Triple lesbicidio de Barracas: condena a perpetua y un juicio que no estuvo a la altura de la militancia LGBTIQ+

El miércoles 18 de noviembre, Justo Fernando Barrientos fue condenado a prisión perpetua por el lesbicidio de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Por primera vez en Argentina, una sentencia reconoció el agravante de odio a la orientación sexual en el asesinato de víctimas lesbianas. Sin embargo, el Tribunal no otorgó medidas reparatorias para Sofía, única sobreviviente del ataque. El juicio dejó un sabor amargo en el colectivo LGBTIQ+ que impulsó y acompañó la causa.

Fotos: Catalina Distéfano.

“Hoy abrazate a tu lesbiana mas cercana”. La consigna circuló en redes sociales en la previa a la sentencia por el crimen contra Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, asesinadas en mayo de 2024. Horas después, y bajo una lluvia torrencial, cientos de personas se abrazaron para escuchar la condena a prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos, único acusado de haber prendido fuego la pieza en la que vivían. El crimen fue finalmente reconocido por el Tribunal como “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para causar un peligro al bien común”. El reconocimiento del odio a la orientación sexual es una victoria de la tarea militante —persistente y siempre alerta—  de los activismos LGBTIQ+ y, específicamente, de las lesbianas que dieron una pelea épica para que se reconozca que no se trata de un hecho aislado sino de una estructura de discriminación hacia las personas disidentes de la matriz heterosexual y reforzada a su vez por los discursos de odio promovidos por el engranaje libertario en nombre de la batalla cultural.

Durante 19 días de audiencias se intentó dar respuesta a lo que sucedió la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una habitación de 12 metros cuadrados de un hotel familiar en Barracas en donde hacían vida en común cuatro lesbianas. La sala donde está a punto de pronunciarse el veredicto también es diminuta, entran apenas 20 personas y las lentes de las cámaras de fotos apuntan a Fernando Barrientos, acusado de provocar un incendio en la habitación en donde vivían juntas Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, la única que sobrevivió al atentado.

Por fuera de la sala, el acompañamiento se despliega en los pasillos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 5 encabezado por Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, en los alrededores de Tribunales la convocatoria que se sostuvo durante todas las audiencias fue motorizada por la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más. En la sala, las personas presentes levantan carteles que dicen “fue lesbicidio” y los nombres de las tres lesbianas: Pamela, Roxana y Andrea. Sofía no está en la sala, es la única sobreviviente y el Tribunal le negó las medidas reparatorias que había pedido su abogada.

Castigo no es reparación

Luciana Sanchez, representante de la querella de Sofía sale del edificio de Tribunales en donde el festejo se puede leer entre lágrimas que son una mezcla del dolor y las dificultades que tiene la justicia para ser reparatoria.  El grito de “reparación” se contagia entre quienes están allí desde primeras horas de la mañana: “Lamentamos muchísimo que no hayan dado las reparaciones tanto para Sofía como para el colectivo, entendemos que el Tribunal se apegó a una interpretación clásica del proceso penal en donde se exige que las víctimas hagan otros juicios para los procesos reparatorios”, explica Luciana Sánchez  a minutos de escuchar la sentencia y agrega:  “Para nosotras la condena no es reparación, entendemos que tiene que haber una condena que sea proporcional al daño causado pero sin reparación tanto para Sofía como para el resto del colectivo, nos deja con un gusto a poco”, argumenta la abogada a LATFEM.

Los fundamentos serán leídos por el tribunal el próximo 19 de febrero en donde se espera que esté expresada la figura de lesbicidio, una cuestión clave que atravesó todo el proceso y que reconoce que el elemento distintivo es la discriminación estructural que sufre el colectivo, en este caso con el impacto diferenciado por tratarse de lesbianas. 

La discusión pública que instaló el triple lesbicidio es el vínculo que existe entre los discursos oficiales contra la comunidad LGTBIQ+ y el accionar concreto de desarticular políticas públicas que garantizan derechos para mujeres, lesbianas, travestis y trans. Esta conexión está respaldada desde 2023 por un gobierno que eligió reforzar los discursos de odio hacia las personas LGTBIQ+ y feministas. Por eso, desde la querella de Sofía Riglos y Andrea Amarante, se nombra este crimen como lesbicidio porque permite ver lo que el enfoque individual esconde. No se trata de un hecho aislado sino en una construcción estructural: “Hay una complicidad social y en este caso un accionar estatal que habilitan esta violencia”, dijo en su alegato Sánchez y trazó un hilo conductor directo entre el ataque en el hotel, el de los ciclistas de Palermo que atacaron al colectivo travesti trans y los dichos de personajes como Manuel Adorni, Javier Milei o Agustín Laje, son parte de este conglomerado de narrativas que van directamente a provocar agresiones contra la población LGTBIQ+. La conclusión de Sánchez es bien precisa: “Es el Estado, desde sus políticas, el que no solo tolera la violencia sino que la incita, y esto debería ser tomado muy seriamente”.

