El proyecto de Presupuesto 2025 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional fue presentado por el Presidente Javier Milei —y no por el ministro de Economía como indican los usos y costumbres— ante una sala prácticamente vacía en el palacio legislativo. El texto esboza a las claras la estrategia obsesiva del oficialismo de alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. “El déficit cero no se negocia”, insiste una y otra vez el Presidente.
Para lograr ese objetivo, el Gobierno libertario propone una “regla fiscal” que no es una novedad en la Argentina: se trata de la misma fórmula que puso en práctica el gobierno de La Alianza en 2001, con un profundo fracaso en materia social. Esta regla avala la reducción de ciertas partidas del gasto —está poco claro cuáles son— toda vez que retrocedan los ingresos del fisco. Es decir, habrá más ajuste sobre la población pese a que las proyecciones presentadas por el oficialismo muestran un crecimiento de la recaudación fiscal y caídas equiparadas en el gasto.
¿Por qué es esto? Por un lado, las partidas asignadas se comparan con 2024, un año marcado por la política de motosierra y licuadora de Javier Milei. Esa base de comparación —ya reducida— habilita a mostrar tenues crecimientos o recortes en el Presupuesto 2025. Por otro lado, la inflación proyectada del 18,3% para todo el año casi que despierta risas y difícilmente logre mostrar caídas en términos reales en el presupuesto.
Pero, ¿qué pasa con las partidas más sensibles en materia social? ¿Cuánto va a destinar el Gobierno a la salud y la educación? ¿Qué pasa con las políticas para prevenir y erradicar las violencias machistas?
La discusión del Presupuesto aún está completamente abierta. Las negociaciones son uno a uno con legisladores y gobernadores, tanto opositores como los “dialoguistas”. Será el primer Presupuesto propio de la gestión Milei y marcará la hoja de ruta para el próximo año de gobierno libertario. Sin embargo, la política económica, monetaria y cambiaria no se define en esta discusión parlamentaria: las fuerzas del cielo seguirán apretando con o sin Presupuesto 2025 aprobado.
Salud: más ajuste y crueldad
Las partidas presupuestarias destinadas a salud representan el 5,6% del total del Presupuesto 2025, en valor absoluto se trata de erogaciones por $,5 billones de pesos. Los gastos en Salud exceden a las asignaciones propias del Ministerio nacional —a cargo de Mario Lugones, cardiólogo y dueño del Sanatorio Güemes— ya que otras entidades llevan adelante tareas vinculadas con esta área también, incluyendo a Presidencia de la Nación.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto por organismos públicos muestra “fuertes ajustes en: Superintendencia de Servicios de Salud (-67%), ANMAT (-19%), hospitales nacionales e, incluso, en el Instituto Nacional del Cáncer (-29%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, al cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de casi el 20%”.
Si comparamos el presupuesto asignado a la función salud en 2024 y en 2025, observamos un aumento nominal de un 79%, pero una caída en términos reales[1] del 20% de un año a otro. Esto quiere decir que el Gobierno propone, por segundo año consecutivo, un fuerte ajuste en materia de Salud. Se estima que con casi $2 billones adicionales se podría evitar el ajuste en 2025, pero el Gobierno no prevé tamaño volantazo, y continuar con la política de recorte en Salud que en 2024 fue del 30,7% interanual.
En cuanto al presupuesto asignado al Ministerio de Salud, el total para 2024 fue de $4,9 billones y para 2025 será 5,2 billones, es decir, una variación del 6,2% que en términos reales escala al 53%. Se achica así la participación del presupuesto del Ministerio respecto al presupuesto total: de un 5,6% en 2024 a un 4,5% para 2025.
Ambiente: sin presupuesto para la crisis climática
El presupuesto asignado a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible representa el 0,066% del total del Presupuesto 2025, mientras que para 2024 se asignaba un 0,15% del total proyectado. No es novedad: lo ambiental no es parte de la agenda de La Libertad Avanza. Se trata de asignaciones pequeñas pero sobre las que también cae el peso de la motosierra. Además, durante 2024 se ejecutó apenas el 0,27% del presupuesto asignado para esa cartera.
En septiembre de 2024, a raíz de los incendios en distintas zonas del país, el Gobierno nacional dispuso un importe adicional de $70,1 millones en Recursos de Afectación Específica para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Ese importe representó un aumento de apenas el 1,5% en el presupuesto ambiental respecto a junio de 2024, a pesar de que distintos organismos reportaban un aumento en la frecuencia de incendios del 115% en el año.
Como contraste, en la ejecución del Presupuesto 2024 se mantuvieron los subsidios a las empresas que se dedican a la explotación de hidrocarburos por un monto equivalente al 4,3% del total. Para el 2025, esos subsidios a la oferta aumentarían en un 2,2% del Presupuesto Nacional 2025 —además de la espera de un aumento de inversiones del RIGI en US$ 2.500 millones—. Por otro lado, aumentará la presión impositiva para los usuarios de combustibles ya que ese impuesto representa 0,38% del PBI 2024 y se proyecta que será un 0,73% del PBI para 2025. En un contexto con un objetivo de mantener el equilibrio fiscal y reducir el déficit energético, no hay una proyección clara sobre cómo evolucionará la demanda del sector.
