Ilustraciones: Seelvana.
Aliya —el seudónimo que eligió para aparecer en esta nota— llegó a Estados Unidos buscando
asilo. Hoy tiene 26 años. Había huido de Somalia, su lugar de origen, después de sufrir distintas
formas de persecución y violencia de género, incluida una mutilación genital practicada
durante su adolescencia temprana. Pero la justicia no quiso escucharla.
“Cuando era niña, me dijeron que no valía nada, que no era nadie. Más tarde, cuando intenté
encontrar seguridad, el juez de inmigración ni siquiera me miró. No me preguntó mi nombre,
no me dio la oportunidad de hablar de mi caso. Me hizo sentir nuevamente que ni siquiera era
una persona”, cuenta desde el centro de detención donde permanece desde hace casi dos
años.
La mutilación genital, una realidad que escapa al ojo público pero afecta a centenares de miles
y mujeres en ese país, ocupa un lugar central en su solicitud de asilo. Y detrás de ese
fundamento jurídico, hay una experiencia que Aliya recuerda con detalle.
Tenía 13 años y vivía con la segunda esposa de su padre, quien la obligó a pasar por esa
práctica. “Me cortaron y me quemaron. Si me resistía, volvían a cortarme para que parara. Después me ataron las piernas por los tobillos y las sujetaron hacia atrás. No podía caminar ni
ir al baño”, relata.
Los abusos continuaron a lo largo de su vida. A los 20 años quisieron casarla contra su voluntad
con un hombre de 65. Su resistencia derivó en nuevos golpes, privación de comida y un
secuestro. Consiguió escapar, pero quienes la hostigaban fueron tras ella a otros lugares de
África. Allí formó una pareja y tuvo un hijo. Cuando las amenazas alcanzaron también al
hombre, él se marchó con el niño y Aliya volvió a quedar sola.
Buscó entonces protección fuera del continente: voló a Sudamérica y siguió por tierra hacia el
norte. En México fue secuestrada otra vez y, cuando finalmente pudo pedir asilo, quedó
detenida. Eran fines de 2024. En octubre de 2026 continúa privada de su libertad.
Peter Habib, uno de sus abogados en el Center for Gender & Refugee Studies, considera que el
pedido de asilo de Aliya reúne argumentos contundentes. “Es un caso evidente”, subraya. Sin
embargo, nunca llegó a ser evaluado. El trámite avanzó durante la segunda administración de
Donald Trump, marcada por políticas migratorias más restrictivas y retrocesos en los derechos
sexuales y reproductivos.
Habib señala que varias medidas afectaron especialmente los pedidos de asilo basados en
cuestiones de género, mediante restricciones al reconocimiento de las mujeres como grupo
social protegido y a las vías de asilo por violencia doméstica. La mutilación genital, por el
momento, permanece entre los posibles fundamentos de una concesión de asilo. Sin embargo,
el recorrido de Aliya muestra un límite: su caso quedó atrapado en un mecanismo que
permitió cerrarlo antes de evaluar las razones por las que pedía protección.
Mientras tanto, su salud física se deterioró. Las secuelas que le dejó la mutilación —dolor
intenso, infecciones urinarias frecuentes y dificultades durante la menstruación— persisten, y la
joven no está recibiendo la atención especializada que necesita.
La detención condicionó, además, esta entrevista. Como la joven no puede comunicarse
directamente, sus representantes le hicieron las preguntas y grabaron la conversación. Aliya
no dudó en contar su experiencia. “Quiero hablar de lo que atravesé, porque sé que puedo
ayudar a otras personas que están pasando por algo parecido”, expresó.
Probar las marcas del dolor
Según un estudio de AHA Foundation publicado en 2023, basado en datos censales oficiales de
2015 a 2019, unas 421.000 mujeres y niñas residentes en Estados Unidos habían sufrido una
mutilación genital o estaban en riesgo de sufrirla. De las aproximadamente 31.000 niñas
expuestas a esa amenaza, el 58% había nacido en el país.
