Foto de portada: Dafne Gentinetta para Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas.
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentó recientemente un informe que denuncia en detalle los retrocesos en en el plano ambiental durante los dos años que lleva la gestión de gobierno de Javier Milei. El estudio muestra una regresión socioambiental sin precedentes desde la recuperación democrática.
El reporte identifica diez ejes críticos de retroceso: desde la expansión sin control del extractivismo fósil y minero hasta la criminalización de la protesta, la vigilancia sobre defensoras ambientales, el vaciamiento de normativas clave y la disolución de organismos públicos estratégicos. Lejos de tratarse de medidas aisladas, el texto describe un plan articulado de desposesión y control social al servicio de un nuevo modelo económico profundamente regresivo.
“Si bien existe un consenso extractivo exportador que une a la clase política y económica bajo diferentes gobiernos, con el gobierno de Milei la aceleración y el avance violento del extractivismo es un elemento fundamental”, asegura la socióloga y activista socioambiental Maristella Svampa. Esta ofensiva, dice, se sostiene en un nuevo andamiaje jurídico, acompañado de mecanismos de represión, vigilancia y una creciente ofensiva institucional sobre quienes defienden los territorios y el ambiente.
La reconocida investigadora y forma parte del colectivo que elaboró el informe y explica a LATFEM que el informe parte de dos ejes fundamentales: por un lado, el avance acelerado y violento del extractivismo impulsado por el gobierno libertario; por otro, el despliegue de una política estructural de negacionismo climático. Ambos procesos, advierte, no operan de forma aislada, sino que se articulan en un contexto de desconcierto social frente a la velocidad de las transformaciones políticas.
“Si bien existe un consenso extractivo exportador que une a la clase política y económica bajo diferentes gobiernos, con el gobierno de Milei la aceleración y el avance violento del extractivismo es un elemento fundamental”.
Un nuevo andamiaje jurídico para el extractivismo: Ley Bases y RIGI
El corazón normativo de este nuevo modelo es la Ley Bases (27.742), sancionada en junio de 2024, que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y declara la emergencia pública en múltiples áreas. Su piedra angular es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema diseñado para atraer grandes capitales y blindar su actividad por un plazo de 30 años. Otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos superiores a los 200 millones de dólares, obliga a dirimir conflictos con el Estado argentino en tribunales internacionales —como el CIADI— y prohíbe que provincias o municipios impongan requisitos adicionales. Así, la legislación ambiental nacional queda subordinada a los intereses del mercado global.
El RIGI también establece que los recursos naturales como el agua y la energía deben priorizarse para las empresas beneficiarias, incluso por encima de las necesidades de los pueblos. En un país con provincias en crisis hídrica estructural, como Catamarca o Jujuy, este modelo institucionaliza el despojo y profundiza el extractivismo. Para Svampa, este blindaje jurídico no opera solo, sino que se refuerza con nuevos mecanismos de control, como la creación de la Unidad de Seguridad Productiva, un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, orientado a criminalizar procesos de defensa territorial y que habilita la represión en los territorios con interés extractivista.
Fósiles, litio y minería metálica: expansión sin controles
En 2024, la producción de petróleo en Vaca Muerta alcanzó su cifra más alta en dos décadas, con un crecimiento del 11% impulsado por la extracción de petróleo no convencional. Mientras la producción de gas caía, el Estado argentino destinó más de 1.700 millones de dólares en subsidios energéticos a empresas del sector fósil y sólo 800 millones en subsidios a usuarios residenciales. Entre las principales beneficiarias se encuentran YPF, Vista Oil & Gas, Tecpetrol, Pampa Energía, Total Austral, Pan American Energy y Wintershall Dea, todas con operaciones en formaciones no convencionales. Al mismo tiempo, se recortaron los aportes al programa de garrafa social, que afecta al 46% de la población que no accede a la red de gas natural.
En 2024, el Estado argentino destinó más de 1.700 millones de dólares en subsidios a empresas del sector fósil. Al mismo tiempo, se recortaron los aportes al programa de garrafa social, que afecta al 46% de la población que no accede a la red de gas natural.
En paralelo, se construyen nuevas infraestructuras para la exportación: el oleoducto Vaca Muerta Sur, un puerto petrolero en Río Negro y una planta de gas natural licuado (GNL) en alianza con Petronas. Todos estos desarrollos avanzan sobre territorios habitados —contrariamente a la creencia de que se trata de un desierto sin población—, sin consulta previa a las comunidades y, en algunos casos, tras la derogación de normativas ambientales, como ocurrió con la ley que protegía el Golfo San Matías.
La minería del litio, presentada como parte de la “transición energética global”, sigue la misma lógica. Las provincias del NOA concentran la mayor cantidad de proyectos, pero también avanzan exploraciones en Córdoba, San Juan y La Rioja. El informe denuncia una dinámica de aprobación exprés, sin evaluación de impactos acumulativos, sin consulta a pueblos y comunidades originarias y con afectación directa a fuentes de agua dulce en zonas áridas. El modelo prioriza la exportación para abastecer industrias tecnológicas extranjeras, con escaso o nulo beneficio para las poblaciones locales.
