Diseño e ilustración: Rocío Fernández Fuks y Seelvana.
Para llegar al consultorio de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Hospital Público Materno Infantil de Salta, adonde acuden personas gestantes de toda la provincia, hay que sortear obstáculos: falta de información, demoras burocráticas, vaivenes entre centros de salud. Y hasta la arquitectura.
A los grupos antiderechos se suma la hostil disposición del lugar. Cruces, vírgenes y rosarios colonizan el espacio. En la planta baja, cerca de las capillas del Señor y la Virgen del Milagro, hay un cartel sobre el “alta conjunta”. Aunque en medicina el término alude al egreso simultáneo de la madre y el recién nacido sano, adquiere una carga moralizante: debajo de fotos de madres y neonatos aparece un bebé con la consigna “así como tú, yo tengo derecho a vivir”. Allí, el diseño es político.
Una médica, que pidió reserva de su identidad, cuenta a LATFEM que, aunque no hay registro de muertes por abortos clandestinos desde la sanción de la ley, en el circuito provincial volvieron a ver casos aislados de abortos infectados o sépticos. Es la cara extrema de una realidad que reaparece: con la norma vigente, todavía hay mujeres que abortan por fuera del sistema de salud.
Acceder a este derecho en Argentina parece, en ocasiones, un verdadero peregrinaje. No solo en Salta. Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610, el retroceso no solo aparece en amenazas de derogación: también avanza por falta de insumos, equipos mínimos, objeción, desinformación y desigualdad territorial.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) permite abortar por decisión de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) corresponde cuando hay violación o riesgo para la vida o la salud integral. Ambas deben estar cubiertas por el sistema público, privado y de obras sociales, desde los centros de salud y centros de atención primaria (CAPS) hasta hospitales y clínicas. Pero esa letra se vuelve frágil: no todos los centros resuelven, las obras sociales no siempre indican efectores, los turnos se dilatan y los insumos faltan.
De acuerdo con los datos citados por Amnistía Internacional Argentina, en 2023 el Estado nacional había distribuido 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 combinados de misoprostol y mifepristona. En su informe El costo de la retirada, publicado en mayo de 2026, la organización señala que más de la mitad de las provincias informó falta de stock de misoprostol y que casi todas reportaron desabastecimiento de mifepristona y combipack.
En 2025, la línea 0800 de Salud Sexual registró 191 secuencias por falta de medicación, con Salta como el 46,1% de esos casos. La Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS) define ese giro como desarticulación y desfinanciamiento: la compra y distribución quedó en manos provinciales, “sin un plan gradual o acordado de traspaso” y sin financiamiento.
En 2025, las denuncias recibidas por Amnistía se triplicaron respecto de 2024 y casi el 60% correspondía a falta de información clara. A ese escenario se sumó el cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que en 2026 quedó prácticamente desfinanciado: su asignación presupuestaria equivale a menos del 3 % de lo invertido en 2023. Para el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el aborto legal y la atención postaborto no dependen solo de la norma: requieren equipos capacitados, insumos e información pública.
Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno nacional radicalizó una retórica que intenta devolver el aborto al lenguaje del crimen. En Davos, en 2024, el presidente apuntó contra una supuesta “agenda sangrienta”. Ese mismo año llamó “asesinos de pañuelos verdes” a quienes defienden la Ley 27.610 y definió la práctica como un “asesinato agravado por el vínculo”. También diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la conquista de 2020 y restablecer penas de prisión.
En Salta, el efecto de esa incertidumbre puede empezar antes del consultorio: en la ventanilla. Sabrina, médica familiar que acompaña IVE/ILE, ubica allí una primera barrera. Existen líneas de WhatsApp para derivaciones, pero, advierte, “no todos los establecimientos la facilitan”. Muchas consultantes llegan por boca en boca. A algunas personas, cuando preguntaron por ella en el hospital, les responden que ya no atiende o que está de licencia.
Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la regional salteña, señala que la falta de compras nacionales dejó a la provincia a cargo de los tratamientos, pero con presupuesto insuficiente. El marco legal fija diez días desde la solicitud. Allí, en su experiencia, el promedio suele ser de “al menos dos o tres semanas de espera”.
