El gobierno nacional impulsa una reforma incluida en el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que modifica de manera profunda la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La iniciativa oficial hoy —que actualmente está siendo tratada en diversas comisiones del Senado— se presenta como una ampliación de garantías para propietarios, pero desde organizaciones sociales, sectores campesinos y espacios académicos advierten que en los hechos elimina límites históricos a la concentración y extranjerización de la tierra.
La ley vigente, sancionada en 2011, establecía topes a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, restricciones en zonas de frontera y resguardos sobre inmuebles vinculados a cuerpos de agua. También contemplaba herramientas institucionales para producir información pública y monitorear la evolución del mercado de tierras. El nuevo proyecto, en cambio, desarma buena parte de esa arquitectura regulatoria y reduce el rol estatal a intervenciones excepcionales.
“Quieren facilitar la adquisición de tierras por grandes capitales que no habitan en nuestro territorio”
Lejos de tratarse de una discusión técnica o de una actualización normativa, la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” actualiza quién controla el territorio, con qué fines y bajo qué modelo de país. Así lo sostienen desde el Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA), y proponen llamar a la iniciativa por otro nombre: es una ley de extranjerización.
El Observatorio de Tierras es una iniciativa impulsada por docentes e investigadores/as del Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. Surgió ante la preocupación por la concentración y extranjerización de la tierra en Argentina, con el objetivo de producir información pública, reconstruir la estructura de la propiedad rural y visibilizar cómo estos procesos afectan la soberanía, la democracia y el acceso a bienes comunes estratégicos como el agua, los minerales y los territorios productivos. A través de investigaciones, pedidos de acceso a la información y herramientas de georreferenciación, el Observatorio busca aportar datos para el debate público y para el diseño de políticas que beneficien a las mayorías populares.
Matías Oberlin es historiador, integrante del Observatorio y del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (UBA). Para él hay un cambio político central en la propuesta del oficialismo: redefinir la relación entre Estado, propiedad privada y bienes comunes. “Nosotros sostenemos que el proyecto que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada debería llamarse proyecto de extranjerización de la tierra”, afirma. Y agrega que lo que hace la reforma es avanzar directamente sobre las regulaciones existentes para facilitar nuevas dinámicas de concentración territorial.
Entre los cambios concretos, Oberlin destaca la derogación del artículo que fijaba un tope del 15% de tierras rurales extranjerizadas en cada provincia o unidad subprovincial. También se eliminan los límites para que una sola nacionalidad concentre parte sustancial de ese porcentaje y desaparecen las restricciones que impedían a un mismo titular superar determinadas extensiones en la zona núcleo. “Ese tope elimina otro tipo de restricciones. Deroga el hecho de que sean de una misma nacionalidad y también elimina límites a la cantidad de hectáreas”, detalla.
Uno de los puntos más sensibles, remarca, es la flexibilización sobre tierras ribereñas o con acceso a espejos de agua. “La ley de tierras restringía la extranjerización de tierras en zonas ribereñas o que tuvieran espejos de agua, como por ejemplo el caso de Lewis. Ese artículo también lo deroga”, señala. La referencia remite a conflictos emblemáticos por el acceso público al Lago Escondido y a la apropiación privada de bienes estratégicos vinculados al agua en un territorio de más de 12 mil hectáreas en Río Negro que recientemente el gobierno nacional convalidó.
Para el investigador, el proyecto no responde únicamente a una agenda ideológica sobre la propiedad privada, sino a una estrategia económica más amplia orientada a reordenar el territorio argentino en función de intereses globales. “Lo que vemos es un plan sistemático, un plan integral del gobierno nacional. Hay una suerte de querer convertir al territorio argentino en un enclave particular de producción de determinado tipo de materias primas para el desarrollo del capitalismo mundial en esta instancia particular”, sostiene.
