En nuestro país se producen 1.15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que suma casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población y alrededor de 16,5 millones cada año. Actualmente, la mayor parte de esos desechos se llevan a basurales a cielo abierto, terrenos donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental. Existen más de 5.000 en todo el país —algunos con más de 50 años de existencia— y no solo son un importantísimo foco de contaminación sino que algunos especialistas los consideran “zonas de sacrificio ambiental y de salud” por los enormes daños que generan no solo para el ambiente sino también para la salud.
No todas las personas somos igualmente afectadas por esta problemática. Quienes viven en los alrededores de los basurales a cielo abierto son personas de barrios populares, que cargan en sus espaldas una serie de violencias sistémicas que solo se agravan por la cercanía con los basurales: infecciones, enfermedades respiratorias, alergias, trastornos gastrointestinales son solo algunos de problemas de salud con los que conviven quienes trabajan y habitan en las cercanías de los basurales a cielo abierto. A lo largo y ancho del país, existen casos de vecinos y vecinas que se organizaron para ponerle un freno al avance de estas zonas de sacrificio, como en González Catán o la histórica lucha en Luján para convertir el basural a cielo abierto más grande del país en una planta de tratamiento. No por repetida menos cierta: el principal problema ambiental es la desigualdad social.
Por todo esto, el problema de la gestión de residuos en general, y de los basurales a cielo abierto en particular, es uno de los principales problemas socioambientales del país. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Quién se debe hacer cargo de la basura que sofoca y enferma? Entre las toneladas de basura que se entierran diariamente hay una gran cantidad que proviene de los hogares, pero también hay una parte importante de los residuos que son generados por las industrias. Sólo el 8% de las empresas activas generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos hacen un tratamiento de esos residuos, y sólo el 9,5% de la totalidad de residuos industriales, especiales y peligrosos son tratados anualmente según el Informe Anual del Observatorio de Residuos Peligrosos de la UBA-UNR para el período mayo 2021-abril 2022. Es decir que por año hay aproximadamente más de 10 millones de toneladas de residuos industriales que no son tratados por las empresas generadoras. Del total de residuos que se producen en el país, los envases representan el 25 % de los residuos sólidos urbanos y el 60 % de los domiciliarios. La pregunta se repite: ¿qué hacer? Y la respuesta, una vez más, viene de los movimientos sociales: una Ley de Envases con Inclusión Social.
Que la paguen los que contaminan
Si la situación de los residuos en Argentina no es aún peor es porque existen los y las cartoneras que recorren todos los días las calles de las ciudades y recuperan parte de lo que se descarta para que vuelva a ser reutilizado y refuncionalizado. En el país trabajan 2.000 cartoneras y cartoneros que logran recuperar aproximadamente el 10% de los residuos sólidos urbanos, a fuerza de trabajo y convicción, pero con escasa infraestructura y en condiciones laborales muy precarias. “¿Cuántos materiales recuperamos? ¿Cuántas toneladas de plástico se reciclan gracias al trabajo de las cartoneras? Cuando yo hice el curso de Promotoras Ambientales, no podía creer cuánto tardan en degradarse los materiales o cuántas toneladas recuperamos en todo el país y adónde iba a parar todo eso si nosotros no lo recuperábamos”, pregunta Natalia Zaracho, la diputada cartonera que hoy impulsa en el Congreso la ley que busca mejorar las condiciones de trabajo de los y las recicladoras urbanas y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la contaminación ambiental que producen las industrias al introducir envases no reciclables en el mercado.
Según datos del Registro de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), en abril de 2022 solo 27.294 personas estaban inscriptas bajo la categoría de “Cartonero/a”, es decir que son miles y miles las personas que trabajan recuperando residuos sin ninguna ayuda ni reconocimiento estatal a pesar de realizar una labor considerada esencial. Este informalidad y falta de reconocimiento es uno de los puntos que busca resolver la Ley de Envases con Inclusión Social, que propone la implementación de Sistemas de Reciclado que mejoren las condiciones laborales de cartoneros y cartoneras y permitan desarrollar infraestructura local que amplíe la capacidad de recuperación de residuos.
La pregunta que surge, entonces, es ¿cómo hacerlo? La ley propone financiar los Sistemas de Reciclado a partir de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar. Para esto, se basa en el principio de la Responsabilidad Extendida al Productor (REP), entendida como el deber de cada uno de los productores de hacerse responsables por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases que introducen en el mercado nacional y los envases post consumo.
