Fotos: Gala Abramovich
En la Argentina que gobierna Javier Milei, la incertidumbre se volvió parte de la rutina y también una forma de riesgo para las personas discas y sus familias. Hoy, una madre llega temprano con su hije a una oficina pública, saca número y espera. Vuelve a preguntar cuánto falta, a dónde dirigirse, y sigue esperando. Una persona revisa el celular en la puerta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para saber si hubo algún avance en su trámite, si la auditoría se movió, si la pensión finalmente salió. Pero no sale, o se demora. Adentro, la atención avanza cada día más lenta. Hay que seguir esperando. Horas que pasan. Nombres y cifras que nadie devuelve. Tiempo de vida.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de existir como organismo autónomo y fue absorbida por el Ministerio de Salud. Ese cambio administrativo se traduce en ajuste y en una nueva capa de incertidumbre. Las familias van de una ventanilla a otra con papeles para firmar, sellar o validar. Muchas preguntas, mucha angustia. Viajan en colectivo, tren, auto o subte para encontrarse, una y otra vez, con lo mismo: el abandono y el silencio estatal, en una sociedad que sigue ignorando una realidad que viven más del diez por ciento de la población.
Esta situación la denunciamos hace tiempo en las calles, cuando salimos a reclamar por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, cuando repudiamos la disolución de la ANDIS en la que despidieron alrededor de 350 trabajadores: personas con discapacidad, delegades sindicales, personas embarazadas y trabajadoras próximas a jubilarse. No fue solo un número. Fue el vaciamiento de un organismo clave, reducido a una oficina mínima dentro del Ministerio de Salud, con consecuencias tanto para quienes trabajaban ahí como para quienes dependían de sus políticas.
Las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, se intensificaron durante 2025 y principios de 2026, cuando la situación precaria de nuestros derechos se volvió urgente e insostenible. Entre el ajuste, el vaciamiento estatal y la organización colectiva, la vida de las personas con discapacidad vuelve a estar en riesgo. Y digo “vuelve” porque hubo épocas —como gran parte del siglo XIX— en las que la exclusión, el encierro, la persecución y el señalamiento eran la norma. Hoy, otra vez, el Estado no solo recorta, sino que también dificulta las posibilidades de reclamar. Ir a una marcha, exigir un derecho, incluso sostener la militancia, se vuelve cada vez más difícil: falta tiempo, falta plata, faltan respuestas.
A mediados de abril el gobierno presentó un proyecto para reformar la Ley de Emergencia en Discapacidad, esa misma ley que tuvimos que salir a pelear en la calle cuando el Estado no daba respuestas. Ya desde el título —“Contra el fraude de pensiones por invalidez”— aparece una forma de nombrarnos y de sospechar de nosotres. El proyecto propone eliminar el nomenclador de prestaciones, desregular la negociación dentro del sistema de salud y endurecer los criterios para acceder a pensiones. Pasando por encima de una ley que fue votada, vetada y defendida otra vez en las calles y en la Justicia.
Durante los años 80, buena parte de los medios argentinos hablaban de homosexualidad desde el miedo, el escándalo o la patologización. La revista 7 Días publicó en 1984 una nota titulada “El riesgo de ser homosexual en Argentina”, protagonizada por Carlos Jáuregui y Raúl Soria. La idea de “riesgo” no aparecía solo como prejuicio social: era una forma de señalar cuerpos, identidades y modos de vivir como algo sospechoso, incómodo o peligroso. Titulares periodísticos y discursos televisivos asociaban la diferencia sexual con la desviación o la enfermedad, especialmente en el contexto del VIH/SIDA. Años después, activistas como Carlos Jáuregui transformarían esa marca en orgullo. Imagino a las señoras pacatas de la época mirando con desconfianza a quien sería uno de los impulsores de las primeras marchas del orgullo, la unión civil y la no discriminación.
Hoy el momento es otro, pero algo de ese clima persiste. Cuando una pensión no llega, cuando un tratamiento depende de una autorización que se dilata, cuando el acceso a la salud se vuelve una carrera de obstáculos y pasa a depender del bolsillo de las familias, el tiempo para construir orgullo se achica. Si en aquel entonces el orgullo fue una respuesta política frente a la estigmatización y la muerte, hoy la pregunta aparece desde otro lugar: ¿qué lugar ocupa el orgullo cuando lo que está en juego es la supervivencia? Las redes y la organización fueron una respuesta al abandono y a la desidia, una forma de resistir a una sociedad que nos educaba para la vergüenza. Hoy, con el vaciamiento de políticas vinculadas al VIH, la discapacidad y otras áreas sensibles, algo de esa experiencia reaparece. No es un problema sectorial: es una forma de decidir qué vidas importan y cuáles no.
