La posible reactivación de Bajo La Alumbrera volvió a encender las alarmas en Catamarca y Tucumán. En Santa María, comunidades indígenas, asambleas socioambientales, productores, investigadores, docentes y trabajadores participaron de un plenario convocado por la Asamblea de los Pueblos del Valle Calchaquí para debatir las consecuencias de un nuevo avance extractivo impulsado por Glencore y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Aunque por ahora el proyecto anunciado se limita a la reapertura de remanentes de Alumbrera utilizando infraestructura ya existente, gran parte de las preocupaciones apuntan a su articulación futura con MARA/Agua Rica, un proyecto de otra escala y complejidad extractiva. En el relato corporativo, Alumbrera aparece como “puente” financiero y logístico para sostener las siguientes etapas del negocio minero en la región. En los valles, en cambio, el anuncio reabre una memoria de contaminación, escasez del agua y conflictos territoriales que nunca terminó de cerrarse.
Bajo La Alumbrera fue uno de los proyectos emblemáticos del modelo neoliberal minero instalado en Argentina durante los años noventa. La Ley de Inversiones Mineras de 1993 otorgó estabilidad fiscal, exenciones impositivas y amplios beneficios a las corporaciones transnacionales, habilitando un ciclo extractivo de gran escala sobre territorios de montaña.
Las promesas de desarrollo y progreso convivieron desde el comienzo con denuncias por filtraciones en el dique de colas, contaminación con metales pesados y uso intensivo de agua en una región históricamente árida. En Belén, Andalgalá y Santa María persisten relatos comunitarios sobre enfermedades oncológicas, afecciones respiratorias y problemas gastrointestinales, mientras trabajadores de salud denuncian bajo reserva dificultades para desarrollar relevamientos epidemiológicos sistemáticos en hospitales del interior.
La resistencia tampoco empezó ahora. Desde comienzos de los 2000, comunidades de Andalgalá, Belén, Tinogasta, Amaicha, Tafí y Santa María organizaron cortes selectivos, bloqueos y asambleas para impedir el paso de camiones mineros y denunciar los impactos ambientales del proyecto. Esa memoria atravesó todo el encuentro.
Pero el plenario también reactivó otra dimensión histórica de esa resistencia: la formación colectiva. Como ocurrió años atrás frente a Alumbrera y Agua Rica, las comunidades volvieron a encontrarse para compartir información técnica, jurídica, ambiental y territorial. Leer estudios de impacto ambiental, reconocer glaciares de roca, comprender el funcionamiento de los acuíferos, discutir leyes y reconstruir la memoria sanitaria de los pueblos son parte de una misma estrategia de defensa.
En Santa María, la organización volvió a tomar forma de escuela abierta: un tejido de saberes entre comunidades, asambleas, productores e investigadores que no sólo denuncia lo que puede pasar, sino que sabe —por experiencia propia— lo que significa la megaminería en la región.
Cuidar el aconquija como un juramento
“El Aconquija siempre fue un centro de encuentro”, recuerda Lourdes Albornoz, joven diaguita, licenciada en Trabajo Social, secretaria de la Unión Diaguita e integrante del colectivo Ancestrías del Futuro. A través del diálogo con ancianos y ancianas de la Nación Diaguita así como con asambleístas y organizaciones socioambientales, Lourdes reconstruyó una memoria territorial mucho más larga que la historia reciente de la minería.
Para la joven, el cordón del Aconquija no puede entenderse solamente como una formación montañosa. Es el sistema que organiza el agua, los ciclos climáticos y las formas históricas de habitar los Valles Calchaquíes. Allí convivieron rutas de intercambio, centros ceremoniales y formas de observación astronómica vinculadas a los ciclos agrícolas y al comportamiento del agua.