Cuidados y género: sin recursos
Las acciones destinadas a evaluar y etiquetar las partidas presupuestarias destinadas a cuidados —así como otras políticas dirigidas a cerrar las brechas de género— se encontraban dentro del Programa de Evaluación de Políticas de Igualdad y Género, que dependía del Ministerio de Economía. Este programa tuvo una asignación presupuestaria de $293 millones durante 2024, pero sólo se ejecutó alrededor de un 5% durante el transcurso del año[2]. En el proyecto de Presupuesto de 2025, fue eliminado por completo, es decir, desfinanciado.
Tampoco existe ninguna acción destinada a etiquetar el presupuesto con un enfoque de género. Además, se eliminó la palabra “género” de todos los programas, proyectos y acciones y se mantuvieron solo los que tienen impactos indirectos, es decir, los dirigidos a infantes y personas mayores. Lo mismo ocurre con aquellos destinados a reducir las brechas de tiempo y cuidados.
Según el documento enviado por el Gobierno, se avanzó en la “eliminación de intermediarios” para el acceso a beneficios y se aumentaron en términos reales las partidas destinadas a “la asistencia social”: la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 10% en términos reales y la Prestación Alimentar proyecta un aumento de alrededor del 29%, respecto a 2024. Por el contrario, los programas, actividades y proyectos que estaban vinculados con la reducción de los tiempos de cuidados no remunerados —y con efecto en la reducción de las brechas de género— fueron eliminados en torno a un 48% y los que se mantuvieron sufren enormes caídas reales.
A modo de ejemplos, el programa de Apoyo al Plan Nacional Primera Infancia destinado a la construcción, refacción y readecuación de espacios de primera infancia registró en 2024 apenas un incremento del 5% nominal, contra una inflación que acumula 100% en nueves meses. Asimismo en 2025 el presupuesto asignado apunta una caída del 40% real respecto a 2024. El programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia sufrirá una caída en términos reales del 38% en 2025 respecto al vigente de 2024. El de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria tiene entre sus acciones la construcción de centros de desarrollo infantil, y su ejecución durante 2024 fue prácticamente nula. En 2025 el programa tendrá una caída de alrededor de 50% en términos reales respecto al valor vigente de 2024.
Además, el programa Acompañar —que ofrece apoyo económico para quienes están atravesando situaciones de violencia— y la Línea 144 —de atención, prevención y asistencia a víctimas de violencias machistas— ni siquiera figuran con partidas asignadas en el presupuesto enviado por el Gobierno.
Educación: la motosierra avanza
En términos del PBI, la inversión nacional en Educación en 2025 será del 0,88%, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%). La variación de esta “función” del gasto anticipa un aumento del 0,65% en términos en el Presupuesto 2025, pero este cálculo esconde una magra inflación pronosticada por el oficialismo en el proyecto de ley y una baja base de comparación dado que en 2024 esta partida sufrió un recorte del 40,2%. Si se considera la inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la caída estimada es del 6,93% para 2025, como muestran en Argentinos para la Educación.
La instrumentación de esta función de “Educación y Cultura” recae en un 80% en el Ministerio de Educación y el resto corresponde a otros ministerios como Defensa e Infraestructura. El Ministerio de Educación recibió el 6,36% del Presupuesto Nacional en 2023, mientras que en 2024 la participación de la Secretaría de Educación se redujo al 4,60% y en 2025 está previsto que reciba el 5,12% del total.
Los programas más relevantes son la educación superior, que recibirá el 66,5% del presupuesto de la Secretaría de Educación en 2025, seguido por el Plan Nacional por la Alfabetización que recibirá el 11,6%. En términos generales, la mayoría de los programas sufre lógicamente un ajuste. Además “en 2025 se asignan por primera vez fondos del presupuesto al Plan Nacional de Alfabetización y se eliminarán los programas Mejoramiento de la calidad educativa, Conectar Igualdad, Fortalecimiento territorial y Acompañamiento de organizaciones educativas”, sostiene el portal en base a datos de UBA/CONICET.
Autoras: María Laura Testa, Yamila Nadur y Sofía Benitez Nuñez, economistas feministas e integrantes del Colectivo Paridad en la Macro.
[1] Para calcular la variación en términos reales, es decir considerando los efectos de la inflación, se toman en cuenta las proyecciones del REM. La inflación acumulada hasta agosto fue de 94,8% y la proyectada entre septiembre y diciembre del 15,19%, tomando el top-10 de las consultoras.
[2] Según datos del Presupuesto Abierto al Ciudadano.