Los embarazos de segundo trimestre desembocan principalmente en el Hospital Materno Infantil. Una integrante del equipo que pidió reserva expone el cuello de botella: hay solo cuatro médicas para un servicio altamente demandado. Reciben unas quince consultas semanales y resuelven entre diez y doce. La secuencia se volvió habitual: alguien pide atención con ocho semanas, llega con once o doce y termina programada cerca de la semana dieciséis. “La paciente puede pasar casi dos meses dando vueltas con un embarazo que quiere interrumpir”.
En esa misma institución, fuentes del equipo dicen haber visto a un cura con agua bendita cerca de los consultorios donde se practicaban ILE, antes de la sanción de la ley. Y, en 2021, una tocoginecóloga que realizaba IVE/ILE sufrió además un escrache con amenazas. El caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema.
Macarena es evangélica de cuna, hija y nuera de pastores. Para ella, el problema no son las creencias personales, sino su imposición dentro de una política sanitaria. “Cuando trabajo como médica, y sobre todo en salud pública, ocupo un lugar de funcionaria pública”, afirma. “Puedo tener mi opinión para mi vida, pero tengo que separarla. Si no, no debería trabajar en salud pública. No sería ético”, agrega.
En el primer nivel, enfatiza, algunas mujeres compran solo misoprostol porque es más barato que el esquema combinado, usan dosis insuficientes o llegan después de indicaciones fallidas. Esas sub-dosis, alertan las profesionales, pueden terminar en internaciones por abortos incompletos. Sabrina lo llama “pseudo clandestinidad”: medicación segura mal usada, recetas sin explicación, controles que no llegan. Sin stock público, vio mujeres continuar embarazos porque no podían comprar pastillas de forma particular. Otras no podían pagar ecografías o incluso el colectivo. Los varones, observa, rara vez aparecen en esa cuenta: a los consultorios suelen llegar solas o acompañadas por otras mujeres.
En La Rioja, el Hospital de la Madre y el Niño es el único efector materno infantil de segundo y tercer nivel a nivel público. Allí se desempeña Selene Mira, trabajadora social de la Oficina de Salud y Acceso a la Justicia. Tras el corte nacional de medicamentos, la provincia hizo compras pequeñas y el recorrido se sostuvo un tiempo con donaciones de Católicas por el Derecho a Decidir. Cuando esa ayuda se agotó, empezaron las recetas. Pero una receta, como apunta Eva Barrionuevo, médica cardióloga que desde 2022 acompaña IVE/ILE en el Hospital de la Madre y el Niño, no resuelve nada si la usuaria no puede pagar.
En ese centro de referencia, un grupo mínimo empuja la atención contra una mayoría obstructora. Cerca de un consultorio funciona la oficina de un cura que ejerce como “consejero espiritual”. En la consulta, Barrionuevo ve el efecto de ese clima: muchas usuarias preguntan si todavía es legal abortar.
El dispositivo funciona con cupos: cinco pacientes ambulatorias y tres internaciones por semana. El aislamiento interno se mide en otra proporción: al pequeño grupo de profesionales que se pone la ley al hombro las llaman “aborteras”, “mata bebés”. En una internación, Selene oyó una pregunta que condensa la frontera moral: “¿Es una ILE de verdad o una ILE de mentira?”.
Patricia Urbano, abogada y trabajadora administrativa del Hospital de la Madre y el Niño, muestra cómo la obstrucción se vuelve trámite: turnos que no aparecen, semanas mal informadas y hasta farmacias que se declaran objetoras frente a una tarea tan básica como entregar medicación. Esta objeción no contemplada por la ley se extiende también a anestesistas, ecografistas, enfermeros e incluso administrativos. Selene relata abortos incompletos que llegaron por guardia y terminaron en raspajes sin anestesia, porque el anestesista no se presentó.
Tanto Selene como las médicas describen una frontera provincial de hecho: la semana veinte. No la fija la ley, pero opera en el circuito público riojano. Hasta ese plazo, el equipo sostiene internaciones de segundo trimestre con los recursos que tiene. Después, aun cuando la ILE no establece ese límite, directivos hospitalarios y profesionales obstaculizadores dejan de resolver en la provincia.
