“Si te dio positivo, es positivo. ¿Qué esperabas? Si no te cuidaste iba a pasar esto”.
Esa fue la respuesta que le dio una enfermera a Belén durante su primera consulta en una guardia ginecológica a pocas horas de enterarse que estaba embarazada. Tenía 18 años cuando vio las dos rayas en su Evatest: “Estaba saliendo al mundo laboral, no era un buen momento para mí para ser madre. No estaba segura de cuál iba a ser mi decisión final”.
Belén recordó esos primeros momentos de incertidumbre casi con desesperación: “Me acerqué a una guardia a que me den data, a escuchar a alguien. Fui a través de mi obra social. Y ese fue el trato. Así arrancó mi encuentro con la medicina en cuanto al embarazo”.
Su historia no es un asterisco o excepción en el marco de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que forma parte de un patrón de casos donde, lo que se sancionó hace casi seis años, y lo que hoy se lleva a la práctica, conviven en dos realidades distintas.
A inicios de 2026, comenzaron a mediatizarse casos similares al de esta joven: relatos de mujeres ejerciendo su derecho en hospitales públicos o privados, en distintos municipios y provincias a lo largo y ancho del país y sufriendo obstrucciones por parte del personal de salud. Casos donde se enfrentaron a malos usos de la objeción de conciencia, a verse forzadas a escuchar los latidos del embrión, a comentarios por lo bajo juzgándolas, o la filtración de sus datos a grupos militantes anti-aborto.
¿Cuántos de estos fenómenos son producto de la actual gestión nacional y a la oleada conservadora en la región? ¿Cuánto de esto viene arrastrándose incluso desde antes?
El derecho y su aplicación
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que legalizó el aborto hasta la semana 14 y estableció un plazo máximo de 10 días corridos para garantizar la práctica dentro del sistema de salud.
Pero la historia para el acceso a los derechos no terminó con la legalización del aborto. Con su implementación comenzó un nuevo capítulo. La ley IVE/ILE tiene apenas cinco años y medio, y pasó de depender del gobierno que la impulsó a uno en sus antípodas ideológicas.
Durante la contienda electoral de 2023, la derogación de la ley formó parte de la plataforma del entonces candidato Javier Milei, y ya habiendo asumido la presidencia, en marzo de 2024 denominó a la práctica del aborto como un “asesinato agravado por el vínculo”, durante su visita a Colegio Cardenal Copello en la Ciudad de Buenos Aires .
Marisa Labovsky, es ginecóloga certificada por la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil y por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. Ella confirmó de primera mano lo que anotician los medios de comunicación desde los casi tres años de gestión de Javier Milei: un panorama de desabastecimiento de medicamentos y abandono de políticas de inversión en el área de salud sexual y reproductiva del sistema de salud.
Sumado a esto, desde 2024 tampoco existe un dato oficial nacional sobre la cantidad de interrupciones voluntarias y legales del embarazo realizadas en el sistema público. El último registro es del 2023. Para reconstruir la implementación de la ley, organizaciones como el Proyecto Mirar —un observatorio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad o CEDES— realizaron pedidos de acceso a la información pública y sumas de datos provinciales para relevar el número total de abortos en el territorio argentino. Así, en 2024 se estimó que se realizaron un total de 79.186 abortos a nivel nacional, cifra menor a los 107.505 que informó Chequeado el año anterior.
“Por un lado, tenemos a un presidente que es anti-aborto y empodera a quienes están en contra. Por el otro, no compra ni pastillas, ni anticonceptivos ni preservativos. Entonces, tenemos ley, tenemos todo, pero no se está implementando como se debería”, señaló la médica.
Según el informe “También es por vos” de Amnistía Internacional Argentina, tras el cambio de gobierno, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) canceló la compra de 99 mil comprimidos de misoprostol y 96 mil comprimidos de mifepristona iniciada por la gestión de Alberto Fernández. Otro reporte de la misma ONG estimó que entre 2024 y 2025 el Estado redujo un 81% la provisión de métodos anticonceptivos y tests de embarazos a nivel nacional, y reportó que “más de la mitad de las provincias informó carecer de stock de misoprostol y casi la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack”.
