Foto de portada: Vlasta x (CC-BY-SA, Wikimedia Commons)
El martes 8 de octubre, después de cinco días de permanencia en el hospital, de asambleas y de resistencia, lxs trabajadorxs y usuarixs del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, con el apoyo de la comunidad, lograron frenar el cierre de la guardia e internación de la institución, anunciado el viernes anterior en un comunicado del ministerio de Salud de Nación.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) firmaron un acuerdo donde la cartera ministerial asegura que el Bonaparte no se cierra y que vuelve a su normal funcionamiento. Además en ese acuerdo, los dos sindicatos, el ministerio y las jefaturas asistenciales se comprometen a construir conjuntamente el plan de reestructuración del hospital. A pesar de que el servicio de guardia no dejó de funcionar nunca en estos días —hoy hay 37 personas internadas en el hospital—, los trabajadores siguen esperando que el acuerdo firmado se efectivice en la apertura de la internación para nuevxs usuarixs. Porque la comunidad del Bonaparte sabe que ha ganado una batalla, sin embargo la amenaza persiste y entonces, el estado de lucha y alerta también.
¿En qué contexto ocurren estas amenazas concretas de cierre, despidos y vaciamiento del único hospital nacional especializado en salud mental en Argentina? Por un lado, en noviembre del 2023 el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un informe sobre la salud mental de la población argentina. Los resultados obtenidos dan cuenta de que el 45,5% de lxs argentinxs está atravesando una crisis vital o económica, y el 9,4% de las personas están en riesgo de sufrir un trastorno mental. Algunas de las sintomatologías señaladas dentro de lo que el informe detalla como crisis vital son depresiones, ansiedades, riesgo suicida e insomnio. El trabajo destaca también que las personas en situación de pobreza y con menores recursos son las más afectadas y ubica a la pandemia como un eje central de aceleración de la crisis anímica.
Por otro lado, esta situación se enmarca en un contexto de subejecución presupuestaria y de crisis salarial entre los profesionales del área de salud. Los hospitales nacionales sólo recibieron, en lo nueve meses que van del año, el 58% y el 68% de lo pactado para 2024, sumado al recorte casi total del financiamiento para obras de infraestructura en los edificios y la licuación salarial de l trabajador de la que dependen de Nación. Este año lxs trabajadores del hospital recibieron un aumento salarial del 10% de su sueldo, cuando la inflación alcanza casi al 95 por ciento.
A fines del 2023, cuando comenzó su gobierno y dentro del entonces proyecto de ley ómnibus, el presidente Javier Milei proponía modificaciones a la vigente Ley Nacional de Salud Mental (N°26.657), promulgada en 2010 y reglamentada en 2013. Entre algunas de sus postulaciones, la norma —de avanzada a nivel mundial— busca promover la desinstitucionalización, fomentar la atención comunitaria, y hacer hincapié en la defensa de los derechos humanos de lxs usuarixs, garantizando su participación activa. Las modificaciones propuestas por el Gobierno pretendían facilitar las internaciones involuntarias -que conlleva a la pérdida de autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental-, habilitar el regreso de manicomios, y así incentivar aún más los negocios privados ya existentes en torno a las internaciones.
“Los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales, considerando las dimensiones edilicias, y la cantidad de recursos humanos asignados”, sostiene el comunicado el Ministerio de Salud el viernes 4 de octubre. “Hay un desfasaje entre profesionales y pacientes”, dice el vocero presidencial Manuel Adorni al referirse a la reestructuración. Lucia Vasallo, psicóloga del hospital dice que “con todas las dificultades, el hospital sostiene una red de atención ambulatoria, territorial, interdisciplinar e integral con lxs más vulneradxs”. Políticas que son efectos de adecuación a la mencionada Ley de Salud Mental, que tiene como uno de sus objetivos transformar las instituciones monovalentes en hospitales integrales y promover la participación activa de los usuarios. Algo que parece disonar con los intereses del Gobierno nacional.
“Si nos cierran este lugar, nos cierran la cabeza”, dice una usuaria a una de las cámaras de televisión que cubren la jornada cultural del domingo, en las puertas del Bonaparte para impedir su cierre. Al día siguiente, en la asamblea sobre la calle Combate de los Pozos, otra usuaria, por megáfono, dirá: “A mí me dió la posibilidad de armarme una vida”.
En esa misma asamblea An Millet, trabajador social de la institución habla del cambio de nombre del hospital en 2016, que repara también en el cambio de paradigma de la Ley, ubicando la relación que Laura Bonaparte psicóloga argentina, militante por lo derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo mantenía con la comunidad LGBTIQ+: “Defendió la importancia de acompañar al movimiento cuando no todo el mundo se animaba”. El intento de trazar una cartografía de lectura: la relación intrínseca de la salud mental y las formas de vidas que hacemos con otrxs.
En este sentido, la legitimación del individualismo como forma de vida está totalmente relacionado con nuestros padecimientos psíquicos comunes. Se estraga el suelo fértil de cuidados colectivos y de interdependencias. Y solo queda la opción terrible que ofrece el mercado. La encerrona trágica: el individuo en la competencia feroz. El imperativo insoportable, el hartazgo desvitalizante de salvarse solxs, frente a la precarización y la guerra lanzada contra nuestras vidas.
La salud mental no se puede pensar solamente como un estado ideal o como la cura de trastornos psíquicos o emocionales individuales. No se trata nada más de los problemas, síntomas, malestares, biográficos. Se cocina algo más: es el terreno vital donde se hacen visibles los efectos de vidas colectivas cada vez más infernales. Si el cuerpo no se pone con otrxs para poner un límite y producir nuestro cuidado común, se pone en el síntoma de un modo individual. Pero el cuerpo se pone igual. Y el síntoma como límite nos dice que algo no anda bien. Cuerpos insomnes, doloridos, brotados, sin poder levantarse de la cama, pasados de rosca, hartos, arrasados, siguen pero no pueden más. Escuchar nuestros cuerpos se vuelve una estrategia política, poética y vital. El derecho a una escucha es el derecho a una vida cuidada y vivible.
El desarme de las formas de lo público, no implica solamente políticas de recortes económicos. Implica, también, la destrucción estratégica de los pequeños territorios y gestos vivos que arman tejidos colectivos, y el intento de sometimiento de los espacios donde germinan múltiples imaginaciones y prácticas de otras vidas posibles, de otros modos de cuidados y de salud. Ahí dónde más atacan, es donde más hay que insistir.
En este sentido, la salud mental se convierte en un campo de disputa. De una manera ambigua, la potencia de insumisión se está dando en el terreno de nuestros afectos, sentimientos, síntomas y cuerpos. Ahí es donde se enuncian las fuerzas de lo político. Pero no en su sentido cerrado ni partidario, si no como expresión afectiva y desesperada de nuestros mundos en común. La salud mental es nuestra obra de arte —a veces, terrible—, nuestra resistencia. Y el Bonaparte se convierte así en germen de desobediencia: un lugar donde convergen el problema, la contraseña y la estrategia colectiva. Y todo lo que germina, seguirá brotando siempre.