Sucias, feas y malas

Según la reconstrucción que pudo hacerse de sus vidas —no solo con aportes de las acusaciones sino también de las organizaciones y activistas que acompañaron la visibilización de este proceso durante dos años y medio—, Pamela y Roxana eran pareja desde hacía por lo menos seis años y vivían en el hotel de Olavarría 1621 desde 2022. Andrea y Sofía se habían conocido en 2022, a fines de 2023 llegaron desde Neuquén donde habían vivido en situación de calle. En los paradores no las dejaban estar juntas desconociendo su vínculo y muchas veces le daban un subsidio a una y a otra no. En Buenos Aires conocieron a Pamela y Roxana y se fueron a vivir a la pieza 14: “No estaban de visita”, subrayó Sánchez: estaban “haciendo familia”. En las fotos de lo que quedó de la habitación pueden verse la pava, el mate, la tele, la mesita donde comían: “Los rastros de esa vida lesbiana que fue brutalmente interrumpida“, dijo la abogada en el alegato.

Para ese entonces, Barrientos vivía en el mismo piso en la pieza 12, los alegatos acusatorios repusieron un hostigamiento cotidiano que da cuenta de la centralidad que tiene el hecho de que el cuarto de hotel estuviera habitado por 4 lesbianas. Leonardo Araujo es un vecino que declaró que escuchó a Barrientos decir que eran “unas tortilleras asquerosas” a las que “no las podía ni ver”. Algo similar sucedió con el testimonio de Ernesto Pardo, otro vecino que contó que Barrientos le había dicho que eran “medio raras” y que no las veía “como mujeres”. Para la querella de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) esa mirada sobre mujeres que “no cumplían con el estereotipo” es lo que “fue construyendo en él el odio”.

Buena parte del alegato de Sánchez fue dedicado a desarmar los estereotipos que circularon en el juicio en relación a las lesbianas, empezando por la versión de Barrientos que dio a entender que las víctimas se pelearon y se prendieron fuego entre ellas:  “Se trata de uno de los prejuicios más dañinos para las lesbianas”,  la idea de que “solo las relaciones heterosexuales son normales y sanas” y que las relaciones lesbianas “son siempre violentas y tóxicas”. En su declaración Barrientos dijo que “tenían problemas con los hombres” y que una se puso celosa porque él les regalaba fruta. Para Sánchez se trata de otro estereotipo clásico: el de las lesbianas que “odian a los varones”.

Durante la última audiencia cuando el Tribunal le dio la palabra, Barrientos afirmó “que se sentía inocente”. Durante los alegatos tanto de la fiscalía, encabezada por Juan Manuel Fernández Buzzi como las de las otras dos querellas repusieron la declaración de Barrientos en la él afirmó que las mujeres estaban discutiendo y que fue a la puerta de la pieza que estaba abierta a pedirles que dejaran de discutir. Ahí vio “algo que volaba”, sintió “un roce”, vio fuego, quiso agarrar un balde para ayudar y “perdió la cabeza”. Después de eso dice que no recuerda nada más.

Para las acusaciones el relato de Barrientos se cae por varios lados. Ningún vecino escuchó una discusión esa noche y nadie lo vio con un balde ni ayudando, a su vez dos testigos lo vieron golpear al menos a una de las mujeres. Además, respondieron  el último planteo de la defensa que pidió declarar inconstitucional el artículo 14 del Código Penal porque impide acceder a la libertad condicional en estos delitos. La fiscalía y las tres querellas acompañaron el fondo de ese pedido: una condena a perpetua no puede ser de por vida. Para Sánchez, con un acusado de 70 años, ese planteo es “abstracto”: esperar 35 años para pedir la libertad anticipada significaría salir a los 105, así que la pena seguiría siendo perpetua de hecho. Por eso propuso que, si se busca evitarle un trato cruel, cumpla la condena en prisión domiciliaria. “Adherimos a que el señor Barrientos no sea sometido a ningún trato cruel, inhumano y degradante, a que tenga la posibilidad de resocializar, una oportunidad que las víctimas no van a tener”, dijo.