“Por un lado, tenemos a un presidente que es anti-aborto y empodera a quienes están en contra. Por el otro, no compra ni pastillas, ni anticonceptivos ni preservativos. Entonces, tenemos ley, tenemos todo, pero no se está implementando como se debería”.
Labovsky añadió: “Milei no puede derogar la ley porque lo tendría que realizar por el Congreso, pero lo que sí puede hacer es desfinanciar. Con la excusa de que no tiene plata, incumple”.
En octubre de 2024, a casi un año de su asunción, el medio CNN Español entrevistó a María, una madre de cuatro hijos residente de la provincia de Misiones cuyo caso respondió a las consecuencias de la retirada del Estado en la provisión de insumos a las provincias.
La Ley IVE en el consultorio
Aún sin saber bien cuál sería su decisión final, llegada la sexta semana del embarazo Belén debía realizarse la primera ecografía de monitoreo, para descartar cualquier riesgo o anomalía, y saber a qué tipo de procedimiento podría recurrir en caso de interrumpirlo. Acudió a una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su pareja. Allí nuevamente fue recibida por un ambiente que, lejos de despejar sus dudas, solo las profundizó.
“Mi sensación era de que estaba muy dado por hecho que yo iba a continuar con ese embarazo. A pesar de que no sabía todavía”, confesó. “De hecho, el obstetra puso a sonar los latidos del embrión sin consultarme. Eso me descolocó mentalmente”.
Para Belén, era esencial acudir a las consultas previas a la intervención acompañada, en este caso, de su pareja. “Pero me obligaban a pasar sola, nadie me podía acompañar dentro del consultorio”, y añadió: “Entonces encaré el proceso por mi obra social en el Sanatorio de la Trinidad de Mitre. Pero ahí las consultas previas con el obstetra resultaron horribles”.
Fue allí donde llevó a cabo su aborto. Tampoco pudo ingresar con su pareja y en las paredes del doctor que la atendió, había pegadas fotos de bebés en todas partes.
“Todo el proceso consistió en el personal médico juzgándome y repreguntándome sobre cosas a las cuales no tenía una respuesta. Entonces, el momento de tomar la decisión y de tomar esas pastillas fue dificilísimo. Fueron horas y horas de llanto”.
“Milei no puede derogar la ley porque lo tendría que realizar por el Congreso, pero lo que sí puede hacer es desfinanciar. Con la excusa de que no tiene plata, incumple”.
Las barreras en el aborto antes de 2024
Belén abortó en 2023 antes del cambio de gobierno y bajo una gestión nacional a favor de la interrupción del embarazo, ¿qué dice esto de la situación presente, bajo un gobierno expresamente desinteresado en monitorear la aplicación de la ley?
El trato y la disposición del personal de salud son un factor importante que pueden determinar la experiencia de la paciente. Así lo planteó la doctora Labovsky: “Tenemos un montón de profesionales preparados para hacer un aborto y otros que no. Profesionales a quienes directamente no les interesa. Tenés un protocolo de atención integral, pero no hay un protocolo de cómo tratar a la gente. Se supone que tenés que tratarlos bien porque sí”.
En 2022, Socorristas en Red, la articulación de colectivas feministas que ayuda a mujeres argentinas a interrumpir legalmente sus embarazos, había advertido casos de malas prácticas en el sistema de salud a la hora de implementar la Ley IVE/ILE.
En el presente, este tipo de violencias a lo largo de la IVE de las pacientes no sólo prevalecen, sino que cuentan con el agregado de un clima político en la Argentina que las avala. Jessica, trabajadora de hace casi una década en el Ministerio de Salud de la Nación en el área de Salud Sexual y Reproductiva, proveyó su lectura:
“Existen municipios y localidades en la provincia de Buenos Aires que siempre fueron conservadores y que con este tipo de gobierno se valida su narrativa antiderechos. Esto hace que organizaciones que tienen cierta incidencia en centros de salud u hospitales se sientan legitimadas para intervenir y generar barreras en el acceso a derecho”.
