Fotos: Gala Abramovich y Dan Damelio.
“¿Cuál es la lengua del femicidio? Mi apuesta es que el autor de este crimen es un sujeto que valoriza la ganancia y el control territorial por encima de todo. Un sujeto con su entorno de vasallos que deja así absolutamente claro que un territorio tiene dueños y que esos matan dueños para mostrar que lo son”.
Rita Segato, La guerra contra las mujeres
El cielo todavía conserva el gris de la lluvia que cayó toda la mañana sobre Buenos Aires. Apenas un respiro abrió la tarde, minutos antes de que comenzara la movilización. En Plaza de Mayo, los carteles se alzan con las fotos de Lara, Brenda, y Morena: sus gestos de niñas se repiten en pancartas, remeras, banderas. “En los barrios no queremos más pibas muertas”. “Ninguna vida es descartable”. “Ni una menos, ¡vivas nos queremos!”. Las palabras atraviesan la plaza, se enredan con el murmullo, con la bronca y la tristeza de una multitud se movilizó este sábado para exigir justicia por las víctimas del triple femicidio.
Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Sus cuerpos descuartizados y con marcas de tortura fueron hallados el miércoles por la mañana en una casa del barrio Vatteone, en Florencio Varela. De acuerdo a las primeras pericias, se supo que fueron asesinadas el viernes por la noche, el mismo día de su desaparición. La principal hipótesis de la investigación apunta a que fueron víctimas de un crimen narco por parte de una organización que tiene base en la Villa 1-11-14, en el barrio porteño de Bajo Flores, y opera en distintos puntos del conurbano bonaerense. La violencia no conoce fronteras.
Una bandera multicolor con los nombres de Lara, Brenda, y Morena contrasta con el asfalto y el color del cielo en esta primavera que amaga en llegar a Buenos Aires. La llevan en sus manos sus familias, unidas por el dolor y un reclamo común: justicia. Son escoltadas por organizaciones sociales y feministas, sindicatos, escuelas y centros de estudiantes, redes comunitarias y organizaciones barriales. Llevan remeras y cuadros con las fotos de las pibas, se abrazan y lloran. Por momentos cantan y gritan; otros, hacen un silencio que ocupa toda la calle. Algunos se tambalean, otros tapan sus rostros con las manos, entre la bronca y el dolor. Un dolor que se hace cuerpo, pero también se transforma en andar colectivo. Bajo el grito de “Brenda, Morena y Lara, ¡presentes! ¡Ahora y siempre”, la movilización comienza abrirse paso por la Avenida de Mayo.
En la primera fila, el abrazo de las familias multiplica el dolor pero también la lucha y la memoria. Los padres de Cecilia Basaldúa, víctima de femicidio en 2020, se funden en un abrazo con la mamá de Brenda. Daniel, el papá de Cecilia, sostiene sobre el pecho la foto de su hija y, con la voz desgastada, dice: “No podíamos faltar. A nosotros nos pasó lo mismo. El narcotráfico está en todos lados. Es importante estar acá y acompañar porque a las chicas no las van a tener más, pero ahora hay que pedir justicia. Es difícil porque estas cosas te hacen recordar todo lo que pasaste. Nosotros perdimos a nuestra hija hace cinco años y el crimen sigue impune. No queremos que pasen más estas cosas. Es la pobreza, la falta de trabajo, la falta de todo. El narcotráfico se aprovecha de la pobreza”. A pocos metros, Paula, la mamá de Morena, intenta hablar con un medio, pero se quiebra y no puede seguir. Alguien la rodea en un abrazo y Paula continúa su marcha.
