“Hoy se pica y no cebolla porque vinimos al Congreso a reclamar nuestros derechos”. Quien habla es María Claudia Albornoz, referente nacional de La Poderosa, una organización social que reúne a asambleas vecinales de villas y barrios populares de toda la Argentina. “La Negra” —como la llaman sus compañeras— comenzó su militancia tras la histórica inundación del 2003 en Santa Fe, que arrasó con el barrio Chalet, al sudoeste de la capital santafesina, donde vivía junto a su madre y su hijo. Hoy, veinte años después, está sentada en el Congreso de la Nación para presentar la ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias, una iniciativa que busca reconocer a quienes trabajan en comedores y merenderos comunitarios y otorgarles un Salario Mínimo, Vital y Móvil, vacaciones, obra social, ART, licencia por maternidad y/o paternidad, aguinaldo y jubilación. Derechos básicos de los y las trabajadoras argentinas, pero que hoy no están garantizados para las casi 135.000 personas que alimentan a 10 millones en todo el país.
“Nos dimos cuenta de todo el trabajo que venimos haciendo para alimentar a un pueblo con hambre. Estamos hablando de 10 millones de personas que son asistidas por comedores y merenderos comunitarios en la Argentina. Y no es un número que inventamos, es un número real que crece día a día”, dice la Negra, escoltada por Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular y diputada nacional por el Frente de Todos. “Esta es una ley necesaria, sobre todo para las mujeres. ¿Y por qué digo para las mujeres? Porque somos casi el 80% de quienes cocinamos en comedores comunitarios y estamos hablando de que seis de cada diez mujeres están viviendo en situación de pobreza en la Argentina. Y esto también se tiene que entender: la feminización de la pobreza de la que se habla permanentemente somos nosotras, las invisibles del sistema. Por eso nos pusimos a caminar este proyecto de ley”, agrega.
Según datos oficiales, el 39,2% de la población argentina vive bajo la línea de pobreza y el 8,1% vive en la indigencia, es decir, que no llegan a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, un item que en el último año aumentó un 122% y ajustó con dureza el bolsillo de quienes trabajan en la informalidad. “Todos los días vienen más y más personas a solicitar una vianda de comida y no porque no tengan trabajo, sino porque ya no les alcanza para sostener las cuatro comidas de una familia. Los ingresos han quedado por debajo”, señala Albornoz. En este contexto, el trabajo de las cocineras comunitarias, ese ejército con cucharones que alimenta a millones en todo el país, se vuelve fundamental y reconocerlo es urgente.
“No queremos esperar más”, dice —con la firmeza que la caracteriza— Zaracho. “En la pandemia había mucha gente que reconocía a las trabajadoras comunitarias porque tuvimos muchas compañeras que dejaron la vida para dar de comer a nuestro pueblo más pobre —de hecho, perdimos compañeras como Ramona— , pero ese reconocimiento siempre fue simbólico, nunca hubo un reconocimiento económico. Y nosotras que venimos de los sectores populares, que somos las que siempre tenemos que esperar —a que se estabilice la macro, a que se acomode todo, a que pasen las elecciones— venimos a plantear que necesitamos leyes que no le den la espalda a nuestro pueblo, y que no queremos esperar más”, agrega la diputada cartonera y que se considera una “hija del 2001”. Nacida y criada en Villa Fiorito, uno de los barrios más humildes del conurbano bonaerense, “La Naty” trabajó codo a codo con La Poderosa y otras organizaciones sociales en la redacción del proyecto de ley que —dice— viene a saldar una deuda de la democracia con las mujeres más excluidas, las informales, las que paran la olla y ponen el cuerpo en cada barrio de la Argentina.
En esa misma línea, Deolinda Carrizo, referenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mo.Ca.SE), agrega que el Estado tiene una deuda con las mujeres que, en el campo y en la ciudad, producen y garantizan alimentos para su pueblo. Para “La Deo” —nacida y criada al calor de la lucha campesina—, la lucha por el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias va de la mano de una demanda histórica: la del acceso a la tierra para las familias trabajadoras de la tierra. “Cuando hablamos del alimento, del acceso al alimento, hablamos también del cuidado y del acceso a la tierra para producir ese alimento. Y también es poder pensar que esas ollas puedan estar abastecidas por alimentos de la producción campesina indígena. Ese también es nuestro desafío”. Acceso a la tierra, derecho a la alimentación, trabajos de cuidado, reconocimiento salarial: luchas que se hermanan y confluyen en una.
La deuda es con las cocineras comunitarias
En Argentina, la brecha salarial entre varones y mujeres es del 22,5%, pero en los barrios populares es aún mayor. Según un informe realizado por el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP) solo el 31% de las mujeres y personas travestis-trans de barrios populares tienen un trabajo con ingresos, mientras que el 73% de los varones que habitan esos barrios tiene un salario. Entre las que tiene un trabajo asalariado, el 53% lo hace en el marco de la economía popular y solo el 6,7% en el mercado formal. Además, ellas dedican un promedio de 8:31 horas por día al trabajo no remunerado y cerca del 23% participa de espacios sociocomunitarios. De ese 23%, el 85% lo hace en ollas y comedores, dedicando por lo menos 2:45 horas por día a esa actividad. Sin embargo, solo el 23% percibe una contraprestación por su trabajo.