La gran mayoría son víctimas de esta práctica durante viajes a sus territorios de origen (el
llamado “vacation cutting” o “corte vacacional”, de acuerdo con la traducción literal del
término utilizado entre especialistas). El fenómeno afecta principalmente a comunidades
provenientes de países africanos y asiáticos, como Somalia, Egipto, Etiopía, Sudán, Nigeria,
Indonesia y Malasia.
Pese a su escasa visibilidad, la mutilación genital también tiene una larga historia en los
tribunales migratorios estadounidenses. En 1996, la Junta de Apelaciones de Inmigración
concedió asilo a Fauziya Kasinga, una joven que había huido de Togo para evitarla. El fallo
estableció que esta forma de violencia podía constituir un motivo reconocido para solicitar
asilo.
Una de las abogadas de Kasinga fue Karen Musalo, hoy directora fundadora del Center for
Gender & Refugee Studies de la Universidad de California. Musalo distingue entre quienes
huyen ante la amenaza de una mutilación, quienes ya la padecieron y temen otras
persecuciones y las madres que intentan impedir que sus hijas pasen por lo mismo.
Esa diferencia modifica también las pruebas necesarias. Un informe forense puede
documentar las consecuencias físicas de una mutilación ya ocurrida. Cuando el peligro está por
delante, pesan la situación del lugar de origen y las circunstancias particulares de la solicitante.
Reunir esas pruebas exige, muchas veces, encontrar primero quién lleve el caso. En Estados
Unidos, una persona puede tener representación en un proceso migratorio, pero el Estado no
le proporciona un abogado. “La demanda de sus servicios es mucho mayor que la capacidad
para prestarlos”, explica Musalo sobre las organizaciones que ofrecen asistencia gratuita.
Una defensa privada, según la abogada, puede costar miles de dólares. La evaluación médica,
si no se encuentra un profesional que la haga pro bono (sin cargo), puede superar los mil.
Desde un centro de detención, conseguir cualquiera de las dos cosas es todavía más difícil.
“Estos casos son difíciles incluso con representación. Sin ella, se vuelven casi imposibles”,
sintetiza.
Del consultorio al expediente
Patricia Close reserva tres horas para cada evaluación. Lee la declaración de la solicitante y
coordina una intérprete si hace falta. Es obstetra y ginecóloga, y hace 24 años realiza de
manera voluntaria peritajes médicos a solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Empieza sus sesiones por preguntas cotidianas y, poco a poco, retrocede hasta la infancia y
reconstruye con cada mujer el camino que la llevó hasta allí. “Tengo los pañuelos preparados,
porque hablar de esto es muy doloroso”, remarca la doctora.
También deja claro que la paciente conserva el control de la consulta. “No es que entren por la
puerta y se desvistan”, aclara. “Pueden detenerme en cualquier momento. Podemos hacer una
pausa, tomar un vaso de agua, caminar”.
Recién entonces busca cicatrices y otras huellas físicas que puedan respaldar lo declarado ante
el sistema migratorio. En su último affidavit –la declaración jurada que se incorpora a los
expedientes– documentó el caso de una mujer de Guinea que había sufrido una mutilación
genital durante la infancia. Años después, su familia sometió a su hija de seis años a la misma
práctica, pese a que ella había intentado impedirlo. La niña murió a causa de las lesiones.
Cuando otra de sus hijas quedó expuesta al mismo peligro, la mujer logró protegerla. Close
comprobó que esta última no había sido mutilada y lo incorporó a su informe.
El daño no es solamente físico. Kim Baranowski, psicóloga clínica del Human Rights Program de
Mount Sinai, un programa médico de Nueva York que documenta las secuelas de violaciones
de derechos humanos como respaldo de pedidos de asilo, realiza evaluaciones psicológicas
forenses.
Uno de los principales obstáculos que encuentra es la dificultad de las sobrevivientes para
reconstruir sus experiencias traumáticas, precisamente cuando la credibilidad de sus relatos
puede resultar decisiva. “Para alguien que atravesó un trauma puede ser extremadamente
difícil construir un relato claro, consistente y detallado”, plantea.
