Diseño e ilustración de portada: Rocío Fernández Fuks y Seelvana.
Una joven se acerca a un hospital público con el deseo de interrumpir un embarazo. La recibe un grupo de consejeras con guardapolvos blancos que, dicen, le van a brindar toda la información necesaria. Se muestran amables y le aseguran que están ahí para ayudarla. Pero a continuación la interrogan sobre los motivos de su decisión, le hacen una ecografía, la obligan a ver el “bebé” en pantalla y escuchar sus latidos. Le dan panfletos que —lejos de tener la información que la paciente necesita— alertan sobre las posibles complicaciones de realizarse un aborto, le piden que vuelva otro día y le dan un turno para una nueva ecografía dentro de dos semanas. La joven vuelve a su casa con más temores que información. La escena la vimos mil veces en películas y documentales, pero estamos en San Isidro, al norte de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina de Javier Milei.
“Desde el cambio de gestión, empezamos a ver que las personas que derivábamos al Hospital Materno Infantil de San Isidro para solicitar una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) se encontraban con un montón de obstáculos, no solamente administrativos, sino también de tipo emocional”, dice F., una médica que trabaja en un centro de salud del municipio y que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. “Desde trabas y demoras en el acceso hasta intervenciones que no tienen ningún tipo de lugar dentro de la ley y que apuntaban a generar culpa o remordimiento con respecto a la decisión de la persona, algo que va en contra de la ley y de nuestra obligación como profesionales de la salud, que es informar y acompañar a la paciente en todo momento, decida lo que decida”, detalla.
El municipio de San Isidro tiene como intendente a Ramón María Lanús, del PRO, quien manifestó publicamente su postura contraria al aborto: en agosto del 2022 tuiteó “Ojalá pronto entendamos que nunca puede ser la solución eliminar una vida, por más pequeña e indefensa que sea”. Las profesionales de la salud que trabajan en la zona supieron lo que ocurría a través de las pacientes que volvían a los centros de atención primaria y les contaban los problemas que habían tenido en el hospital municipal. “Primero nos enteramos de la existencia de un Consultorio de Maternidades Vulnerables, pero no sabíamos quiénes lo conformaban —porque no eran profesionales de la salud, sino personas externas al hospital— ni había información oficial al respecto, pero el problema es que era el primer encuentro que tenían las personas que intentaban acceder a una IVE en el Materno Infantil. O sea, era un lugar que tenían que atravesar sí o sí para poder acceder a la práctica”.
“En 2024, Nación no mandó ni un solo comprimido de misoprostol y ni un solo comprimido de mifepristona. Todos los abortos que se realizaron en la provincia fueron con insumos que garantizó la provincia”.
El Consultorio de Maternidades Vulnerables funcionaba dentro del propio Hospital Materno Infantil de San Isidro y se presentaba como un espacio de acompañamiento para personas que buscaban interrumpir su embarazo, pero en la práctica funcionaba como un espacio para obstaculizar el acceso al aborto y convencer a las mujeres de continuar con sus embarazos. “Las pacientes nos comentaban que era un espacio bastante violento. Había personas que indagaban sobre por qué querían interrumpir su embarazo, les decían iban a sentir culpa, que es algo muy riesgoso y les hacían cosas como mostrarles un feto chiquitito y decirles que así era su bebé o hacerles escuchar los latidos fetales. Son cosas muy crueles y violentas. Nosotras no podíamos creer que eso ocurriera porque eran cosas que ya no pasaban hace tiempo y mucho menos desde la reglamentación de la ley (27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo)”, explica la profesional.
A raíz de estas denuncias, en octubre de 2024, el Concejo Deliberante de San Isidro y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires exigieron al municipio que garantice el acceso a la práctica y ordenaron que el espacio dejara de funcionar. “Hicimos una intervención y sacaron a esas personas, que no eran trabajadores de la salud sino voluntarias antiderechos. Ahora hay una enfermera, pero si bien intentan disimular el obstáculo, notamos que todavía hay algunas barreras en el acceso y por eso estamos trabajando en nuevas formas de intervenir”, explica Gisela Stablun, médica generalista y directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires. “También notamos que se incrementó muchísimo la presencia de grupos antiderechos en los en las puertas de los hospitales brindando información errónea sobre la interrupción del embarazo, una práctica que era mucho más común en otros países, pero no tanto acá, y son grupos que están muy organizados porque no solamente sucedió en San Isidro sino en varios lugares más y el material que utilizan, aunque no esté firmado ni tenga un sello, tiene siempre las mismas características”, agrega Stablun, que forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y acompaña interrupciones de embarazo desde 2010.
