el proceso de reconocerse como trabajadoras y con derechos. “Creamos la subsecretaria y sus competencias recuperando la experiencia organizativa para convertirla en política pública.”
Calandra también conoce en profundidad las problemáticas que atraviesan lxs pibxs pobres de lxs barrixs y el peligro que corren cuando el Estado se retira y avanzan las organizaciones delictivas. Las cárceles están llenas de personas de muy bajos recursos, con vida que han sido vulneradas. En un contexto de aumento de la pobreza y quita de derechos a los sectores sociales más desprotegidos, Calandra sostiene que son lxs niñxs pobres de trece años lxs que van a ir presxs, porque lxs criminalizan, por portación de rostro, por racismo, porque se están muriendo de hambre, porque sus xadres ni siquiera pueden comprarle ropa y útiles para ir a la escuela, porque los narcos los convencen de trabajar para ellos, porque crecen en una situación de desigualdad absoluta, sin derechos básicos satisfechos. Todo eso que sucede cuando el Estado se retira.
— Desde tu experiencia con personas que estuvieron privadas de su libertad, ¿por qué la baja de punibilidad no es una solución?
Para mí no es una opción culpabilizar a una persona de trece o catorce años cuando el Estado estuvo ausente en su etapa de la infancia, cuando no tuvo acceso a una vivienda digna, a seguridad social, a la salud, a la educación. No estoy de acuerdo que se intervenga con esta propuesta después de un hecho trascendente, es decir, esto se tiene que prevenir. Hay que trabajar en la prevención en los barrios populares y estoy convencida que tiene que ser a partir de modelos de co-gestión con las organizaciones que están en el territorio. .Hoy lo que está pasando es la avanzada de una narco-estructura en los barrios. El narcotráfico está dando respuesta llenando la olla de los comedores, o haciendo veredas, o dando respuesta a los pibitos que quieren consumir o comprarse zapatillas o a las mujeres jefas de familia que no tienen para darle de comer a sus pibes. Esa avanzada está, y si no se trabaja en eso, si no se previene eso, si no hay un Estado presente, avanzan estas organizaciones narcocriminales.
— ¿Esta situación que describís se repite a nivel nacional?
Esto es algo que se da a nivel nacional y también en Latinoamérica. Por un lado, se viene criminalizando a la pobreza, es decir, se instala que la pobreza es una amenaza. Por otro lado, está la avanzada de la respuesta del narcotráfico, hay una narco estructura en los barrios populares donde el Estado está ausente. No hay cogestión de las organizaciones que trabajan en el territorio porque cuando no está el Estado están las organizaciones, pero hoy las organizaciones también son criminalizadas y empezaron a desaparecer. Entonces ¿Quién queda en el territorio acompañando eso? Queda el narcotráfico, es lamentable y muy grave, pero es así.
Haciendo esta lectura, que es lo que veo me pregunto: ¿Es válido que se criminalice, que se ponga en discusión si un pibe de 13 o 14 años tiene que ser condenado como una persona mayor cuando a los siete años no tenía para comer? No justifico el delito, pero cuando el Estado no acepta que no hizo una prevención, que no cuidó a ese niño, después es muy fácil decir ‘todos los pibes pobres son chorros’.
Tampoco hay una reparación del daño que ese pibe hizo, ni para las víctimas ni para el victimario. El encierro no repara a las víctimas y si el encarcelamiento no está acompañado de políticas de inclusión en el contexto de encierro, ese pibe va a salir peor, como dicen. Es real eso. Hay que dar la discusión, poner en la mesa esta problemática, pero con una política integral de la persona, con una prevención. Y si comete un delito, ver qué hacer cuando esté en contexto de encierro.
—¿Por qué crees que se sigue defendiendo la baja de punibilidad?
Porque es el discurso que recibe la sociedad, que también está golpeada. No nos podemos desentender de que la sociedad está golpeada: hay mucha violencia, una pérdida de valores, pero también hay un discurso individualista que se fue instalando y que dice ‘me tengo que salvar yo y a mí no me importa absolutamente nada del otro’. Este gobierno es más enfático y más duro en su discurso, pero en los gobiernos anteriores también se fue instalando la criminalización de la pobreza, la idea de que “son todos vagos”, que “son todos planeros”. También se fue instalando de que el pobre es el criminal, el que te roba y el pibe pobre más todavía. Ahora estamos en un momento en el que este gobierno te lo dice de una, no da vueltas, no es un mensaje tapado, dice abiertamente que los pibes pobres y los pobres, en general, son una amenaza para quitarte lo poco que tengas. Eso es una narrativa que se viene dando a nivel nacional y en la región.
