Estudiantes, docentes, rectorados, gremios universitarios, centrales sindicales, movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles, escuelas secundarias, organismos de derechos humanos y referentes de todo el arco político opositor se movilizaron en una masiva marcha frente al Congreso de la Nación en defensa de la universidad pública. El mensaje de la marcha fue contundente: diputados y senadores, defiendan la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves por la mañana, apenas horas después de la masiva movilización que se replicó en casi 50 ciudades del país, el Presidente Javier Milei vetó la norma que buscaba garantizar el presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. Sin embargo, las palabras y los reclamos de millones de personas siguen resonando. “No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece”, dijo en el escenario del acto la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli.

En la actualidad más del 70% de los trabajadores de la educación superior gana salarios por debajo de la línea de pobreza, y muchos no han recibido aumentos este año, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional. Además, el proyecto de presupuesto para 2025 propone nuevos recortes que agravan aún más la situación. En este contexto, el personal docente y no docente de las universidades rechazó la propuesta salarial de un 5,8% de aumento para octubre, sumado al 1% dispuesto para toda la administración pública nacional. Según datos de las Federaciones Universitarias, la pérdida salarial sigue rondando el 50%. La negociación paritaria pasó a un cuarto intermedio y se retomará el lunes 7 de octubre.

Por si quedaban dudas sobre su postura, esta semana, Milei ordenó auditorías en las universidades nacionales para investigar la existencia de “alumnos inventados”. Además, difundió las estimaciones de José Luis Espert, quien afirmó que los docentes universitarios cobran “millones de pesos”. Sus funcionarios no se quedaron atrás: el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y Patricia Bullrich también arremetieron contra la marcha. Mientras las movilizaciones se desplegaban en distintas ciudades del país, el presidente retuiteaba compulsivamente publicaciones en contra de la manifestación, augurando el veto.  

No es la primera vez que Milei utiliza esta herramienta legislativa para mostrar su poder y el autoritarismo que lo caracteriza cuando en el Congreso se votan leyes que no coinciden con sus posturas políticas, económicas e ideológicas. En este caso, la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace pocos meses, establece la equiparación mensual de los salarios docentes y no docentes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con retroactividad a noviembre de 2023 y hasta diciembre de 2024. Respecto al presupuesto universitario, la ley propone aumentos trimestrales basados en la inflación desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024. Además, declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de atenuar, ante el aumento de los costos de bienes y servicios esenciales, el impacto en los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales.

Claudia indica que un profesional que ingresa con dedicación exclusiva a un cargo de auxiliar percibe una remuneración de aproximadamente 640 mil pesos mientras que si tiene un cargo de profesor adjunto recibe menos de 850 mil pesos además de las tareas de investigación, extensión, perfeccionamiento, una realidad que desalienta a muchos jóvenes a elegir una carrera docente y subraya “en los hospitales universitarios, hasta el 75% de las y los profesionales médicos que atienden gratuitamente la salud pública dependen de las universidades y también están por debajo de la línea de pobreza”, ilustrando una realidad que hoy se vive en muchos hospitales públicos. 

Es este el contexto en el que millones de personas se movilizaron en todo el territorio argentino para defender el acceso a la educación, en un país en el que las universidades nacionales concentran más del 75% de la matrícula estudiantil, con cerca de dos millones de alumnos, y generan más del 70% de la investigación científica. El desfinanciamiento de las universidades públicas afecta tanto la calidad de la educación como los trabajos científicos de relevancia internacional que se realizan en estas instituciones. En los últimos 30 años, se crearon más de 60 universidades nacionales y provinciales, lo que permitió descentralizar la educación superior y hacerla accesible a personas que, de otra manera, no habrían tenido la posibilidad de estudiar.

“La educación superior es un derecho de toda la ciudadanía, garantizado por la Constitución Nacional y financiado con fondos públicos a través del presupuesto que aprueba el Congreso. La Ley de Educación Superior de 1995 establece que los estudios de grado son gratuitos y prohíbe su arancelamiento. Argentina es uno de los pocos países de la región que ofrece acceso irrestricto a la educación superior”, explicó la dirigente de la CONADU Histórica. Esta política permitió que jóvenes de distintos estratos sociales ingresen a la universidad, facilitando la “movilidad social ascendente”, particularmente en zonas como el conurbano bonaerense, donde más del 80% de los egresados son primera generación de profesionales.