El ataque

La madrugada del 6 de mayo sorprendió a las cuatro dentro de la pieza, según la reconstrucción de la acusación, Barrientos les arrojó un líquido combustible encendido. El fuego empezó en uno de los colchones y se extendió a toda la habitación, la pericia química encontró hidrocarburos en las prendas de dos de las víctimas por contacto directo con el líquido.  Lo que siguió fue, para las acusaciones, la prueba más cruda:  Vanessa Becchio vio a Barrientos salir corriendo de su pieza hacia donde estaban las chicas, “como ido”. Leonardo Araujo vio cómo tomaba por la espalda a una de las mujeres, que ya se estaba quemando, la tiraba al piso y le pegaba puñetazos en la cabeza. Julio Silvero lo vio pegarle a otra frente a la puerta de la pieza. “No quiso solamente que murieran, quiso que murieran agonizando”, dijo el fiscal.

Pamela murió ese mismo 6 de mayo, con el 90% del cuerpo quemado; Roxana, el 8 de mayo, también con el mismo porcentaje; Andrea, unos días más tarde, el 12, con el 75%, en el Hospital Penna, duele saber que ella además, era una sobreviviente de Cromañón. Los forenses dijeron que “tragaron fuego” y que Sofía sobrevivió con quemaduras en la cara y las manos. Las querellas creen que protegieron los cuerpos de sus compañeras, sobre todo el de Andrea.

Frente a Tribunales sus fotos en papel resisten la lluvia, permanecen ahí como un conjuro contra la crueldad. Las tres eran lesbianas pobres y eso se tradujo en una investigación defectuosa.

Una investigación con falencias y nombrar “lesbicidio”

El juicio no sólo reconstruyó el ataque sino que también mostró cómo se investigó el asesinato de tres lesbianas pobres echándo luz sobre las falencias en la etapa de instrucción a cargo del juez Edmundo Rabbione.

“Todos los peritos que declararon en juicio se quejaron”, resumió Sánchez en su alegato, la escena no se preservó y se entregó pocas horas después, la ropa de Barrientos no fue secuestrada ni le hisparon las manos en busca de combustible, el juez de instrucción negó el allanamiento de la habitación de Barrientos que había sido pedido por el jefe de la división Homicidios de la Policía Federal y nunca se convocó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

El 30 de mayo de 2024, Rabbione procesó a Barrientos por triple homicidio agravado por alevosía y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso con lesiones graves, sin mencionar el género ni la orientación sexual de las víctimas ni mucho menos el contexto de discriminación. Tampoco reconocía a Sofía como pareja de Andrea: recién el 17 de diciembre de 2024 la justicia la aceptó como querellante también en nombre de ella.

El 27 de marzo de 2025, Rabbione cerró la instrucción sin volver a indagar a Barrientos, tanto la fiscalía como las querellas lo impugnaron. El 15 de mayo de 2025, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le ordenó ampliar la indagatoria y considerar el odio a la orientación sexual de las víctimas. Doce días después, Barrientos fue indagado de nuevo, ahora por haber actuado “en un contexto previo de violencia y discriminación por motivos de género y por la orientación sexual de las damnificadas”. El 17 de julio de 2025, la causa llegó a juicio con dos agravantes: violencia de género y odio a la orientación sexual.

“La investigación fue abordada por un juez directamente negacionista, a quien la Cámara tuvo que ordenar investigar con perspectiva de género y enfoque de diversidad”, resume Sánchez. La FALGBT, por su parte, tuvo que llegar hasta la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en diciembre de 2024, para ser admitida como querella: en instrucción le decían que no tenía un interés legítimo.

La estrategia de invisibilizar que se había tratado de un crimen contra personas LGTBIQ+ y que eso tenía una especificidad que había que atender también vino desde el gobierno nacional: el 13 de mayo de 2024, consultado en Casa Rosada, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni envió condolencias pero dijo que le parecía “injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo”. Según recordó Sánchez en su alegato, también se burló de la palabra “lesbicidio” porque no estaba en la Real Academia Española.

El Tribunal también rechazó durante el juicio los testimonios de Marta Dillon, Adriana Carrasco y Alejandra Rodriguez -con amplia trayectoria en cuestiones de la diversidad sexual- ofrecidos por la querella de Sofía Castro Riglos que buscaban aportar información sobre el contexto de violencia hacia personas LGBTIQ. Según el último informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ se registraron 227 casos de crímenes en 2025 frente a los 140 contabilizados en 2024, lo que representa una suba del 62%. En promedio hay un crimen de odio cada 38 horas.