— ¿Qué consecuencias traería que se apruebe un proyecto de baja de punibilidad como el que propone el gobierno de Javier Milei en un contexto de aumento de la pobreza?
Un proyecto como ese no reduciría los índices de violencia y la inseguridad, entendiendo que el índice de delitos graves cometidos por menores es el 1%. Van a meter muchos pibes en cana por robar un celular o una bicicleta. Esos pibes van a recibir una condena de tres, cuatro o cinco años sin una política de inclusión en contexto de encierro y van a salir peor, van a salir enojados. ¿Por qué quieren bajar la edad de punibilidad? ¿Solamente para cuidar la propiedad privada o reducir la inseguridad o quieren salvar la vida del pibe? Primero hay que ver cuál es su objetivo. Nosotros lo que queremos es una política con inclusión. Si se llega a reducir la edad de punibilidad, vayamos con una política de inclusión dentro del contexto de encierro para que ese paso eventual por ahí no sea en vano, pero este proyecto no propone eso ni reconoce que el Estado estuvo ausente en la vida de las pibas y los pibes pobres.
— ¿Por qué es importante que existan políticas públicas que fomenten el trabajo en las cárceles?
Porque es el momento en que muchos tienen la primera oportunidad de acceder a una formación laboral o a un trabajo. Ahí empiezan a formarse, a manejar herramientas. Hoy tenemos alrededor de 700 trabajadoras y trabajadores en polos textiles en cárceles de la provincia de Buenos Aires que fabrican el programa provincial QUNITA. Ellos cumplen un horario, tienen una formación técnica y tienen que cumplir con una producción. Esa experiencia la tuvieron recién estando privados de la libertad. A mí me interesa que mientras estén en la cárcel cumpliendo su condena estemos implementando las políticas de inclusión porque estando en contexto de encierro tienen que tener ese acceso al derecho al trabajo. Y yo soy responsable de que eso suceda. Y soy consciente también de que si no se trabaja en ese momento, cuando están privados de la libertad, es difícil que puedan proyectar una vida diferente cuando la recuperen.
Nosotros tenemos experiencias de pibes y pibas que le dicen a la familia: “Estoy trabajando” y se sienten orgullosos de eso. Lamentablemente, para parte de la sociedad eso no está bien. Creen que hay que replicar la violencia, pero si se sigue replicando la violencia y se impone la venganza y el castigo, cómo sale la persona cuando recupere la libertad. Estamos cansados de escuchar que las cárceles no sirven para nada, que entran y salen peor. Nosotros queremos romper con ese discurso y proponer otras posibilidades para que esa persona que está privada de la libertad, tenga herramientas para volver a su casa de otra manera y por eso es que trabajamos en paralelo tanto dentro de las cárceles, como en el afuera.
— ¿Cómo es ese trabajo fuera y dentro de los penales?
Para las personas en contexto de encierro lo que hacemos es que tengan la posibilidad de acceder a propuestas de formación y capacitación laboral y de trabajo, pero no nos centramos solamente en el aspecto laboral, sino que también hacemos un abordaje integral de la vida de esa persona, porque entendemos que el contexto social y familiar del cual provienen las personas que están privadas de la libertad es muy difícil. Son personas que ya vienen con muchísimas problemáticas, de salud mental, problemáticas de consumo, problemas familiares, violencias, abusos. Son muchísimas situaciones que si no se abordan es muy difícil sostener un trabajo. Entendemos que el trabajo es ordenador y transforma la vida pero si no se abordan otras situaciones personales, no se puede sostener ningún trabajo.
Respecto a los arrestos domiciliarios hubo una necesidad de darle una perspectiva de género, obviamente por mi experiencia personal y porque sé el impacto que tiene el encarcelamiento en las mujeres y en sus familias. Con esa línea política, con perspectiva de género, implementamos el acompañamiento a las personas con arrestos domiciliarios, pero puntualmente a las mujeres que están en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos en cogestión con organizaciones que muchas veces son de mujeres que también atravesaron el contexto de encierro y hoy están acompañando a otras mujeres que están en esa situación.