La situación es aún más compleja para quienes somos personas con discapacidad y, además, parte de la comunidad LGBTIQ+: la discriminación se duplica. Me canso de ver las caras cuando me visibilizo como disca y no binarie. Pareciera, entonces, que cuando somos personas con discapacidad somos “angelitos”, pero cuando somos putos damos asco. Ya hubo momentos históricos de ocultamiento y encierro. A las personas con discapacidad, si no nos veían como divinidades, nos querían curar. Hablar de discriminación no es hablar de una acumulación de desgracias, ambos colectivos tenemos agencia, historia y organización. Porque ser disca nunca fue solo una condición: también es habitar el mundo desde los márgenes, como tantas otras identidades.
Se nos quiere imponer la vergüenza, de nuevo. Dicen que somos personas improductivas, que no trabajamos, que vivimos del Estado. Que incluso quienes nos acompañan, les prestadores, nuestros apoyos, no merecen un salario digno. Pero los números hablan por sí solos. Quienes trabajan en talleres protegidos —espacios de inserción laboral precaria para personas con discapacidad— cobran alrededor de 28 mil pesos. Una pensión por discapacidad ronda los 370 mil pesos. Ninguno de esos ingresos alcanza a cubrir la canasta básica, que a marzo de 2026 rondaba los 464 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza. La sensación es que se nos ríen en la cara. Que la idea de que vivimos “a costa del Estado” funciona como justificación para el recorte.
La Plaza Congreso alojó muchas de esas tensiones en los últimos años. Los papelitos de auditorías, turnos médicos y tratamientos empezaron a transformarse en otra cosa: una lucha colectiva por sostener derechos básicos. Mientras tanto, muches compañeres se donan medicación que ya no usan para resistir los embates de la crisis. Eso también forma parte de la precariedad. Ni hablar de la salud mental de quienes militamos e intentamos estar en la calle aun siendo víctimas de la criminalización y el odio de este gobierno.
¿Nos odia un gobierno o un sistema? Me lo pregunto mientras escribo. La espectacularización de las campañas políticas y la construcción de la figura de Javier Milei como rockstar, incluso en escenarios financiados con recursos que deberían destinarse a las personas con discapacidad, exponen una distancia brutal entre la puesta en escena del poder y las vidas que quedan esperando respuestas. Ese odio no parece solo local: se replica en distintos países, en un clima de avance de discursos y políticas de ultraderecha. Muchas personas antes no sabían a dónde recurrir; ahora tienen cada vez menos posibilidades. ¿Cómo se resiste ante tanta discriminación?
El Estado nos excluye y promueve el desamparo. Sabemos que más de 5 millones de personas con discapacidad habitan nuestro país y, sin embargo, seguimos quedando afuera. Muchas veces, lo que debería garantizar el Estado recae en la militancia y en las organizaciones. Y aun así, nos seguimos organizando. Cuando tenemos trabajo, es precario. Cuando no lo tenemos, no sabemos a quién recurrir. El mismo Estado que debería garantizar derechos aparece, en cambio, para reprimir nuestras existencias, aplicando su protocolo de balas de goma y gases lacrimógenos en nuestras manifestaciones, mientras nos acusa sin tapujos de despilfarrar la plata de les argentines.
“Se metieron con las maricas”, decía el diputado Esteban Paulón en febrero de 2025 después de los dichos de Javier Milei contra la comunidad LGBTIQ+ acusandonos de pedófilos y violentos. La respuesta fue masiva, organizada, colectiva. Esa fuerza no es nueva. A la voz de Paulon sumo: se metieron con las personas discas. Tampoco es nueva nuestra lucha, que con nuestros propios tiempos, tensiones y formas de organización, construimos respuestas frente al ajuste y la violencia. Porque los riesgos no son abstractos. No son una idea. Son no saber si vas a poder sostener un tratamiento. Son tener que mendigar una pensión. Son depender de una burocracia que te deshumaniza. Son ver cómo se achican tus posibilidades de vivir una vida digna mientras te dicen que es un ajuste necesario.
Si en otro momento el orgullo fue una respuesta política frente a la vergüenza, hoy la urgencia vuelve a ser otra: sobrevivir. Hablar de riesgos no es exagerar. Es nombrar lo que pasa cuando el Estado decide que algunas vidas valen menos. Si en los 80 se hablaba del riesgo de ser homosexual, y el orgullo vino a disputar esa vergüenza, hoy volvemos a hablar de riesgos desde otro lugar para denunciarlos. Sin condiciones materiales para vivir, no hay orgullo posible.
- Guadalupe Bargiela, militante que se posiciona desde la discapacidad como identidad política. Estudiante de derecho e integrante de Patria Diversa y la Asamblea de Discas en lucha.