La brutalidad y el exhibicionismo del crimen, transmitido en vivo por redes sociales y atravesado por la violencia narco, puso en el centro de la escena la precariedad, la pobreza estructural y el abandono estatal que marca las vidas pobres en nuestro país. Pero también la desesperación con la que viven —y sobreviven — quienes no pueden darse el lujo de debatir la moralidad sobre cómo se ganan el mango. Según datos oficiales, las mujeres jóvenes son las más afectadas por el desempleo en Argentina: 1 de cada 5 mujeres de 14 a 29 años está desocupada, es decir, que busca trabajo y no lo consigue. Pero entre los sectores populares, el desempleo pega con mucha más fuerza: en los hogares de nivel medio, el 61,3% de los y las jóvenes tiene empleo mientras que en aquellos de sectores bajos, la cifra apenas llega al 32,2%. Además, mientras el 34% de los varones accede a un empleo registrado, solo el 29% de las jóvenes lo hace. La precariedad tiene rostro de mujer.
Según datos del informe “Condiciones de vida en barrios populares” —elaborado por el Observatorio Villero de La Poderosa, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y la Fundación TEMAS—, la mayoría de las jefas de hogar en barrios populares son mujeres (más del 60 %) y entre el 50% y el 60% de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo. Este escenario evidencia una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos. El informe señala también que entre el 20% y el 30% de la población de estos barrios tiene 14 años o menos, por lo que, en términos generales, los barrios populares tiene una población joven y feminizada, situación que contrasta con las características demográficas generales del país —y en particular del AMBA— donde hay una mayor proporción de varones y de personas adultas mayores.
Entre cánticos y silencios, la movilización, a paso lento pero firme, avanza hacia el Congreso. En la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, un vendedor ambulante se detiene frente a la multitud. Mira los carteles, escucha los cánticos y se queda quieto, como intentando entender. Sus ojos se humedecen. Levanta el puño en algo y grita con la voz quebrada: “¡Fuerza! ¡Fuerza!”.
Todas las vidas importan
“Me importa una mierda el dedo acusador. Si estaban en la calle o de qué laburó. A las pibas las vamo’ a bancar y justicia vamos a buscar”. Apenas trascendió la noticia, en los medios y las redes se enfocaron en las trayectorias de las chicas: si eran trabajadoras sexuales o “viudas negras”, si “andaban en algo raro”, si eran responsables de su propio final. Otra vez, el señalamiento moral y clasista que culpa a las víctimas y a sus familias, en lugar de poner el foco en las redes criminales que avanzan sobre barrios populares y poblaciones vulnerabilizadas en todo el país frente al corrimiento del Estado —o, peor aún, frente a un Estado cómplice y parte del problema—. ¿Hay vidas que valen más que otras? vuelve a ser la pregunta incómoda en un país donde las pobres siempre corren con desventaja.
“Venimos denunciando estas violencias hace años. Violencias que existen desde siempre, pero que en el último tiempo están exacerbadas por la precarización de la vida, la descomposición y el deterioro del tejido social que hace que miles de pibas pobres queden expuestas a múltiples violencias”, dice Florencia Montes, fundadora y referente de No Tan Distintes, una organización social y transfeminista formada por mujeres y disidencias que están o estuvieron en situación de calle. Con su afirmación también trae una pregunta: “Se quiere instalar que las pibas están vinculadas al tráfico, al robo y al consumo. Es el momento para nosotras de romper con esta idea de buena víctima y preguntar qué pasa con las muertes de pibas, de jóvenes, de adultas y trabajadoras sexuales, de pobres cuando no cumple con los estereotipos que están diseñados para las víctimas. Todas las vidas importan, merecen ser buscadas, reclamadas, lloradas y merecen justicia. Hoy salimos a decir basta de femicidios y que nuestras vidas importan”.
