Foto de portada e interiores: Daniella Fernández Realin

La iniciativa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocida como Super RIGI promete atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores definidos como “nuevas industrias”, entre ellos infraestructura digital, inteligencia artificial y data centers. Pero el debate legislativo avanza en un clima político sensible: después del rechazo social a reformas vinculadas con tierras rurales, manejo del fuego y glaciares, el ambientalismo volvió a mostrar capacidad de organización federal e intersectorial frente a proyectos que afectan bienes comunes y soberanía territorial.

Al igual que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024, el Super RIGI ofrece condiciones excepcionales a grandes capitales, limitar controles públicos y presentar como “inversión” proyectos que también implican uso intensivo de bienes comunes. En este caso, el foco está puesto en la infraestructura tecnológica. El gobierno argentino intenta presentarse como un país donde las Big Tech podrían encontrar territorios estratégicos, beneficios extraordinarios y reglas blindadas para instalar la infraestructura material de la IA.

Sin embargo, detrás de la nube hay servidores, cables, minerales, energía y agua. Y detrás de cada promesa de futuro, una pregunta que atraviesa a toda la región: quién sostiene los costos, quién se beneficia con este tipo de tecnologías y quién captura las ganancias.

Los tecnócratas avanzan

El proyecto aparece asociado a innovación, inteligencia artificial, infraestructura digital y data centers. En el discurso oficial, Argentina podría convertirse en un destino privilegiado para las industrias tecnológicas del futuro. Pero leído en el contexto regional y global, el Súper RIGI se parece menos a una política tecnológica que a un marco legal diseñado para garantizar rentabilidad, previsibilidad y protección a algunas de las corporaciones más poderosas del mundo. 

Para Soledad Vogliano, integrante del Grupo ETC y especialista en tecnologías digitales, el punto de partida es no confundir inversión tecnológica con política tecnológica. “El Súper RIGI para nada constituye una política de desarrollo tecnológico, sino que es un régimen de excepción diseñado para reducir costos y riesgos para corporaciones transnacionales”, explica la investigadora. Para ella, el régimen plantea una asimetría profunda: “Tenés empresas que reciben previsibilidad durante tres décadas, mientras el Estado y la población local no reciben ninguna garantía equivalente”.

Como sostienen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en números, el Súper RIGI implica un salto respecto del RIGI original: está pensado para proyectos desde USD 1.000 millones, reduce Ganancias al 15% —frente al 25% del RIGI y al 35% del régimen general—, baja contribuciones patronales al 10%, elimina derechos de exportación desde el inicio, exime importaciones vinculadas al proyecto y habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas hasta llegar al 100% al tercer año. También garantiza estabilidad normativa por 30 años, ampliable a 40 para proyectos considerados estratégicos, y permite deducir el 60% de la inversión durante el primer año mediante amortización acelerada.

En paralelo, relativiza la obligación de contratar proveedores locales: aunque fija una cuota mínima del 20%, no prevé sanciones claras y habilita importar por encima de la oferta nacional si la empresa acredita mejores condiciones de precio o calidad en el exterior. En un país atravesado por profundas crisis económicas recurrentes, se propone blindar previsibilidad para las corporaciones durante tres décadas, mientras la vida cotidiana de la población no tiene ningún blindaje equivalente.

En el informe La IA en Argentina: entre vigilancia, explotación y supuestas oportunidades económicas, de la periodista Nina Galla para la Fundación Rosa Luxemburgo se advierte que la inteligencia artificial en Argentina no llega solo como promesa de modernización: también llega como vigilancia, dependencia tecnológica, trabajo digital precarizado e inversiones extranjeras que pueden dejar poco en el país. En ese mapa, la llegada de empresarios como Peter Thiel no aparece como una anécdota excéntrica de Silicon Valley, sino como parte de una disputa más amplia por datos, infraestructura, energía y capacidad estatal.

Dtrás de cada promesa de futuro, una pregunta que atraviesa a toda la región: quién sostiene los costos, quién se beneficia con este tipo de tecnologías y quién captura las ganancias.

Thiel, cofundador de Palantir y uno de los nombres más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada en abril. Según reconstruyó la prensa –que no tuvo acceso ese día al palacio presidencial–, no hubo información oficial sustantiva sobre el contenido del encuentro, pero sí crecieron las preocupaciones por el interés de este tipo de empresas en áreas sensibles: seguridad, inteligencia, administración pública, energía e infraestructura digital.

Como sostiene Galla, Palantir no vende una aplicación más: desarrolla sistemas capaces de integrar grandes volúmenes de datos para gobiernos, fuerzas de seguridad, defensa y administración pública. Amnistía Internacional advirtió que sus herramientas pueden cruzar bases policiales, migratorias, biométricas, financieras y de redes sociales; generar perfiles de personas o grupos; y concentrar en un proveedor privado información estatal estratégica. Así lo resume la periodista: “la llegada de empresarios tecnológicos como Peter Thiel muestra que la disputa por la IA no se reduce a data centers o inversiones. También define quién controla los datos, qué herramientas usa el Estado y cuánto margen queda para defender derechos frente a infraestructuras privadas, opacas y transnacionales”.