La REP es promovida a nivel mundial por organizaciones ambientales y de recicladores urbanos, y tiene una razón política clara: ante la actual crisis climática, las empresas contaminadoras deben hacerse cargo de las consecuencias indeseables de sus ganancias como la contaminación de ríos, mares y suelos. La tasa ambiental funcionaría también como un incentivo para que produzcan envases más ecológicos, con materiales reciclables, disminuyendo la huella ambiental que generan en todo el ciclo de producción y consumo. Así, la iniciativa tendría un doble impacto positivo: por un lado, mejoraría las condiciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras que en la gran mayoría del país no está reconocido y, al mismo tiempo, reduciría el impacto y la contaminación ambiental que generan las grandes industrias.
La Ley de Envases con Inclusión Social fue presentada dos veces en el Congreso de la Nación, impulsada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto con organizaciones ambientales, sociales y políticas. La iniciativa cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y fue el propio viceministro, Sergio Federovisky, quien reconoció que “este proyecto es necesario, trascendente y no puede esperar más”. Pero la ley tiene muchos retractores. “Existe una oposición férrea de las organizaciones empresariales y la oposición política a este proyecto de ley. ¿En qué aspecto? En no cumplir con lo central de la responsabilidad extendida del productor, algo que se aplica en todo el mundo —incluso en donde están estas mismas empresas que acá se oponen— y dice que aquel que coloca en el mercado un envase que sabe que al final de su vida útil se va a convertir inexorablemente en residuo, tiene que hacerse cargo del tratamiento y del costo del tratamiento de ese residuo. Cuando llevamos el proyecto de ley de envases con inclusión social nos hicieron una campaña acusándonos de comunistas expropiadores, de inflacionarios, de confiscadores, de un montón de cosas por simplemente pretender que en lugar de que sea el Estado quien se siga cargando esos costos que hoy son externalizados por las empresas, que sean las propias empresas las que se hagan responsables del tratamiento de esos envases. Este es el punto fuerte de discusión: ¿quién lo va a financiar? ¿Quién va pagar esos costos? ¿Otra vez lo va a pagar el Estado? Resulta que son los mismos que después dicen que el Estado es elefantiásico, pero le siguen acumulando cosas al Estado para que el Estado les resuelva un problema”, aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa.
Además, Federovisky agregó un punto central: el costo que se paga no es solo económico sino, principalmente, social y ambiental, y son las poblaciones más vulneradas las que lo pagan a costa de su salud y su calidad de vida. “Existe una fantasía que es suponer que hoy esto no lo paga nadie, pero es mentira. Hoy ese costo está externalizado. Lo paga la sociedad en contaminación, en falta de dignidad en el trabajo de los cartoneros y cartoneras, en los basurales a cielo abierto, en algo que es casi infame como es que la Argentina sigue importando cantidades altísimas de residuos —plástico, papel chatarra, entre otros — de otros países para ser utilizados como insumos industriales. ¿Cómo puede ser? Si tenemos esos residuos acá. En el caso de los plásticos, la ley de envases, además de contribuir a resolver un gravísimo problema socioambiental como son los basurales a cielo abierto, resolvería que no se tuvieran que importar más plásticos para ser utilizados en los envases reciclables. ¿No queremos eso?”.
Por su parte, Zaracho agrega que el tratamiento de la ley no avanza porque en el Congreso “hay muy poca gente que representa al pueblo” y que hay un fuerte lobby de las empresas del sector para cajonearla argumentando que esto aumentaría el precio de los productos y, por lo tanto, impactaría negativamente en el consumo. “Pero esto tiene consecuencias hoy: en las condiciones de vida de quienes viven y trabajan en los basurales, en nuestros pibes que se están muriendo porque tienen plomo en sangre y porque ya no pueden vivir más así, en todos esos materiales que no se recuperan y terminan en basurales a cielo abierto, en nuestros mares, en el Riachuelo. Entonces, ¿vamos a seguir así? Sé que nos enfrentamos a un poder difícil, pero no tenemos que tener miedo y tenemos que seguir avanzando”, dice.
Reconocer a quienes trabajan por el ambiente, otorgándoles derechos laborales. Desarrollar una infraestructura capaz de reutilizar y refuncionalizar los residuos. Reducir la contaminación producida por los residuos. Hacia allí debemos avanzar para tener ciudades más limpias y saludables para todos y todas. Una vez más: que sea ley.
Este artículo forma parte del proyecto “Las informales: trabajo y economía popular”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Argentina.