En esa misma línea, profesionales de ese distrito denuncian que las pacientes que derivaron recientemente al Hospital Materno Infantil volvieron a encontrarse con los mismos obstáculos. “Supuestamente habían quitado ese consultorio y las voluntarias ya no estaban, pero tuvimos la experiencia de una paciente a la que mandamos con seis semanas y con la ecografía hecha —porque en teoría ese circuito ya se había restablecido— y la recibió una persona que no sabemos si es enfermera o no y que lo único que hizo fue intentar convencerla de que no interrumpiera su embarazo”, cuenta F. Como parte de la estrategia para disuadir, a la paciente le ofrecieron cubrirle los pañales por un año, conseguirle un subsidio y hasta llegaron a decirle que muchas personas que abortan se terminan suicidando por no poder tolerar la culpa, uno de los tantos mitos con los que los grupos antiderechos atemorizan desde hace años.
Otra de las estrategias para obstaculizar el acceso al aborto es demorar la práctica. F. cuenta que cuando la paciente llegó al hospital de San Isidro le volvieron a pedir una ecografía, a pesar de ya tenía una con la que la habían derivado desde el centro de salud. “No tenían más que darle la medicación, explicarle cómo se utiliza, darle las pautas de alarma y acompañarla en ese proceso”, explica la profesional. Sin embargo, la paciente no sólo no recibió la atención que establece la ley sino que “la ecografista le mostró la pantalla, le dijo que bebé estaba bien formado y que iba a ser bebé sano. Todas cosas que sabemos que no se deben hacer y que son una forma de tortura. Además, volvieron a citarla varias veces para volver a hacerle otra ecografía. Nosotras la mandamos con seis semanas y cuando nos contactamos ya estaba de diez”, explica.
“Oficialmente, este consultorio ya no existe y el Hospital garantiza el acceso a la interrupción del embarazo, pero para hacerlo las pacientes tienen que atravesar todos estos obstáculos e insistir con que quieren acceder a la interrupción”, denuncia la médica, que trabaja en el distrito hace más de una década. Desde el municipio de San Isidro niegan las acusaciones y sostienen que el Hospital Materno Infantil trabaja en cumplimiento de la ley.
Para los profesionales de la salud, desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al gobierno nacional, los grupos autodenominados “pro-vida” se sienten habilitados en su accionar sobre todo en aquellos espacios donde tienen peso político, como ocurre en San Isidro que “siempre fue un municipio ultraconservador con mucho peso de la Iglesia Católica y del Opus Dei”, remarca F.
La avanzada antiderechos que habilitó el Gobierno de Javier Milei, quien llegó a referirse al aborto como una “agenda sanguinaria y asesina” en su tristemente celebre discurso del Foro de Davos, se tradujo también en la gestión municipal: tras un breve (y escandaloso) paso por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el médico pediatra Pablo de la Torre asumió en enero como Secretario de Salud del Municipio de San Isidro. Se trata del hermano de Joaquín de la Torre, senador provincial por LLA y ex intendente de San Miguel, un municipio declarado “pro-vida” desde 2018. Por ese entonces, el Congreso nacional debatía el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pablo de la Torre fue uno de los expositores que se opuso al proyecto y argumentó, entre otras cosas, que de aprobarse la ley “miles de mujeres van a quedar destruidas porque, créanme he visto las secuelas, y el síndrome post aborto es desvatador: depresión, intentos de suicidio, baja autoestima, problemas de salud mental, etcetera”. Exactamente los mismos argumentos, sin fundamento científico, con los que intentan disuadir las voluntarias del Hospital Materno Infantil en San Isidro.