Una universidad que transforma

La plaza del Congreso comenzó a llenarse desde el mediodía y a las cuatro de la tarde, estaba desbordada de gente; las columnas entraban por Hipólito Yrigoyen, Avenida de Mayo y también, por las calles transversales. Hasta los radicales se acercaron a marchar, aunque fueron silbados cuando se los nombró en el escenario central. Además de las banderas de organizaciones sociales, gremios, partidos políticos y centros de estudiantes, muchas personas autoconvocadas desplegaron sus carteles que, con humor y acidez, le hablaban al Gobierno: “Estudiá, no seas Adorni”, “Gracias UBA por adoctrinarme, ahora soy médica y atiendo pacientes”, “Soy veterinaria de perros reales”, “Sin ciencia no hay Conan”, “Qué orgullo ser puto, que vergüenza ser Caputo”, “Mucho sexo gay”.

“¿Voy a ser la primera licenciada de mi familia?”, se pregunta en un cartel una estudiante de enfermería. A su lado, Danna quiere ser ingeniera química. Estudia en la Escuela Técnica número 2 de Merlo y vino junto a compañerxs de otras escuelas técnicas del conurbano a defender ese modelo educativo. “Nuestras escuelas están desfinanciadas; ahí tenemos talleres, laboratorios, aprendemos oficios. Hoy nos faltan herramientas, las aulas no están en condiciones, los docentes no tienen un salario digno”, dice Danna y agrega que gracias a la escuela pública puede aspirar a ser la primera universitaria de su familia. A unos metros de ella, están los estudiantes secundarios. Son cientos. “Nos sumamos a esta movilización porque creemos que la educación pública tiene que ser de calidad, no puede ser desfinanciada o considerada como un gasto extra”, dice Viole Diaz, presidenta del Centro de Estudiantes del Juan Pedro Esnaola.

Bajo una Bandera rosa con la frase “La Vida está en Riesgo, ¡BASTA!”, que representa la columna Mostri, está Paulina Domínguez, comunicadora social, docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, trabajadora del Centro Cultural Kirchner y militante transfeminista. “Soy hija de la educación pública”, dice sobre su trayectoria educativa que comenzó en una escuela rural de Tres Algarrobos, un pueblo al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el que las docentes iban a caballo, en tractor o si llovía se quedaban a dormir en las escuelas. Reconoce que la presencia del Estado en ese contexto fue muy importante para garantizar su escolaridad. Más tarde, pudo acceder a la universidad, algo que le transformó la vida por completo. “Estar acá es una demostración de lo que significa para el pueblo argentino la educación pero principalmente volver a apostar a lo comunitario; no queremos ningún tipo de retroceso, de ninguna forma, ni para nuestros jubilados y jubiladas ni para nuestros estudiantes ni para nuestros pueblos originarios ni para los cupos laborales de discapacidad o cupos laborales trans. Vamos a estar defendiendo cada una de esas conquistas que representan para nosotras la posibilidad de existencia”, manifiesta con convicción y denuncia que el inminente veto a la Ley de Financiamiento Universitario es una actitud fascista. Según el Anuario Estadístico de 2022 del Ministerio de Capital Humano, ese año el 47,8% de los estudiantes -nuevos inscriptos- de las universidades e institutos universitarios públicos nacionales y provinciales eran primera generación en sus familias.

Marce, es profe de primaria en Avellaneda. Ella nació en Chaco y asegura que gracias a la existencia de la escuela pública pudo acceder a la educación. Mientras habla, una compañera le cuelga un cartel en la espalda que dice “marcho para que todxs puedan tener una educación pública, gratuita y de calidad”. Ahora es profesora de nivel primario e impulso a su mamá para que retome el secundario, también recuerda a sus abuelas, las que le insistieron para que estudiara. Marce considera que ese empuje colectivo fue clave en su adolescencia. “Siempre digo que la universidad me salvó la vida, como diversidad me dio una posibilidad enorme, me abrazó y me sacó de dónde estaba. Hoy marcho porque este Gobierno vino a destruir todo lo que es refugio para la gente como yo y porque nadie se salva solo”, reflexiona.

