Lucila tiene 19 años y está en una relación con un vecino de su barrio, el Cheti. Cogen, se divierten, la pasan bien. Ella quisiera algo más. Él tiene su deseo puesto en el rocanrol, en su banda, en tocar la guitarra. Lucila patina y sueña con competir en un torneo. Un test de embarazo positivo la desarma. Una amiga le da el teléfono de una ginecóloga. Va a una consulta y le dice que no se siente preparada para ser madre. Le receta misoprostol. “¿Pero esto se puede comprar en la farmacia?”, pregunta Lucila. “Sí, obviamente no digas para qué es. En medicina también tiene otros usos de orden gástrico”. Corre el año 2004. El 30 de diciembre la banda Callejeros toca en el boliche Cromañón y un incendio provoca la muerte de 194 personas. Ella sobrevive y decide no abortar. Lucila es el personaje interpretado por Nicole Mottchouk en la serie Cromañón, dirigida por Fabiana Tiscornia y Marialy Rivas. ¿Cuántas Lucilas existen?
Veinte años más tarde, y después de haber logrado hacer carne demandas feministas históricas, el gobierno de Javier Milei —el presidente que se presenta como “un topo que viene a destruir el Estado”— avanza contra las políticas de salud sexual y (no) reproductiva en Argentina. Desde el inicio de la gestión libertaria, y con el argumento de lograr el prometido déficit cero, se desfinanciaron y desmantelaron políticas fundamentales como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, entre otros, mientras instala una narrativa en contra de la Ley de Educación Sexual Integral. La Libertad Avanza contra nuestros derechos.
“Desde la asunción de Milei, observamos un proceso de desresponsabilización del Estado nacional por la vigencia de derechos en las provincias, a pesar de encontrarse obligado a sostener pisos mínimos de protección regulados en leyes nacionales vigentes. Esto se evidencia en el acceso a la salud sexual y reproductiva, una agenda que presenta graves retrocesos en términos de accesibilidad”, sostiene Patricia Sotile, integrante del área jurídica de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género). En un contexto de ajuste brutal y un Estado en retirada, el acceso a derechos sexuales y reproductivos depende cada vez más de tu código postal.
En un contexto de ajuste brutal y un Estado en retirada, el acceso a derechos sexuales y reproductivos depende cada vez más de tu código postal.
Según un informe elaborado por ELA junto a ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina y CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) en base a información pública, el presupuesto destinado a salud sexual y (no) reproductiva presenta un grave desfinanciamiento: el gasto de la Nación en esta política es la más baja de los últimos 9 años. A esto se suma que, aún considerando los recortes presupuestarios, al mes de noviembre de 2024, el Ministerio de Salud sólo ejecutó el 15% del presupuesto vigente para Prevención del Embarazo Adolescente y el 25% del total del programa de Salud Sexual y Reproductiva.
Educación sexual y prevención del embarazo adolescente
En su primer año de gestión, el mileísmo decidió desfinanciar el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), un programa que desde su inicio, en 2017, logró bajar la tasa de embarazos en niñas y adolescentes en un 50%¹. En diciembre de 2023, el gobierno nacional suspendió los fondos destinados a sostener los recursos humanos, los espacios edilicios y la asignación presupuestaria que permitía implementar esta política pública y despidió a 619 profesionales que conformaban sus equipos.
“La importancia del Plan ENIA no solamente se basa en su eficacia por haber logrado reducir significativamente los embarazos no intencionales en la adolescencia en los 38 departamentos de las 12 provincias del Noreste, Noroeste y provincia de Buenos Aires donde comenzó a implementarse. Está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las adolescentes”, explica Sotile.
Porque aunque vociferen, pataleen e insistan con el déficit fiscal, el problema no es sólo matemático. Parece que el laissez faire rige únicamente cuando beneficia a los sectores de poder. La Libertad Avanza está en una cruzada en la que se embandera con las consignas de “Dios, Patria y Familia” y cada movimiento que se realiza en este sentido se enlaza también con una batalla, de orden cultural, que busca restaurar valores propios de un conservadurismo furioso.