La informalidad y la precariedad urbana aumentan la sobrecarga y el tiempo que dedican al trabajo de cuidados: el 55,2% de las encuestadas dijo no tener las condiciones de saneamiento adecuadas —falta de red de luz y gas natural, déficit en el trazado urbano, entre otros problemas— lo que dificulta aún más sus tareas. Por eso, Albornoz sostiene que las trabajadoras sociocomunitarias “organizan los barrios” allí donde no llegan el Estado ni el mercado. “Cuando no hay política estatal, hay política barrial. Y ahí estamos nosotras, organizadas”, dice, y enumera las múltiples tareas que se suman al hombro: organizar comedores y merenderos, llenar las ollas, acompañar a quienes viven situaciones de violencia de género, dar talleres de Educación Sexual Integral, brindar acompañamiento escolar, solo por mencionar algunas. “Hacemos mucho trabajo en los barrios populares. Y cuando una compañera está cocinando no puede estar trabajando en el mercado laboral formal, no puede estar haciendo changas ni cartoneando, no puede estar limpiando casas de otras personas, no puede estar generando un ingreso en otro lado. Entonces, ese tiempo, ese trabajo, tiene que ser reconocido. Nosotras no le debemos al Estado, el Estado nos debe a nosotras”.
Para la economista feminista Julia Eliossof, esa deuda del Estado con las trabajadoras sociocomunitarias es una idea fundamental para entender la importancia y necesidad de esta ley. “Las sociedades organizan el cuidado de manera más o menos justa en función de quién se hace cargo de garantizar la reproducción cotidiana de la vida. El cuidado lo puede proveer el Estado —a través de, por ejemplo, la educación o la salud pública—, los hogares —pensando qué comer, garantizando que eso esté en casa, buscando o llevando niñxs a la escuela, etc—, el mercado —por ejemplo, comprando comida hecha, contratando una trabajadora de casas particulares, o llevando ropa al lavadero— o la comunidad —cuidando, acompañando o cocinado a compañerxs y vecinxs—”, explica. Para la integrante de Fundación Friedrich Ebert (FES) en Argentina, en una coyuntura como la actual “donde Argentina se encuentra bajo un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Estado impulsa políticas de austeridad que redistribuyen recursos para garantizar el pago de la deuda, desfinanciando políticas sociales”, las políticas de cuidado adquieren un rol central.
“Menos presupuesto para que el Estado brinde cuidado a través de distintos dispositivos, se traduce en más cuidado que recae sobre los hogares y cuidadoras comunitarias. Pero si bien la existencia de estos espacios responde a problemas estructurales del país, cuando los ingresos de los hogares están en crisis, como sucede actualmente, el rol de los espacios comunitarios cobra aún más centralidad. Miles de personas de hogares que no cuentan los ingresos suficientes para garantizar su alimento, acceden a él a través de los comedores. El Estado reconoce día a día la existencia de estos, a través de la entrega de mercadería —aunque cada vez con más carencias—. Es decir, cuenta con ellos, pero no se hace cargo de su sostenimiento”, analiza.
Desde la economía feminista, Eliossof señala que la preparación, cocción y entrega de alimentos es parte esencial del trabajo de cuidados que se necesita para garantizar la nutrición de las personas. “Necesitamos personas que estén pensando qué y cómo cocinar y preparando los alimentos para que existan otras disponibles para el mercado de trabajo, para educarse, y para cuidar de otrxs. Estas tareas son indispensables para la reproducción de la vida, y existen miles de cocineras comunitarias que lo hacen cotidianamente. Es por esto que sostenemos que el trabajo doméstico y de cuidados genera valor, porque garantiza la vida en nuestra sociedad. El trabajo de cuidados que realizan cotidianamente las cocineras comunitarias, no solamente reproduce la vida, sino que lo hace donde el Estado no está”.
“Las que sostienen la vida de otrxs, deben tener garantizada la suya. La triple jornada laboral de las compañeras que realizan trabajos sociocomunitarios, sumergen a las mujeres de los barrios populares en pobreza de tiempo. Una remuneración digna y con derechos, podría contribuir a una redistribución más justa del tiempo de las trabajadoras. Pero además, ¿cuánto puede ser el costo de este proyecto? Según estimaciones de La Poderosa, implicaría un 0,07% del PBI nacional, lo que significa menos de una tercera parte de lo que se destina a gastos tributarios, y eso incluye los que se destina a sostener las exenciones del pago de ganancias de jueces y funcionarios del Poder Judicial”, concluye.
De nuevo en el Congreso, La Negra agradece el trabajo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), UNICEF, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y Barrios de Pie, entre otras organizaciones que viene impulsando el proyecto de ley. Desde el fondo del salón, sus compañeras empiezan a cantar: “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, somos las cocineras estamos luchando por nuestra ley”. “Todas las que estamos acá siempre hemos cocinado con amor y alegría, pero con el pasar del tiempo empezamos a entender que ese amor no nos paga las cuentas”, dice —con su voz potente— Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP y vocera del Frente Popular Darío Santillán. “Compañeras, nuestra historia nace en un comedor, en un merendero en los 90, en el 2001 y en la pandemia, cuando trabajamos con muchísima más fuerza. Entonces, este derecho que estamos pidiendo es una deuda de la democracia y la tienen que pagar. Por supuesto que la tienen que pagar, porque nosotras ya entendimos que eso que llaman amor es trabajo, no pago”. Una vez más, que sea ley.
Este artículo forma parte del proyecto “Las informales: trabajo y economía popular”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Argentina.
