Foto de portada: ONU Mujeres.
Aliya –el seudónimo que eligió para aparecer en esta nota– llegó a Estados Unidos buscando asilo. Hoy tiene 26 años. Había huido de Somalia, su país de origen, después de sufrir distintas formas de persecución y violencia de género, incluida una mutilación genital a la que fue sometida en su adolescencia temprana. Pero la justicia no llegó a escuchar sus razones.
“Cuando era niña, me dijeron que no valía nada, que no era nadie. Más tarde, cuando intenté encontrar seguridad, el juez de inmigración ni siquiera me miró. No me preguntó mi nombre, no me dio la oportunidad de hablar de mi caso. Me hizo sentir nuevamente que ni siquiera era una persona”, cuenta desde el centro de detención donde permanece desde hace casi dos años.
La mutilación genital ocupa un lugar central en su pedido de asilo. Lo que aparece en el expediente como uno de los fundamentos para solicitar protección remite a una experiencia que Aliya recuerda con detalle. Tenía 13 años y vivía con la segunda esposa de su padre, quien la obligó a someterse a la práctica. “Me cortaron y me quemaron. Si me resistía, volvían a cortarme para que parara”, relata.
Los abusos continuaron a lo largo de su vida. A los 20 años quisieron casarla contra su voluntad con un hombre de 65. Su resistencia derivó en nuevos golpes, privación de comida y un secuestro del que consiguió escapar. Dejó su país, pero quienes la perseguían fueron tras ella a otros lugares de África. Allí formó una pareja y tuvo un hijo. Cuando las amenazas alcanzaron también al hombre, él se marchó con el niño y Aliya volvió a quedar sola.
Buscó entonces protección fuera del continente: voló a Sudamérica y siguió por tierra hacia el norte. En México fue secuestrada otra vez y, cuando finalmente pudo pedir asilo, quedó detenida. Eran fines de 2024. En octubre de 2026 continúa privada de su libertad.
Peter Habib, uno de sus abogados en el Center for Gender & Refugee Studies, considera que el pedido de asilo de Aliya reúne argumentos contundentes. “Es un caso evidente”, subraya. Sin embargo, nunca llegó a discutirse el fondo de la solicitud.
El trámite avanzó, además, en un momento de endurecimiento del asilo. Habib menciona distintas medidas impulsadas durante la segunda administración de Donald Trump que afectaron especialmente las solicitudes basadas en razones de género. Algunas buscaron limitar el reconocimiento de las mujeres como grupo social protegido y cerraron vías para los pedidos relacionados con violencia doméstica.
En este marco, la mutilación genital permaneció entre los posibles fundamentos para conceder asilo. Sin embargo, el recorrido de Aliya muestra un límite. Su caso quedó atrapado en un mecanismo que permitió cerrarlo antes de evaluar las razones por las que pedía protección.
Durante este período, su salud física se deterioró. Las secuelas que le dejó la mutilación –dolor intenso, infecciones urinarias frecuentes y dificultades durante la menstruación– persisten, y Aliya no está recibiendo la atención especializada que necesita.
La detención también condicionó esta entrevista. Como la joven no podía comunicarse directamente con LatFem, sus representantes le hicieron las preguntas durante una llamada legal. La conversación fue transcripta y el equipo retiró luego los datos que podían identificarla o afectar el litigio.
Probar las marcas del dolor
Casi treinta años antes de que Aliya arribara a Estados Unidos, la mutilación genital ya había llegado a la máxima instancia administrativa del sistema migratorio del país. En 1996, la Junta de Apelaciones de Inmigración concedió protección a Fauziya Kasinga, una joven que había huido de Togo, precisamente, para evitarla. Aquel fallo estableció que la mutilación genital podía servir de fundamento para una solicitud de asilo.
Una de las abogadas de Kasinga fue Karen Musalo, hoy directora fundadora del Center for Gender & Refugee Studies de la Universidad de California. Musalo distingue entre quienes huyen ante el riesgo de ser sometidas a una mutilación, quienes ya la sufrieron y temen otras persecuciones y las madres que intentan impedir que sus hijas pasen por lo mismo. Esa diferencia modifica también las pruebas necesarias. Un informe forense puede documentar las consecuencias físicas de una mutilación ya ocurrida. Cuando el peligro está por delante, pesan la situación del país de origen y el riesgo particular de la solicitante.
Para reunir esas pruebas muchas veces hace falta, primero, encontrar quién lleve el caso. En Estados Unidos, una persona puede tener representación en un proceso migratorio, pero el Estado no le proporciona un abogado. “La demanda de sus servicios es mucho mayor que la capacidad para prestarlos”, explica Musalo sobre las organizaciones que ofrecen asistencia gratuita.
Una defensa privada, según la abogada, puede costar miles de dólares. Una evaluación médica, si no se encuentra un profesional que la haga pro bono (sin cargo), puede superar los mil. Desde un centro de detención, conseguir cualquiera de las dos cosas es todavía más difícil. “Estos casos son difíciles incluso con representación. Sin ella, se vuelven casi imposibles”, sintetiza.
