Fotos: Dan Damelio.
“Que se reconozca la existencia de una violencia estructural, sistemática, histórica y arraigada hacia las personas con identidades lesbianas” es la premisa que reúne la misión de las tres querellas que este lunes se presentaron a la primera audiencia del juicio por el triple lesbicidio de Barracas contra Fernando Barrientos. El hombre de 69 años acusado de provocar el incendio que mató a Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos.
Hace dos años, Barrientos abrió la puerta de la habitación número 14 del hotel Canarias, donde descansaban Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, y lanzó un artefacto encendido que desató un incendio inmediato dentro del cuarto y se propagó hacia el pasillo común. El juicio sucede mientras en la Plaza de Tribunales se concentran organizaciones, activistas y militantes LGTBIQ+ que se esfuerzan para que el hecho no pase desapercibido; ponen esmero en que la palabra “lesbicidio” aparezca en carteles y sea dicha varias veces en la radio abierta. Y es que es una palabra coloquial pero fundamental para el planteo de las querellas, que se refiere a un delito al que técnicamente se llama homicidio agravado por el odio a la orientación sexual.
Al presidente del Tribunal Oral Federal N 5, Adrián Pérez Lance, le llevó un par de horas establecer las coordenadas de un juicio que tendrá al menos 5 audiencias y por el que pasarán cerca de 50 testigos. Cuando Lance le preguntó a Barrientos si quería declarar el imputado se negó. En el juicio hay tres querellas que no solo buscarán una condena judicial, sino intentarán sentar un precedente político: construir una jurisprudencia que reconozca la violencia específica contra las lesbianas, instalar el caso en la agenda pública y, por supuesto, no dar por sentado que la sociedad pueda mantenerse inmune ante semejante horror.
La primera querella es la de la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, que no estuvo en la audiencia y está patrocinada por la abogada Luciana Sánchez. En ese mismo espacio también se representa a Andrea, pareja de Sofía, quien murió el 12 de mayo, seis días después del ataque y con el 75% de su cuerpo quemado. La Defensoría General de la Nación, por su parte, actúa en representación del hijo de Roxana y del hermano de Pamela. Finalmente, la Federación LGTB fue reconocida como querellante en representación de los intereses colectivos. Todos los requerimientos coinciden en que el ataque se dio en un marco de violencia de género, discriminación y odio sistemático hacia la orientación sexual de las víctimas que eran lesbianas, quienes sufrían hostigamientos, insultos y amenazas previas por parte del imputado.
Cerca de las 12 del mediodía se dio por terminada la audiencia. Afuera de los tribunales la convocatoria tenía la difícil tarea de visibilizar el caso durante todo el día: hubo partidos de fútbol y de básquet, se montó una cama con la leyenda “un hombre tiró una molotov a 4 lesbianas mientras dormían”, y la radio abierta y la agenda cultural estuvieron hasta pasadas las seis de la tarde. Por la Plaza pasaron diferentes referentes de la militancia LGBTIQ+ para acompañar y dar cuenta de que el reclamo va más allá de la condena; tiene que ver con poder demostrar públicamente que en nuestro país tener una identidad sexual por fuera de la heteronormativa y ser pobre constituye un riesgo letal. Para las organizaciones lo ocurrido en Barracas no fue un hecho aislado: “En este contexto político en particular, el planteo concreto es que el contexto histórico de violencia hacia las identidades lesbianas se profundizó y explotó con el gobierno de Milei”, explica Luciana Sanchez y vincula el crimen con las medidas ejecutadas por el presidente a poco tiempo de asumir: el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la baja de programas de prevención y atención de las violencias de género.
Sánchez pone el acento sobre el estigma que hubo hacia las identidades lésbicas con el caso Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado por su madre y su pareja, ambas condenadas por el crimen: “veníamos de un contexto en donde se había criminalizado no solo legalmente, sino socialmente a las identidades lésbicas. A eso se sumó el estigma histórico, más las decisiones políticas del nuevo gobierno —que además elige como uno de sus chivos expiatorios a las identidades lesbianas—, se armó un escenario donde Barrientos, el único acusado del crimen, se sintió habilitado para ejercer un acto que en definitiva es de limpieza social. Lo que hizo fue eliminar ‘la peste lesbiana’ del hotel”, explica la reconocida abogada que también representó a la querella en el juicio por el travesticidio de la activista Diana Sacayán y el de la referente trans Zoe López García.
