Foto de portada: Lucía Hernández.
Pasaron apenas unos minutos de las cuatro de la tarde y la marea ya desborda la Plaza de los Dos Congresos. No importaron el calor, las vallas ni el enorme despliegue policial ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Esta vez hay que ir” fue la consigna que para muchas se convirtió en un compromiso: mostrar que el feminismo está unido, organizado y alerta frente a un gobierno de ultraderecha que decidió hacer de ese movimiento político uno de sus principales adversarios. Pero, también, en una necesidad: hacer catarsis, exorcizar la bronca, estar juntas.
Justo debajo de la cúpula del Congreso, un cartel de La Poderosa dice —grita— que lo único urgente y necesario es responder a la emergencia alimentaria. A pocos metros de ahí, en el centro de la plaza, un grupo de mujeres con remeras y delantales rojos cantan y se arengan entre ellas. Algunas tienen bombos, otras bailan sin soltar ni un segundo los cucharones con los que, minutos después, seguirán cocinando en la olla popular que organizaron sobre la avenida Entre Ríos. Megáfono en mano, una de las más jóvenes del grupo va marcando el ritmo del cancionero. “Che, pelucha / Che, peluca / No te lo decimos más / Entregá los alimentos / Para poder cocinar”.
Nahir Sánchez es referenta de La Poderosa en Villa Calacita, un barrio popular del sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí, la organización tiene el centro cultural y merendero “Lo de Carola” que en los últimos meses se vio obligado a reducir su actividad. “Antes dábamos la merienda tres veces a la semana, pero ahora tuvimos que bajar a dos porque desde diciembre no nos entregan mercadería y no nos alcanza para la cantidad de personas que se acercan. En diciembre venían 78 niños y niñas, y 20 personas mayores. Hoy, ese número se duplicó”, cuenta Nahir y compara la velocidad del impacto que están teniendo las políticas del gobierno de Javier Milei en los barrios populares con lo que se vio durante los primeros meses de la pandemia. La crueldad avanza.
Y es que en un contexto de crisis económica y en plena escalada inflacionaria, el ministerio de Capital Humano dejó de enviar alimentos para los comedores comunitarios y las políticas alimentarias están paralizadas. Según datos del Centro de Economía Política (CEPA), la cartera a cargo de Sandra Pettovello solo ejecutó $134 mil millones en políticas alimentarias, de los cuales $132 mil fueron para la Tarjeta Alimentar —una prestación para familias con hijos de hasta 14 años que en enero fue de $44.000 pesos, muy por debajo de lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas alimentarias de niños, niñas y adolescentes—. Esto representa una baja en la ejecución presupuestaria de programas alimentarios de un 45% respecto al mismo período de 2023. Al mismo tiempo, hay programas como Comedores Escolares o el Plan Nacional Argentina contra el Hambre que directamente no fueron ejecutados.
“En los últimos 8M estuvimos acá pidiendo un salario para las cocineras comunitarias. Hoy estamos acá porque no hay ni para llenar las ollas”
“Nos autogestionamos frente a un Estado ausente que no bajó ni un kilo de arroz desde que asumió esta gestión”, dice Nahir y cuenta que están haciendo campañas de donaciones, rifas, ferias americanas, todo sirve cuando el hambre golpea la puerta. Pero saben que solo con eso no alcanza. “De acá a mitad de año no vamos a poder seguir sosteniéndonos si no hay un Estado que se haga presente”, advierte Nahir que, con 36 años, se considera una “hija del 2001”. “En los últimos 8M estuvimos acá pidiendo que nuestro trabajo sea reconocido y un salario para las cocineras comunitarias. Hoy estamos acá porque no hay ni para llenar las ollas”, agrega.
“Che, pelucha / Che, peluca / No te lo decimos más / Entregá los alimentos / Para poder cocinar”, insisten las compañeras mientras el cielo de Buenos Aires empieza a ponerse gris y llega María Claudia “la Negra” Albornoz, referente nacional de La Poderosa, nacida y criada en Chalet, un barrio pobre —o empobrecido, como prefiere decir ella— al suroeste de Santa Fe. En su remera tiene la imagen de Ramona Medina, cocinera comunitaria y referenta de La Poderosa en la Villa 31 que falleció por coronavirus en 2020, y la leyenda “Somos esenciales para el pueblo”.
“Hoy las mujeres del feminismo villero marchamos porque la situación en los barrios populares es realmente imposible. Nosotras somos las cuidadoras de la vida, las que hacemos los trabajos de cuidado comunitario, y vemos cómo las familias están desesperadas, sobre todo, por la falta de alimento. Ya veníamos pasando una situación económica difícil el año pasado y veníamos diciendo que en Argentina había 10 millones de personas comiendo en comedores comunitarios y populares, y que la comida ya era escasa. Pero hoy, con una inflación del 56% en alimentos en los últimos dos meses, hay muchas más familias no puedan acceder a un plato de comida por día”, denuncia la Negra y —al igual que su compañera— cuenta que el número de asistentes a los comedores crece a un ritmo acelerado. “Por eso, vinimos para exigirle al gobierno nacional que cumpla con la entrega de mercadería: fideos, arroz, legumbres, lo mínimo para poder cocinar. Hoy ese mínimo no está y las ollas están vacías”, agrega.