Del consultorio al expediente
Patricia Close reserva tres horas para cada evaluación. Lee la declaración de la solicitante y coordina una intérprete si hace falta. Es obstetra y ginecóloga, y hace 24 años realiza peritajes médicos de manera voluntaria para personas que buscan asilo en Estados Unidos.
Empieza sus sesiones por preguntas cotidianas y, poco a poco, retrocede hasta la infancia y reconstruye con cada mujer el camino que la llevó hasta Estados Unidos. “Tengo los pañuelos preparados, porque hablar de esto es muy doloroso”, remarca Close.
También deja claro que la paciente conserva el control de la consulta. “No es que entren por la puerta y se desvistan”, aclara. “Pueden detenerme en cualquier momento. Podemos hacer una pausa, tomar un vaso de agua, caminar”.
Recién entonces busca cicatrices y otras huellas físicas que puedan respaldar el relato presentado ante el sistema migratorio. El último affidavit –la declaración jurada preparada para el expediente– fue el de una mujer de Guinea. Según su relato, había sufrido una mutilación durante la infancia, una hija de seis años murió años después tras ser sometida a la práctica y ella se opuso cuando otra hija quedó expuesta al mismo riesgo. La doctora constató que esta última no había sido mutilada y lo incorporó al informe.
Kim Baranowski, psicóloga clínica del Human Rights Program de Mount Sinai, realiza evaluaciones psicológicas forenses para solicitantes de asilo. En un procedimiento donde la credibilidad puede depender de la posibilidad de reconstruir lo ocurrido, el trauma puede dificultar esa tarea. “Para alguien que atravesó un trauma puede ser extremadamente difícil construir un relato claro, consistente y detallado”, plantea.
“Hace falta tiempo. Hace falta confianza. Necesitan estar en un espacio donde se sientan psicológicamente seguras”, sostiene Jo Keogh, terapeuta especializada en violencia de género que trabaja con solicitantes de asilo y sobrevivientes de mutilación genital. El procedimiento migratorio, advierte, puede sumar lo que denomina “trauma del proceso legal” cuando exige revelar experiencias íntimas sin que estén dadas esas condiciones.
Antes de escuchar sus razones
“Después de pasar meses detenida, Dios me mandó a mis abogados”, expresa Aliya. Durante su primer año detenida tuvo varias audiencias preliminares ante el tribunal migratorio. En ninguna contó con interpretación en el idioma que necesitaba y tres debieron postergarse por ese motivo, según confirmó su equipo legal. Cuando consiguió abogados, pudieron intervenir por ella. En la audiencia individual, solo llegó a pronunciar una palabra: “Somalí”.
Para esa audiencia, celebrada el 4 de septiembre de 2025, sus abogados y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían coordinado una evaluación médica para documentar la mutilación genital y otras persecuciones que había sufrido, según el escrito presentado por su defensa ante la Junta de Apelaciones.
ICE no la llevó a la cita por un problema logístico. Sus abogados solicitaron una breve prórroga y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no se opuso. El juez decidió entonces aplicar una pretermission, un mecanismo que permite terminar el proceso antes de discutir el fondo.
Un destino incierto y que no eligió
“No tuvo la oportunidad de presentar su solicitud de asilo, declarar sobre la mutilación genital ni sobre las muchas otras cosas que sufrió, ni de presentar evidencia”, detalla el abogado de Aliya. El juez decidió que podía pedir protección en otro país y ordenó que fuera enviada a Honduras o a Uganda.
La decisión se apoyó en acuerdos que permiten a Estados Unidos trasladar a determinados solicitantes de asilo para que busquen protección fuera del país. El plan de implementación del acuerdo firmado con Honduras en marzo de 2025 estaba dirigido a ciudadanos de países latinoamericanos hispanohablantes que podían ingresar allí sin visa. La joven proviene de un país de África oriental. Su defensa cuestionó además la alternativa de Uganda porque no se había evaluado qué riesgos podía enfrentar allí.
Según el escrito de la defensa, el Departamento de Seguridad Nacional –que interviene en estos procesos y puede plantear el traslado– no había solicitado esa medida. Cuando el expediente llegó a la Junta de Apelaciones de Inmigración, el propio gobierno sostuvo que el juez no tenía autoridad para tomar esa decisión por su cuenta y que tampoco pretendía recurrir a esos acuerdos para trasladarla.
La aplicación de estos acuerdos tuvo un alcance mucho mayor. Entre agosto de 2025 y junio de 2026, jueces de inmigración cerraron anticipadamente 30.679 casos vinculados con el envío de solicitantes de asilo a otros países, según un análisis de Human Rights First con datos de Mobile Pathways.
En el caso de Aliya, sus abogados pidieron que el expediente regresara al tribunal para que pudiera presentar su pedido de asilo y otras formas de protección. La apelación lleva más de un año pendiente y preparan además una petición de habeas corpus para intentar conseguir su liberación.
