El Presidente se ríe. Mira para arriba, para abajo, se refriega las manos. Gesticula y frunce la nariz, achica y abre los ojos. Modula, exacerbado, cada palabra. Y la comisura de los labios se le tuerce. “Mientras miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas”, dice y corona su idea devolviéndole al periodista Esteban Trebucq una sonrisa con sorna, que denota altanería y arrogancia, como quien porta una verdad sin fisuras.
Pensábamos que la sociedad argentina no iba a tolerar esto. No después de la marea verde, de la conquista histórica por el aborto legal, después de construir el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, de haber llevado las políticas de género a lo más alto en términos institucionales.
“Prohibir la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”. Con ese anuncio, el vocero presidencial Manuel Adorni dio por desterrado todo vestigio de una mirada que apunta a revisar, cuestionar y analizar los roles de género, los espacios y los atributos socialmente asignados, y que hace foco en las marcadas desigualdades que existen entre varones y mujeres. En ese sentido, la planificación y ejecución de una política pública con perspectiva de género toma como punto de partida precisamente esas desigualdades, entendiendo que es el Estado el que tiene que intervenir para intentar revertir ese curso. Al tratarse de factores estructurales, históricos y culturales, no puede depender de la buena voluntad o mérito de cada mujer lograr sortear esos obstáculos que se nos van presentando y que representan cargas que se nos suman a la mochila. Y ahí, volvemos a horadar la misma piedra: en esa mochila, la injusta distribución del cuidado es la reina madre de esas cargas, y más aún cuando se combina con otras dimensiones de la vulnerabilidad como la edad, la condición migrante, o el nivel socioeconómico.
Es imperioso decir que, desde esa lectura interseccional, la falta de perspectiva de género también implica desconocer o ignorar que cualquier decisión de política económica tiene un impacto diferencial por género. Porque el ajuste impacta diferente e impacta más sobre mujeres y personas LGBTQ+. La feminización de la pobreza no es un invento de los feminismos, es una realidad concreta que se traduce en números y estadísticas palpables.
Según el informe Los primeros 100 días de gestión del gobierno de Milei, de Amnistía Internacional, entre las personas con menores ingresos, 2 de cada 3 son mujeres. A su vez, son las mujeres las que mayormente están a cargo de las tareas del hogar y del cuidado del 57,5% de los niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran bajo la línea de pobreza en nuestro país. La mayoría de ellas cría a sus hijos e hijas solas. Según información de 2022, más de 1.600.000 mujeres se hacen cargo de hogares con hijos e hijas.
Milei negó la brecha salarial en la misma semana que la estadounidense Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel por su contribución al avance en la comprensión de las principales causas de las brechas de género en el mercado laboral. En una entrevista publicada en ElDiario.Es, la economista dijo que “los hombres deben decirle a sus empresas que no quieren perderse el cuidado de sus hijos”. Así, la academia sueca confirmó que la falta de corresponsabilidad social y de género en las tareas de cuidado y su impacto en el salario es central para los estudios económicos. Fin.
Pero en ese tren, si el Gobierno nacional se empecina en desconocer la existencia de la desigualdad entre varones y mujeres, y se refiere a las políticas de abordaje de esa desigualdad como un “curro”, es previsible el desmantelamiento que lleva adelante desde el 10 de diciembre de 2023.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se anunció que el Salón de las Mujeres en Casa Rosada —inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner, luego cerrado por Mauricio Macri y re-inaugurado por Alberto Fernández— pasaría a llamarse “Salón de los Próceres” y que descolgarían todos sus cuadros. A través de un tuit y con un dibujito de Nik, el Presidente Milei nos saludó y borró de nuestra historia a Diana Sacayán, Juana Azurduy, Claudia Pía Baudracco, Mercedes Sosa, Lohana Berkins, Carlos Jáuregui, María Elena Walsh, Néstor Perlongher y María Florentina Gómez Miranda, entre otrxs. Un reconocimiento que pareciera estar atado a los avatares políticos y partidarios de nuestro país. Fue una provocación a la que los feminismos contestaron con una movilización histórica. El salón de las mujeres fuimos nosotras y nosotres, dando una muestra de potencia política y contundencia en las calles.
