Milenarios, extraordinarios, frágiles, imprescindibles. Los glaciares gritan por la defensa del pasado, del presente y el futuro de nuestro pueblo. Nosotrxs lo sabemos, como lo saben también cada uno de los representantes que el 9 de abril, en la Cámara de Diputados de la Nación, aprobaron la reforma regresiva de la Ley de Glaciares que hasta ahora los protegía.
Pero su grito llega más lejos, nos dice que los glaciares están hoy en el centro de las batallas. Están en el centro de todas las luchas colectivas: la tuya, la mía o cualquiera que busque enfrentar un proyecto de país para pocos a los que no les tiembla el pulso a la hora de destruir nuestra economía, nuestra democracia, nuestros derechos e integración social, pero también nuestros deseos, la empatía y el amor al prójimo. ¿Por qué razón ese desprecio de la vida humana no se extendería también a la naturaleza que la hace posible?
Frente a la arrogancia de pretender modificar la Ley 26.639 a espaldas del pueblo, más de 100 mil personas de todo el país se anotaron para hacer oír su voz y sus argumentos en la Audiencia Pública que se realizó el 25 y 26 de marzo. Pero menos de 200 personas pudieron participar: quedaron afuera las voces de más de 99 mil ciudadanxs, entre ellxs, expertxs, investigadorxs, activistas socioambientales y defensores de los derechos humanos.
Pese al hecho antidemocrático, anticonstitucional y violatorio de los derechos de las mayorías, en la audiencia se escucharon distintos fundamentos políticos, científicos y técnicos que cuestionaron la validez de esta reforma en su forma y su contenido, y desarmaron decenas de veces la falsa idea de que la Ley de Glaciares atenta contra la minería. Y es que en un país donde la minería avanza aceleradamente, la ley —sancionada en 2010 como resultado de un creciente ciclo de conflictividad socioambiental— protegía hasta aquí sólo el 0,21% del territorio continental. Pero igual se aprobó su reforma.
Es preciso entender que la reforma la aprobaron 137 diputados y diputadas que votaron con sus bolsillos. No es esta la decisión del pueblo de Mendoza, Río Negro, Salta, Jujuy, Catamarca, ni de ninguna otra provincia de nuestro país federal. Es la decisión —o, mejor dicho, la presión— del entramado de poder financiero entre gobiernos provinciales y lobby minero, que —claro está— no es nada nuevo en estos territorios.
Hoy la captura del Estado nacional y de los Estados provinciales asume rasgos estructurales: conflictos de intereses, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho emergen por doquier. Muchos señores y señoras que representan —o dicen representar— al pueblo no resisten un archivo. Han sido abogados defensores, asesores y/o accionistas directos de las empresas subsidiarias asociadas con las corporaciones mineras, que son precisamente las que escribieron las modificaciones necesarias para que el extractivismo en nuestro país no encuentre ningún tipo de restricciones —ni ambientales, ni económicas ni sociales— y se benefician con esta reforma.
Son quienes no quieren que exista ninguna herramienta legal de la que puedan valerse los pueblos en lucha por la vida —porque saben muy bien que la minería no tiene licencia social— y necesitan legalizar las decenas de pedimentos y proyectos ya activos en zonas de ambiente periglaciar, según el Inventario Nacional de Glaciares realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Sólo por eso puede entenderse que, en medio de un contexto de crisis y guerras por los bienes comunes —hoy de petróleo, minerales críticos, tierras raras, pero siempre por el agua— y del reconocimiento de que el mundo entró en “bancarrota hídrica”, entreguen los reservorios acuíferos naturales de los 7 millones de argentinos que viven de ella de manera directa y de los 47 millones que se perjudicarían sin ella. ¿O alguien se imagina que esta reforma no afecta a todo el territorio nacional? ¿Cómo podría no afectarnos si el daño en nuestros glaciares es irreversible? Esto no es ciencia ficción y hay ejemplos —dolorosos ejemplos— que dan cuenta de esto: recientemente, en Colombia, el glaciar de los Cerros de la Plaza ubicado en la Sierra Nevada del Cocuy ha sido declarado muerto.
Sucede que este es el corazón de la destrucción de las fuerzas de extrema derecha que han arribado al poder en toda la región. Una verdadera necropolítica del capitalismo que le declara la guerra a la vida, que destruye todas las capacidades estatales, que endeuda indiscriminadamente a un país y su población, mientras precariza a millones de trabajadores y dinamita lo público, lo común.
