Foto de portada: Juan Karita / AP.
“La gente humilde sin los ricos, viviríamos. Pero los ricos sin la gente humilde no viven, se mueren”. La frase de una manifestante que se viralizó en redes sintetiza la rabia, el descontento y el clivaje de parte del pueblo boliviano que apostó por Rodrigo Paz Pereira, un personaje de centro derecha del país sudamericano, que llegó al poder en medio de una crisis económica creciente y al cabo de la fragmentación interna del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó durante 20 años. Promesas incumplidas, ajuste y políticas neoliberales son ejes de un conflicto que tiene como centro de disputa el poder que las comunidades indígenas y campesinas perdieron en la transición hacia una derecha que también lidia con flaquezas internas.
Cuando apenas pasaron seis meses, el gobierno de Paz debió enfrentarse a una conflictividad en ascenso. El hombre, que llegó a la presidencia de la mano del Partido Demócrata Cristian y asumió con la consigna “capitalismo para todos”, dispuso un plan de ajuste económico y cambios estructurales que afectan a principalmente las poblaciones indígenas-campesinas. Entonces, la furia se desató en las calles. Los docentes se levantaron, los mineros llegaron con explosivos al centro de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro por tiempo indeterminado para exigir la renuncia del presidente con bloqueos que afectaron el abastecimiento de la capital, El Alto, Santa Cruz, Tarija y los Yungas.
Ante ese panorama, Paz dijo que haría cambios en su gabinete, llamó al diálogo y convocó al Consejo Económico, Político y Social. Se separó cada vez más de su vicepresidente, Edman Lara y parece afrontar presiones de un lado y otro. En medio de la tensión, el Congreso modificó la Ley 1.341 para flexibilizar la implementación del estado de excepción -figura que se implementó por última vez en los 2000, en lo que se conoció como La Guerra del Agua- y los movimientos denuncian detenciones y procesos ilegales, fallecidos y cientos de personas heridas.
“Lo que nos muestra Bolivia es cómo una crisis económica, cuando se combina con fragmentación política y pérdida de representación, puede transformarse rápidamente en una crisis de gobernabilidad”, aseguró a LATFEM la analista en política internacional especializada en Bolivia de Flacso-Argentina, Agustina Garino.
Las y los movilizados
“El presidente nos ha excluido hasta de su posesión, no hay un ministro minero u obrero. No somos parte del Gobierno. Si realmente quiere continuar en la administración del Estado boliviano ya debería haber bajado a los bloqueos, pero lo que hay es represión”, sostuvo el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Claudio Choque, en entrevista con el programa Detrás de la Verdad, de Bolivia. La COB es la principal organización impulsora de las movilizaciones y los bloqueos, pero no es la única. Aunque vale mencionar que hay quienes se abrieron y firmaron acuerdos con el Gobierno, como mineros, juntas vecinales y algunos sectores sindicales, junto a la COB se articulan concentrados en el eje La Paz-El Alto: Ponchos Rojos, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, la organización de mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, la a Federación Departamental de Choferes de La Paz y sindicatos afiliados y cocacoleros, entre otros sectores afines al expresidente Evo Morales –cuya influencia en la protesta no es necesariamente troncal.
La lectura es que “el tiempo del diálogo se acabó” porque el mandatario no cumplió con las demandas presentadas hace tres semanas en un pliego en el que exigieron aumentos de salario, mantener las empresas estratégicas del Estado y derogación de la “Ley antibloqueos”, entre otros puntos. En consonancia se manifestó Maceda: “La situación es crítica, grave, hay una falta de atención oportuna a las demandas del pueblo, el periodo de diálogo se ha cumplido. Lo que pedimos es la renuncia del presidente y de todo su gobierno”, dijo. Desde su organización, además, hace una semana tres madres llevan adelante una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo, que tomaron a la fuerza.
Desde las organizaciones, además, apuntaron que desde que iniciaron las movilizaciones unas 200 personas están con procesos ilegales tras haber sido detenidas con figuras como “sedición”, cuatro personas fallecieron y hay cientos de heridas, algunas por armas de fuego.
¿Cuáles son los principales ejes del conflicto que ya lleva un mes? ¿Cuál es la situación que enfrenta el gobierno de Paz? ¿Cómo se mueven los distintos actores internacionales ante este escenario? En diálogo con Latfem, aportaron sus miradas sobre lo que pasa en Bolivia junto con Garino y Maceda, la politóloga y ex legisladora por el MAS, Adriana Salvatierra; y el politólogo y periodista, Fernando Molina.