Es muy conmovedor ver a las promotoras territoriales en distintas localidades que acompañan a mujeres con arrestos, ver cómo se transforma la vida tanto de la promotora, —que no solamente lo hace por convicción, sino que su tarea de cuidado es reconocida por el Estado— como de esa mujer que está con arresto domiciliario, que se ve reflejada en esa promotora y puede pensar ‘después voy a seguir yo’.
— ¿Cómo es el trabajo de las promotoras territoriales?
La promotora lo que hace es visitar a las mujeres con arresto, levantar la demanda, sea de salud, de educación, permisos con el juzgado y articular con el municipio correspondiente, y con el Patronato de Liberados, con quien trabajamos en conjunto. No se trata solo de trabajar la parte social y familiar sino también empezar a vincular a esa mujer con alguna unidad productiva o cooperativa del territorio. Es un trabajo de acompañamiento, de escucha, de estar, que se realiza en el marco del Programa Buenos Aires por la Reducción de la Reincidencia. Es que ellas sepan que alguien sabe que existen, que no la culpabilizan, y que no la tratan de mala madre.
— ¿Las mujeres que están en prisión domiciliaria pueden salir de sus domicilios?
Lamentablemente muchos jueces y juezas reducen a la mujer con arresto domiciliario solo a tareas de cuidado y no pueden ejercer otras actividades como trabajar, estudiar, llevar a los chicos al colegio. En el caso de quienes transitan arrestos domiciliarios, muchas veces sin recursos ni acompañamiento, la situación se agrava por la sobrecarga de cuidados, la precariedad habitacional y la falta de ingresos. Es una situación compleja que requiere el trabajo conjunto entre el estado provincial, el poder judicial y las promotoras que trabajan en el territorio. Hay algunos casos que tienen permisos para salir a trabajar, pero si eso no sucede, las promotoras acompañan en la parte social y asistencia alimentaria con ropa y distintos elementos, y luego se pasa a una unidad productiva y a que se reconozca como trabajadora.
— ¿Qué problemáticas atraviesan las mujeres y personas LGBTIQNB+ que se encuentran privadas de su libertad?
Para mí es importante pensar políticas que se puedan sostener y llevar adelante. Las que a mis compañeras y a mí nos hicieron falta. Cuando estuve en contexto de encierro me hizo falta el trabajo, que me vean como una trabajadora en contexto de encierro, no como una mujer que tiene que solamente tiene que cuidar a sus hijos, a sus hijas. Que me den las posibilidades de poder formarme en un oficio, de realizar una carrera universitaria, que me den herramientas para que cuando yo recupere la libertad pueda sostener a mi familia, me pueda independizar económicamente, y no tenga que depender de mi pareja violenta, o como dije antes, que venga un narco y me diga, hace esto para poder parar la olla. Que ese tiempo en contexto de encierro que duele tanto, que es tan hostil y que trasciende directamente a nuestros hijos y a nuestras familias, no sea en vano. Las personas en contexto de encierro son responsabilidad del Estado, y esa responsabilidad no es solo la del control sino que transformen su vida, con herramientas para que aporte a una sociedad mejor, más justa, y más segura.
El Estado es quien tiene que dar herramientas para esa transformación y no solamente pensar en el castigo. Una sociedad justa y humana es esto también, que las personas privadas de la libertad accedan a los derechos que les corresponden, porque no perdieron sus derechos, perdieron el derecho de la libertad ambulatoria, no el resto de sus derechos. Las mujeres y personas LGBTIQNB+ privadas de su libertad atraviesan múltiples formas de desigualdad y violencias. Muchas de ellas han sido criminalizadas en contextos de extrema vulnerabilidad, atravesadas por situaciones de la violencia de género y por la narcoestructura.
Son personas rotas, chicas muy jovencitas que recién se dan cuenta que cometieron un delito estando en la cárcel. Cuando una mujer pobre está presa, significa que el Estado no llegó antes, no estuvo en la salita o cuando los pibes no iban a la escuela, aparece cuando cometió un delito. La seguridad es un fenómeno social complejo que debe abordarse de forma integral, desde la inclusión social implementando modelos cogestivos desde el Estado junto a organizaciones sociales, iglesias, cooperativas de trabajo, el sector privado, para que las personas en contexto de encierro tengan las herramientas para transformar su vida.