Cuando las pacientes deben enseñar
Mariya Taher experimentó en primera persona la mutilación genital femenina. Se convirtió en activista, investigadora y directora ejecutiva de Sahiyo, una organización liderada por sobrevivientes que trabaja en prevención, educación y acompañamiento.
“He escuchado muchas veces a sobrevivientes contar que hacen preguntas o hablan con profesionales de la salud y terminan siendo ellas quienes educan a sus médicos, en lugar de que sus médicos puedan ayudarlas”. Entre las consecuencias de largo plazo que otras sobrevivientes le describen, Taher menciona depresión, estrés postraumático y dificultades relacionadas con la intimidad y la confianza.
La falta de preparación puede tener otras consecuencias dentro del consultorio. Varias sobrevivientes le contaron a Caitlin LeMay que un profesional salió de la habitación durante una consulta y regresó acompañado por estudiantes para que observaran a la paciente sin haberle pedido permiso. “Siguen teniendo derecho a la autonomía sobre su cuerpo, a la confidencialidad y a la privacidad”, puntualiza LeMay, directora ejecutiva de U.S. End FGM/C Network.
En los consultorios donde trabaja Deborah Ottenheimer, en Harlem y el South Bronx, la mayoría de las pacientes con antecedentes de mutilación genital llega por otra cosa. “Vienen a un control habitual y sus principales preocupaciones en ese momento son la vivienda, la comida y la inmigración”, describe la doctora.
Entre las pocas que sí consultan por la mutilación, los motivos incluyen dolor, vaginitis crónica y dificultades durante las relaciones sexuales. Quienes buscan atención específicamente por la mutilación genital femenina, señala, suelen tener estatus migratorio y una vivienda estable.
Un estudio publicado en 2026 en Reproductive Health reunió a 1.132 mujeres de entre 18 y 49 años, nacidas o cuyas madres habían nacido en países donde se practica la mutilación genital, en cuatro áreas metropolitanas de Estados Unidos. El 55% declaró haber atravesado una mutilación. La muestra no es representativa de todo el país. Entre quienes habían sido sometidas a la práctica, apenas el 31% había hablado alguna vez del tema con un profesional de la salud.
Lo que no se registra
Saber cuántas mujeres y niñas viven con esas consecuencias en Estados Unidos sigue siendo difícil. AHA Foundation, una organización que trabaja contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género, recurrió a la American Community Survey de 2015 a 2019 (una encuesta censal realizada por la Oficina del Censo de Estados Unidos) para calcular su alcance.
Nueva York aparece entre los estados con las cifras más altas. Entre las mujeres y niñas con vínculos familiares con países donde se realiza esta práctica, el estudio calculó que, en 2019, el 28% había atravesado una mutilación genital o estaba en riesgo de sufrirla. Unas 31.500 mujeres y niñas vivirían con una mutilación genital y alrededor de 2.100 niñas estarían en riesgo.
Sean Callaghan, consultor senior de investigación de AHA Foundation y autor del estudio, advierte que son proyecciones y no casos registrados. Aun así, sostiene que sirven para orientar recursos. “Necesitamos muchas más políticas orientadas a la prevención, a la prestación de servicios y al trabajo con las comunidades”.
Los registros públicos no permiten dimensionar con precisión el fenómeno. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York confirmó a LatFem que no recopila datos específicos sobre mutilación genital femenina o corte. En la ciudad, un comité asesor informó en 2025 que no había encontrado encuestas comunitarias ni una entidad con información suficiente para determinar cuántas mujeres y niñas están afectadas. De tres agencias y oficinas municipales que reunían datos incidentales, sólo una incluía una pregunta específica sobre la práctica.
A nivel federal también se constatan estas falencias. No se mantienen datos sobre solicitudes o decisiones de asilo desagregados según sus fundamentos, incluida la mutilación genital. “USCIS revisa las solicitudes de asilo individualmente y considera cada caso según la ley y los hechos presentados”, sostuvo su vocero, Zach Kahler.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que administra los tribunales migratorios del país, tampoco permite reconstruir esa información. Ante la consulta de este medio, se informó que la base de datos de esos tribunales no registra los fundamentos de las solicitudes de asilo. Por eso no es posible saber cuántas involucran mutilación genital.
Aliya es una de esas solicitantes que las estadísticas migratorias no permiten identificar. Sigue dentro del centro de detención y trabaja por un dólar al día. “Hay muchas cosas en las que intento no pensar. Por eso trato de mantenerme ocupada”, cuenta.
También acompaña a otras mujeres detenidas. A las que son madres intenta darles ánimo para que “vivan por sus hijos y luchen por sus hijos”. Cuando salga, quiere estudiar. Nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Dice que, en el futuro, quiere “ayudar a otras personas que pasaron por algo parecido”.
No pierde la esperanza. “Las cosas van a cambiar, no siempre va a ser así”, augura.