Promesas incumplidas: el factor económico y la gasolina “basura”
Entre las promesas de campaña, Paz dijo que no acudiría a los organismos internacionales de crédito para sortear la crisis de abastecimiento de dólares en el país. Sin embargo, como se contó en esta nota, antes de asumir ya había traicionado su compromiso: viajó a Estados Unidos y consiguió un préstamo de 3.100 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En abril, anunció un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 800 millones y en esta semana reconoció negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir 8 mil millones de dólares: “No es bajo la lógica de que nos van a imponer un plan”, aseguró al anunciarlo.
A ese punto, Salvatierra sumó la inflación y tres años de recesión económica, acompañado de una crisis energética que durante el anterior gobierno comenzó con la escasez de combustible: “Con el levantamiento de subvención se ha garantizado que exista combustible, pero han traído de mala calidad”, apuntó e hizo referencia al informe de la Universidad Mayor de San André que reveló que tiene ocho veces más goma de lo permitido.
En las calles la bautizaron como “gasolina basura” y afectó a más de 60 mil vehículos entre particulares y maquinaria agraria. Más allá de las distintas explicaciones que intentó dar el gobierno -boicot de la gestión anterior seguida de despidos o la existencia de una red de contaminación- el problema también fue que llegó con precios exorbitantes para el diesel y la gasolina con 86 y 160% de aumento, mientras el salario básico se incrementó apenas 20%. “Hay un desajuste en las economías más vulnerables y el haber básico fue enviado a discutirse entre trabajadores y patronales sin protección del Estado. Entonces, lo que cuestiona la gente es que no hay medida de impacto social que logre contener la economía familiar”, dijo la exlegisladora y politóloga.
Otra de las grandes preocupaciones de la población es “la vuelta al neoliberalismo”, apuntó Molina. Prácticamente todos los días, la Presidencia o el mismo Paz informan a través de distintos canales que “no se privatizarán” empresas estratégicas como la de luz y agua.
La desconfianza en Paz y su gobierno reside decreto 5503 de “orden fiscal y estabilización económica” que, para Maceda amplió la crisis y en el sentido “político y democrático” porque la norma “es inconstitucional”. “Son medidas que restringen derechos a la población y pretenden entregar recursos estratégicos como el litio, tierras raras, hidrocarburos y minerales a las trasnacionales y empresas privadas, al contrario de lo que establece la Constitución que dice que es soberanía de los bolivianos la decisión de cómo se extraen esos recursos”, argumentó.
La ley de tierras: beneficio para el agronegocio
Otro de los ejes de conflicto es la Ley 1720, impulsada por el legislador de la Alianza Libre Branco Marinkovic representante de los productores sojeros y promulgada por Paz en un acto junto con empresarios agroindustriales del departamento de Santa Cruz. Poco menos de un mes después, debió dejarla sin efecto. Organizaciones campesino indígenas y ambientalistas como la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio -donde confluyen 34 organizaciones- la denunciaron por inconstitucional. Este fue uno de los puntos que llevó a miles a las calles.
La norma permitía la reclasificación voluntaria de las propiedades agrícolas pequeñas -que según la Constitución no pueden ser embargadas ni confiscadas- como “medianas” aunque no lo fueran para poder tener acceso a créditos bancarios. “Era una especie de argucia, podían conseguir créditos y, por lo tanto, decomisarlos. Se vio el interés del agronegocio porque se generaba una vía para que ellos tuvieran tierra. Una trampa. A varios se nos pararon los pelos cuando la vimos”, dijo Molina. Es que, según explicó, el escalofrío que generó es porque esa traba impuesta a la repartición de tierras en beneficio de la producción indígena y campesina tiene razón en la reforma agraria y una norma que atente contra ella “va contra decisiones y pactos que tomó Bolivia, que explican un poco la estabilidad política que ha tenido el país, sin guerrillas rurales como en Colombia o Perú”.
Más allá de que fue derogada por el Congreso, la alerta sigue encendida: el compromiso del Gobierno es escribir una nueva en un periodo de 60 días.
Racismo, traición al voto, fragmentación y presiones
La actual crisis también se explica también a partir del “clivaje”, de una ruptura étnico-racial, sostuvo Molina, que se produjo con la salida del MAS del poder -en donde campesinos e indígenas estaban contenidos en la gestión gubernamental- y la transición hacia la derecha con la llegada de Paz. Así lo entienden los analistas y, también, como se mencionó más arriba, lo comprenden desde espacios que antes adherían al partido liderado por Morales, autoexiliado en el Chapare e inhabilitado políticamente para reelegirse pese a sus aspiraciones.