Para los profesionales de la salud, desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno nacional, los grupos autodenominados “pro-vida” se sienten habilitados en su accionar sobre todo en aquellos espacios donde tienen peso político, como San Isidro, un municipio “ultraconservador con mucho peso de la Iglesia Católica y del Opus Dei”.
F. destaca otro factor que convierte a San Isidro en un territorio fértil para el avance de estos grupos: se trata de uno de los municipios más desiguales del conurbano bonaerense, donde el abismo entre quienes viven en barrios privados de lujo y aquellos que habitan barrios populares es cada día más grande. “Esto pasa en el sistema de salud público donde no va la gente que tiene obra social, va la gente de barrios populares que tienen un nivel de vulnerabilidad muchísimo mayor y una situación socioeconómica muchísimo más compleja, lo que hace que sea mucho más fácil intervenir en su decisión. Entonces, como ocurrió siempre, la gente que tiene plata puede acceder a ese derecho en el sistema privado y la gente que no, no. Y encima atraviesa situaciones de violencia que son terribles”, advierte.
La agenda libertaria
El 25 de marzo, la avanzada antiderechos tuvo otra expresión a nivel nacional: en el marco de su “batalla cultural”, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó un acto en el Senado por el “Día del Niño por Nacer”, una fecha decretada por Carlos Menem en 1998. “Ofrecer el aborto es abandonarnos a la mediocridad y desaliento”, aseguró Villarruel y pidió avanzar contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “Convoco a nuestros legisladores a que aspiren a lo más alto. Que velen siempre por el impacto de las leyes sobre la vida integral de los ciudadanos, sus cuerpos físicos y sus espíritus”, agregó la titular del Senado en el evento al que asistieron distintos referentes católicos y conservadores. Entre los presentes se destacó Abel Albino, presidente de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) y ferviente militante antiderechos, y el fiscal Carlos Stornelli, quien en 2019 dijo estar dispuesto a apadrinar a la beba de una niña de doce años que había sido violada en Jujuy y a la que obligaron a seguir con su embarazo.
Pero los obstáculos en el acceso al aborto no quedan solo en palabras oficiales ni el accionar de grupos conservadores. Hoy son también una política de Estado que avanza firme en forma de ajuste y motosierra. “En 2024, Nación no mandó ni un solo comprimido de misoprostol y ni un solo comprimido de mifepristona. Todos los abortos que se realizaron en la provincia fueron con insumos que garantizó la provincia”, dice Gisela Stablun. La funcionaria explica que, si bien el Estado provincial ya era quien compraba el 90% del misoprostol que se utilizaba en territorio bonaerense, la motosierra libertaria los obligó a asumir la compra no solo de todos los insumos que se utilizan para interrumpir embarazos, sino también de preservativos y métodos anticonceptivos debido al desfinanciamiento de las políticas nacionales de Salud Sexual y Reproductiva. Según datos relevados en el informe Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina, la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para IVE e ILE por parte del Gobierno nacional cayó un 64% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024.”Ese es el mayor desafío que tenemos hoy en la provincia: resolver sin ayuda de Nación el acceso a insumos que son necesarios para garantizar derechos”, agrega.
Los obstáculos en el acceso al aborto no quedan solo en palabras oficiales ni el accionar de grupos conservadores. Hoy son también una política de Estado que avanza firme en forma de ajuste y motosierra: el presupuesto destinado a salud sexual y (no) reproductiva es el más bajo de los últimos 9 años.
Según un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA) junto a ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina y CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) en base a información pública, el presupuesto de Nación destinado a salud sexual y (no) reproductiva es el más bajo de los últimos 9 años. Este retiro del Estado nacional y la desarticulación de las políticas públicas tiene consecuencias en todo el territorio del país: el acceso a derechos depende cada vez más de la decisión y capacidad de cada provincia.
Stablun pone un ejemplo claro: “Nosotros teníamos un convenio, y lo tenemos todavía, con el Laboratorio LIF de Santa Fe. El año pasado, con el cambio de gestión, el laboratorio tuvo que parar la producción de todos sus insumos y eso generó que, cuando retomaron la producción, no llegaron a producir la cantidad que necesitábamos en una provincia tan grande como la nuestra. Eso nos obligó a comprar misoprostol a laboratorios privados, que tienen valores que equivalen al triple de lo que veníamos gastando hasta el año pasado”.
