Osqui bajó las escaleras de la estación Dorrego del subte para tomar el tren. Iba hablando por teléfono con su pareja. Sin ningún motivo, una policía lo abordó para pedirle documentos. Le preguntó si era peruano. Le dijo que era un chorro. Después le pegó dos veces con la macana en la cabeza.
No fue una policía sobreadaptada, pasada de rosca, una iniciativa individual. La policía actuó de acuerdo con una forma de racismo institucionalizada en la Ciudad de Buenos Aires. Antes del golpe hubo una pregunta. Esa pregunta ya hablaba del cuerpo del actor Osqui Guzmán.
Durante las últimas semanas fuimos testigos de una campaña que señalaba a la Argentina como un país racista. La diferencia entre que esa acusación venga desde afuera y que la hagamos desde acá es que desde adentro podemos ser más precisos. No hace falta exagerar ni proyectar sobre la Argentina experiencias ajenas. Nuestra historia no es la del capitalismo racial de Estados Unidos ni la de Brasil; ni la de España, Francia, ni la de Holanda o Bélgica. La esclavitud tuvo otra dimensión y el desarrollo económico argentino no dependió del tráfico de personas. Pero como nuestra historia es distinta, decimos muy rápido que el racismo no nos describe.
Nuestro presente también es distinto si lo comparamos con Estados Unidos o Europa. No tenemos ICE, no prohibimos idiomas, no encarcelamos niños, no separamos familias, no tenemos deportaciones masivas como en numerosos países europeos. Tampoco participamos de las guerras y de las políticas coloniales que provocan desplazamientos forzados para luego criminalizar o ubicar en campos a quienes buscan refugio. Más allá de la elite pro gobierno de Israel que nos gobierna y que odia nuestro país, Argentina no vendió ni una gomera para ser utilizada en el genocidio en Gaza.
Pero, siempre hay un pero, reconocer esas diferencias gruesas no debería impedirnos mirar nuestras propias miserias y formas de exclusión. ¿Por qué una sociedad que se piensa con orgullo como mestiza, plebeya, contestataria e igualitaria produce, sin embargo, formas de racialización? El problema es que cuesta reconocer las formas específicas que adopta. La experiencia cotidiana de convivencia y mezcla es real para muchísimas personas. Para la investigadora Danielle Roper, en Hemispheric Blackface, “la realidad de la fluidez racial no contradice la persistencia generalizada de la discriminación; por el contrario, con frecuencia ha contribuido a ocultarla como una realidad vigente”. ¿Tenemos un problema de cinismo?
En la Argentina, el racismo realmente existente opera a través de procesos de racialización que distribuyen de manera desigual sobre quiénes volcar el control estatal, la sospecha y el acceso a derechos. Decide qué cuerpos van a ser controlados por la policía, qué familias van a ser desalojadas sin garantías, qué barrios tienen que tener vigilancia permanente, qué personas deberán demostrar una y otra vez que tienen derecho a quedarse y cuáles tienen que mostrar su documentación en las estaciones de trenes.
No cualquier persona migrante ocupa ese lugar. La sospecha recae sobre la mujer andina que trabaja en un taller, haya o no nacido en el país, el albañil del norte, la familia campesina, el vendedor afro, el repartidor venezolano, el joven de una villa, las comunidades indígenas que resisten el robo de tierras. La racialización no opera al margen de la desigualdad: racializa la pobreza y convierte a sectores populares en poblaciones sospechosas.
No es un dato para despreciar que durante los últimos gobiernos de derecha la política migratoria haya ocupado un lugar central. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a erosionar una de las frases que históricamente sintetizó el horizonte igualitario de la Constitución argentina: asegurar los beneficios de la libertad “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El decreto de necesidad y urgencia, luego declarado inconstitucional, facilitó expulsiones y convirtió a miles de personas migrantes en habitantes permanentemente amenazados. Bastaba una detención durante una protesta, una causa por venta ambulante, un accidente de tránsito o incluso antecedentes penales ya cumplidos para quedar expuesto a un proceso de expulsión.
Los intentos no terminaron allí. El gobierno de Javier Milei volvió a modificar por decreto la política migratoria y de refugio. Obstaculizó el acceso a la salud, la educación superior y la ciudadanía, endureció los procesos de regularización, facilitó las expulsiones y trasladó la política migratoria al Ministerio de Seguridad. En la misma línea que buena parte de las derechas radicalizadas del mundo, dejó de pensar a las personas migrantes como personas para convertirlas en un problema de seguridad nacional. Nadie odia tanto nuestro país como quienes desprecian su cultura, su historia, ser un país de amigos.