Jo Keogh, terapeuta especializada en violencia de género que también trabaja con solicitantes
de asilo y sobrevivientes de mutilación genital, coincide. “Hace falta tiempo. Hace falta
confianza. Las mujeres necesitan estar en un espacio donde se sientan psicológicamente
seguras”, sostiene. Sin embargo, el propio procedimiento migratorio puede agravar el daño
cuando exige revelar experiencias íntimas sin esas condiciones. Keogh lo denomina “trauma
del proceso legal”.
Antes de escuchar sus razones
“Después de pasar meses detenida, Dios me mandó a mis abogados”, expresa Aliya. Durante
su primer año de encierro tuvo varias audiencias preliminares ante el tribunal migratorio. En
ninguna contó con interpretación en el idioma que necesitaba y tres debieron postergarse por
ese motivo, según confirmó su equipo legal. En la audiencia individual, solo llegó a pronunciar
una palabra: “Somalí”.
El 4 de septiembre de 2025, fecha de esa última comparecencia, sus abogados y el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían coordinado una evaluación médica que
permitiría documentar la mutilación genital y otras persecuciones que había sufrido, según el
escrito presentado por su defensa ante la Junta de Apelaciones.
ICE no la llevó a la cita por un problema logístico. Sus abogados solicitaron una prórroga de no
más de tres días, con el fin de reprogramarla, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS,
por sus siglas en inglés) no se opuso. Sin embargo, el juez decidió aplicar una pretermission o
pretermisión: es decir, un mecanismo que permite cerrar anticipadamente el procedimiento.
Así, dio por terminado el proceso sin evaluar sus solicitudes de asilo y otras formas de
protección.
Un destino incierto y que no eligió
“No tuvo la oportunidad de presentar su solicitud de asilo, declarar sobre la mutilación genital
ni sobre las muchas otras cosas que sufrió, ni de presentar evidencia”, detalla el abogado de
Aliya. El juez ordenó que fuera enviada a Honduras o a Uganda.
La decisión se basó en convenios que permiten a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a
otros países. Sin embargo, el plan de implementación del acuerdo firmado con Honduras en
marzo de 2025 contemplaba únicamente a ciudadanos latinoamericanos hispanohablantes
que podían ingresar allí sin visa. Aliya es somalí. Su defensa también cuestionó la alternativa de
Uganda, ya que no se habían evaluado los riesgos que podría enfrentar allí.
Según el escrito de la defensa, el Departamento de Seguridad Nacional –que interviene en
estos procesos y puede plantear el traslado– no había solicitado esa medida. Cuando el
expediente llegó a la Junta de Apelaciones de Inmigración, el propio gobierno sostuvo que el
juez no tenía autoridad para tomar esa decisión por su cuenta y que tampoco pretendía
recurrir a esos acuerdos para trasladarla.
La aplicación de estos acuerdos se extendió a solicitudes basadas en motivos muy diversos.
Entre agosto de 2025 y junio de 2026, jueces de inmigración cerraron anticipadamente 30.679
casos vinculados con el envío de solicitantes a otros países, según un análisis de Human Rights
First.
En el caso de Aliya, sus abogados pidieron que el expediente regresara al tribunal, de modo
que Aliya pudiera presentar su pedido de asilo y otras formas de protección. La apelación lleva
más de un año pendiente y preparan además una petición de habeas corpus con el objetivo de
conseguir su liberación.
Habib considera que el problema excede la demora del expediente. Califica la situación de
Aliya como “una privación de la libertad completamente inconstitucional”. También cuestiona
las condiciones del sistema en el que permanece encerrada: “Son cárceles privadas con fines
de lucro”, afirma, y señala que tienen “muy poca supervisión”. La detención, agrega, limita
incluso las posibilidades de comunicación entre los abogados y sus representados.
Cuando las pacientes deben enseñar
Mariya Taher experimentó en primera persona la mutilación genital femenina. Se convirtió en
activista, investigadora y directora ejecutiva de Sahiyo, una organización liderada por
sobrevivientes que trabaja en prevención, educación y acompañamiento.