Esa batalla se expresa de una forma mucho más clara y transparente en la arremetida contra la Ley de Educación Sexual Integral —llevada adelante especialmente por la vicepresidenta Victoria Villarruel— que busca posicionarse como una de las principales referentes de ese nacionalismo conservador desde el que se combate, entre otras cosas, a una supuesta “ideología de género” a la que señalan como amenaza y responsable de todos los males de la Argentina.
Estos debates reavivan discusiones de sectores que ya en 2006 sostenían que la educación sexual no era un tema para ser abordado en el colegio. Esa fue la disputa más fuerte que se dio en aquel entonces en el Congreso —tanto en Diputados como en el Senado— cuando se aprobó la Ley 26.150, una norma que fue el resultado de un debate intersectorial y federal, y que recogió las recomendaciones y demandas de expertas, profesionales de la salud, organizaciones feministas y de derechos humanos.
En los últimos días, y con la excusa de la promoción de los libros con escenas supuestamente pornográficas, los libertarios abrieron fuego para declararle la guerra a la educación sexual integral, clave para que niños, niñas y adolescentes identifiquen situaciones de abuso o violencia. Los datos son contundentes: entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y el 80% de las denuncias fueron después de tener una clase de ESI en la escuela, según información de la Línea 137. Además, un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reveló que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes residen en la misma vivienda que la persona denunciada por abuso sexual infantil y que en 6 de cada 10 casos, el delito fue cometido por alguna persona con un vínculo familiar.
“En este marco, la ESI es una herramienta fundamental para identificar conductas abusivas y violentas y que niños, niñas y adolescente puedan contar con herramientas para denunciarlas. Además, del número de casos relevados en aquellas situaciones en que se demoró más de un año en hacerse la denuncia se observó en forma reiterada que la develación sucede recién cuando los niños, niñas y adolescentes tienen un entorno de contención para poder relatar el hecho o cuando encuentran palabras para relatar los hechos, por ejemplo, a partir de una clase de educación sexual integral. Según el informe del Ministerio Público Tutelar de CABA, en 1 de cada 4 casos se devela el hecho en la escuela”, explica Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y el 80% de las denuncias fueron después de tener una clase de ESI en la escuela.
Pero se trata solo de eso. Además de cuidado, la educación sexual integral promueve la experiencia de una sexualidad libre y proporciona información científicamente validada, herramientas fundamentales para decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades. Y, ya lo sabemos, la información es pura potencia y autonomía, es cuidado y goce. La ESI ayuda a promover la autoestima y a tener una imagen personal positiva, pone en valor la diversidad corporal, la diversidad de género, el respeto al propio cuerpo y el de los otros, a las identidades y orientaciones sexuales en toda su diversidad.
La batalla del Gobierno contra la ESI no es sólo discursiva. Desde ELA, denuncian que “se evidencian retrocesos en el cumplimiento de la ley” y que el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo nacional no contempla una partida asociada a su cumplimiento y aplicación. “A pesar de la evidencia que da cuenta de la importancia e implementación de estas políticas públicas, el Gobierno nacional ha decidido no atender esta urgencia que condiciona la calidad de vida de las infancias, mujeres y personas con capacidad de gestar y desfinanciar las políticas de salud sexual y reproductiva”, asegura Izcurdia.
A esta situación se le suma otra quizás más preocupante. El Programa de Salud Sexual del Ministerio de Salud de Nación es el organismo que debe garantizar la entrega de anticonceptivos y preservativos gratuitos. Sin embargo, según información oficial relevada por Chequeado, la distribución de preservativos y anticonceptivos cayó abruptamente desde la llegada de Milei a la presidencia.
El avance de la motosierra no terminó ahí. Entre el tercer trimestre de 2023 y de 2024, hubo una caída del 64% en la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable. Durante el tercer trimestre de 2024, no se cumplió ninguna meta del programa: sólo se distribuyó el 9,1% de los preservativos planificados y no se entregó ningún tratamiento para IVE de los 100.400 programados. Esto significa que cada provincia tiene que gestionar y jerarquizar la compra de estos insumos. Pero ya sabemos que, a pesar de que Argentina es un país federal, hay provincias con más recursos que pueden abastecer esta demanda y otras que no.
