Hablar de elecciones, Parlamento y representación en el contexto israelí exige preguntarse cómo pueden coexistir las instituciones democráticas con la ocupación, el apartheid y el genocidio. La disputa por el gobierno puede cambiar la gestión del Estado y brindar un alivio concreto a quienes sufren su violencia. Sin embargo, mientras persistan las estructuras que sostienen la dominación colonial, la alternancia contribuye a renovar la legitimidad de ese orden. Desde una perspectiva palestina, esta tensión obliga a examinar qué está en juego en las urnas y qué queda fuera de debate.
El mapa electoral
El 27 de octubre, Israel elegirá a los 120 miembros de la Knesset, el órgano unicameral que representa al Poder Legislativo del país. La mayoría absoluta se sitúa en 61 escaños, y la formación del próximo gobierno dependerá tanto de la distribución de los votos como de las alianzas posteriores. La competencia se articula principalmente en torno al bloque encabezado por el Likud, el partido de Benjamín Netanyahu junto con sus aliados ultranacionalistas y religiosos, y una oposición que incluye a Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman y Yair Golan. A pesar de la aparente heterogeneidad de los contendientes, todos tienen en común el apoyo a la política de exterminio y expulsión de los palestinos, así como la continuidad de los ataques contra Líbano e Irán.
Ra’am y la Lista Conjunta —integrada por Hadash, Ta’al y Balad—, las principales listas de representación de la ciudadanía palestina de Israel, ocupan una posición potencialmente decisiva y, a la vez, restringida: sus escaños pueden resultar necesarios para construir una mayoría alternativa, aunque buena parte de la oposición rechaza formar un gobierno que dependa de su apoyo.
La disputa sobre su participación revela los límites de esa competencia. El 23 de septiembre, el Comité Electoral Central aprobó excluir a ambas listas y a los candidatos Ofer Cassif y Sami Abu Shehadeh. El 2 de octubre, el Tribunal Supremo revocó las exclusiones de las listas y de Cassif. Abu Shehadeh, en cambio, retiró su candidatura después de que el tribunal señalara que una mayoría de sus integrantes se inclinaba por ratificar su inhabilitación. El episodio expone un precedente de la precariedad de una representación cuya legitimidad sigue siendo cuestionada, incluso cuando sus votos pueden definir la formación del próximo gobierno.
Las diferencias entre las principales fuerzas de la oposición sionista y Netanyahu no constituyen, por sí solas, una alternativa al sistema de ocupación y apartheid. Sus cuestionamientos se centran en la conducción política y militar, la responsabilidad por el fracaso de seguridad del 7 de octubre y el deterioro de la imagen internacional de Israel. La expectativa de un nuevo liderazgo se vincula así con la posibilidad de recomponer la legitimidad del Estado y modificar aspectos de su gestión, sin que ello implique reconocer la autodeterminación palestina ni desmantelar las estructuras de dominación.
La guetización de los palestinos del 48
La expresión “palestinos del 48” designa a quienes permanecieron en el territorio sobre el que se estableció Israel tras la Nakba – “la catástrofe”, cuando la población palestina fue despojada de su patria y convertida mayoritariamente en refugiada- y a sus descendientes. Poseen ciudadanía israelí, pero forman parte del pueblo palestino. Esa doble condición resulta indispensable para comprender su participación electoral: sus demandas de igualdad civil se inscriben en una pertenencia nacional cuya expresión el Estado restringe y criminaliza. A diferencia de los palestinos de Cisjordania y Gaza, pueden votar por los miembros de la Knesset. Sin embargo, la ciudadanía no elimina las desigualdades en el acceso a la tierra, la vivienda, los recursos públicos y la protección estatal, ni garantiza que sus representantes sean aceptados como interlocutores legítimos.
En este escenario se articulan dos estrategias electorales. El partido Ra’am, de orientación islamista y dirigido por Mansour Abbas, privilegia la negociación con el gobierno para obtener recursos y atender necesidades inmediatas, dejando en segundo plano las reivindicaciones nacionales palestinas. Por su parte, la Lista Conjunta reúne a Hadash, de tradición comunista y composición judío-árabe; Ta’al, encabezado por Ahmad Tibi; y Balad, de orientación nacional democrática palestina. Pese a sus diferencias, estas organizaciones vinculan más estrechamente la igualdad ciudadana con los derechos nacionales palestinos.
Desde octubre de 2023, los límites de la ciudadanía se han vuelto más visibles. En diálogo con LATFEM Shadi Rohana, profesor palestino de El Colegio de México, describe una intensificación del tratamiento del palestino como enemigo, incluso cuando posee ciudadanía israelí. Las expresiones de solidaridad con Gaza y las publicaciones en redes sociales pueden ser tratadas como amenazas a la seguridad. También relaciona el recurso a la detención administrativa con instrumentos de excepción utilizados durante el régimen militar que sometió a esta población entre 1948 y 1966.
