“¡Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode!”. Eso cantan y repiten miles de personas mientras saltan y se aúnan en un grito esperanzador. La inminente primavera se mezcla con los bombos y batucadas que desde temprano se apostaron para llenar la plaza del Congreso; las banderas de diferentes organizaciones estudiantiles, gremiales, partidarias se agitan en el aire mientras sobre el escenario se muestra el conteo de los votos. Las abstenciones se silban con bronca, los negativos con reproche. La plaza está llena y expectante. Una voz anuncia el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y al de Emergencia Pediátrica. El estallido es inmediato: abrazos, saltos, gritos. Una ráfaga de esperanza atraviesa el aire. Un nuevo freno a la ultraderecha liberal. La lucha colectiva se anuda, se activa e insiste.
Con 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones, la Cámara de Diputados dio de baja el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. También, en la misma sesión se rechazó el veto a la Emergencia Pediátrica con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención.
“Recibirme fue un hito. Soy la primera generación universitaria. Para mi familia y mi comunidad fue un antes y un después”. Chana Mamani, trabajadora social, activista migrante y de la comunidad Aymara.
En medio de la plaza un grupo de pibas saltan abrazadas, mientras, Sabrina, parada en un banco, las captura con la cámara de su celu, baja de un salto y se toma una selfie con el congreso teñido de atardecer. Todas llevan el buzo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. “Ella es la comunicadora”, la señalan sus amigas tímidas. Sabrina se acerca y describe el momento: “Esto es esperanza, nos merecemos festejar, le estamos poniendo un freno a este gobierno. La universidad pública es nuestra, y la vamos a defender”. Su papá terminó el secundario gracias al plan FiNes, siempre le inculcó que estudiara; tanto ella como su hermana son primera generación universitaria. Pudieron estudiar porque hay una universidad cerca de su casa.
“Soy del conurbano, primera generación universitaria. No hubiera tenido la oportunidad de estudiar si no existieran estas universidades situadas”, dice Sofi conmovida y agitada, sostiene una bandera blanca con letras negras que festeja: “Estudiantes y graduados primera generación”. Está emocionada, cursa una maestría en ciencia y tecnología en la Universidad de Moreno, se nombra no binarie y cuenta que la universidad fue un espacio seguro para pensarse en comunidad. “Hoy festejamos, pero no alcanza: faltan becas, faltan salarios dignos, faltan presupuestos para sostener carreras que están en riesgo”.
Sobre Avenida de Mayo y entre las columnas de las organizaciones sociales, se asoma una pancarta: “La conquista más grande fue que la universidad se llene de pibes de los barrios”, sostiene Marita, que con 23 años también es primera generación, como sus primos en Tucumán. “Mi vieja es empleada doméstica, estoy acá gracias a la pública, mis viejos y mis abuelos están orgullosos, sus nietos pudieron estudiar porque ellos no pudieron. La educación pública es un derecho y lo estamos defendiendo”. Marita forma parte de esos dos millones y medio de personas que estudian en las universidades públicas argentinas.
Florencia, recién egresada de la carrera de biología, cuenta: “Mi familia vino de Bolivia; en la dictadura (de García Meza) cerraron las universidades. Acá mi mamá se recibió de enfermera en la pública y hoy trabaja en el Ramos Mejía. Yo terminé la carrera en la UBA y empiezo un doctorado. Pero la beca no alcanza, por eso estoy acá”.
La plaza es un mosaico de historias y carteles: “Todo lo que soy es gracias a la Universidad Pública”, “Un pueblo sin educación jamás será un pueblo libre”, “Cómo no te voy a defender si hiciste realidad mis sueños”. Nadie llega solo y todes de alguna manera tienen un vínculo con la universidad pública.
La gesta
El veto presidencial encendió la alarma en todo el sistema universitario. La semana pasada el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, advirtió que la institución pasará a funcionar “en estado crítico” para terminar el año. La ley vetada por Javier Milei preveía actualización mensual por inflación, paritarias docentes y un sistema de becas.
En los primeros ocho meses de 2025, las universidades perdieron más de un 30% de poder adquisitivo en salarios docentes y no docentes. Además, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Gobierno terminará el año con una reducción del 9,4% real del presupuesto universitario con respecto a 2024 y del 32% sobre 2023. Según confirmaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el último año renunciaron 10 mil profesores, el 5% del plantel en cada institución. Muchos pasaron a dedicación simple: siguen dando clases pero dejan de investigar. “Estamos hipotecando el futuro”, resumió Gelpi.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica estima que los salarios ya perdieron un 40% desde noviembre. “Muchos compañerxs renuncian a sus cátedras o buscan otros trabajos para sobrevivir. Necesitamos unir luchas. Lo hicimos con jubiladas, con el Garrahan, con movimientos sociales. Hoy decimos basta en conjunto”, explica Francisca Staiti, su secretaria general.