El antecedente regional más claro es Próspera, en Honduras. La Zona de desarrollo económico (ZEDE), instalada en Roatán fue presentada como una “ciudad libre”, con autonomía fiscal, reglas propias y baja regulación, respaldada por fondos de Silicon Valley vinculados a empresarios como Peter Thiel; cuando Honduras derogó ese régimen en 2022 y la Corte Suprema lo declaró inconstitucional en 2024, los inversores mantuvieron una demanda arbitral contra el Estado ante el CIADI, hoy por más de US$ 1.600 millones. El antecedente dialoga con la discusión argentina: qué pasa cuando se crean marcos legales excepcionales que protegen al capital extranjero incluso frente a decisiones soberanas posteriores.

La nube toca tierra

Uno de los mitos más persistentes sobre la inteligencia artificial es que ocurre en algún lugar abstracto. La nube, los datos, los algoritmos: todo parece liviano, limpio, casi sin cuerpo. La investigadora de Grupo ETC, Soledad Vogliano, propone empezar por ahí: “Hay que desmitificar esta narrativa de la nube como una cuestión inmaterial. Todo lo digital es una infraestructura muy material y muy pesada”.

No hace falta entrenar un modelo de inteligencia artificial para que esa infraestructura se active. Cada búsqueda en Google, cada video que se reproduce, cada foto que se sube, cada mensaje que se guarda en una nube y cada movimiento en una red social consume energía, requiere servidores encendidos y forma parte de una red global de cables, centros de procesamiento y sistemas de refrigeración. La IA no inaugura ese consumo: lo acelera, lo multiplica y lo vuelve más intensivo. 

Un data center es un edificio donde funcionan cientos o miles de servidores de manera permanente. Esos equipos generan calor y necesitan refrigeración constante. Según el sistema que se utilice, enfriar implica consumir mucha agua, mucha energía o una combinación de ambas. “No se puede enfriar si no es con agua o con energía”, explica Vogliano.

Así lo resume la Agencia Internacional de Energía: no hay IA sin energía. En 2024, los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial, unos 415 TWh. Su demanda crece alrededor de 12% anual desde 2017, más de cuatro veces más rápido que el consumo eléctrico total, y podría más que duplicarse para 2030. Un centro de datos enfocado en IA puede consumir tanta electricidad como 100.000 hogares; los más grandes en construcción podrían consumir veinte veces más. En Argentina, esa escala importa porque agrega nuevas demandas en un país con cortes de luz en picos de consumo, desigualdades en el acceso a servicios básicos y regiones atravesadas por crisis hídricas.

Nina Galla en su informe para la Fundación Rosa Luxemburgo, también insiste en ese punto: bajo la promesa de modernización y progreso económico, la IA avanza en Argentina como parte de una trama que incluye inversiones extranjeras que pueden dejar poco a la población, centros de datos que consumen agua y energía escasas, trabajo digital precarizado y una disputa geopolítica entre Estados Unidos, China y Europa.

La IA también extrae

Un data center instalado en el país puede procesar información o prestar servicios para empresas ubicadas en cualquier parte del mundo. El territorio pone agua, energía, suelo, infraestructura y beneficios fiscales; las decisiones sobre qué se procesa, para quién y dónde se captura la ganancia quedan afuera: “La capacidad computacional es básicamente un commodity de exportación”, dice Vogliano. Para quién los estados terminan exportando capacidad computacional de la misma manera que se exportan minerales o cualquier otra materia prima.

Vogliano advierte que el tamaño de la inversión puede ser engañoso: Un data center de hiperescala puede superar fácilmente los mil millones de dólares, pero eso no implica necesariamente empleo permanente, transferencia tecnológica ni capacidades instaladas para el país. “No se puede confundir el tamaño de la inversión con una contribución al desarrollo o con la generación de empleo permanente”, señala la investigadora.

“Hay que desmitificar esta narrativa de la nube como una cuestión inmaterial. Todo lo digital es una infraestructura muy material y muy pesada”. Soledad Vogliano. Grupo ETC

Durante la obra puede haber puestos temporales, pero una vez en funcionamiento estas infraestructuras son altamente automatizadas. O incluso peor, la etapa de obra —el período de mayor contratación durante los proyectos extractivos—  podría ser asumida por empresas extranjeras beneficiadas por el mismo régimen sin necesidad de emplear mano de obra nacional. Esto ya sucedió en San Juan, donde uno de los principales proyectos impulsados por el RIGI, incorporará módulos habitacionales desde China y se reserva la posibilidad de contratar proveedores nacionales.