Otra de las medidas que llevó a cabo el Gobierno libertario tiene que ver con los despidos y el desmantelamiento de la Línea de Salud Sexual de la Nación, una línea gratuita y confidencial que brinda información y orientación sobre temas como anticoncepción, VIH, violencia sexual e interrupción del embarazo, entre otros. “En marzo del año pasado, notamos muchas demoras en el 0800 de Nación como consecuencia de los despidos. Los equipos y las usuarias nos comentaban que había demoras no solamente en recibir el llamado, sino también en las derivaciones que nos hacían desde Nación a la provincia”, cuenta la responsable de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva bonaerense. Por ese motivo, el Estado provincial sumó a la Línea 148, de servicio gratuito de asistencia para personas que necesitan información sobre métodos anticonceptivos y aborto. En los primeros seis meses de atención, recibieron más de 20.000 llamados y el 97% fueron para pedir información sobre interrupción del embarazo.
Stablun está orgullosa de ser parte de “una gestión que acompaña la decisión de las mujeres a interrumpir un embarazo”, a pesar de las dificultades para garantizar insumos y el impacto concreto que tienen las narrativas antiderechos que hoy cuentan con el aval del Gobierno nacional. “Este Gobierno asumió con un fuerte discurso de odio hacia los feminismos y en contra del aborto. No solamente por parte del Presidente, sino de la gran mayoría del Gobierno que habla del aborto como un homicidio agravado por el vínculo. La verdad que ahí pensamos que muchos equipos iban a retroceder o dejar de acompañar interrupciones de embarazo, pero por suerte eso no sucedió y fue un gran alivio”, sostiene.
Sin embargo, advierte una preocupación: “Por lo general, antes las consultas sobre aborto eran directamente ‘estoy embarazada y quiero interrumpir, ¿dónde puedo ir?’; ahora la consulta es si pueden interrumpir o no, si el aborto sigue siendo ley o no, se acercan con muchas dudas al respecto y eso tiene que ver con el discurso que estamos escuchando todo el tiempo por parte del Gobierno. Por suerte no hemos notado un gran incremento en la demora en las consultas, la mayoría sigue siendo consulta temprana, pero si ese discurso se sostiene en algún momento puede generar que las personas lleguen más tarde al sistema de salud o que recurran a otros espacios por esas dudas o el temor. Por eso es importante esforzarnos en comunicar que el aborto sigue siendo legal y es un derecho que el Estado está obligado a garantizar”, agrega.
Equipos y redes
En este contexto adverso, los y las profesionales de la salud tejen redes para garantizar el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Un ejemplo de esto es la Unidad de Salud Sexual y Aborto Seguro del Hospital Manuel Belgrano, en San Martín, un espacio interdisciplinario donde médicas, psicólogas y trabajadores sociales acompañan interrupciones del embarazo. El espacio tiene sillones, lámparas de sal, música y quienes acuden allí pueden ir acompañadas por quien lo deseen. “Es un equipo muy lindo y un espacio único. No hay otro espacio así en un hospital público”, dice Ailin Carrillo, coordinadora de la Unidad.
“El equipo se formó en 2018, en plena marea verde, y más allá del apoyo institucional que tuvimos creo que ese contexto hizo que hubiera más libertad para respaldarnos y crear este espacio”, dice Carrillo y destaca el apoyo de Carlota Ramírez, responsable de la Dirección de Equidad de Género en Salud en la provincia de Buenos Aires. Carrillo, que trabaja en el Hospital Manuel Belgrano desde 2013 y también forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, cuenta que a partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, en 2020, notaron que las usuarias llegaban más tranquilas y seguras al espacio. “Antes, las usuarias llegaban sin información y creían que el aborto era ilegal incluso en aquellos casos en los que era legal por causales. Entonces, siempre recibíamos situaciones de mayor riesgo. Con la sanción de la ley, las personas entendieron que era su derecho y eso fue un gran cambio para nosotras como profesionales”.
Pero instalar la Unidad no fue nada fácil y la avanzada antiderechos vuelve a dificultar el panorama. “Nosotras siempre tuvimos muchos ataques desde sectores antiderechos. Entonces, eso fue una lucha constante. Hoy, con la llegada de Milei, estas personas se sintieron libres para volver a atacarnos y empezaron a volver a poner trabas”, sostiene.