La respuesta colectiva en la Plaza de Tribunales
“¿Cuándo las lesbianas o las sexodisidencias están en la agenda pública y los grandes medios?”, es una pregunta que se hacen desde la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más, quienes se ocuparon de la organización de la convocatoria en la Plaza. “En general solo cuando hay notas amarillistas, y si somos pobres, entramos en el terreno de la criminalización”, cuenta Nor, parte del armado, quien recuerda además que cuando sucedió el crimen en 2024 rápidamente se autoconvocaron activistas LGTBIQ+ para denunciar que se trataba de un lesbicidio. En aquel momento se hizo una colecta de manera muy veloz que pudo darle a la única sobreviviente, Sofía, un reparo económico y de vivienda.
La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más surgió hace algunas semanas después de una primera asamblea en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realizada para acompañar el juicio. Está formada por distintas organizaciones y espacios lésbicos y disidentes, feministas y transfeministas, de partidos y frentes políticos, de derechos humanos y personas independientes. “Creemos que este caso no es un hecho aislado, sino que responde al incremento de los crímenes de odio hacia nuestra comunidad LGBTIQ+, promovidos por los discursos de Javier Milei, y a la crisis habitacional que atraviesa a las comunidades más vulnerabilizadas que viven en la CABA”, concluye Nor.
La disputa por la publicidad del juicio
La primera audiencia se centró en una petición de Luciana Sánchez para que el juicio sea transmitido en su totalidad y no solo parcialmente, como había establecido el Tribunal compuesto por el ya mencionado Pérez Lance y por Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeat. El pedido fue rechazado. El Tribunal consideró que la difusión simultánea del juicio “permite a cualquiera ver lo que va sucediendo” y “hay personas que si escuchan antes el testimonio de otras personas que estuvieron en una situación parecida, aun de forma involuntaria o inconsciente, pueden contaminar su memoria con algo que no es propio de ellos”. El presidente del Tribunal se refirió específicamente a los testimonios de vecinos y vecinas del hotel, por lo que se estableció que las 20 declaraciones pertenecientes a este grupo no serán transmitidas.
“Me parece que es fundamental reclamar el derecho a la publicidad del juicio, a que los testimonios se escuchen, a que se sepa lo que pasó”, dice Luciana, que refuerza el sentido de que este juicio muestre que los recorridos biográficos de Sofía, Andrea, Pamela y Roxana no son una excepcionalidad y se acercan mucho más de lo imaginado a la cotidianidad de las lesbianas. “En particular, de Sofía y Andrea pudimos reconstruir parte de la historia de ambas: habían hecho muchísimas denuncias por hostigamientos y acosos por su orientación sexual en distintos paradores de la ciudad por parte de otros vecinos, y los operadores gubernamentales trataban de separarlas. También pudimos corroborar que le daban el subsidio de vivienda a una y no a otra, todas prácticas que se repiten en los distintos ámbitos donde ellas fueron desarrollando su proyecto de vida”.
Una investigación complicada
Al día siguiente del crimen la habitación número 14 estaba marcada por el horror sin metáforas; algunas cosas quedarían intactas, como la mesa donde compartían la comida y una caja de auriculares. La cama incinerada, a las pocas horas, estaba acomodada junto al contenedor de basura de la cuadra. En esas primeras horas, la Fiscalía N° 1 a cargo de Susana Callejas ya había hecho las pericias necesarias. Sin embargo, la investigación inicial estuvo lejos de tener la rigurosidad necesaria, de hecho, la habitación de Barrientos ni siquiera tenía faja judicial.
Según Sánchez, el juez de instrucción puso varios obstáculos: “La investigación fue complicada y no pudo ser llevada a cabo de acuerdo a los protocolos para muertes violentas de mujeres. Por otro lado, la querella de la Federación LGTB se rechazó en un principio, tuvieron que ir a Casación y volver”.