Desde esa perspectiva, la tierra rural ocupa un lugar central. No sólo por su valor productivo para agronegocio, minería, energía o grandes proyectos extractivos, sino porque concentra bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos. El control de esos territorios aparece hoy estrechamente ligado a nuevas formas de acumulación económica y a la disputa por recursos naturales en un contexto global de crisis climática y alimentaria.
Oberlin vincula esta reforma con otras decisiones recientes del gobierno. Menciona, por ejemplo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios extraordinarios y un blindaje político y judicial a grandes empresas, y los intentos de modificar normas de protección ambiental como la Ley de Glaciares. “Son todas leyes que avanzan en el mismo sentido: poner a disposición del capitalismo, en esta etapa particular del desarrollo histórico, un conjunto de bienes que como sociedad deberíamos tomar en nuestras manos. Bienes comunes necesarios para el desarrollo de la vida, como la tierra y el agua”, plantea.
En esa misma línea, señala que el RIGI funciona como complemento de la flexibilización sobre tierras rurales. Mientras una norma facilita condiciones extraordinarias para grandes inversiones, la otra remueve límites para el acceso y control territorial. “El RIGI justamente es una de esas manifestaciones, donde las empresas privadas gozan de beneficios exclusivos incluso para el manejo del agua por sobre, por ejemplo, las comunidades que consumen esa agua”, advierte.
El investigador también alerta sobre el debilitamiento deliberado de las capacidades estatales para intervenir. La derogación del Consejo de Tierras Rurales, el vaciamiento de registros y la pérdida de información pública dificultan conocer quién compra tierras, dónde y bajo qué estructuras societarias. “Eliminan las herramientas de medición, los mecanismos de control y la capacidad de prevenir situaciones problemáticas”, resume.
Para Oberlin, ese retroceso institucional tendrá consecuencias concretas en los territorios: mayor presión sobre comunidades indígenas y campesinas, encarecimiento de la tierra, conflictos por el acceso al agua y más desigualdad en zonas rurales. “Esto obviamente va a repercutir en la conflictividad social. Lo vamos a ver en conflictos con comunidades indígenas y con comunidades afectadas por la derogación de la Ley 26.160”, advierte.
En definitiva, desde el Observatorio sostienen que la discusión excede el mercado inmobiliario rural. Lo que se debate es si la tierra y los bienes comunes serán administrados en función del interés colectivo o subordinados a una lógica extractiva orientada a la renta global. Por eso insisten en nombrar el proyecto según sus efectos reales: no una ley de protección, sino una ley de extranjerización.
“La extranjerización profundiza el despojo y descarga la crisis sobre los cuerpos de las mujeres”
Desde los territorios campesinos e indígenas, el proyecto oficial también se lee como parte de una ofensiva más amplia sobre la tierra, el agua y las formas comunitarias de vida. El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) —que reúne a más de 10 mil familias campesinas e indígenas y tiene incidencia sobre unas 300 mil familias de la agricultura familiar en todo el país— advierte que la reforma consolida un modelo donde la propiedad privada queda por encima de los derechos colectivos, la producción de alimentos y el arraigo rural.
“Desde nuestra experiencia sabemos que los capitales extranjeros vienen a profundizar el modelo de despojo donde la propiedad privada es ‘sagrada’ y está por encima de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho al alimento y a una vida digna”, expresaron de manera colectiva. Para la organización, la concentración y extranjerización de la tierra no son procesos abstractos ni discusiones jurídicas: impactan de forma directa en la expulsión de comunidades, el encarecimiento del acceso a la tierra, la pérdida de agua y el debilitamiento de las economías regionales.
Como ejemplo concreto, señalan el caso de Fodomonte, subsidiaria de un grupo lácteo de Arabia Saudita, que adquirió miles de hectáreas en Traslasierra, Córdoba, para producir alfalfa destinada a la exportación. “Utilizan grandes volúmenes de agua secando las napas. Esta empresa ya no puede producir en Arabia Saudita desde 2016 y ha sido echada de otros países como Estados Unidos por secar las napas. Entonces vienen acá, se aprovechan de los vacíos legales o de controles que no llegan, y producen generando muy poco aporte a la economía local”, denunciaron.