Antes, detalla Eva, esos casos podían derivarse a Rosario, Córdoba o Buenos Aires con gestión nacional. Ahora esa salida casi no existe: implica costos que las médicas calculan en más de dos millones de pesos, entre traslado, estadía y acompañante. Cuando esa opción no aparece, el embarazo sigue. Selene lo formula sin rodeos: no garantizar lo que corresponde es forzar una maternidad. “De haber sido para todas, ahora es para algunas”.
En Catamarca, la respuesta depende de “un solo hospital de toda la provincia”, señala Vicky Llarens, de Socorristas en Red: la Maternidad Provincial 25 de Mayo. En diciembre de 2025, ese servicio dejó de atender durante alrededor de un mes. Después de denuncias feministas y pedidos de Amnistía Internacional, el recorrido volvió a funcionar, aunque de manera irregular.
En diciembre de 2025 y enero de 2026, Socorristas Catamarca recibió alrededor de ochenta llamados o consultas. En el interior, la ruta se vuelve más cara e incierta: a veces la única opción es viajar a la capital, con pasajes de ida y vuelta por más de $ 80.000, ecografías, estudios, comida, alojamiento y días perdidos de trabajo o cuidado. Y ni siquiera ese viaje asegura respuesta: “A veces van dos, tres veces, y aun así no las atienden”.
La falta de insumos abrió también un mercado opaco: algunas personas compran pastillas por internet, incluso sacando créditos, sin saber con certeza qué reciben ni cómo usarlas. Así, muchas terminaron continuando embarazos que no querían continuar. No por decisión libre, sino, en palabras de Llarens, “por el cansancio de luchar contra un sistema que te expulsa”.
En Santiago del Estero, la distancia también organiza el incumplimiento. No hay un único efector saturado, sino una red partida. Dos hospitales de la capital responden parcialmente. Analía Santilli, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, advierte que en más de treinta hospitales del interior ni siquiera se brinda información. Todo depende del stock. No hacen AMEU, resuelven con medicación y, si faltan pastillas, una mujer puede viajar 300 kilómetros o más para volver igual que llegó. “Ni siquiera les avisan que no vengan”.
Santilli recuerda una escena de esa confusión. Una mujer del interior viajó más de 200 kilómetros para colocarse un DIU. En una ecografía apareció un embarazo, pero nadie se lo explicó. Después, en otro servicio, una obstétrica le dijo que abortar era delito y que podía morirse. Llegó al consultorio “desesperada, angustiada, llorando”. Tenía ocho o nueve semanas. La ley existía. La orientación, no.
También relata situaciones extremas: como en La Rioja, raspajes sin anestesia después de la sanción de la ley. Rememora un caso de 2021. Una mujer recibió pastillas, quedó con restos, volvió al primer hospital y no quisieron internarla. La trasladaron en ambulancia a otro centro, donde le hicieron el procedimiento sin anestesia. Para la activista, no fue solo mala praxis, sino “una forma más de castigo, de aleccionamiento”. Una advertencia para ella y para las demás.
Tucumán agrega otra capa: la memoria penal. En el Jardín de la República, la marea verde tiene un nombre propio: Belén, seudónimo de una joven de 25 años que llegó al Hospital Avellaneda con dolores abdominales tras un aborto espontáneo. El personal de salud la denunció y fue condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. Pasó casi 900 días presa hasta recuperar la libertad en 2016 y ser absuelta en 2017.
Su caso, reactivado por la película de Dolores Fonzi, empujó a miles de mujeres a la calle: primero por su libertad, después con el pañuelo verde. Pero en Tucumán, advierte Soledad Deza, integrante de la Fundación Mujeres x Mujeres y abogada de Belén, esos vestigios persecutorios no terminaron de irse. Para describir el acceso actual, elige una palabra: “laberinto”.
Su organización registró más de cien obstáculos durante 2025 y promovió una acción judicial para que el Ministerio de Salud informe dónde hay tratamientos disponibles. En la provincia, el problema no termina en los insumos: vuelve una memoria más vieja, la del hospital que sospecha; la mirada policial sobre quienes llegan al sistema sanitario.