“Entendimos que este 8M las trabajadoras y cocineras comunitarias teníamos que estar al frente y, por eso, dijimos que una de las demandas más fuertes en esta jornada tenía que ser la emergencia alimentaria”, dice la Negra y celebra que esa demanda haya sido entendida y compartida por “los otros feminismos”. Es que si algo caracterizó a este 8M fue la unidad que se vio en las calles entre trabajadoras de la educación, la salud, la cultura y de la economía popular, con jóvenes estudiantes —aquellas hijas del Ni Una Menos—, académicas, referentas históricas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con sus pañuelos verdes y Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. Todas unidas para ponerle un freno a la política de la crueldad y el salvase quien pueda.
“Cada vez que ellos gritan ¡Viva la libertad, carajo!, nosotras perdemos un derecho más”
La Negra responde a los dichos de Pettovello y asegura que son “absolutamente mentirosos y de un desconocimiento total de la realidad de los barrios populares”. Tras la denuncia de las organizaciones sociales, la ministra apuntó contra los intermediarios y aseguró que los programas funcionaban de manera irregular. “Lo que buscan con estas mentiras es construirnos como enemigas. Decir que nos quedamos con la plata o el alimento de los más pobres es mentir descaradamente y es angustiante porque se nos demoniza a nosotras, que somos las que trabajamos en comedores y merenderos, las que —como siempre decimos— estamos alimentando la democracia hace 40 años. El problema es hay una parte de la sociedad que no conoce los barrios populares ni cómo nos organizamos y que compra esos discursos discriminadores y estigmatizadores, y en esa construcción, las que más perdemos somos nosotras. Cada vez que ellos gritan ¡Viva la libertad, carajo!, nosotras perdemos un derecho más”.
Noemi tiene 38 años y es del barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un cartel que hizo ella con un pedazo de cartón que dice “La casta no cría pibes sola”. “Yo soy madre soltera, tengo dos hijas de 10 y 13 años, hago todo sola en casa y ya no me alcanza”, cuenta. Desde hace dos años vive haciendo changas, a veces limpia casas, otras vende en la feria del barrio, pero la plata le rinde cada día menos y ya no tiene margen para ajustar. “No puedo comprar más carne. Cuando compro, compro alitas y me voy arreglando día a día. Voy al merendero del barrio y a la noche a la Iglesia”, dice.
En el último tiempo, dejó pasar algunas changas porque apenas le alcanzaba para cubrir el pasaje. Le pagan entre $1.000 y $1.500 la hora como trabajadora de casas particulares y, según el lugar y la cantidad de horas de trabajo, gana casi lo mismo que gasta en viajar. Otras veces, toma el trabajo igual, aunque sepa que con lo que le quede apenas podrá comprar un paquete de fideos. Noemí tiene miedo de que dejen de llamarla si dice que no. Cuando cuenta los recortes que tuvo que hacer en estos meses se le pierde un poco la voz. “Ahora que empezaron las clases, llegó la lista de útiles y tuve que comprarles solo lo indispensable: cuaderno, carpeta, hojas, lápiz y lapicera. Nada más. Tampoco pude comprarle zapatillas a mis nenas. Antes podía juntar algo de plata y comprarle unas zapatillas o ropa para la escuela”.
Noemí es una de las muchas —muchísimas— personas que asiste a comedores comunitarios con su familia y sufre en carne propia el recorte de las políticas alimentarias. “Yo voy a un merendero y con los recortes que hubo ahora a veces no hay comida y tenemos que volvernos a casa sin la merienda. No hay nada mas doloroso que no tener para darle de comer a tus hijas, pero trato de que ellas no lo noten; hago un poco de pan, hacemos un té o un mate cocido, les invento una merienda y algún juego para que ellas no se pongan mal. Al día siguiente van a la escuela y ya me quedo tranquila porque sé que ahí comen”.
Como parte de las acciones para denunciar la emergencia alimentaria, desde Mujeres de la Tierra, una organización que reúne a pequeñas productoras de todo el país, convocaron a un verdurazo en el que donaron más de 3.000 kilos de verdura que se entregaron en pocos minutos. “Además de ayudar a quienes lo necesiten, es una forma de denunciar que la situación de las productoras no da para más. Nosotras producimos alimentos, cuidamos nuestros territorios, el agua, la biodiversidad y en este momento hay un vaciamiento total de las políticas públicas para el sector. El tarifazo nos pegó peor que nunca, nos aumentaron más de un 50% los insumos en tiempo récord; con la desregulación de los alquileres, los precios se fueron por las nubes. Y toda esa crisis, esa violencia económica, se asienta en nuestras espaldas”, denuncia Rosalía Pellegrini, referenta de la organización. “Estamos acá porque hay ollas vacías y, si seguimos así, también va a haber quintas vacías porque es cada vez más difícil producir”, advierte.