Las políticas que se han aprobado en Argentina desde la sanción de Ley Bases y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) se acompañan de un paquete de ajuste estructural que atenta contra las diferentes áreas de la protección social —salud, educación, trabajo y la lista continúa—. Pero el proyecto de saqueo precisa que se agilicen los mecanismos de aprobación de proyectos mineros que garantizan el suministro de los “minerales críticos” a Estados Unidos, en el seno de un alineamiento geopolítico al gran hegemón en su confrontación con China.
Se trata de un proyecto más amplio y transnacional. Por eso, mientras en Argentina avanzan contra los glaciares, en Chile el presidente José Antonio Kast elimina más de 40 decretos de protección ambiental. Por eso también, desde inicio de 2026, Estados Unidos ha firmado acuerdos o memorándums de entendimiento con Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, y avanza con negociaciones en Bolivia luego de la asunción de Rodrigo Paz Pereira para que estos países le aseguren el suministro estable de minerales críticos.
Se trata de una ofensiva extractivista impulsada por el bloque de poder económico global: el capital financiero de la industria bélica armamentística, la industria de tecnología de punta y las de la infraestructura para la “seguridad energética” de los países centrales. Las corporaciones dueñas del mundo —que son también las más contaminantes— requieren de estos minerales. Más de 60 proyectos de extracción de litio se expanden en nuestro país, mientras se redobla la apuesta por la extracción de minería metálica cuyos impactos ya han demostrado ser devastadores y se aprueban casi a velocidad de la luz los estudios de impacto ambiental para la exploración de tierras raras en varias de nuestras provincias. O todo esto junto, como en el caso del proyecto Pirca Amarilla en Jujuy, que busca explorar tierras raras, cobre, oro y plata en territorio donde se superponen los proyectos de extracción de litio. La voracidad con la que avanza este nuevo colonialismo —un colonialismo minero, hídrico y energético— es incompatible con la vida del conjunto de la población.
Pero lo maravilloso es que los glaciares siguen gritando, con la furia del viento y el azote de la nieve. Y una enorme parte de nuestra sociedad, que les respeta o habita, responde con más compromiso, amor y voluntad de participación. Solo 24 horas después de la sanción de la reforma en Diputados, organizaciones ambientales —como la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace— en articulación con numerosas organizaciones territoriales y asambleas de base impulsaron una acción con el deseo de sumar a todos los cuerpos-territorios de todos los rincones de este país a “la demanda colectiva más grande de la historia para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares”. Y, nuevamente, miles de personas respondieron con amor y fuerza democrática. En menos de un día, medio millón de personas ya se habían adherido a esta demanda. Al 21 de abril ya son más de 865.000 las firmas de esta convocatoria amplia, federal y masiva, que sigue abierta y sumando fuerzas.
Sumarse a esta demanda colectiva no implica asumir obligaciones legales, pero sí supone formar parte de algo mucho más grande, que es la construcción de una gran fuerza colectiva, una ola imparable en defensa de una causa cargada de múltiples sentidos políticos. Porque lo que los glaciares y todas estas voces nos gritan es imposible de acallar. Nos dicen que lo que está en juego no es una causa “ambiental” —como si eso existiera separado de lo social, como si hubiese alguna escisión posible entre sociedad y naturaleza—. Lo que está en juego es el futuro de la vida misma en su conjunto, humana y ecosistémica. Lo que está en juego es nuestro futuro.
Lo que está en disputa —además del profundo sentido de la vida— tiene que ver con la posibilidad de ponerle algún freno al delirio que vivimos día a día, donde se destruyen las bases de los derechos y conquistas logradas por las luchas de nuestro pueblo. Tenemos, entonces, la posibilidad de seguir en las calles y en las instituciones —judiciales, en este caso— una lucha que es por defender al agua, sí, pero es también la lucha por nuestra soberanía, por nuestra identidad y memoria. Es la lucha por una vida digna para todas y todos los argentinos.
¹ El título de esta nota se inspira en un trabajo del sociólogo Javier Auyero (2004), ¿Por qué grita esta gente? Los medios y los significados de la protesta popular en la Argentina de hoy.
² Melisa Argento es politóloga ecofeminista. Doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora de CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Es integrante de Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-CAJE y del Equipo Transiciones.