Para el gobierno hay extranjeros y extranjeros. El Congreso tiene que tratar una ley de extranjerización del territorio nacional.
Escribo desde la Ciudad de Buenos Aires. Su jefe de Gobierno anunció el blindaje de los accesos a la ciudad como una buena noticia. Vende una ciudad para los porteños, rodeada de retenes policiales y operativos guiados por un olfato racializado. Sí, estamos rodeados. El meme de The Family Guy con la coloración de la piel no es un chiste dentro de la Ciudad. De hecho, recientemente lo hizo la panelista Kalina Ann en el stream oficialista Carajo para cebar al abogado Alejandro Sarubbi Benítez cuando propuso una “limpieza étnica” en la provincia de Buenos Aires. Uno de los métodos, muy en sintonía con Jorge Macri: construir un muro de 15 metros de altura, con francotiradores cada 10 metros, que divida a la provincia de la Capital, y que pasar se decida por “portación de cara”.
En la Ciudad esa lógica también organiza los desalojos por supuestos riesgos de derrumbe. A partir de informes sin revisión y a sola firma, sin control judicial, familias enteras son expulsadas de sus viviendas. Sus pertenencias quedan abandonadas o tiradas a la basura, niñas y niños interrumpen la escuela, el club, dejan los amigos. En la práctica sufren la expulsión de la ciudad. En muchos de los casos que trascendieron no hay “dueños” de las viviendas que las estén reclamando.
Thomas F. DeFrantz y Anita González dicen en Black Performance Theory que “Las ficciones nacionalistas repetidas no sólo produjeron relatos nacionales que celebraban un protagonista mestizo o marrón; paradójicamente, también produjeron guiones raciales que funcionaron como instrumentos de diferenciación y mantuvieron las jerarquías raciales”. En nuestra Argentina contemporánea los guiones raciales se activan sobre todo cuando se intersectan con la pobreza. Es decir, no cualquier cuerpo marrón, sino cuerpo marrón empobrecido.
La persecución de vendedores ambulantes, el hostigamiento policial en determinados barrios, los desalojos y las políticas migratorias forman parte de una misma racionalidad política. Se trata de administrar poblaciones pobres, racializadas para ser marginadas, excluidas del reconocimiento de derechos y de la necesidad de cuidados como todos. Algo parecido ocurre con los pueblos indígenas. No hace falta ir muy lejos para observar cómo el macrismo y el mileísmo -aunque no solo- construyen a las comunidades mapuche como enemigas cuando defienden su territorio o cuestionan los proyectos extractivos.
Sean migrantes o no, la ultraderecha insiste en producir enemigos internos como válvula de repuesto cuando todo le empieza a ir mal. Hablamos de migrantes cuando el costo de vida en la Argentina hace que solo muy pocos lleguen a fin de mes y que la mayoría haya recortado alimentos, cuanto para sostener el mismo nivel de vida las familias entraron en un espiral de endeudamiento gracias a la política económica liderada por la banda que más odia al país.
Mientras tanto, el gobierno argentino votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que calificaba la esclavitud como el mayor crimen contra la humanidad y rechazó una iniciativa que promovía reparaciones por el tráfico transatlántico de personas esclavizadas.
Lo más inquietante es que estas políticas no sobreviven a pesar del consenso social, sino gracias a él. Jorge Macri construye su carrera política radicalizando una agenda de mano dura y limpieza social, con slogans que parecen importados del partido republicano gringo. El blindaje de la Ciudad, la persecución de vendedores ambulantes, los desalojos convertidos en espectáculo de su campaña permanente, la construcción de enemigos internos y la promesa de recuperar el espacio público forman parte de una misma gramática política. Las encuestas muestran que esa estrategia tiene respaldo. Una medición de DC Consultores señaló que el 52% de las personas consultadas en la Ciudad de Buenos Aires se inclinaba por la continuidad del gobierno. En el mismo relevamiento, Patricia Bullrich alcanzó un 66,5% de imagen positiva y Jorge Macri un 61,8%.
En estas escenas están las formas contemporáneas del racismo en la Argentina. Es una forma de construir mayorías alrededor de políticas que deciden qué cuerpos serán controlados, qué personas serán precarizadas, qué familias serán dejadas en la calle y qué vidas serán consideradas portadoras de menos dignidad. Como nunca antes, además, racismo y promesa electoral van de la mano. Tenemos el desafío de reconocer el racismo que sí alojamos, tomarlo en serio y hacer algo.
