Yolanda Soto tiene seis hijos y las manos llenas de cayos. Trabaja en Amanecer de los Cartoneros, la cooperativa cartonera más grande del país que tiene tres centros verdes de reciclado ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Ella se incorporó a principios del 2001 cuando no tenían transporte ni derechos laborales. Viajaba colgada de un camión. Gracias a su trabajo en el reciclado pudo darle comida y estudio a sus hijos. “Nosotras aprendimos a recuperar el material, separamos y reciclamos el material para darle un valor agregado y luego poder venderlo”. Eso es lo que hacen ella y sus compañerxs cuando juntan la basura en un bolsón y la trasladan a los predios donde realizan las tareas de reciclado. 

En el último mes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza, decidió suspender el transporte para casi 3.500 recuperadorxs urbanxs, lo que significa un ajuste brutal para quienes deben movilizarse todos los días desde barrios muy lejanos para trabajar. La medida pone en jaque un sistema de reciclado pionero que se desarrolla desde hace casi 20 años en la ciudad.

“Llegamos a especializarnos en cómo separar el plástico para recuperarlo e incorporarlo en la industria. Entonces, los cartoneros no somos gente que va a revolver la basura, somos personas que estamos cuidando el ambiente, que estudiamos y nos preparamos para poder insertar ese material al mercado. Pero hoy la importación hace que nuestro trabajo esté bajando mucho y nuestros compañeros se están cagando de hambre”, advierte Yolanda. En el último año, el precio del cartón tuvo una caída abrupta: el kilo, que en enero de 2024 se pagaba alrededor de 230 pesos, hoy apenas supera los 70. Además de la importación, hay otros elementos que impactan en el sector: el aumento de la cantidad de cartonerxs trabajando en la calle, la caída de la actividad económica y su consecuente caída del consumo.

La suspensión del transporte afecta a casi el 70% de lxs recuperadores formalizadxs y representa un recorte salarial de más del 20% para trabajadorxs que cobran 390.000 pesos, un salario que no llega a cubrir la canasta básica alimentaria ($515.405). Además, el recorte de los micros obliga a lxs cartonerxs y recicladorxs a caminar seis kilómetros a pie desde el predio hasta las zonas donde trabajan y otros seis kilómetros de vuelta a su espacio de trabajo.

Estela Maris también forma parte de Amanecer de los Cartoneros, en la sede del barrio de Saavedra, que es una de las 12 cooperativas autorizadas a trabajar bajo contrato del gobierno porteño. “El quite de los micros pone en peligro nuestra fuente de trabajo: con los 390.000 pesos que ganamos no podemos afrontar el gasto del transporte público. Muchas personas se levantan a las cinco de la mañana, salen muy temprano para dejar a sus hijxs en el colegio y luego corren para alcanzar el micro”, explica.

Lxs recicladores urbanos que realizan recorridos por los barrios muchas veces reciben donaciones de lxs vecinxs. Con la suspensión del servicio de transporte que brindaba el Gobierno de la Ciudad ya no podrán recibir estas donaciones porque no pueden trasladarlas en transporte público. Estela advierte: “Están atacando derechos ganados por los que luchamos y peleamos con alma y vida. Sufrimos mucha violencia de la policía, nos hemos comido noches en la comisaría, y hoy vienen y nos arrebatan nuestros derechos porque sí”.

Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), que nuclea a miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular dedicadxs a la recuperación de materiales reciclables en todo el país, aseguran: “Esta medida es un ataque directo sobre el eslabón más débil del sistema en el peor momento posible. El Gobierno habla de privilegios, pero vulnera un derecho adquirido hace 18 años”.

Jaqueline trabaja en la cooperativa de reciclado El Álamo que es parte de la FACCYR y señala que todas las cooperativas están en estado de alerta. “El ajuste siempre viene para los más pobres, estamos pasando una situación muy complicada donde no nos dejan trabajar, también sufrimos la persecución policial, es muy grave. Nos dejan sin transporte y sin guardería para quienes tienen hijos y necesitan dejarlos ahí para poder trabajar. Es una locura que no nos dejen trabajar, nosotros no le robamos a nadie. Venimos todos los días a la ciudad a ganarnos la vida reciclando”, sostiene.