Esta nueva ofensiva antiderechos, cuenta Carrillo, comenzó a solo dos días de que Javier Milei fuera electo Presidente, con distintos tipos hostigamientos e intimidaciones. “Están sintiendo otra vez esa libertad de poder atacar, aún cuando tenemos la ley”, agrega la médica. A pesar del envalentonamiento de estos grupos, la Unidad sigue firme y garantizando el derecho al aborto para todas las personas que así lo decidan. Carrillo destaca el apoyo del Hospital y de la Provincia para frenar esos ataques y sostener el equipo.
A pesar de tener el apoyo de la provincia, el Hospital Manuel Belgrano no quedó exento del impacto del ajuste de Nación. Ailín dice que ya “se acostumbró a trabajar sin anticonceptivos” y a hacer malabares para administrar los insumos. “Es desesperante. Es pensar que hoy puedo trabajar, pero no sé si voy a poder hacerlo mañana”, dice.
“Nosotras estamos muy cerca de San Isidro y lo que está llegando desde ese municipio, otra vez, es que hay grupos antiderechos que van y directamente les dicen a quienes se acercan a consultar que no interrumpan o les dicen que les van a hacer una ecografía y les terminan haciendo escuchar los latidos fetales, o las llevan engañadas para que la persona no interrumpa”, cuenta Carrillo. Frente a esto, el equipo de la Unidad de Salud Sexual y Aborto Seguro del Hospital Manuel Belgrano de San Martín articula con profesionales de la salud de San Isidro y San Miguel, los dos distritos bonaerenses donde garantizar el derecho al aborto sigue siendo un desafío diario a pesar de la ley.
F., la médica del centro de salud de San Isidro, dice que esa articulación y el apoyo de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia fue fundamental para poder continuar con su trabajo. “Si bien sabemos que son ellos los que están incumpliendo la ley y nosotras somos las que la estamos cumpliendo, apenas supimos lo que pasa en el Materno Infantil empezamos a asegurar ese derecho derivando otras pacientes a otros efectores de otros municipios como San Martín, Vicente López o Tigre, donde pudimos crear una red de trabajo, acompañamiento y cuidado”.
La provincia de Buenos Aires sumó a la Línea 148, un servicio gratuito de asistencia para quienes necesitan información sobre métodos anticonceptivos y aborto. En los primeros seis meses de atención, recibieron más de 20 mil llamados y el 97% fueron para pedir información sobre interrupción del embarazo.
La médica destaca también el acompañamiento permanente de las organizaciones feministas y, particularmente, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fue quien denunció las irregularidades en el hospital de San Isidro. “Todo ese apoyo es importantísimo porque una se siente acompañada y gracias a eso nosotras podemos seguir sosteniendo el servicio y ser un eslabón más para que las personas gestantes puedan acceder a su derecho”.
“Todas las personas que llegan al sistema de salud tienen que ser escuchadas. Pero no es lo mismo una persona que viene con un dolor de pecho —que llega con miedo, claro— que una persona que además de venir con miedo viene con toda una sociedad atrás por los prejuicios que aún existen en torno al aborto y, mucho más aún, si son recibidas por estos grupos conservadores. Entonces, nuestro rol como profesionales tiene que ser de acompañamiento, de empatía y de poder asegurar un derecho que además está contemplado por la ley. Me parece que esas son las cosas que hay que recordar: que cada persona es dueña de su cuerpo, de su salud y que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y nuestro rol como profesionales de salud es acompañar esta decisión”, dice Ailin.
Las profesionales de la salud aseguran que quienes tienen la determinación de interrumpir un embarazo van a hacerlo a pesar de los obstáculos y subrayan la importancia de denunciar esas situaciones para que no se repitan y evitar tanto situaciones traumáticas para las usuarias como demoras que pueden aumentar el riesgo para la salud. Por eso, insisten en fortalecer las redes que garantizan derechos, desde el activismo y la gestión, en los hospitales y en las calles. La libertad de los antiderechos avanza, pero el feminismo sigue alerta.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