“Fuerza, compañera”. “No afloje”. Natalia Zaracho avanza a paso lento, pero firme, por la calle Hipólito Yrigoyen entre gestos de aliento, abrazos y pedidos de foto. Es casi una rockstar del feminismo popular. En los últimos días, estuvo en el ojo de la tormenta después de que la canciller Diana Mondino cuestionara su idoneidad para ejercer como legisladora por no haber terminado la escuela secundaria, un requisito que no exige la Constitución nacional y un derecho que Naty —como le dicen sus compañeros y compañeras de militancia— no pudo ejercer porque con solo 12 años, en el 2001, tuvo que salir a cartonear con su familia.
“Nos cuestionan porque nos tienen miedo. Ellos dicen que la casta tiene miedo y, sí, son ellos los que nos tienen miedo. Porque saben que subestiman al pueblo trabajador y al feminismo; porque saben que no vamos a dejar que se retroceda en nuestros derechos”, dice la diputada cartonera. Para ella, el ataque del gobierno nacional a las organizaciones sociales responde a una lógica clasista pero asegura que el enseñamiento es aún mayor cuando se trata de mujeres. “A nosotras no nos perdonan que nos animemos: que seamos mujeres, pobres, con convicciones y que defendamos esas convicciones, pero no nos van a hacer dudar ni un segundo de lo que somos. Por eso, más que nunca, tenemos que estar en la calle enfrentando a este gobierno neoliberal que viene a atacar las luchas y conquistas del pueblo argentino y, especialmente, del feminismo. Hace 70 días que están en el gobierno y nos quieren hacer creer que son algo nuevo, pero esta receta ya la conocemos: la vimos en los 90, la vimos en el 2001, en el 2015, son los mismos de siempre así que acá estamos y acá vamos a estar porque no vamos a dar ni un paso atrás”, agrega. Vestida con su ya clásica remera azul que lleva estampado el escudo nacional y el logo de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), la organización donde milita hace más de una década, Naty acelera el paso y se pierde entre la multitud.
Quien también dice presente en el Congreso este 8M es Fernanda Miño, ex Secretaria de Integración Sociourbana y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Al igual que Zaracho, en los últimos tiempos Miño sufrió una campaña de desprestigio que buscaba instalar dudas respecto a su gestión y la transparencia del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado para financiar proyectos de urbanización en barrios populares y que recientemente fue desfinanciado por decreto por el gobierno libertario. A través de esos fondos, se ejecutaron obras de urbanización y se implementaron programas como “Mi pieza” que permitió que más de 200.000 mujeres de barrios populares pudieran mejorar sus casas. Para la ex funcionaria, nacida y criada en el barrio de La Cava, al norte del conurbano bonaerense, “el recorte del FISU genera un retroceso en las condiciones de vida de las mujeres más pobres del país”. “Yo no diría que es una herida de muerte porque nada te mata una vez que tomas conciencia de tus derechos, pero sí es un daño enorme”, asegura y subraya la importancia de defender y profundizar esa política.
“Como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el FISU ha generado en las mujeres de nuestros barrios la posibilidad de tener independencia económica y poder elegir sobre sus vidas, de reunirse con otras y animarse a ocupar lugares que antes tenían vedados: desde sentarse en la mesa familiar y decidir cómo mejorar su casa hasta tomar la posta en organizaciones sociales y cooperativas de trabajo, aprender un oficio y estar a cargo de una obra sin que sea el hombre el que lleve el sustento ni decida todo por ellas”, dice Miño. Para ella, la decisión de desfinanciar el FISU “no solo busca hacerse de ese dinero para poder usarlo discrecionalmente” sino, principalmente, disciplinar a la organización popular. “Querían instalar la idea de que los pobres no podemos gestionar ni manejar recursos para transformar nuestras vidas, pero sobre todo no quieren que nos organicemos porque es ahí cuando empezas a cuestionar todo eso que te falta y tenías naturalizado”, dice.
“Este gobierno ha apuntado directamente contra nosotras y quiere tirar por la borda todas las conquistas feministas que hemos tenido en el último tiempo en Argentina. Creo que era importante estar hoy, también, para vencer el miedo y demostrar que, por más que nos quieran acallar, seguimos acá. Esta plaza habla de una comunidad organizada y nadie se realiza si no es con una comunidad organizada. Eso es lo que dimos cuenta que sucede cuando el Estado cumple la verdadera misión que tiene que es mejorar la vida de un pueblo, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, concluye Miño.
Pocos minutos después de las seis de la tarde, mientras caen unas pocas gotas de lluvia, la periodista y locutora Liliana Daunes —histórica voz del activismo feminista en Argentina— comienza a leer el documento. La emergencia alimentaria, contra los despidos y el ajuste, el rechazo al DNU de Milei y el protocolo de Bullrich, la defensa de la ley de interrupción voluntario del embarazo y las políticas contra las violencias machistas son sus ejes centrales. Cuando termina la lectura, suena “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, y el clima de fiesta invade la plaza. Acá estamos, orgullosamente feministas, no nos arrepentimos de este amor.