La suspensión de los micros afecta también a lxs hijxs de cartonerxs y recicladores; cerca de 350 niñxs y adolescentes que son trasladadxs de lunes a viernes a los espacios que poseen las cooperativas donde reciben merienda, cena y realizan actividades recreativas, educativas y deportivas, mientras sus padres y madres trabajan.

Un ataque al sistema de reciclaje inclusivo

El sistema de reciclado de la Ciudad es un modelo de co-gestión entre las cooperativas de recuperadores y el gobierno porteño, establecido en las leyes 992, sancionada en 2002 que incorpora la figura de recuperadores de residuos reciclables y la ley 1854 de Basura Cero, que promueve el reciclaje y busca eliminar los rellenos sanitarios que generan contaminación ambiental. 

Según la FACCyR gracias al actual sistema, 6.500 trabajadores recuperan más de 400 toneladas diarias de material reciclable que vuelven a la industria, generando un ahorro millonario para el Estado y un impacto ambiental positivo que equivale a una reducción de 9.5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este enfoque de “reciclaje inclusivo” es un ejemplo para cientos de municipios en Argentina y recibió el reconocimiento de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consolidándose como una estrategia exitosa a nivel regional.

Las consecuencias del ataque al sistema de reciclado implica un grave retroceso ambiental e institucional. Con estas decisiones, el Gobierno de la Ciudad no solo incumple las normativas anteriormente mencionadas, sino que además, habrá un aumento de basura en la vía pública al dejar barrios sin recolección, un mayor entierro en el CEAMSE, se desincentiva la separación de residuos y deja a la deriva a lxs recicladores y recolectores urbanxs que no podrán costear el transporte público para llegar a la ciudad.

Por otro lado, desde que comenzó su gestión, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri sustituyó los contenedores de basura por otros que impiden que las personas puedan abrirlos y seleccionar material para reciclar. Nadie quiere revolver la basura, pero cuando la pobreza te golpea el estómago la opción es una sola y en la ciudad más rica del país, las personas en situación de calle son perseguidas por revolver la basura. 

Jaqueline asegura: “Sin cartoneros no hay reciclado” y advierte que eso es lo que deben entender lxs ciudadanxs porteñxs, porque sin ellxs la ciudad se va a llenar de basura. “Jorge Macri nos persigue, no quiere que los pobres podamos trabajar. ¿Qué quiere? ¿Que vayamos a robar? ¿Que los pibes mueran de hambre?”, reflexiona.

La medida de mayor ensañamiento es la que establece una multa de 900 mil pesos a quienes revuelven la basura de los contenedores, una norma difícil de implementar cuando justamente quienes hurgan la basura son personas que se encuentran en la absoluta pobreza ¿De dónde van a sacar el dinero para pagar una multa? ¿A quién le gusta hurgar en la basura? El jefe de gobierno de la ciudad en lugar de respetar los derechos laborales de las personas que se encuentran en la indigencia, las criminaliza.

En la misma sintonía, semanas atrás, de forma amenazante y despectiva la vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, publicó en la red social X: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’”. El tuit estaba acompañado de una publicación de Jorge Macri donde se ve a un grupo de policías requisando a dos personas que hurgaban en la basura. ¿De qué impunidad hablará Alonso? ¿Será de la impunidad de la que goza ella misma después de su paso por la Oficina Anticorrupción, acusada de cometer los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en 2015?

“Le diría a Jorge Macri que la Argentina es un solo país y que Puente Saavedra no tiene que dividir la capital del conurbano. Nosotros necesitamos trabajar, no importa de dónde vengamos, hay gente que viene de Zárate, de Escobar, vienen de todos lados a trabajar porque en la provincia no tenemos trabajo. Hace casi 20 años creamos una fuente de trabajo cuando no había nada, salimos del subsuelo de la patria y hoy tenemos esto gracias al esfuerzo y sacrificio de cada cartonero y muchos que están en el recuerdo porque ya descansan en paz”, sostiene Estela.