Para comprender la violencia es partir de una certeza: ocurre en un contexto. Los feminismos siempre señalan que los agresores no son enfermos ni locos sueltos, sino hijos sanos del patriarcado. Estas prácticas se dan en una sociedad donde distintos actores ejercen responsabilidades, con una historia determinada, con acciones y discursos que inciden en la realidad. Los hechos de violencia relevantes tienen en la mayoría de los casos antecedentes que quizás no fueron alertados a tiempo. Repasemos algunos episodios.
Desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, junto con el juez Claudio Bonadio y la corporación judicial que visitaba al presidente con regularidad, desfilaron varias causas contra Cristina Fernández de Kirchner sin conseguir ningún elemento de prueba de delito ni de la asociación ilícita, figura con la cual se persigue referentes políticos populares, como Milagro Sala detenida desde el 16 de enero de 2016. En ese mismo año comenzó la causa de Vialidad Nacional.
En el año 2018 se realizó un allanamiento en la casa de la actual vicepresidenta en el Calafate, y en el video donde exhibe las perforaciones en las paredes, ella denuncia un sistema de amedrentamiento hacia quienes cuestionan las políticas neoliberales, en particular el préstamo con el FMI que en esos días se estaba negociando. Ninguna de las causas abiertas logró incriminar a la entonces ex presidenta, pero eso no impidió que los procesos continúen.
El 10 de marzo de 2022 el despacho de la vicepresidenta en el Senado fue atacado a piedrazos durante varios minutos mientras ella se encontraba dentro. En el recinto del Congreso se estaba tratando el acuerdo de la deuda con el FMI. Pese a las agresiones, ella no dejó de cuestionar el contenido del acuerdo y las políticas que nos llevaron al fondo.
En su alegato, el fiscal Diego Luciani argumentó el pedido de 12 años de condena para Cristina Fernandez de Kirchner bajo la figura de asociación ilícita. A pesar de que le hayan negado su derecho a réplica, ella en su defensa demostró que la causa no solo es un montaje persecutorio sino también un andamiaje para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la obra pública, amigos de Macri.
El avance de la causa judicial sin sustento, mientras se conocían las imágenes de la “Logia Liverpool” jugando en la quinta Los Abrojos del ex presidente, motivó un proceso de movilización en defensa de Cristina, que culminó con la represión y el levantamiento de las vallas que el gobierno de Larreta puso encerrando de facto a la vicepresidenta. En ese contexto se conoció gracias a la denuncia de la legisladora Ofelia Fernández que la policía portaba balas de plomo, algo ilegal en las protestas desde 2011.
En este marco pocos días después ocurrió el atentado que constituye una inflexión en la historia política argentina desde la vuelta de la democracia. Es indudable que se trata de un hecho de violencia política dirigida hacia una representante elegida democráticamente. Vale la pena entonces reflexionar en qué consiste y fundamentalmente qué efectos busca provocar la violencia política por motivos de género.
Violencia política y género: el odio no es nuevo
Si bien el paradigma de las violencias es actualmente el más difundido, los feminismos acuñaron también el concepto “odio” para dar cuenta de formas extremas de esa violencia de género. El punto de partida en común es reconocer la desigualdad en las relaciones de poder entre los géneros, que siempre intersecciona con múltiples factores sociales, económicos, culturales y políticos. Considerando que los discursos de odio son proferidos por personas en su condición de privilegio contra las vulneradas o sus representantes, el género de sus destinatarias resulta un agravante.
En efecto, la última modificación a la Ley 26.485 para prevenir la violencia de género es de diciembre de 2019, e incorpora la modalidad de violencia política como aquella que, a través de diferentes medios, impide o limita el desarrollo de la vida política, desalentando o menoscabando el ejercicio público y político, en cualquier espacio donde ésta se desarrolla, como instituciones estatales, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, entre otros.
La tarea de identificar en la actividad política las formas en las que se ejerce la violencia no es nueva. Sin embargo, reconocer las prácticas que afectan en particular la participación de mujeres y personas LGTTBIQ+ es un desafío pendiente, en curso de construcción, donde urge visibilizar las diversas manifestaciones y preguntarse sobre las acciones efectivas para desarmar los discursos de odio.
