Por:

“El movimiento por los derechos de las mujeres está cambiando el país” admitió el juez Ladislao Endre en la audiencia oral y pública ante el fiscal Juan Rozas, las seis activistas feministas acusadas de hacer pintadas en una iglesia y dos bancos del barrio porteño de Almagro, su abogada Gabriela Carpinetti y una decena de militantes y referentes de los feminismos y los derechos humanos, entre ellas Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Sin embargo, esa afirmación no resuelve la causa ni hace reflexionar al fiscal, que no parece gustar de las pintadas políticas. El titular del juzgado N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces, decidió que avance el proceso contra las seis activistas y la causa podría llegar a juicio o resolverse en una mediación.

La construcción del último 8 de marzo, primer Paro Internacional de Mujeres, tuvo un saldo represivo que continúa en el plano judicial a cuatro meses del acontecimiento.

La defensa de las jóvenes había pedido la audiencia para exigir la nulidad de la causa. Pero el juez rechazó ese pedido. Carpinetti planteó que la detención de las jóvenes fue arbitraria y producida por civiles. Una especie de tercerización de la violencia institucional. Los hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios” son Gabriel Omar Fittante, Juan Manuel Báez Rivora, Carlos Esteban Mater y Nicolás Djudjic, y también les dijeron que eran policías. Así lo evidencia un video incorporado como prueba en la causa que fue expuesto en la audiencia.  “Tranquilas somos policías”, les dicen a las chicas. Uno de ellos, según explicó Carpinetti en el alegato, empujó a una de las activistas y le dijo “andá para allá”. Los diálogos entre los denunciantes y el operador de la línea 911 también forman parte de la causa a la que tuvo acceso LatFem. “Se nos escapan. Estamos tratando de seguirlas para que se detengan pero no viene ningún móvil”, dicen en un llamado.

 

A las jóvenes las acusan formalmente de “daño simple y agravado” por hacer pintadas en lugares públicos la madrugada del 7 de marzo en la antesala del Paro Internacional de Mujeres que convocó a más de 50 países en el mundo. “Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El Patriarcado se va a caer” son las frases que aparecieron en las paredes de la Iglesia Santuario Jesús Sacramento y en dos bancos del barrio de Almagro. Las “armas” secuestradas por la policía y aportadas por los civiles: dos aerosoles.

El debate de la audiencia de ayer fue sobre si los hechos imputados encuadraban en la figura de “flagrancia”, tipificada en el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Ciudad. “Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública, por la víctima o el clamor público”, señala ese artículo.

En su alegato Juan Rozas dijo que habló con el párroco de la iglesia. La abogada de las jóvenes expresó que existe una parcialidad manifiesta en su actitud. “Ni el párroco ni los bancos se constituyeron como particulares damnificados pero el fiscal tuvo una actitud especialmente favorable a los damnificados y a los denunciantes. Instó una participación que no había sido impulsada por ellos mismos”, dijo a LatFem.

La causa, entonces, seguirá su curso: puede llegar a una mediación o elevarse a juicio. Mientras otros tantos expedientes judiciales en los que las mujeres pidieron ayuda para salir de situaciones de violencia machista no avanzan o quedan estancados, esta investigación contra seis militantes continúa.

No es el único caso que evidencia el saldo represivo que hay en Argentina como consecuencia de la organización feminista que crece a contrapelo de un gobierno que ejerce la violencia institucional. El multitudinario 8M terminó en Buenos Aires con, al menos, veinte personas -15 mujeres y 5 varones- detenidas, reprimidas, vejadas y maltratadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Esta personas también tienen causas judiciales en su contra y a su vez, se abrió un expediente para indagar sobre la violencia estatal.