28S: Late la amenaza, tenemos redes de contraataque  

Argentina es el país que logró la legalización del aborto con un mar de pañuelos verdes en todas las ciudades del país. También es el país que apenas tres años después eligió un presidente que lleva como bandera el antifeminismo y en reiteradas ocasiones expresó estar en contra del aborto legal, seguro y gratuito. En el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, seguimos en guardia. 

A diez meses de la asunción de Javier Milei como presidente podemos afirmar que, a pesar de sus expresiones públicas, no parece estar en su agenda ir marcha atrás con la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Pero, ¿qué pasa hoy con el acceso al derecho al aborto en Argentina? Dos aspectos nos ponen en alerta: en materia de implementación, el desmantelamiento de programas y falta de compra y distribución de recursos y, en lo discursivo, la famosa batalla cultural

De lo más preocupante y sin sentido es el desarme del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Desde el 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, en Argentina se implementó el Plan ENIA con financiamiento propio desde Ministerio de Salud de Nación. El plan se priorizó en provincias con altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes, y se convirtió en un ejemplo de política pública exitosa que articula educación y salud con metas, rendición de cuentas reconocida por gobiernos y expertos.

Según datos del Proyecto Mirar, a cargo del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), entre 2018 y 2022 se redujo casi el 50% la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. Y, en ese mismo período, se redujo un 57% en niñas menores de 15 años, en donde la mayoría de las gestaciones son consecuencias de abusos sexuales o violaciones. ¿Es posible tener tan poco corazón para desguazar una política para que las niñas no sean madres?

Foto: Sol Avena.

Si pensamos en dinero y ahorro fiscal —como le gusta al actual gobierno argentino— el costo de no invertir en prevención es significativamente mayor. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de embarazos en la adolescencia, por los gastos que implica afrontar la atención de embarazos y partos en la adolescencia. El costo de implementar el Plan ENIA es 8 veces menor: alcanza unos 17 millones de dólares.

Entre 2018 y 2023 disminuyó a la mitad el embarazo en niñas y adolescentes en Argentina, no sólo por el acceso a abortos seguros sino, sobre todo, a la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal, Amnistía Internacional alertó que “el Gobierno nacional paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes, ante las barreras en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo, como la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)”.

La advertencia surge de información del propio Ministerio de Salud de la Nación que muestra que en lo que va del año no se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso al a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto se debe a la falta de stock y a que los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, sufren demoras desmedidas. Esta información se condice con la suministrada por las provincias de Chubut, Córdoba, Santa Fe y San Juan. A su vez, representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona.

Por su parte, la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir también denunció la falta de distribución de anticonceptivos, misoprostol y mifepristona. Es decir: ante el retiro del Estado nacional, la compra y distribución de los insumos para prevenir embarazos no deseados, y también para interrumpirlos, recae en las provincias. Cada vez más, tu código postal determina si accedés o no a tus derechos.

Batalla cultural: lo que dicen y lo que hacen

La Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) tiene un valor simbólico de disputa muy alto. Milei hace un uso diferencial muy claro de la temática aborto: habla de forma histriónica en actos partidarios para su tribuna de libertarios y dice cosas como que “la agenda del aborto es una agenda absolutamente asesina” o que “el aborto es un asesinato agravado por el vínculo”. Muy distinto a lo que hace en los discursos oficiales, donde no toca el tema y se centra principalmente en lo económico. Queda el interrogante: ¿frente a un fracaso de las medidas económicas, profundizará el ataque a los feminismos yendo por la ley de aborto legal, seguro y gratuito?

Las organizaciones feministas alertan sobre el discurso que habilita el Presidente, desde el más alto lugar de poder, y que sus múltiples seguidores repiten en medios y redes sociales, como podemos ver en los ataques lesbo-homo odiantes, las agresiones a defensores de los derechos humanos y los escraches violentos a referentes populares. Pareciera que los discursos libertarios legitiman un vale todo en distintas capas. 

“Es primordial difundir que la ley está vigente y que cuentan con nosotres en todo el país para garantizarla desde una perspectiva amorosa y cuidada”.

Equipos que garantizan el derecho al aborto en los hospitales fueron hostigados por antiderechos en las mismas instituciones. “Hay municipios que están envalentonados. Por ejemplo, el Municipio de San Isidro abrió un consultorio para ‘maternidades vulnerables’ en donde intentan persuadir a las personas que solicitan una IVE a no hacerlo”, relata Gisela Stablun, directora de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Julieta Bazán, médica generalista de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir cuenta: “Hay mucha confusión por los discursos del Presidente. Nos preguntan, tanto usuaries como profesionales de salud, si la Ley IVE sigue vigente. Es primordial difundir que la ley está vigente y que cuentan con nosotres en todo el país para garantizarla desde una perspectiva amorosa y cuidada”.

Tenemos un piso alto que defender

La Ley está vigente y hay que respetarla. A no desanimarse. Todos los intentos de dar marcha atrás a través de acciones de amparo y de inconstitucionalidad en distintas provincias fracasaron y los profesionales que obstaculizan el derecho son condenados, como es el caso del médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que fue penado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por impedir la interrupción legal del embarazo de una joven que había sido víctima de violación en la provincia de Rio Negro.

Desde la legalización, se duplicaron los efectores de salud pública que garantizan abortos seguros y gratuitos. Si bien la distribución es heterogénea y hay provincias como Chaco, Santiago del Estero y Tucumán en donde hay pocos servicios para la población, existe una red de efectores de salud con profesionales que se vienen capacitando hace años y garantizan la práctica. 

Desde la legalización, se duplicaron los efectores de salud pública que garantizan abortos seguros y gratuitos.

Una de las principales razones que se esgrimían durante los debates a favor de la legalización ya puede comprobarse: a casi cuatro años de la sanción de la Ley 27.610, las muertes por aborto disminuyeron en un 53%. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), las muertes “por aborto médico, otro aborto y aborto no especificado” pasaron de 15 en 2020 a 8 en 2023. Esta categoría representa las interrupciones de embarazos dentro del marco normativo, así como con las complicaciones de abortos inseguros sin especificar.

Además, el acceso temprano a información, insumos, y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad de las mujeres y personas gestantes contribuye a que el 90% de las interrupciones del embarazo sean durante el primer trimestre de gestación.

Foto: Sol Avena

A casi cuatro años de la sanción de la Ley 27.610, las muertes por aborto en Argentina disminuyeron en un 53%.

La rectoría del Ministerio de Salud de la Nación y las capacitaciones en salud sexual prácticamente desaparecieron desde la asunción de Milei, pero las redes feministas, como la Red de Profesionales, FUSA, REDAAS, Socorristas en Red, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, siguen realizando capacitaciones e incluso mejorando las prácticas como el acceso a abortos seguros para personas trans. Y frente a la falta de medicamentos, avanzan en la capacitación para realización de Aspiración Manual Endouterina (AMEU), especialmente en centros de salud. 

Los feminismos tenemos la espalda de muchos años de organización, construyendo redes federales con creatividad envidiable para garantizar educación sexual integral, acceso a sexualidades placenteras y a decisiones seguras. Podrán amenazarnos, pero nos tenemos para el contraataque. 


¹ Estefanía Cioffi es médica feminista e integrante de la Misión de Salud Irma Carrica.