El diagnóstico del movimiento es que estos emprendimientos profundizan el vaciamiento rural: escasa generación de empleo, automatización, precarización laboral y apropiación intensiva de bienes naturales. “Las napas de agua bajan y eso implica que las y los campesinos de la zona tienen que generar perforaciones más costosas o abandonar la tierra porque ya no se puede producir”, resumieron.
Cuando falta agua, trabajo y tiempo
Durante los últimos años, la tarea de buscar agua se convirtió en un trabajo central para el sostenimiento de la vida en el campo. Los cultivos, animales y familias no sobreviven sin agua y las mujeres lo saben. Por eso, en el actual contexto de crisis climática y precariedad económica son ellas quienes absorben la mayor parte de la sobrecarga cotidiana.
“Las mujeres campesinas son las más afectadas por estas políticas de concentración de la tierra y profundización de las desigualdades”, afirmaron. En el relevamiento socio-productivo “Reconocimiento del rol de las mujeres y diversidades campesinas indígenas en las tareas de cuidado de la vida y mitigación del cambio climático” realizado por la propia organización junto al CELS, quedó evidenciado que sólo el 25% de las mujeres accede a propiedad individual de la tierra, mientras que la mayoría sostiene formas más precarias o colectivas de tenencia.
Pero el problema no se agota en la titularidad. El informe describe cómo la crisis climática reorganiza el trabajo cotidiano y recae sobre los cuerpos feminizados. Sequías, incendios, heladas o escasez de agua no sólo afectan la producción: también alargan jornadas, multiplican tareas y deterioran la salud física y emocional. “Frente a la escasez de agua o la precariedad económica son las que realizan mayor esfuerzo físico y más trabajos no remunerados, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su salud”, sintetizaron desde el movimiento.
Ese fenómeno aparece nombrado en el documento como “feminización de la supervivencia” y también como “feminización de la adaptación climática”: cuando no hay políticas públicas, la respuesta frente a la crisis se sostiene con más tiempo, más esfuerzo y más trabajo invisible de las mujeres. Buscar agua, reorganizar la alimentación, sostener huertas familiares, cuidar animales, acompañar a personas enfermas, garantizar ingresos y sostener redes comunitarias forman parte de una misma trama de tareas no remuneradas que se intensifican en los territorios rurales.
El estudio también advierte sobre la pobreza de tiempo, es decir, la imposibilidad de contar con horas propias para descansar, formarse o participar políticamente. La simultaneidad entre trabajo productivo, doméstico y comunitario configura jornadas extensas y permanentes, donde producir alimentos y sostener la vida ocurren al mismo tiempo.
Reforma agraria feminista y soberanía alimentaria
Frente a ese escenario, el MNCI Somos Tierra propone una salida estructural: discutir la tierra no como mercancía, sino como base material para la vida. Junto a organizaciones de la Mesa Agroalimentaria, impulsan políticas que garanticen acceso a la tierra y permanencia para comunidades rurales históricas, muchas de las cuales habitan generaciones enteras sin títulos formales.
“Venimos construyendo programas que permitan el acceso a la tierra y la garantía de permanencia a las comunidades rurales que llevan generaciones en el campo y aún no cuentan con su título”, señalaron. Entre las medidas que proponen aparecen la expropiación de tierras ociosas, límites a la concentración, ordenamiento territorial participativo, regulación fuerte del uso del suelo y políticas agrarias activas para fortalecer a la agricultura campesina e indígena.
Para la organización, esa agenda también interpela a los feminismos urbanos y populares. “La discusión de una reforma agraria popular y feminista para garantizar una vida libre de violencias y la soberanía alimentaria para que todxs podamos acceder a alimentos sanos son horizontes que nos articulan un camino conjunto desde el campo y la ciudad”, concluyeron.