Samanta Pedroza es la representante en la querella colectiva de la FALGBT: “Vamos a demostrar que Justo Fernando Barrientos no es que un día se levantó y dijo: ‘Bueno, voy a matar a estas chicas porque la verdad que me caen mal’. No; él ya venía con una situación de conflicto con ellas por su condición de mujeres y por su condición de lesbianas. Él las atacaba y, cuando discutían, usaba insultos con estereotipos bien marcados”, explica y agrega: “por eso trazo una línea de conexión con la violencia de género, porque cuando ocurre un femicidio —un hombre que mata a una mujer— hay que ir al contexto, hay que ir al pasado: ¿por qué llegó a matarla?, ¿en qué contexto lo hizo? Y acá es lo mismo: ¿por qué Barrientos llega a matarlas?, ¿en qué contexto? En el contexto de que él venía ya teniendo problemas previos, atacándolas permanentemente por su condición de mujeres y por su condición de lesbianas”, concluye Pedroza.
También señala que durante los primeros meses de instrucción —mayo, junio, julio, agosto de 2024— se investigó el caso como si fuera un homicidio agravado “por otros elementos que no fueron el odio, sino por alevosía, por premeditación y por poner en peligro o utilizar un medio idóneo para generar un peligro común”. Según la representante de la querella colectiva , “hizo que solo tuvieran legitimada las víctimas y sus familias para tener representación. A la FALGBT nos decían que no correspondía porque no había elementos suficientes para demostrar que fuera un crimen de odio”, concluye.
Sofía, la única sobreviviente y una historia de comunidad
El Colectivo YoNoFui que trabaja hace más de veinte años con mujeres y disidencias en situación de encierro y también una vez que salen, acompañó a Sofía desde el día en el que abandonó el Hospital del Quemado y al día de hoy continúan en lo que el colectivo llama segundeo: “El segundeo es parte del proceso de reparación y tiene que ver con la regeneración, en su caso de un entorno afectivo y de cuidado, ya que la única red que tenía desapareció la noche de la masacre. Cabe recordar que de las primeras cosas que decía Sofi apenas nos encontramos, es que ella desconocía completamente a las organizaciones LGTBIQNB+ y a las orgas transfeministas; evidentemente ahí hay algo para pensar, de cómo muchas personas en contextos de mucha vulnerabilidad no llegan a enterarse jamás de los entramados colectivos existentes”, explican desde el colectivo.
Lo que llaman segundeo tiene distintas dimensiones: por un lado la contención afectiva, el cuidado de la salud y el día a día de los trámites administrativos que en momentos como el que vivió Sofía son cruciales. “Realizamos las gestiones administrativas para que pudiera acceder a un amparo habitacional de por vida, algo que logramos y que creemos fundamental en su proceso de reparación”, cuentan desde YoNoFui. Ese amparo fue emitido a finales de 2024 y el fallo del juez Ferrer detalló las condiciones de desigualdad que enfrentan las personas LGBTIQ+ enumerando legislación local e internacional: “Se trata de un fallo que sienta precedentes en la responsabilidad de reparar por parte de ese mismo Estado las garantías constitucionales fundamentales que en la vida de Roxana, Pamela, Andrea y Sofía no se respetaron durante sus trayectorias vitales”, explican.
En este sentido, sus biografías son la prueba de que detrás de este crimen hay un entramado estructural, no solo de violencia y discriminación por la orientación sexual, sino por la precariedad de la vida misma. Sofía, por ejemplo, venía padeciendo la crisis habitacional desde 2015 cuando fue desalojada de la casa que compartía con su madre. Desde el colectivo YoNoFui relatan las dificultades burocráticas que sufrió, el vínculo conflictivo con su hijo adolescente —que también fue agravado por la situación habitacional—, que hicieron que terminara en situación de calle. Fue así como llegó a los paradores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Ella recuerda esos paradores como en dos extremos: el parador como lugar al que nunca le desearía a nadie y, por otro, haber encontrado en ese lugar tan horrible a Andrea, quien se volvió acompañante, amiga, aliada, su amor, su protectora y su refugio”, cuentan. Luego llegaron Roxana y Pamela, una pareja de lesbianas que vendían comida en la calle. Se conocieron las cuatro en la guardia de un hospital; en ese momento Andrea y Sofía no tenían a dónde ir y Roxana y Pamela decidieron darles alojamiento en el hotel de Barracas donde ellas vivían.
Las próximas audiencias del juicio serán el 22 de mayo, el 8, 10 y 29 de junio, y el 1 de julio, en los tribunales de Talcahuano 550. Las transmisiones públicas podrán seguirse en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia. Afuera, la militancia seguirá acompañando en un gesto de segundeo, también como política imprescindible para que ese “que no vuelva a pasar” no sea una exigencia sino parte de una vida más justa para todes.