“He escuchado muchas veces a sobrevivientes contar que hacen preguntas o hablan con
profesionales de la salud y terminan siendo ellas quienes educan a sus médicos, en lugar de
que sus médicos puedan ayudarlas”. Entre las consecuencias de largo plazo que otras
sobrevivientes le describen, Taher menciona depresión, estrés postraumático y dificultades
relacionadas con la intimidad y la confianza.
La falta de preparación puede tener otras consecuencias dentro del consultorio. Varias
sobrevivientes le contaron a Caitlin LeMay que un profesional salió de la habitación durante
una consulta y regresó acompañado por estudiantes para que observaran a la paciente sin
haberle pedido permiso. “Siguen teniendo derecho a la autonomía sobre su cuerpo, a la
confidencialidad y a la privacidad”, puntualiza LeMay, directora ejecutiva de U.S. End FGM/C
Network.
En los consultorios donde trabaja Deborah Ottenheimer, en los barrios de Harlem y el South
Bronx, en Nueva York, la mayoría de las pacientes con antecedentes de mutilación genital llega
por otro motivo. “Vienen a un control habitual y sus principales preocupaciones en ese
momento son la vivienda, la comida y la inmigración”, describe la doctora.
Entre las pocas que sí consultan por sus secuelas, los motivos incluyen dolor, vaginitis crónica y
dificultades durante las relaciones sexuales. Quienes buscan atención específicamente por la
mutilación genital femenina, señala, suelen tener estatus migratorio y una vivienda estable.
La escasa presencia del tema en las consultas médicas también se refleja en un estudio
publicado en 2026 en la revista científica Reproductive Health. La investigación reunió a 1.132
mujeres de entre 18 y 49 años, nacidas o cuyas madres habían nacido en países donde se
practica la mutilación genital, en cuatro áreas metropolitanas de Estados Unidos. El 55%
declaró haber atravesado una mutilación. Entre quienes habían sido víctimas de esa práctica,
apenas el 31% había hablado alguna vez del tema con un profesional de la salud.
Lo que no se registra
Medir el alcance de la mutilación genital femenina en Estados Unidos es un reto. El estudio de
AHA Foundation, que estima en unas 421 mil las mujeres y niñas residentes en el país que ya
habían sido víctimas de esta práctica o estaban expuestas a ella, se basó en datos de la
American Community Survey, una encuesta de la Oficina del Censo estadounidense realizada
varios años atrás. Aunque se trata de una cifra consensuada entre especialistas, no existen
registros ni relevamientos oficiales que permitan conocer la cantidad exacta de casos.
Sean Callaghan, consultor sénior de la organización y autor del informe, aclara que las cifras
son proyecciones estadísticas. Aun así, considera que permiten orientar recursos y políticas
públicas. “Necesitamos muchas más políticas destinadas a la prevención, a la prestación de
servicios y al trabajo con las comunidades”.
Los registros federales tampoco permiten saber cuántas solicitudes de asilo se presentan por
esta causa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en
inglés) no mantiene datos sobre solicitudes o decisiones de asilo desagregados según sus
fundamentos, incluida esta práctica. “USCIS revisa las solicitudes de asilo individualmente y
considera cada caso según la ley y los hechos presentados”, sostuvo su vocero, Zach Kahler.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que administra los tribunales
migratorios del territorio, tampoco permite reconstruir esa información. Ante la consulta de
este medio, se informó que la base de datos de esos tribunales no registra los fundamentos de
las solicitudes de asilo.
Aliya es una de esas solicitantes que las estadísticas migratorias no permiten identificar. Sigue
dentro del centro de detención y trabaja por un dólar al día. “Hay muchas cosas en las que
intento no pensar. Por eso trato de mantenerme ocupada”, cuenta.
También acompaña a otras mujeres detenidas. A las que son madres intenta darles ánimo para
que “vivan por sus hijos y luchen por sus hijos”. Cuando salga, quiere estudiar. Nunca tuvo la
oportunidad de hacerlo. También aspira a apoyar a otras sobrevivientes. Mientras aguarda una
resolución sobre su apelación, no pierde la esperanz y augura: “Las cosas van a cambiar, no siempre va a ser así”.