En una publicación de ONU Mujeres sobre la violencia política hacia mujeres en América Latina, la brasileña Talíria Petrone dice: “La política es un lugar muy masculino, muy poco nuestro. Nosotras éramos muy compañeras; por ello es una pérdida que es difícil poner en palabras. Y estar todo este tiempo sin respuestas, sin saber quién la mandó a matar, nos deja a todas, en especial a las mujeres negras, así sin saber. Pero también despertó un sentido de urgencia. ¿Yo tengo miedo? Sí, tengo”.
La cita refiere a Marielle Franco, legisladora y activista lesbiana asesinada en 2018 en Río de Janeiro por su participación política y condición de género. Es interesante subrayar la palabra miedo. El crimen de odio contra Marielle fue perpetrado por grupos narcos ligados a Bolsonaro , el mismo que reivindicó cuando fue el impeachment, al jefe de policía partícipe del golpe militar de 1964 que torturó a Dilma Rousseff.
En la misma publicación citada, la mexicana Elisa Zepeda Lagunas reflexiona: “todas las agresiones anteriores y ésta eran por pronunciarme, por denunciar, por acompañar a las mujeres, por hacer cosas, qué según el punto de vista de estos caciques, de este sistema arraigado patriarcal, no deberíamos hacer las mujeres”.
La violencia y los discursos de odio en el ámbito político son intentos de disciplinamiento a la participación de mujeres y LGTTBIQ+. Los actos de violencia política incluyen desde manifestaciones físicas hasta “los juicios continuos contra las mujeres, los mensajes violentos y las amenazas” según la Ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política.
La relación entre el enunciado y sus efectos está atada con nudos fuertes. Según la filósofa Judith Butler “para que la amenaza funcione, se requieren ciertas circunstancias, así como un campo de poder a través del cual se puedan materializar sus efectos performativos” .
Todo odio es político
La estigmatización y hostigamiento por distintos medios, sobretodo en redes sociales, se expresa contra muchas mujeres y figuras emergentes, jóvenes, con cuerpos no hegemónicos, en definitiva, quienes no son varones cis de sectores medios o altos. Según la encuesta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA, 2018) el 98% de las legisladoras encuestadas manifestaron que la política es un espacio de discriminación hacia las mujeres y personas LGBTTTIQ+.
Algunos estudios plantean que la violencia afecta a todo el arco político, a través de discursos sobre la apariencia hasta interrupciones, exclusiones y usos de calificativos despreciativos basados en el género. Sin embargo, también los feminismos nos han enseñado que existe todo un abanico de violencias. No es lo mismo un comentario desubicado o tapar una intervención con el uso de la voz que apedrear un despacho, ejecutar un golpe de Estado o gatillar un arma. La forma en la representación política es cuestionada depende del rol y la posición que se ostenta, si es complaciente o no con el poder establecido.
El objetivo de la violencia de género en el ámbito político, el efecto buscado es afectar la participación pública, es generar miedo, desmoralizar y socavar la soberanía política a través de una pedagogía a gran escala, como señala Lucía Cavallero en este artículo. Es mayor el ensañamiento contra las mujeres y disidencias que con su participación representan un riesgo para el statu quo, que defienden intereses populares, que desafían a los factores de poder.
En esta intersección es donde interesa ubicar la violencia política, donde la condición de género se conjuga con un proyecto político de confrontación a los poderes fácticos, locales y externos. Donde los reclamos de redistribución económica se unen a los de reforma feminista de la justicia y soberanía política.
El atentado y los discursos de odio contra Cristina son por lo que ella hizo en sus gobiernos en favor de las mayorías populares, son por lo que ella representa hoy, pero sobre todo son por la potencialidad que encierra su figura. Una y mil veces han buscado apartarla, y ella siempre se afirma en su posición de líder política de masas. Como dice Juan Grabois, es la única dirigente con el peso suficiente como para contrarrestar los planes de Estados Unidos sobre los recursos naturales estratégicos, la única que está dispuesta a gobernar para el pueblo sin vacilaciones, la única que sin rendirse anima a otras a no hacerlo jamás. A pesar de su odio y violencia, en el coraje de Cristina está el amor de un pueblo que nunca equivoca a quienes defiende.