“La luna que manda el agua”, recordó al recuperar coplas y saberes ancestrales ligados a los calendarios agrícolas del territorio. Esa memoria también aparece en las luchas contemporáneas. Lourdes vinculó el avance extractivo actual con una larga historia de despojo territorial y colonialismo que cambia de actores pero mantiene las mismas lógicas de apropiación. En ese recorrido aparecen las expediciones científicas, la apropiación institucional de territorios indígenas y el vínculo histórico entre universidades, Estado y empresas mineras.
“La Universidad Nacional de Tucumán es socia de la minera”, recordó Lourdes al referirse a YMAD, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, la sociedad integrada por el Estado catamarqueño y la UNT que tiene derechos sobre el yacimiento. Ese vínculo no es menor: muestra cómo la explotación de Alumbrera no fue sólo un negocio de corporaciones extranjeras, sino también un entramado sostenido por instituciones públicas, gobiernos provinciales y estructuras universitarias.
Para las comunidades, esa participación histórica de la universidad abre una pregunta incómoda: qué tipo de conocimiento produce una institución pública cuando sus recursos, prestigio y decisiones quedan asociados a un proyecto extractivo cuestionado por contaminación, saqueo de agua y criminalización de la protesta.
Pero lejos de quedar atrapada en una mirada nostálgica, Lourdes insiste en algo que atravesó todo el plenario: las comunidades aprendieron a leer técnicamente sus territorios. “Somos hijos de la misma resistencia”, dijo al reconstruir las articulaciones históricas entre comunidades diaguitas, asambleas ambientales e investigadores. A lo largo de la actividad, Lourdes y sus compañeras forman una ronda y tocan el siku. La canción se repite una y otra vez, se reafirma como creencia: “En la cumbre del Aconquija nació un juramento, quererte toda la vida y en todo momento, Aguita, sagrada, quererte toda la vida Y en todo momento”.
Los glaciares invisibles que sostienen los valles
Uno de los ejes más densos y pedagógicos del encuentro giró alrededor de los glaciares tropicales y ambientes periglaciares del Norte Argentino. El antropólogo y perito ambiental Néstor Ruiz explicó que estos sistemas suelen quedar invisibilizados porque no responden a la imagen clásica del glaciar blanco patagónico, pero su importancia es igual de central para las ecorregiones andinas.
“Los glaciares tropicales son aquellos que se encuentran entre los 30 grados de latitud norte y sur”, señaló durante su exposición, recordando que el noroeste argentino conserva cuerpos de hielo y sistemas periglaciares que sobrevivieron desde el último máximo glacial, hace aproximadamente 16 mil años. Muchos de ellos son glaciares de roca: cuerpos congelados cubiertos por sedimentos y escombros que no siempre pueden identificarse a simple vista. Sin embargo, cumplen una función central en la regulación hídrica porque almacenan y liberan agua de manera gradual durante todo el año.
En regiones atravesadas por sequías crecientes y crisis climática, estos sistemas funcionan como reservas estratégicas para sostener ríos, acuíferos y producción agrícola. Por eso, Ruiz insistió en que la discusión minera no puede separarse del agua. “Las mineras son mineras de agua”, sintetizó.
Durante el encuentro explicó además que varios arroyos alimentados por glaciares confluyen hacia Andalgalá y llegan al valle con agua apta para consumo y producción. “Si uno afecta uno de esos arroyos, el daño ya es considerable”, advirtió. La preocupación aumentó tras la reciente modificación de la Ley de Glaciares, cuestionada por organizaciones socioambientales por flexibilizar protecciones sobre ambientes periglaciares y glaciares de roca, justamente los más difíciles de identificar sin estudios específicos.
Ruiz alertó además que parte de las áreas previstas para la expansión minera se superponen con ambientes que deberían estar protegidos por la Ley de Glaciares. Según explicó, en la zona vinculada al proyecto MARA/Agua Rica existen arroyos alimentados por tres glaciares diferentes que confluyen hacia el valle y sostienen agua apta para consumo y producción. La afectación de uno solo de esos cursos, advirtió, modificaría el equilibrio de toda la cuenca.