“Paz hace sintonía con la élite blanca boliviana. Eso lo pone contra las cuerdas ahora. No tiene indígenas, por eso, una salida fue llamar al Consejo Económico y Social o hacer cambios de ministros. No puede más porque la élite no quiere compartir el poder con los indígenas. El fracaso del MAS ha significado la salida de estos grupos sociales del poder, que ahora tienen una sensación de pérdida. Es difícil porque esto moviliza de una manera más radical a la gente y obliga a pedir la renuncia porque no es un gobierno en el que se puedan mirar o que sea capaz de representarlos”, apuntó Molina.
Esa presión se vislumbra en actos y declaraciones de Paz: insulta a quien se moviliza –al estilo del presidente argentino Javier Milei-, los acusa de querer dar un golpe de Estado, los llama de “cloacas”, luego pide por favor que vayan a la mesa de diálogo, pero no pierde un segundo para promulgar la ley de estado de excepción.
En tanto, los gestos hacia la clase pudiente se multiplicaron no sólo porque se muestra con ellos, sino que también levantó el subsidio al pan y eliminó el impuesto a las grandes fortunas e impulsó un proceso de liberación de las importaciones de soja, pese a la capacidad ociosa que hay en el país, enumeró Salvatierra para explicar la “ruptura del pacto electoral”. “El levantamiento es general porque dijo que la quita de subsidios iba a ser focalizado, que se iba a mantener en el transporte y se iba a proteger a las familias más humildes y terminó haciendo otra cosa”, explicó.
Otro frente es el propio vicepresidente Edmand Lara, un expolicía que se hizo famoso en redes sociales con un discurso anticorrupción y que le llevó gran parte del voto popular a Paz. En el conflicto se posicionó en contra de su pareja electoral por el decreto de ajuste económico y la represión. Ahí, a los ojos de Morales, Lara perdió la oportunidad de estar al frente de las movilizaciones. “Era eso o estar preso, ha preferido no estar preso, pero tampoco es el dirigente de la gente ya”, sostuvo. De todos modos, el vicemandatario desde este miércoles 27 de mayo encara una mesa de diálogo en la que apuesta lleguen todos los dirigentes -incluso los perseguidos, como Mario Argollo, dirigente de la COB.
Desde el Congreso, la élite política, presiona con represión e insiste en la liberalización económica. Es un gobierno definido por Molina como “pacista”: “Muy de la clase alta, conformado por personajes que podrían haber votado por Tuto Quiroga -el ‘Milei boliviano’ real-, que no representa al voto que le dio el poder, tampoco representa propiamente a una corriente política de centro como se supone que es”.
La cola de Estados Unidos se hizo presente también en este episodio de América Latina. Se pronunció a través del secretario de Estado, Mario Rubio, que dijo que no permitirán que el gobierno “sea derrocado”. Aunque lo que haga o deje de hacer Estados Unidos no necesariamente marca el pulso de lo que sucede en Bolivia, sí hay una voz de la extrema derecha radical mundial que le susurra al oído a Paz: Fernando Cerimedo, el argentino exdueño de la Derecha Diario, imputado por difusión de fake news en los actos que llevaron al intento de golpe de Estado en Brasil, asesor de campaña de Milei y del hondureño Nasry Asfura, es asesor también del mandatario boliviano.
Pérdida de legitimidad
La insatisfacción de la población ya se había hecho sentir el pasado 22 de marzo cuando se celebraron unas conturbadas elecciones subnacionales, que pasaron por debajo del radar internacional. Se votó para elegir a nueve gobernadores, 335 alcaldes y los integrantes de los poderes legislativos del nivel departamental y municipal. Al igual que en las presidenciales, el voto nulo o en blanco tuvo un gran protagonismo en departamentos como La Paz, en donde alcanzó el segundo lugar con el 23,5%, en El Alto el 28,72% y en Oruro con 23,42%. La alianza oficial, ganó en primera vuelta sólo en Beni.
“Como no tenían posibilidad de garantizar gobernabilidad en el departamento de la sede de gobierno, que es La Paz, se impulsó una maniobra política para que renunciara el candidato opositor y forzó al nombramiento del oficialista como gobernador. Creo que eso ha incidido porque a los paceños no les ha dejado canalizar su malestar democráticamente”, analizó Salvatierra. A su entender “hay muestras básicas de una pérdida de legitimidad”, sostuvo.
Evo Morales, desde su trinchera en la red social X, ante ese escenario planteó dos vías: “Una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”.
Aunque es difícil avizorar un desenlace, en medio de la tensión certera y constante, los analistas coinciden en un punto: la posición de debilidad en la que queda Paz, pujado por sectores que están en las antípodas y con quienes debería conciliar. En general, las perspectivas que se abren son dos: represión y violencia o diálogo. Al cierre de esta nota, los movimientos sociales, campesinos y obreros se declararon en un pacto de unidad y acordaron mantener los bloqueos en todo el país hasta que Paz renuncie. La pregunta es si el presidente tiene margen real para elegir.