“La universidad pública nos iguala en derechos. Para muchas, que venimos de sectores populares, es la única posibilidad de tener un proyecto de vida. Pero también cuestionamos los modos heteronormativos de hacer investigación”. Claudia Vázquez Haro, doctora en Comunicación por la UNLP, activista travesti trans migrante.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2026 elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que sostiene a más de 1.500 escuelas en todo el país. Lihué, estudiante de la Técnica N°1 de Ituzaingó, llegó a la marcha con sus compañerxs y un cartel con letra del músico Broke Carrey: “Con perdón de las damas, me cago en Milei y su hermana”. Lihué dice: “Queremos que la educación técnica siga existiendo porque te forma en oficios y futuro. Defendemos la posibilidad de llegar a la universidad, nos falta poco y si no hay pública no vamos a poder estudiar”.
Las primeras de su familia
En la concentración frente al Congreso, se cruzan historias. Muchas de ellas de primeras generaciones de universitarixs. Historias atravesadas por horas de viaje, por migraciones, por sueños de familias enteras, por la posibilidad de generar un puente de acceso, de imaginar un futuro diferente.
“Recibirme fue un hito. Soy la primera generación universitaria. Para mi familia y mi comunidad fue un antes y un después”, cuenta Chana Mamani, trabajadora social, activista migrante y de la comunidad Aymara. Según datos del Ministerio de Educación (2022), casi la mitad de lxs nuevxs ingresantes en universidades nacionales son primera generación, y el porcentaje sube al 68% si se considera sólo a quienes respondieron sobre el nivel educativo de sus padres.
“Un país no puede pensarse solo como extractivista. Necesitamos industria, tecnología y para eso necesitamos universidades públicas y ciencia nacional”. Ana Ana Franchi, ex presidenta del CONICET.
Chana, hija de migrantes bolivianos criada entre talleres textiles, reflexiona: “En mi casa se repetía la frase ‘ser alguien en la vida’. Para mi comunidad, llegar a la universidad es cambiar un destino. Pero la pobreza estructural es racial. ¿Cuántas docentes indígenas o marronas hay en las universidades públicas?”. Y se responde con alerta: “Si el sistema se vacía, la desigualdad será extrema”.
Claudia Vázquez Haro, doctora en Comunicación por la UNLP y primera mujer trans en lograrlo en una universidad pública, también lo explica desde la experiencia: “La universidad pública nos iguala en derechos. Para muchas, que venimos de sectores populares, es la única posibilidad de tener un proyecto de vida. Pero también cuestionamos los modos heteronormativos de hacer investigación”. Cita a Lohana Berkins: “Cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a la travesti. Pero cuando varias entran, cambia la sociedad”. El ajuste amenaza esa conquista: “No alcanza con entrar, necesitamos condiciones libres de violencia y discriminación”.Tras los festejos, en la columna Mostri, integrada mayormente por personas del colectivo LGBTIQ+, la conversación gira hacia lo que viene. Un rato después, el Congreso debía tratar el rechazo a los decretos de necesidad y urgencia (DNU 61 y 62/25) de Javier Milei, que limitan la Ley de Identidad de Género. En el temario estaba previsto el decreto 62, pero por falta de quórum levantaron la sesión y el debate quedó afuera.
Ciencia en riesgo
El desfinanciamiento golpea también al sistema científico. El 60% de lxs investigadorxs del país trabaja en universidades nacionales. Sin becas ni continuidad garantizada, muchos proyectos clave están en suspenso, asimismo becarixs que aún no pueden ingresar al sistema.
Ana Franchi, ex presidenta del CONICET y primera mujer en ocupar ese cargo, advierte que no se trata solo de salarios: “Hablamos de ciencia y soberanía. Un país no puede pensarse solo como extractivista. Necesitamos industria, tecnología y para eso necesitamos universidades públicas y ciencia nacional. La inversión en conocimiento es estratégica para un país de 50 millones de habitantes”. Franchi insiste en que el apoyo estatal debe ser sostenido y a largo plazo, ya que sin ciencia y tecnología no hay desarrollo industrial, ni capacidad de producir innovación propia, ni autonomía frente a las potencias globales.
Por su parte, la historiadora Beatriz Bragoni, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, dice que la crisis afecta en diferentes planos como la falta de equipamiento para digitalizar y abrir nuevas líneas de investigación, caída de salarios y estipendios que desarma equipos de trabajo, debilitamiento de bibliotecas y recursos que vuelven más difícil la interacción con pares en el extranjero. “Todo esto reduce las chances de inserción internacional y va en detrimento del desarrollo científico nacional”, señala. Para Bragoni, la universidad pública en la historia argentina cumple un papel mucho más amplio que el educativo: “Es un actor simbólico y social en cada provincia donde está radicada, una vía de integración y ascenso social”.
En la plaza, el festejo vibra como una furia alegre, con rastros de memoria compartida que habilitan la unidad y se alzan en un mismo grito. Porque el futuro no se veta: se defiende. Porque en Argentina la salud, la educación y los derechos humanos se sostienen en la calle. Las banderas nos recuerdan que la defensa no es solo universitaria: estudiantes, docentes, investigadorxs, jubiladxs, familias, movimientos sociales, centrales sindicales. A casi un año de la marcha que convocó a millones, el grito vuelve a ser colectivo; la universidad pública gratuita y de calidad es parte de la identidad argentina. “Somos primera generación en la universidad y no vamos a permitir que nos la arrebaten”, dice Sofía, con la bandera aferrada en sus manos. Frente a los vetos, la respuesta sigue siendo la misma: defenderla en las calles.