Hoy una caja de tres preservativos cuesta, en promedio, entre tres mil y cuatro mil pesos. El salario mínimo vital y móvil de noviembre fue de $271.571,22. Pareciera que el Estado nacional se retira deliberadamente de cualquier intención de intervenir allí donde más se necesita.
El aborto es ley aunque le duela a Milei
El acceso al aborto voluntario es ptra de las políticas sobre las que avanzó la motosierra libertaria Desde ELA, señalan que “en el transcurso del 2024 no se han comprado ni distribuido, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva —dependiente del Ministerio de Salud—, insumos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE-ILE), abarcando tanto medicamentos (misoprostol, mifepristona, combi pack) como equipamiento (kits de AMEU y cánulas)”. En el año 2023 el Ministerio de Salud de la Nación distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona. Este año, ninguno.
“El desfinanciamiento y la desarticulación de las políticas públicas que garantizan el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva y el abordaje, prevención y erradicación de la violencia por razones de género forman parte de la ‘batalla cultural’ del gobierno contra los feminismos”.
“Las barreras que la falta de insumos genera en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo como las de IVE/ILE ponen en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. Además, los retrocesos incumplen principios básicos de nuestro sistema convencional-constitucional como los de igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, y buena fe o lealtad federal”, señala Sotile.
Con la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), desde 2021 hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a un aborto seguro en el sistema público de salud. Además, las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. El desfinanciamiento de esta política pública sumado a la falta de liderazgo del Ministerio de Salud de la Nación en su implementación, ha generado desconcierto sobre la continuidad de políticas de salud sexual y reproductiva. Desde las provincias también se han denunciando faltantes de envíos de diversos métodos anticonceptivos y bajos niveles de ejecución presupuestaria de los programas destinados a la compra de insumo. Si bien informan que desde sus territorios se han gestionado procesos de compra, se ven perjudicadas por la falta de respuesta clara por parte de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva respecto a cuándo, cómo y con qué cantidad de insumos se concretarán los envíos.
“A su vez, en diversos foros nacionales e internacionales, el presidente de la Nación se ha referido a la interrupción del embarazo como a la ‘agenda sangrienta del aborto’ y un ‘asesinato agravado por el vínculo’ con lo cual no solo desconoce el marco normativo vigente, sino que desinforma a la población y promueve que se generen estigmas alrededor del acceso al aborto. Esto contribuye a intimidar y infundir temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan el acceso a la práctica”, agrega Izcurdia.
“Sin dudas, el desfinanciamiento y la desarticulación de las políticas públicas que garantizan el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva y el abordaje, prevención y erradicación de la violencia por razones de género forman parte de la ‘batalla cultural’ del gobierno contra los feminismos, a quienes desde la campaña electoral ha identificado como su ‘enemigo público’. La reacción en contra de estas agendas es clara e intencionada”, analiza la abogada.
La persistencia feminista
El panorama es complejo. Pero ante este escenario de emergencia, existen organizaciones que tejen resistencias. Muchas veces silenciosas, muchas veces invisibles. La Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir nació hace diez años, como una necesidad de nuclear trabajadores y trabajadoras del sistema de salud que garantizaban el acceso a las interrupciones de embarazos no deseados y parte de las estrategias de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito para construir la ley dentro del sistema de salud.
Luz Diaz es médica generalista y delegada de la Red por regional Jujuy, Amira Molaheb es Licenciada en Trabajo Social y miembro de un equipo de IVE y Diversidades en la Unidad Primaria de Atención (UPA) de Los Hornos —una localidad ubicada al sudeste de La Plata— y Julieta Bazán pertenece a la regional conurbano sur provincia de Buenos Aires. Las tres son profesionales y activistas que construyeron dispositivos de atención, con equipos interdisciplinarios y desde una perspectiva de salud integral, de derechos y feminista.
En diálogo con LATFEM, las profesionales cuenta que en hoy la Red tiene distintos dispositivos de organización. Por un lado, trabajan en el armado de un registro federal los establecimientos públicos que garantizan la realización de IVE e ILE. Por el otro, llevan adelante espacios de articulación por cada regional, que dinamizan las articulaciones, gestiones y acciones de visibilización sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su implementación. Además, las regionales de todo el país se reúnen de forma anual en un plenario nacional para construir y repensar líneas de acción de la Red. De estos espacios nacen las campañas de difusión para exigir y garantizar la plena implementación de los derechos sexuales y no reproductivos de la población.