Además, el gobierno libertario redujo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a una subsecretaría. Limitó sus funciones, su jerarquía, su presupuesto, su competencia y su relevancia, con una réplica consecuente en las áreas provinciales y municipales, y un efecto rebote en el sector privado. La sede que funcionaba en Cochabamba 54 cerró las puertas, con todas sus pertenencias adentro, y las trabajadoras y trabajadores estuvieron meses sin saber con certeza cuál iba a ser su destino. Lxs mandaron a hacer teletrabajo, pero sin trabajo, funciones, ni tareas. Todo fue una incógnita gigante. Y aquel 31 de marzo, el día de los despidos masivos, lxs trabajadorxs pasaron horas apretando frenéticamente el F5 para ver si llegaba el correo confirmando lo inevitable. Para ver si iban a poder pagar el alquiler el mes siguiente. Es el imperativo de la crueldad del que habló Martín Kohan. “Está de moda ser cruel”.
La profundización de las brechas de género
Entre el 1 de enero y el 30 de abril, en Argentina se registró un femicidio cada 24 horas. Es nuestro peor récord. La Libertad Avanza sobre nuestro derecho a la vida. Estos datos no pueden leerse aislados. Desde el Gobierno hay una marcada exaltación de discursos de odio que habilitan y legitiman crímenes cuya única y más básica explicación es nuestra mera existencia.
¿En dónde nos vamos a refugiar si es el mismo Estado el que nos niega y nos excluye?
¿En dónde nos vamos a refugiar si es el mismo Estado el que nos niega y nos excluye? El propio Javier Milei, en el discurso que dio en una convención de partidos de ultraderecha en España, aseguró: “Ahora que soy Presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande”. Milei no es inocente, no se deja llevar por su visceralidad ni está arrebatado por la emoción. Sabe y entiende muy bien la importancia que reviste su investidura y la implicancia que tienen las opiniones que expresa.
Este discurso se combina con un ajuste que desfinancia los programas y las acciones que tienen como objetivo prevenir las distintas formas de violencia contra las mujeres. Según un informe realizado por organizaciones de la sociedad civil, en el primer bimestre de 2024, el programa Acompañar y la Línea 144 —de atención a víctimas de violencia de género— sufrieron una reducción presupuestaria del 65% respecto del mismo período de 2023. ¿Cuánto más falta para entender que la desinversión y el desfinanciamiento del Estado pone en riesgo nuestras vidas?
En el primer bimestre de 2024, el programa Acompañar y la Línea 144, de atención a víctimas de violencia de género, sufrieron una reducción presupuestaria del 65% respecto al mismo período de 2023.
Frente a esta avanzada sin precedentes del gobierno contra los transfeminismos, el área de Géneros de Fundar, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, elaboró un monitoreo de políticas para el 8M. Además, realizó un análisis de la ejecución presupuestaria nacional del primer bimestre 2024 con perspectiva de género en conjunto con ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero). “Los resultados nos trajeron signos de alerta y preocupación ante este retroceso”, sostiene Agustina Bendersky, coordinadora del área de Géneros de Fundar.
“Existe una discontinuidad y desfinanciamiento de políticas y programas claves para la reducción de desigualdades: cerró el programa Registradas, que alcanzaba a más de 34 mil trabajadoras de casas particulares, un sector con altos niveles de informalidad; la reducción del presupuesto en Plan ENIA que se asienta en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y que logró reducir el embarazo no intencional en adolescentes en un 50%; la discontinuidad en los pagos del Programa Acompañar (entre 2020 y 2023 alcanzó a 320 mil personas), entre otras”, agrega en diálogo con LATFEM.
Por otra parte, señala que en el primer bimestre 2024 se observó que el gasto en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo en términos reales que el del primer bimestre del año pasado. Incluso 9 puntos más de lo que sufrió el presupuesto nacional (24%). “Vemos con preocupación este escenario porque sin políticas públicas con perspectiva de género y un presupuesto destinado a eliminar desigualdades, no nos queda más que esperar la profundización de las brechas de género”, dice.
“Existe una discontinuidad y desfinanciamiento de políticas y programas claves para la reducción de desigualdades”
Bendersky también afirma que la paralización de la obra pública va a tener impactos en la planificación y mejoramiento de infraestructuras de cuidados, que son fundamentales para promover una mayor autonomía de las mujeres. “Además, se perderá la oportunidad para capturar los retornos de la inversión en la economía del cuidado -inversiones que de acuerdo a la OIT podrían crear 1,8 millones de puestos de trabajo para 2030- y promover la igualdad de género”.
Me cuidan mis amigas, pero con eso no alcanza
La cocina de los cuidados es un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del gobierno en el campo de los cuidados. Se puso en funcionamiento en la sede del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) el 25 de marzo pasado. Se trata de una base dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto del recorte en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria.