El crimen organizado agrava esa vulnerabilidad. Rohana describe un proceso de guetización que combina la concentración de la población palestina en zonas urbanas, la pérdida del vínculo con la tierra y la expansión de redes criminales que someten a los comercios al pago de extorsiones. Denuncia la responsabilidad del Estado en esas dinámicas y sostiene que su papel va más allá de la mera falta de protección. En su interpretación, el miedo tiene consecuencias políticas concretas: “Esta vivencia del miedo impide la lucha política, impide la organización política; lo que se organiza es el crimen, no la lucha política”. A ello se suma la presión para emigrar sobre quienes cuentan con los recursos para hacerlo.
Estas dinámicas pueden entenderse a partir del concepto de “sociopoliticidio” acuñado por la socióloga palestina Areej Sabbagh-Khoury: la destrucción de los vínculos sociales y de la capacidad de una población para organizarse y actuar como sujeto político colectivo. En su análisis, la represión de la actividad política palestina contrasta con la tolerancia del Estado hacia la violencia criminal. Esa combinación de persecución y abandono selectivo fragmenta las comunidades desde dentro. No se trata de una descomposición espontánea, sino de un proceso vinculado a las políticas del colonialismo de asentamiento. Sabbagh-Khoury subraya, sin embargo, que ese proceso no es total ni irreversible: las redes palestinas de cuidado, solidaridad y organización comunitaria lo confrontan y resisten.
Desde esta perspectiva, reclamar seguridad implica también defender las condiciones de la organización comunitaria y de la acción política. Para esta población, lo que sucede en Gaza no constituye un acontecimiento externo: los vínculos familiares, la pertenencia nacional y la memoria del desplazamiento inscriben su destrucción en una historia compartida. Presenciar el genocidio desde el interior del Estado que lo ejecuta, mientras se restringen y castigan las expresiones de solidaridad con sus víctimas, expone las condiciones de una ciudadanía subordinada. La contradicción reside en un Estado que les reconoce el derecho al voto, pero persigue la expresión política de su pertenencia al pueblo palestino.
El genocidio como política de Estado
Analizar el genocidio como política de Estado exige identificar cómo se articulan el aparato militar, la administración y la sociedad que fomentan, ejecutan y respaldan la destrucción de la vida palestina. Reducirlo al ecosistema creado por Netanyahu o a las decisiones de algunos ministros invisibiliza las condiciones políticas, sociales y económicas que lo sostienen.
La militarización de la sociedad israelí forma parte de esa estructura. El ejército constituye una institución central de socialización e inserción profesional, y sus prácticas atraviesan la vida política y social. Como señala Jaldía Abubakra —fundadora del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama— en El Salto, la seguridad, la fuerza militar y la capacidad de golpear al enemigo se convierten, una y otra vez, en argumentos de legitimidad política. Los generales pasan del ejército a la política exhibiendo su experiencia militar como credencial para gobernar, mientras los candidatos compiten por presentarse como quienes pueden ejercer mayor fuerza contra los palestinos. Esa competencia expresa una expectativa electoral: la violencia ejercida o prometida puede traducirse en votos.
Desde el 7 de octubre de 2023, la persecución y el sometimiento se han intensificado contra distintos sectores de la población palestina. La destrucción de Gaza, el despojo en Cisjordania y la represión de los palestinos del 48 adoptan formas y escalas diferentes, pero deben examinarse dentro de un mismo orden colonial. Las divisiones territoriales y jurídicas fragmentan al pueblo palestino e imponen condiciones específicas de dominación, expulsión y destrucción de su vida colectiva.
Las cárceles forman parte de esa misma estructura de violencia y exterminio. Los testimonios recogidos por abogados palestinos describen prácticas sistemáticas de tortura, hambre deliberada, violencia sexual y privación de atención médica. La participación de militares y agentes penitenciarios, junto con la circulación de registros de abusos en redes sociales y chats grupales, expone complicidades que van más allá de sus ejecutores inmediatos. El sometimiento de los presos —entre los que se encuentran cientos de ciudadanos libaneses y sirios— se convierte también en una exhibición de poder sobre la vida palestina y árabe.
El bombardeo de los territorios y la tortura bajo custodia son prácticas distintas, pero su articulación evidencia la amplitud de los recursos empleados contra una población que se busca aniquilar. Desde esta perspectiva se comprende el escepticismo palestino respecto del resultado de las elecciones. Lora Abu Aita, militante feminista de Belén, cuestiona incluso la participación: “Participar en las elecciones de la Knesset es básicamente darle legitimidad a la ocupación israelí”. Su desconfianza se proyecta también hacia el futuro: “La gente no espera nada, porque sabemos perfectamente que lo que viene seguro que va a ser peor”.
El reemplazo de Netanyahu puede producir alivios concretos, vitales para quienes sufren sus políticas. Pero esos alivios no equivalen al desmantelamiento del orden que habilita el genocidio. Una nueva conducción también puede recomponer la imagen internacional de Israel y renovar sus apoyos sin transformar las condiciones que hacen posible la dominación sobre el pueblo palestino.
Si algo ha quedado claro en estos últimos tres años, es que el sostenimiento del proyecto sionista y del orden colonial que impone compromete a gobiernos e instituciones mucho más allá de Palestina. La resistencia a ese orden interpela, por lo tanto, a quienes defienden la libertad, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos en cualquier lugar del mundo.
