Imagen de portada: Roberto Huczek
Las elecciones brasileñas de 2026 exponen una contradicción. Las mujeres son consideradas fundamentales para decidir el futuro del país, pero siguen ocupando un lugar secundario en la discusión sobre quién puede conducirlo. Las campañas investigan sus preocupaciones, miden su rechazo a los candidatos y buscan maneras de ganar su confianza. Sin embargo, cuando la discusión pasa del voto al poder, el debate vuelve a girar en torno a los hombres.
Ellas representan el 52,81% del electorado brasileño, con 83,8 millones de mujeres habilitadas para votar en octubre. Pero transformar esa fuerza electoral en poder político exige mucho más que aumentar el número de candidaturas: implica discutir quién recibe recursos, quién participa de las decisiones partidarias, qué liderazgos logran construir autoridad propia y quién puede definir los temas considerados centrales para el país.
Hay una dificultad persistente para reconocer a las mujeres como intérpretes del país en su conjunto. Cuando aparecen en el debate electoral, suelen quedar asociadas a un conjunto acotado de temas: maternidad, violencia doméstica, salud, cuidados. Aunque estas cuestiones son centrales, el problema aparece cuando se las trata como asuntos separados de la economía, la seguridad pública y la propia organización del Estado.
La falta de guarderías afecta el mercado de trabajo. El transporte inseguro restringe la circulación y las oportunidades. La violencia doméstica compromete ingresos, salud y vivienda. El trabajo de cuidados sostiene el funcionamiento de la economía, aunque gran parte siga sin remunerarse. Son cuestiones que hablan de cómo un país distribuye tiempo, dinero y protección.
Esta conexión ayuda a entender por qué la autonomía económica de las mujeres no puede reducirse al ingreso. Tener dinero propio es muy importante, pero también lo es poder disponer de tiempo, circular libremente, trabajar en condiciones dignas y no absorber en soledad las emergencias familiares. Una política de autonomía también necesita intervenir en esa distribución de responsabilidades.
La seguridad pública hace especialmente visible esta relación. Para muchas mujeres, seguridad significa poder circular por la ciudad, usar el transporte público, trabajar y estudiar sin que el miedo condicione sus decisiones. Ponerlas en el centro de esta discusión implica reconocerlas también como formuladoras de políticas públicas, y no solo como víctimas que necesitan protección.
La ampliación del espacio político de las mujeres tampoco produce automáticamente una agenda única. El crecimiento de liderazgos conservadores vuelve más exigente el debate sobre representación. Una mujer puede disputar autoridad dentro de estructuras dirigidas por hombres y, al mismo tiempo, defender proyectos políticos que no responden a las necesidades de la mayoría de las mujeres del país, en toda su diversidad: negras, trabajadoras, periféricas, indígenas, LBTQIA+. La presencia femenina y la ampliación de una agenda de derechos y justicia social son dimensiones relacionadas, pero no idénticas.
Al mismo tiempo, las diferencias ideológicas no impiden que existan puntos de convergencia. La investigación Mulheres em Diálogo, del Instituto Update, encontró un 94% de apoyo a la igualdad salarial entre hombres y mujeres en cargos equivalentes y un 85% de apoyo al aumento de la presencia femenina en la política brasileña. La misma investigación muestra divergencias importantes entre mujeres de distintas identidades políticas, religiosas y sociales.
Tal vez allí esté una de las preguntas que las elecciones brasileñas plantean para América Latina: cómo construir articulación política entre mujeres sin convertir su diversidad en una falsa unidad.
Esa pregunta ya viene siendo trabajada por organizaciones de distintos países. Conecta reúne iniciativas orientadas a la participación y la representación política de mujeres y otros grupos históricamente alejados de los espacios de decisión. En mayo de 2025, su primer encuentro regional, realizado en Recife, reunió a más de 120 iniciativas de 15 países de América Latina, el Caribe y África. De ese encuentro surgió el Manifiesto de Pernambuco, una declaración de principios y compromisos para la acción colectiva.
El manifiesto parte de una idea especialmente relevante para este momento: las diferencias de territorio, identidad y experiencia no tienen por qué impedir la construcción de espacios comunes de acción. El desafío no consiste en producir una agenda única para todas las mujeres, sino en crear condiciones para que experiencias distintas circulen, encuentren puntos de acercamiento y ganen fuerza política.
Las brasileñas llegan a las urnas con expectativas, conflictos y proyectos diversos. Muchas quieren transformar su propia vida; otras ya disputan directamente la conducción del país. Las elecciones de 2026 serán un capítulo más en la disputa por transformar la presencia electoral en autoridad política.
Pero esta conversación no tiene por qué terminar en las fronteras brasileñas. Las experiencias construidas en Brasil pueden encontrarse con otras en Colombia, México, Argentina, Chile y tantos otros territorios de la región. Seguridad, autonomía, cuidados, representación y participación política adquieren formas distintas en cada país, pero forman parte de una discusión compartida sobre quién tiene derecho a decidir.
Es esa conversación la que necesitamos ampliar: acercar redes, compartir estrategias y construir espacios en los que las mujeres latinoamericanas puedan definir juntas qué cuestiones pueden abordarse de manera regional, sin borrar sus diferencias. Si las mujeres ya son decisivas para elegir quién gobierna nuestros países, el próximo desafío es ampliar también su capacidad de decidir qué democracias queremos construir.
* Directora ejecutiva del Instituto Update.