“La criminalización lamentablemente ha vuelto”, plantea Deza. No siempre como causa penal abierta, sino como reflejo institucional: secreto profesional vulnerado, policías en servicios de salud, emergencias obstétricas tratadas como sospecha. En la Maternidad de Tucumán, denuncia otra escena: un protocolo perinatal visible en sala de partos que incluye comunicación a fuerzas policiales ante emergencias obstétricas con feto muerto.
En la provincia atravesada por la lucha de Belén, esa imagen pesa: el hospital vuelve a mirar como comisaría. “Quienes tengan recursos abortarán y quienes no, las ‘nadies’ serán nuevamente excluidas del campo de la soberanía y libertad”, dice.
En otras provincias del NEA y del NOA, la situación cobra características distintas. En Formosa, Nicolasa, de Socorristas en Red y Lapacha Rosa, dice que la IVE se garantiza hasta la semana 14 en diversos centros, pero que las interrupciones por causales encuentran más obstáculos: cuando hay violación, riesgo para la salud o embarazos más avanzados, el circuito se vuelve más cerrado. En Jujuy, Elena Meyer describe un escenario menos crítico porque la provincia compró medicación, implantes y anticonceptivos cuando Nación dejó de proveer. Aun así, el aborto se sostiene “bajo poncho”: los funcionarios evitan nombrarlo, la información circula poco y eso también pesa sobre la ESI y la prevención de embarazos no intencionales.
En Córdoba, Nadya Scherbovsky aclara que la ley se cumple y que hay compra provincial de medicación. El problema, allí, no es una crisis abierta, sino circuitos que funcionan en silencio, con equipos precarizados y bajo la sombra histórica de Portal de Belén.
IPAS Latinoamérica y el Caribe propone leer esas escenas dentro de una arquitectura regional antiderechos. Alexis Hernández, responsable de análisis para la incidencia de la organización, sostiene que no son “un grupo de gente rara”, sino un entramado con “estrategia, organización, estructura y financiamiento”. Esa trama toma forma de carpas y rezos frente al Materno Infantil de Salta, vigilia religiosa en Catamarca, teléfonos en Santiago que prometen pañales, ropa o leche y muestran videos disuasivos, supuestos turnos reprogramados en La Rioja que terminan frente a grupos religiosos. A veces alcanza con instalar culpa, captar datos o intervenir en el trayecto.
Entre 2021 y 2023, CEDES, REDAAS y ELA relevaron 223 eventos de negación por objeción de conciencia. Dos de cada tres fueron usos ilegales: instituciones que se declararon objetoras, profesionales que no derivaron a tiempo, rechazos ante situaciones de riesgo o negativas en etapas donde no correspondía, como la atención postaborto.
Cuando la salud pública no entrega medicación, abortar deja de ser seguro y gratuito: el último documento de Amnistía Internacional registró tratamientos de misoprostol y mifepristona de hasta $300.000 y casos de mujeres que evaluaron endeudarse o se endeudaron para comprar pastillas. En Salta, Macarena Villena también calcula que resolver una interrupción por fuera del stock público puede exigir otros gastos, como ecografía, analgésicos, antieméticos y traslados, muchas veces imposibles de afrontar por parte de las pacientes.
Profesionales y activistas operan como infraestructura de emergencia: indican dónde atenderse, consiguen ecografías, llaman a hospitales, juntan dinero para pasajes, acompañan internaciones. Ese trabajo implica cansancio, sobrecarga laboral, salarios precarios y señalamientos. “Si no las veo yo, ¿en dónde pueden caer, con quién?”, pregunta una de las médicas salteñas.
La ley está vigente. Pero entre la norma y la práctica se abre una distancia hecha de turnos, bloqueos, silencios y miedo. En esa zona incierta, las redes feministas defienden una conquista que costó años de organización, cárcel, calle y pañuelo: a la clandestinidad no se vuelve más.
Este reportaje fue apoyado por la iniciativa de Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas de la International Women’s Media Foundation (IWMF).