Por qué lesbicidio y no crimen de odio

Las cuatro acusaciones pidieron condenar a Barrientos con el agravante del artículo 80, inciso 4 del Código Penal: homicidio cometido por odio a la orientación sexual. Pero para la querella de Sofía y Andrea, la palabra “odio” no alcanza y lo que pidió es que se nombre como lesbicidio: “Crimen de odio es una expresión que pretende castigar la discriminación como una intención individual, una animadversión, un sentimiento, de un modo formal neutral”, explica Luciana Sánchez. “Por eso, en el esquema de crimen de odio, es posible decir que una persona heterosexual puede ser víctima de un crimen de odio. Cuando hablamos de lesbicidio o travesticidio, queda claro el alcance del término y el objeto de la agravante”, explica a LATFEM y agrega:  “El lesbicidio reconoce que el elemento distintivo es la discriminación estructural que sufre el colectivo, en este caso con el impacto diferenciado por tratarse de lesbianas. Se condice con los criterios jurídicos que sostuvieron la reforma de 2012, que incorporó el femicidio y la violencia hacia las personas LGBTIQ+ como agravantes”.

Más allá de la perpetua: la reparación

Para un homicidio agravado el Código Penal prevé una sola pena que es la prisión perpetua, desde el Colectivo Yo No Fui se hacen una pregunta clave en relación a esto: “¿Qué sucedió para que 4 compañeras lesbianas terminaran viviendo en la calle y que eso las deje desamparadas en un hotel recibiendo violencia por ser lesbianas? ¿Cómo llegaron esas lesbianas a vivir en la calle? ¿Qué pasó que no conocían las redes de nuestras comunidades?”. Las respuestas tienen que ver con lo que justamente se pidió desde la querella de Sofía en términos de reparación: que la condena incluya un conjunto de medidas para Sofía y para la comunidad. Para Sofía reclamó tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito y por el tiempo que haga falta, en un momento en que el Hospital Bonaparte, donde se atiende, está “bajo constante ajuste”. También pidió una pensión de por vida equivalente a la de viudez, una indemnización a cargo de Barrientos y una compensación a cargo del propio sistema de justicia, que entregó las pertenencias de ella y de Andrea a alguien que las tiró cuando todavía estaban vivas. Como medidas simbólicas, reclamó que la sentencia se publique con el nombre de lesbicidio, que el vocero presidencial la lea en conferencia de prensa “del mismo modo que hizo para descalificar a las víctimas” y que se evalúe expropiar el hotel de Olavarría 1621 para convertirlo en un espacio de memoria. Para que no se repita, pidió protocolos forenses con perspectiva de género, una unidad fiscal especializada, un registro oficial de la violencia contra personas LGBTIQ+ y capacitaciones obligatorias con el nombre de las cuatro víctimas. 

“La condena individualiza el problema. La reparación necesita que colectivicemos y volvamos a una pregunta por el común”, dicen desde Yo No Fui que además acompañaron a Sofía en gran parte de este proceso:  El 11 de diciembre de 2024, el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N.° 23 de la Ciudad le concedió a Sofía un amparo habitacional. Ordenó al gobierno porteño incluirla en un programa de vivienda y tuvo en cuenta la discriminación histórica y estructural hacia las personas LGBTI+ y su relación con la vulnerabilidad habitacional. Desde el colectivo reconocen ese fallo como “modelo” y agregan: “Pensar en términos de reparación necesariamente tiene que exceder los límites de la justicia penal. La participación de las organizaciones sociales y de la comunidad en general es muy importante a la hora de reparar porque implica un montón de dimensiones de la vida cotidiana en las que el castigo o una condena no aportan en nada. Desde la organización colectiva, hablamos de segundeo afectivo, de redes de apoyo, de acompañamientos diversos que van desde la tramitación de un amparo habitacional hasta la disponibilidad para la escucha, el compartir, crear una trama social y afectiva que la contenga. Reparar es imaginar un futuro, una vida que continúa, lazos sociales que componer, que construir. Nada de eso puede ofrecerlo esta justicia”, concluyen

En días como estos el abrazo tiene otra temperatura, la que produce no sentirse en soledad, aunque el dolor siga ahí y el hartazgo no cese: el de tener que seguir explicando que la heteronorma es parte del problema y que tampoco se puede normalizar tener que salir a pedir condenas porque cada vez hay más violencia contra las personas LGTBIQ+.