Los testimonios que dan cuenta de la importancia de las universidades públicas y nacionales, que descentralizan la educación y permiten la movilidad social, se multiplican.“Sin la Universidad del Nordeste no hubiera tenido la posibilidad de estudiar”, dice Dan Arnica, médico veterinario egresado de esa institución. Nació en Corrientes y gracias a esa formación, pudo graduarse y dedicarse a la investigación científica. Hoy vive en Buenos Aires, donde está cursando un doctorado en Biología en la UBA. Llegó temprano a la marcha  junto a su grupo de estudio para luego sumarse a la columna Mostri. Dan, que también es becario del CONICET y trabaja en los parques nacionales, cuenta que estuvo todo el día conmovido, porque para él la universidad pública le cambió la vida. “Todo el trabajo que hacemos está pensado para la comunidad, y el desfinanciamiento de la universidad también afecta a quienes nos dedicamos a la ciencia”, advierte. Además, explica que, desde que asumió Milei, los aumentos salariales fueron muy bajos, y la situación se agrava aún más para lxs becarios que como él, no tienen derechos laborales.

La universidad que trasciende las instituciones 

El Presidente publicó en redes: “La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten. No permitas que te usen los golpistas”. Mas tarde, posteó: “Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía”. Las declaraciones fueron previas a la confirmación del veto desde la Oficina de Presidencia. La provocación sigue.

“Defender la universidad es defender algo más grande, el resultado de luchas pasadas, de una capacidad de resistir y de la inmensa calidad profesional que tiene el país. Eso es lo que defendemos y enseñamos. La historia de la universidad es una historia de lucha. Me parece que una de las lecciones más importantes que la universidad puede enseñar es cómo defenderse”, dice Romina Freschi, docente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA)y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Para Gloria Peirano, también docente de la UNA y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la universidad pública, gratuita, federal y de calidad forma parte de su ADN, del de todxs. “Mi abuela era iletrada y mi abuelo ferroviario. En una época en que se tenían muchos hijos, decidieron tener una sola hija para darle lo mejor: la universidad pública. La universidad es mi casa”, dice.

Desde que comenzó el año, las manifestaciones se llevan adelante a pesar de la latente posibilidad de ser reprimidxs. Pese al miedo, salir a la calle sigue siendo una necesidad. “Es crucial que sigamos encontrándonos para defender la educación pública. Este gobierno tiene un proyecto destructor de todo lo colectivo y solidario”, dice Ele Sabarots, antropóloga graduada en la Universidad de Buenos Aires. Ella es segunda generación de universitarios y señala que la formación en la UBA le permitió hoy trabajar en el Ministerio Público Fiscal, en la unidad especializada en casos de apropiación de niñxs durante la última dictadura cívico militar. “Los derechos humanos y las políticas que garantizan la identidad de personas apropiadas están siendo golpeadas por este gobierno. El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, está despidiendo personal en la CONADI, un organismo que posibilitó la restitución de 133 nietos de las Abuelas. Me parece crucial estar acá, porque no hay otra manera de defender nuestros derechos y los de quienes aún no tienen garantizado el derecho más básico: su identidad”, cuenta sobre la situación en el organismo que trabaja.

Tras cantar el himno, un grupo de jubilados con banderas argentinas se acomoda para escuchar el acto. Entre ellxs, está Leila Bamonti, jubilada, trabajadora de la cultura, de formación terciaria en Bellas Artes: “Este gobierno no cree en el Estado. La gente tiene que despertar, estamos viviendo un momento de mucha opresión y dolor. Hay una puesta en escena de la represión para meter miedo y que la gente no salga a reclamar por sus derechos”, dice refiriéndose a las represiones que vivieron semanas atrás en ese mismo lugar. Lila no se cansa de salir a la calle, marcha desde muy joven en reclamo de sus derechos y hoy levanta un bastón con un cartel que dice: “Queremos a nuestros nietxs estudiando”.

Mientras cae la tarde, las columnas desconcentran, muchxs caminan hacia los subtes y trenes para volver a sus casas. Siguen cantando, riendo aún con sus carteles en alto. El ambiente es festivo a pesar del inminente veto de Javier Milei, que horas más tardes se concretará. La segunda Marcha Federal Universitaria se hace escuchar en todo el país con la convicción de que el acceso a la educación superior es un derecho fundamental. A pesar de los ataques sostenidos por parte del Gobierno nacional, la determinación de estudiantes, docentes y trabajadores no será silenciada. La lucha por una educación pública, gratuita y de calidad sigue vigente y el mensaje es claro: si tocan a la Universidad, nos tocan a todxs.