Entre las ciudades históricamente por sus prácticas obstructivas contra el aborto se encuentran San Miguel y San Isidro, ambas en el conurbano norte. La sanción de la ley en 2020 no modificó dichas prácticas.
En San Miguel, la especialista en políticas públicas subrayó la existencia de consultorios de “maternidades vulnerables” en sus hospitales, donde las mujeres son obligadas a atenderse antes comenzar el proceso del aborto y las hostigan para que no lo continúen. Así lo reportó Amnistía Internacional Argentina a comienzos de 2026, con el caso de una mujer a quien le entregaron un muñeco de bebé y la interrogaron reiteradamente sobre su decisión.
“Se trata de un gobierno local que a lo largo de décadas logró que no hayan métodos anticonceptivos ni acceso a las interrupciones del embarazo en el municipio. Las personas tienen que viajar a municipios aledaños para acceder a un aborto”.
Sobre San Isidro, habló de lo mismo que vienen adviertendo múltiples portales de noticias feministas en los últimos meses: la creciente presencia de un grupo de voluntarias que interfieren sobre las usuarias que van a acceder a un aborto.
Jessica detalló lo que ocurre ahí: “Si una chica se acerca a pedir un aborto, estas voluntarias la convocan a un consultorio, le hacen ver escarpines y le dan mala información con respecto a qué implica un aborto hoy. O sea, lo que generan es miedo y temor porque buscan intervenir en su decisión con desinformación e intimidación”.
Incumplimiento y abandono durante la IVE
Entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2025 las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos para acceder al aborto recibidos por Amnistía Internacional Argentina aumentaron un 275%: pasaron de 75 casos a 280.
Entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2025 las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos para acceder al aborto recibidos por Amnistía Internacional Argentina aumentaron un 275%: pasaron de 75 casos a 280.
Tras recibir la receta de misoprostol, su doctor del Sanatorio de La Trinidad le explicó el procedimiento. Por la noche, en su casa, tomaría dos pastillas, dejándolas debajo de su lengua, y a las siete de la mañana debía volver al hospital a hacer la pre internación y tomar ahí las restantes.
“Hice la primera toma y me fui a dormir. Me desperté a la hora y media con un dolor tremendo” Su médico nunca respondió sus llamadas. Fue directo a la guardia de la Trinidad de Bartolomé Mitre. Desde que llegué recibí un trato muy violento por parte de la secretaria en la entrada. Yo estaba hecha una pelota en un asiento y ella me decía que no podía estar acostada”.
Belén recuerda que “la atención fue nula”, y concluyó: “Esta es de las pocas veces que estoy contando esta historia completa sin llorar”.
Retirada del Estado y nuevos obstáculos
La experiencia de Belén ocurrió en un sanatorio privado de la Ciudad de Buenos Aires, una de las jurisdicciones con mayor oferta de profesionales e instituciones donde acceder a una IVE. Para Labovsky, “hoy dependés de cada provincia. Si estás en una región que toma más iniciativa para proveer, como CABA, es una cosa, pero si querés abortar y vivís en provincias tradicionalmente antiderechos como San Juan, Córdoba o Salta, sonaste”.
A cinco años y medio de la sanción de la ley IVE/ILE, problematizar su implementación no solo consiste en visibilizar historias del presente, consecuentes de una gestión desinteresada en invertir en educación sexual, métodos anticonceptivos y otros insumos; es también poner la lupa sobre un área del sistema de salud que nunca llegó a solidificarse, que quedó truncada entre dos gobiernos radicalmente distintos y que, efectivamente, ante el mínimo cambio de época terminó completamente vulnerada.
Esta nota fue publicada originalmente en Tiempo Argentino. Se publica en LatFem gracias a un acuerdo de colaboración entre ambos medios.