La nube pesa, tanto que en Estados Unidos organizaciones y colectivos socioambientales nucleadas en HumansFirs realizaron decenas de protestas contra el impacto de los data centers en diferentes localidades. También en Irlanda donde organizaciones climáticas, sindicales, vecinales y comunitarias protestaron bajo la consigna “Energy for Who?” para cuestionar que los centros de datos reciban apoyo estatal mientras los hogares enfrentan aumentos tarifarios y presión sobre la red eléctrica. El Sur Global aparece, entonces, como un posible depósito de aquellas infraestructuras que el Norte comienza a limitar y es allí donde la desigualdad se manifiesta: territorios con legislaciones frágiles que sostienen costos para cadenas de valor que concentran ganancias en otros lugares.

Detrás de la IA hay una cadena global que incluye hardware, semiconductores, baterías, sistemas de refrigeración, cables, cobre, litio, cobalto, níquel y tierras raras. “Lo que no podemos dejar de mirar es que la ampliación de los sistemas de inteligencia artificial está directamente vinculada a esta base extractiva”, advierte Vogliano. Muchos de esos minerales se extraen,también, en territorios del Sur Global: litio en Argentina, Bolivia y Chile; cobalto en África; níquel en el sudeste asiático. Esa cadena ya está asociada a impactos ambientales, contaminación de sistemas hídricos, condiciones laborales inseguras y vulneraciones de derechos.

En ese marco, América Latina vuelve a ser presentada como oportunidad: territorio disponible, minerales críticos, energía, agua, incentivos fiscales y regulaciones más flexibles. Lo que cambia es el lenguaje ya no se habla solo de minería, petróleo o agronegocio, sino de nube, IA, automatización y futuro. Pero la base material sigue siendo conocida: bienes comunes, territorios y comunidades que cargan con los impactos.

Agua para enfriar la promesa

Los servidores generan calor y los sistemas de refrigeración son imprescindibles para que funcionen. El Banco Mundial advierte que los centros de datos no solo consumen electricidad: también son “sedientos”. Pueden usar agua potable de las mismas fuentes que abastecen a comunidades, hogares y comercios, y además consumen agua de manera indirecta a través de la electricidad que necesitan. Una estimación citada por la entidad proyecta que la demanda mundial de agua vinculada a la IA podría alcanzar entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos en 2027.

Pero el cálculo global siempre se asienta en territorios concretos: cuando los data centers se concentran en una zona, pueden competir con otros usos del agua, sobre todo en regiones con estrés hídrico, temperaturas más altas o instituciones débiles para ordenar prioridades. El Banco Mundial también advierte que más de un tercio de la infraestructura de centros de datos ya está concentrada en áreas con escasez de agua.

Vogliano suma impactos que suelen quedar fuera del anuncio: el ruido constante y las islas de calor. “Hay casos en los cuales se documenta que los centros de datos, como son tantos CPU juntos, terminan generando el equivalente al ruido de una aspiradora de manera permanente”, explica. También advierte que alrededor de estas infraestructuras pueden registrarse aumentos de temperatura que modifican ecosistemas locales.

El impacto no es solo ambiental: también es urbano, así lo cuenta Federico Poore en su newsletter de Cenital. En Estados Unidos, la expansión de data centers ya generó conflictos por baja presión de agua, presión sobre redes eléctricas y organización vecinal. En Georgia, residentes del área metropolitana de Atlanta reclamaron incluso un referéndum para decidir sobre la instalación de un centro de datos. El caso muestra que estas infraestructuras no son neutras para las ciudades: funcionan las 24 horas, ocupan grandes superficies, demandan servicios públicos y pueden transformar la vida cotidiana de los territorios donde se instalan.

No de nuevo: la región ofrecida como soporte

El gobierno argentino intenta presentarse como laboratorio para ejecutar un modelo que las grandes tecnológicas necesitan expandir: infraestructura para inteligencia artificial con recursos estratéficos, beneficios extraordinarios y menos controles.Ese laboratorio no está aislado, forma parte de una reorganización global donde el Norte concentra tecnología, capital, patentes y decisiones, mientras el Sur ofrece minerales, energía, agua y territorios donde alojar los costos.

“El riesgo fundamental es que estás entregando energía, agua, tierra, beneficios tributarios y estabilidad jurídica para alojar una infraestructura que está controlada desde el exterior”, resume Vogliano.

En el Norte Global, donde estas infraestructuras ya avanzaron con fuerza, el conflicto dejó de ser una advertencia. Hay acciones directas, protestas y resistencias locales contra centros de datos en países como Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y España, impulsadas por preocupaciones sobre agua, energía y falta de participación democrática.

Como desde hace más de 500 años, el continente conoce muy bien el impacto que genera el extractivismo en su territorio. Si en países centrales ya hay conflictos por la energía, el agua, las emisiones y la participación democrática, en América Latina la pregunta llega con una carga histórica todavía más fuerte: cómo evitar que la promesa tecnológica sea una nueva forma de saqueo.