Lucía Cirmi es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad durante la gestión anterior. Hoy, junto a la socióloga María José Rodríguez, está a cargo de esta iniciativa. “De 43 políticas, 21 se descontinuaron, 15 están en alerta y solo 7 se mantienen en pie”, cuenta Cirmi sobre los principales hallazgos del primer relevamiento. Sin embargo, sostiene que para evaluar lo que está pasando con el cuidado, también es fundamental observar el contexto macroeconómico: “Todo lo que se ajusta en el Estado, en la Salud, en Educación, en las políticas de ingresos, en las jubilaciones, se agranda después en responsabilidades de cuidado en la casa; no solo en los gastos de cuidado, sino en la intensidad para cuidar a los chicos y a las personas mayores, cuando no está el Estado apoyando”. Los tres programas de infraestructura de cuidados, que la ampliaban, y que no eran solo para promover la igualdad de género, sino también para reducir la pobreza, se desmantelaron y tienen 0% de ejecución.
Del mismo modo, también están parados los programas destinados a jerarquizar, formar, y remunerar a trabajadorxs del cuidado. “Esto va a retrotraer la idea de que para cuidar hay que ser mujer sin que haga falta ningún conocimiento, y eso está atado a la caída en la registración y la remuneración”. Por último, en lo que refiere a las políticas de tiempo para cuidar, existe también un retroceso, ya que “la Ley Bases no retoma la discusión que planteamos en el proyecto de ley Cuidar en Igualdad de pensar licencias igualitarias como vemos en los países más desarrollados, sino que va para atrás. Plantea la posibilidad de que los días con los que las personas gestantes ya cuentan, se pueda achicar lo más posible la licencia antes de la fecha de parto, lo cual implica la solución menos dignificante de todas”.
“Todo lo que se ajusta en el Estado, en la Salud, en Educación, en las políticas de ingresos, en las jubilaciones, se agranda después en responsabilidades de cuidado en la casa; no solo en los gastos de cuidado, sino en la intensidad para cuidar a los chicos y a las personas mayores cuando no está el Estado apoyando”.
Otro aspecto fundamental en esta discusión se vincula a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Título IX de la ley sobre la derogación de la moratoria previsional y la creación de la figura de Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. En caso de que el Senado vote en el mismo sentido, se caerá una de las conquistas históricas de los feminismos. La moratoria previsional, popularmente conocida como “jubilación para amas de casa”, implicó nada más y nada menos que reconocer que las mujeres efectivamente sostienen y aportan a la economía. Aquellas que cuidan, y también aquellas que, a causa de desigualdades estructurales y sistémicas y por diversos fenómenos económicos y sociales, no accedieron a un trabajo formal y se vieron involucradas en relaciones laborales precarias, quedando aún más expuestas a la vulnerabilidad. “Hoy, de las mujeres de 60 en Argentina, solo el 6% de ellas reúne 30 años de aportes. Al resto no le alcanza para jubilarse por la vía previsional, y necesita la moratoria. Al quitarla, van a tener que esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). El sistema jubilatorio argentino tiene una diferencia en la edad que es de género, y que para nosotras es importante porque refleja una desigualdad en los cuidados que todavía no cambió. Que cambie esa desigualdad primero, para después pensar en una igualdad en la edad jubilatoria”, plantea Cirmi, y agrega este dato: lo que el Estado se ahorraría con la eliminación de la moratoria, equivale a menos de lo que le regala a jueces y magistrados todos los años como gasto tributario con la eximición del impuesto a las ganancias.
Estamos ante un escenario de desprotección en todos los niveles. Al desmantelamiento de las políticas de lo que estricta o formalmente llamamos de “género”, se suma un plan de recorte y ajuste generalizado en todas aquellas áreas de gestión que tienen como objetivo intervenir allí donde la discusión por la meritocracia queda clausurada, porque queda al descubierto que sin oportunidades esa mierda no funciona. Nuestras vidas están signadas y atravesadas por desigualdades estructurales que nos preceden y que implican que cualquier decisión política y económica sea transversal en términos de género. Necesitamos que el Estado nos proteja, no desde una mirada paternalista, sino transformadora. Que nos aloje, que contemple nuestra historia.
Me cuidan mis amigas, no hay dudas. Pero con eso no alcanza. Queremos un Estado presente. No es tanto lo que pedimos.