El punto más grave, señalaron desde la Asamblea de los Pueblos Calchaquíes, es que el campamento base de la minera se alimenta de agua proveniente de un glaciar y que ese glaciar quedaría comprendido dentro del área proyectada para el futuro open pit. “Destruirían un glaciar de roca”, afirmó el antropólogo. Incluso con las modificaciones recientes de la ley, remarcó, esa intervención seguiría estando prohibida. Para Ruiz, el daño no sería mitigable ni compensable: “sería irreversible”.
El agua que ya no está
La discusión sobre el agua atravesó cada una de las intervenciones del plenario. Catamarca mantiene vigente desde 2021 la emergencia hídrica provincial, mientras comunidades y productores denuncian el agotamiento progresivo de acuíferos y sistemas de riego. Sin embargo, las decisiones políticas ignoran esta declaración y continúan aprobando proyectos mineros intensivos en agua. Lo hacen sin mayores instancias que los circuitos administrativos propios del Poder Ejecutivo ya que desde 1973 la Ley General de Aguas de Catamarca otorga pedidos del recurso hídrico con tan solo la firma del gobernador de turno.
Roque Chayle, trabajador especializado en perforaciones y abastecimiento de agua en Santa María, explicó el funcionamiento del Campo del Arenal, uno de los principales reservorios subterráneos de la región. Según detalló, el sistema absorbe agua durante las crecidas y la devuelve gradualmente al río Santa María durante los períodos secos, sosteniendo el equilibrio hídrico del valle.
“¿Cómo vamos a permitir que esta empresa haga un bombeo de agua que sabemos que nos va a terminar afectando?”, preguntó Chayle frente a la asamblea. Su preocupación apunta al Campo del Arenal, un reservorio subterráneo clave para Santa María. Para él, si Alumbrera vuelve a extraer agua y luego esa infraestructura se articula con MARA/Agua Rica, el sistema podría alterarse de manera irreversible: el río Santa María dejaría de alimentar al valle como lo hizo históricamente y el agua quedaría capturada por la dinámica extractiva.
Para Chayle, no se trata de una hipótesis abstracta sino de un conocimiento construido en el trabajo cotidiano con pozos, ríos y perforaciones. “El agua es nuestra”, insistió frente a los informes técnicos empresariales que buscan demostrar que la extracción no afectaría a la población. Su advertencia resume una de las preocupaciones centrales del plenario: en una provincia declarada en emergencia hídrica, permitir nuevos bombeos para megaminería significa poner en riesgo el abastecimiento humano, la producción agrícola y la continuidad de la vida en el valle. Recordó que hace más de quince años Santa María comenzó a movilizarse cuando aparecieron las primeras perforaciones vinculadas a Agua Rica. “Cuando nos enteramos que nos tocan el agua, salimos a la lucha”, dijo.
También describió cómo cambió la producción agrícola con el deterioro hídrico. Décadas atrás, explicó, miles de productores trabajaban con agua superficial rica en nutrientes naturales. Hoy, con la dependencia creciente de perforaciones subterráneas y la reducción de caudales, los rendimientos cayeron drásticamente. “Una hectárea de pimiento producía 4000 kilos hoy produce 800”, sintetizó.
La preocupación no se limita al consumo actual de agua. Chayle mostró imágenes del dique de colas y de las escombreras de Alumbrera, donde —según explicó— ya pueden observarse filtraciones y acumulación de agua. También advirtió sobre el riesgo de drenaje ácido producido por materiales sulfurados expuestos a lluvias y crecientes. “Dos crecientes y vamos a tener la contaminación”, alertó al referirse a las nuevas escombreras previstas para MARA cerca de cursos de agua que desembocan en Santa María.
La ruta del saqueo
Durante el plenario, activistas e investigadores insistieron en que Alumbrera nunca afectó solamente a Catamarca. El proyecto articula una infraestructura regional que conecta ambos lados del Aconquija mediante mineraloductos, plantas de secado, rutas y sistemas de descarga industrial.