Las profesionales coinciden: desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el masivo recorte presupuestario en salud sexual a principios del 2024 o a partir del cierre de algunos programas nacionales provocó un impacto contundente en la tarea que realizan desde la Red. “Este ajuste también se vio reflejado en el cese de la entrega de métodos anticonceptivos y medicación para la realización de IVE/ILE dentro del sistema público. Las personas no pueden elegir el método anticonceptivo que deseen. Esto se ha replicado en todo el país, lo cual ha generado que las provincias deban hacer compras de emergencias de mifepristona y misoprostol, o algunos métodos anticonceptivos, y esto provocó algunas semanas de dilatación o retraso en la entrega de la medicación”.
A esta situación de vaciamiento se le suma el faltante de compras de medicación que acompaña los procesos de hormonización, como la espironolactona o estradiol en gel. Desde la Red sostienen que esto generó dilataciones o interrupciones en la entrega de tratamientos de modificación corporal hormonal. “El Gobierno de Milei tiene una mirada conservadora, patriarcal y misógina sobre los derechos sexuales y no reproductivos de las personas gestantes o las disidencias sexuales. El presidente nos ha llamado ‘asesinas de pañuelos verdes’ a quienes acompañamos las interrupciones de embarazos no deseado. Estos discursos de odio buscan generar miedo a quienes venimos garantizando derechos y le da más fuerza a los sectores antiderechos del sistema de salud”. Las profesionales y activistas denuncian que muchas veces esos sectores obstaculizan o directamente niegan el acceso de las personas a la atención, anteponiendo sus creencias religiosas o ideológicas por sobre la salud de la población, y exponen a quienes deseen abortar a realizarlo con métodos inseguros.
“El presidente nos ha llamado ‘asesinas de pañuelos verdes’ a quienes acompañamos las interrupciones de embarazos no deseado. Estos discursos de odio buscan generar miedo a quienes venimos garantizando derechos y le da más fuerza a los sectores antiderechos del sistema de salud”.
Más allá de que el Ejecutivo esté incumpliendo con sus obligaciones, es urgente reforzar que tanto la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable como la interrupción voluntaria del embarazo están vigentes y el Estado tiene la obligación de poner a disposición todos los mecanismos existentes para su plena implementación. “Hemos aprendido que sólo con la organización y la articulación feminista vamos a garantizar que la accesibilidad sigue estando en el sistema público, a validar nuestro trabajo como esencial y seguir exigiendo el derecho a la salud integral”, sostienen.
Como parte de las estrategias que despliegan para hacer frente a los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, desde la Red aseguran que la articulación con organizaciones y la difusión de información segura es fundamental. “Tenemos nuestra página web y una aplicación que se puede bajar en el celular con información para usuaries. Ahí se encuentra el mapa con los efectores donde hay equipos de la Red y se puede garantizar atención de calidad. Tanto en la página como en aplicación está la información de cómo se realiza el tratamiento de manera ambulatoria y preguntas frecuentes”. En esas plataformas hay también un apartado con información para profesionales de la salud y materiales de consultorio que se comparte a cada efector. Además, organizan jornadas de actualización en materia de IVE-ILE y anticoncepción, dirigidas específicamente a equipos de salud.
“Actualmente realizamos mucho hincapié en poder aumentar la cantidad de efectores que realizan la práctica de AMEU en primer nivel de atención”. Es complejo —aseguran— y por eso apuestan a trabajar en red, sobre todo en aquellas instituciones que vienen sufriendo el aumento sostenido del estigma profesional. La Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir también apela a la articulación regional que produjo la marea verde en América Latina, desde donde se comparten experiencias que nutren y consolidan estrategias y líneas de acción. Así se activa la resistencia, colándose en los intersticios que quedan, los que aún existen, para romper esos muros que parecen cada vez más rígidos e impenetrables.
¹ En el año 2018, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2021.
