El miércoles 4 de agosto, las Fuerzas de Seguridad argentinas —al mando de Patricia Bullrich— reprimieron por segunda semana consecutiva a los jubilados y jubiladas que protestaban frente al Congreso para exigir mejoras en sus condiciones de vida. Que los ingresos de las personas adultas mayores en Argentina son bajos no es una novedad. Sin embargo, a la caída de los ingresos reales desde diciembre, se agregan otras medidas que afectan sus bolsillos, como los recortes de PAMI, donde muchos medicamentos esenciales pasaron de tener una cobertura del 100% al 40% o 50%.
Con el objetivo de avanzar hacia una situación un poco más justa de este sector de la población, que sufrió una fuerte pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación, el 22 de agosto de 2024, el Senado había aprobado una nueva ley de movilidad jubilatoria. La reforma proponía un incremento adicional del 8,1% sobre los haberes de abril para compensar el aumento de precios de enero, que fue del 20,6%. Esto buscaba corregir el desfase causado por el aumento del 12,5% otorgado a principios de año, el cual no había sido suficiente para mantener el poder adquisitivo frente al alza del costo de vida. La ley también establecía que el haber mínimo debía ser equivalente al costo de la canasta básica de un adulto y proponía ajustes anuales si los salarios formales aumentaban por encima de la inflación. Según estimaciones del Centro de Economía Política (CEPA), con la nueva fórmula lxs jubiladxs estarían recibiendo un ingreso de $317.700, un 9% por encima de la Canasta Básica Total estimada para el mes de julio 2024 en $291.472.
Sin embargo, el 30 de agosto de 2024, el presidente Javier Milei vetó la ley, acusando de “degenerados fiscales” a los legisladores y argumentando que su aplicación implicaría un gasto que pondría en riesgo el equilibrio fiscal (el famoso “déficit cero”). En el mismo sentido, la Oficina del Presidente calificó la ley, a través de un comunicado publicado en X, como “irresponsable” y “demagógica” y sostuvo “que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.
La nueva ley de movilidad jubilatoria resultaba especialmente crucial para lxs jubiladxs que perciben los haberes más bajos, un grupo en el que las mujeres están sobrerrepresentadas.
Según datos de Ecofemini(s)ta, durante el primer trimestre de 2024, las mujeres jubiladas recibieron un promedio mensual de $178.000, mientras que los varones alcanzaron los $216.000, lo que refleja una brecha de género del 17,6%.
Esta diferencia está directamente vinculada a las condiciones estructurales del mercado laboral, donde las mujeres se ven afectadas por la alta carga de trabajo de cuidado no remunerado, que impacta en sus trayectorias laborales, reduciendo los ingresos durante su vida activa y limitando los aportes para su jubilación.
La división sexual del trabajo asigna a las mujeres la responsabilidad mayoritaria del trabajo de cuidado no remunerado, lo que les impide participar plenamente en el mercado laboral formal. Según datos de la Encuesta de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (EPH-INDEC), 92% de las mujeres realizan trabajo doméstico sin pago, dedicando en promedio 6 horas y 31 minutos diarios, frente a solo 38% de los hombres, que dedican 3 horas y 40 minutos. Esta sobrecarga de cuidados afecta directamente la capacidad de las mujeres para generar ingresos a través de un empleo y por lo tanto de obtener aportes jubilatorios adecuados.
Como resultado, las mujeres tienen trayectorias laborales más precarias, con una brecha de participación en el mercado de empleo muy significativa: solo el 53% de las mujeres mayores de 14 años trabaja o busca empleo, frente al 71% de los hombres. Esta disparidad también se refleja en la brecha de ocupación, que alcanza los 18 puntos porcentuales.
Todo esto se refleja al momento de jubilarse: el 85,4% de las mujeres jubiladas accedieron a esta prestación mediante la moratoria previsional.
Pero, además, las moratorias son justamente eso, una posibilidad de financiar el pago de los años adeudados. Por lo tanto, quienes acceden a este beneficio, de todas formas deben pagar las cuotas con su propia jubilación viendo sus ingresos reales reducirse, a menudo quedando por debajo de la jubilación mínima.
El presupuesto que el Estado destina a la moratoria previsional pasó por la motosierra. Durante el primer semestre de 2024 se gastó un 24% en términos reales que el mismo período del año anterior. Dicho de otra manera, se gastó un peso menos de cada cuatro en esta política. Ahora bien, el argumento del “no hay plata” con el que se justifica el recorte a las jubilaciones no aplica a todos los sectores por igual. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante el primer semestre de este año el Estado Nacional ejecutó casi un 30% menos que en el mismo periodo del año anterior. Pero ese recorte no fue parejo para todo el presupuesto. El análisis funcional del gasto muestra que el ajuste se distribuyó de la siguiente manera: un 62% correspondió a recortes en Servicios Sociales, 28% en Servicios Económicos, 6% en Administración Gubernamental, 3% en Servicios de Defensa y Seguridad, y 1% en Deuda Pública.
Pero más allá de mirar el recorte en el gasto, podríamos pensar que la meta del déficit cero podría compensarse por el lado de cómo recauda el Estado. Sin embargo, ahí también vemos doble vara: hace dos meses, el gobierno aprobó un paquete fiscal, en el que da un gran alivio al 1% más rico del país: bajó el impuesto a los bienes personales (que grava las grandes riquezas) y perdona la evasión impositiva a través de un generoso blanqueo. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la reforma reduciría la carga tributaria de este impuesto en un rango de 0,29% a 0,61% del PBI. La recaudación que genera actualmente el impuesto a los bienes personales ya es baja: del recaudado por el estado nacional en 2023, este impuesto aportó apenas el 2,30% mientras que el IVA, uno de los impuestos más regresivos, aportó el 34,41%. Mientras tanto el gobierno, nada hizo para aliviar la carga tributaria a los sectores populares que sostienen las arcas del Estado pagando el IVA todos los días.
Pero aquí de nuevo insistimos: al análisis de equidad de las medidas puede sumarse un análisis de género. Vale recordar que, dada la masculinización de la riqueza, del total de personas alcanzadas por el impuesto a los bienes personales en 2020, las mujeres representaban apenas un tercio. Y sobre el total de los bienes declarados, el 72% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28%. Es decir que el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad.
Por si todavía quedaban dudas, esto suma un elemento más para evidenciar que el défict 0 no fue a costa de la casta, sino que lo pagan sobre todo los que peor la están pasando y allí la mayoría son mujeres. El gobierno alivia a los ricos a costa de los pobres, beneficia a los que más trampa le hicieron al Estado, cargando sobre los jubiladxs el esfuerzo del equilibrio fiscal. Sí hay plata, pero se distribuye injustamente: la tienen lOs más ricOs.
* Malena Vivanco y María Julia Eliosoff son economistas e integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad – ETFE || www.etfe.ar