Freddy Carbonel, de la organización ecologista Pro Eco, cuestionó además el funcionamiento de las recientes audiencias públicas convocadas para discutir la actualización del informe de impacto ambiental de MARA/Alumbrera. Señaló que el acceso a la información fue limitado y desigual: informes extensos disponibles en formatos poco accesibles, tiempos reducidos para la lectura comunitaria y una dinámica donde la empresa y los funcionarios expusieron durante horas, mientras las comunidades tuvieron apenas unos minutos para intervenir.
Para Carbonel, ese procedimiento invierte el sentido de una audiencia pública. “La audiencia pública era para escucharnos a nosotros”, planteó al remarcar que estos espacios no deberían funcionar como una instancia de legitimación empresarial, sino como un mecanismo para registrar objeciones, advertencias y saberes de las poblaciones afectadas.
Las críticas apuntaron también al entramado institucional que sostiene históricamente el proyecto minero. Como se dijo previamente, la Universidad Nacional de Tucumán integra YMAD, sociedad propietaria del yacimiento, y mantiene vínculos históricos con la explotación minera en Catamarca.
“En Tucumán también somos zona de influencia”, insistieron durante el encuentro organizaciones y comunidades al recordar los impactos ambientales vinculados a la planta de secado y las descargas industriales sobre la cuenca Salí-Dulce. En ese sentido, señaló que la reapertura de Alumbrera implica volver a activar esa infraestructura regional de procesamiento y transporte cuyos impactos atraviesan territorios, cuencas y poblaciones de ambos lados del Aconquija.
Estamos hechos de tierra
Horacio Machado Aráoz, politólogo e integrante del Colectivo de Ecología Política, propuso mirar la reactivación de Alumbrera dentro de una historia mucho más larga de extracción colonial. “Del oro y la plata del siglo XVI al cobre, el litio y las tierras raras del siglo XXI”, planteó, existe una continuidad en la forma de convertir territorios vivos en fuentes de riqueza abstracta destinadas a sostener mercados globales y formas concentradas de poder.
Durante su intervención recordó que incluso el nombre “Argentina” nace ligado a esa historia extractiva: la plata como horizonte de conquista y acumulación. “Un territorio colonizado es un territorio donde el conquistador pone los nombres”, señaló al reflexionar sobre cómo las economías latinoamericanas quedaron históricamente organizadas alrededor de la exportación de minerales y materias primas.
En esa lectura, la minería no aparece solamente como una actividad económica sino como una maquinaria territorial que reorganiza ecosistemas completos para sostener formas de acumulación externas. “No comemos oro, no comemos litio”, resumió al cuestionar una idea de progreso basada en destruir agua, suelos y sistemas de vida para producir riqueza financiera.
Machado Aráoz insistió además en que la actual expansión del cobre y el litio se presenta bajo discursos de “transición energética” y “desarrollo verde”, pero continúa profundizando formas de saqueo sobre territorios indígenas, campesinos y de montaña. “La crisis climática es inseparable de la crisis hídrica, energética y alimentaria”, explicó al señalar que detrás del extractivismo existe una alteración profunda de los ciclos minerales, hídricos y energéticos que sostienen la vida.
Parte de su exposición estuvo atravesada por una reflexión sobre los minerales no sólo como “recursos” sino como componentes fundamentales de los procesos vitales. Retomando enseñanzas de referentes indígenas como Marcos Pastrana, habló de la “minerodependencia” de la vida humana: los minerales forman parte del agua, los alimentos, la sangre y los ecosistemas que hacen posible habitar la tierra. “Estamos hechos de tierra”, insistió.
También destacó el papel político de las asambleas y espacios colectivos de formación territorial construidos durante décadas en Catamarca y Tucumán. “La esperanza no se tiene, la esperanza se produce”, afirmó al definir el plenario como un espacio donde comunidades, investigadores, productores y organizaciones construyen conocimientos al servicio de la vida y de la defensa de territorios habitables.