Crisis climática y desmantelamiento de políticas públicas
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es cómo el negacionismo climático se transforma en política de Estado. “Lo novedoso es esa política de negacionismo climático que Milei comparte con el resto de las ultraderechas a nivel global y que consiste en negar la crisis climática o, si esta es reconocida de manera relativa, se niega a sus razones antrópicas”, asegura Svampa. Esta postura implica rechazar “la idea de que el Estado o una institución de gobernanza global pueda regular las actividades económicas para poder contener o mitigar o adaptarse al cambio climático”.
Esta negación activa se expresa en decisiones concretas que desmontan las capacidades institucionales del Estado. En 2024 y 2025 se quemaron casi 100 mil hectáreas en Córdoba y la Patagonia, muchas dentro de áreas protegidas. En Chaco se habilitó el desmonte de más de 200 mil hectáreas de bosque nativo, pese a que el nuevo Ordenamiento Territorial estaba judicializado. En Bahía Blanca, Buenos Aires, y Salta, las inundaciones extremas dejaron decenas de personas fallecidas y miles evacuadas. Pocos días antes de esas catástrofes climáticas, el Gobierno libertario había eliminado la Dirección Nacional de Emergencias, un dispositivo que brindaba asistencia en casos de catástrofes.
Svampa subraya que no se trata de un negacionismo meramente “retórico”, sino de un ataque estructural que “se expresa en el desmantelamiento y modificación de normativa y organismos públicos ligados a la protección ambiental”. “Realmente ha sido tan devastador el desmantelamiento de políticas de protección socioambiental e inclusive ligado a lo poco que había en términos de energía renovable que realmente es asustador”, agrega. Entre los organismos desmantelados o vaciados se encuentran la Dirección Nacional de Agroecología, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua (INA), el INTA, ACUMAR, ENOHSA y el INASE. También se derogaron leyes claves, como la 26.160, que protegía los territorios indígenas.
“El negacionismo climático, que Milei comparte con el resto de las ultraderechas a nivel global, implica rechazar la idea de que el Estado o una institución de gobernanza global pueda regular las actividades económicas para poder contener o mitigar o adaptarse al cambio climático”.
Además, Svampa denuncia que la ofensiva incluye una censura institucional sin precedentes: “se prohíbe hablar de cambio climático, agroecología, biodiversidad, huella de carbono en una serie de instituciones públicas. Así se ataca a la ciencia”. Esta política también afecta normativas sobre energías renovables y regulación del bienestar animal. En palabras de la investigadora, “la desregulación y la destrucción de normativa de protección socioambiental es algo fenomenal y muy preocupante”.
Represión, vigilancia y cierre del espacio democrático
El avance del modelo extractivo viene acompañado por una lógica punitiva. El informe registra múltiples casos de criminalización de la protesta socioambiental en Mendoza, Río Negro, Buenos Aires y Chubut, con allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y causas armadas. La creación de la Unidad de Seguridad Productiva cristaliza esta ofensiva: la defensa del ambiente es considerada una amenaza al “desarrollo”.
También se reactivaron estructuras de inteligencia interna que operan sobre organizaciones y activistas ambientales, con vigilancia, infiltración y monitoreo digital. Estas prácticas violan derechos constitucionales y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Argentina que protege a defensoras y defensores del ambiente. “No es casual que la desregulación venga acompañada de control y persecución. La relación de fuerzas es profundamente desigual, y eso plantea enormes dificultades para las luchas sociales”, asegura Svampa.
“No es casual que la desregulación venga acompañada de control y persecución. La relación de fuerzas es profundamente desigual, y eso plantea enormes dificultades para las luchas sociales”.
Lo que está en juego: reconstruir lo destruido
El informe no se limita a denunciar: propone claves para resistir, reconstruir y proyectar otro horizonte. La tarea es doble. Por un lado, desmantelar normativas regresivas como las leyes mineras de los años noventa, que aún persisten. Por otro lado, recuperar el legado socioambiental que fue construido en las últimas décadas por luchas territoriales en alianza con sectores institucionales.
“Cómo hacemos para desmantelar esas normativas con un alto contenido regresivo y cómo hacemos para reconstruir aquello que las luchas sociales en alianza con sectores políticos lograron instalar, que es ese legado socioambiental que existía en Argentina y que Milei está destruyendo de manera acelerada”, plantea Svampa e invita a trabajar por esa reconstrucción. “Esto nos advierte acerca de todo el trabajo de reconstrucción que habrá que hacer y de las dificultades que esto instala debido a la relación de fuerzas desigual que existe en nuestro país”.
El documento cierra con una apuesta política: narrar el saqueo, pero también imaginar alternativas. Defender los territorios, proteger los bienes comunes y sostener la participación democrática no solo como urgencia, sino como horizonte.