De la mano de la desigualdad en los barrios, aumenta la violencia y los consumos, y para entender este crimen hay que mirar el contexto. “El ajuste, la liberación del territorio, el blanqueo de ganancias, todo eso hace posible que esto suceda. Y en el peor momento del país, el Gobierno decide recortar políticas públicas que acompañan a nuestras juventudes y ese recorte se siente en todos lados: desde la educación, la salud y el cierre de espacios de contención como son nuestros centros barriales comunitarios, nuestros comedores y clubes de barrio que acompañan a los pibes y a las pibas que son quienes más lo necesitan“, dice Corina Rodríguez, referente regional de Vientos de Libertad, la rama del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que trabaja en barrios populares con personas con consumos problemáticos. Desde ese espacio, cuenta Corina, acompañan de manera integral. “Entendemos que no es solo el consumo, sino muchas violencias que lxs atraviesan por la falta de acceso a derechos. Los escuchamos, los abrazamos y los contenemos, y todo eso es con mucho amor”.
“Muchas de mis estudiantes eran vecinas o conocidas de las chicas. Podrían haber sido cualquiera de ellas”, dice Romina del Plá, ex diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y dirigente de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) que también se sumó a la movilización. Del Plá es directora de una escuela en Ciudad Evita, el barrio donde vivían Brenda, Lara y Morena. “En ese barrio, los docentes venían denunciando que el copamiento de las redes narco estaba en niveles extremos y que estaban con enormes dificultades para poder mantener a los chicos yendo a la escuela porque estaban devastados”, explica.
Pero la escuela sola no alcanza para contener a una sociedad que parece romperse por todos lados. “Hacen falta recursos, políticas públicas y que desmantelen estas bandas. Es un contexto de pobreza y desigualdad extrema —cada vez mayor—, de falta de trabajo y oportunidades para los pibes y pibas de esos barrios, de un desmantelamiento de las organizaciones sociales que mantenían comedores populares y redes comunitarias, y en ese contexto las redes narco actúan cada vez con más impunidad”, agrega Del Plá.
“Por eso decimos que el Estado es responsable. Una vez más, como en 2015, tenemos que decir exactamente lo mismo. Y por eso estamos acá, movilizados, para exigir que haya justicia y esto no se repita. Brenda, Lara y Morena hoy son las víctimas, pero no puede haber ni una más”, concluye la dirigente sindical mientras la marcha avanza al grito de “¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos”.
Bajo Flores: un territorio en alerta
“Señor, señora, no sea indiferente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente”, cantan al unísono cientos de manifestantes sobre Avenida de Mayo. La noticia del triple femicidio en Florencio Varela impactó de lleno en la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, un espacio que cumple 10 años trabajando en ese territorio. “Nos golpea fuerte porque condensa en un hecho ultraviolento contra tres mujeres pobres lo que venimos viendo hace tiempo en forma fragmentada. Casos que no cobran esta visibilidad, pero que también son graves y quedan encriptados en el silencio impuesto por el miedo y el estigma”, sostienen.
La Red nació en 2015 a partir de escuchar relatos —muchos de ellos de madres— de niñas y adolescentes amenazadas, perseguidas, abusadas y desaparecidas, y a un quiebre en la percepción social sobre esas desapariciones. “No es que antes no hubiera pibas que faltaran de sus casas, sino que se empezó a problematizar esas ausencias y con eso identificamos un patrón: eran pibas de 13 o 14 años, extremadamente pobres, generalmente migrantes”, explican. La Red nació para acompañar esas búsquedas y rápidamente detectó los obstáculos que enfrentan las familias —sobre todo, las madres— al intentar denunciar y exigir respuestas: una policía que demora en tomar las denuncias, un Poder Judicial que no investiga y un sistema de protección que no responde.
Desde la Red sostienen que el narcotráfico no es un fenómeno reciente ni aislado en el Bajo Flores. “El avance se viene produciendo hace más de veinte años y ningún gobierno adoptó medidas que lo aborden de manera integral. La perspectiva punitiva ha demostrado su ineficacia y complicidad”, señalan. Además, denuncian que en la última década se profundizó la capacidad del narco de consolidarse como un poder efectivo en los barrios populares, ocupando el vacío que deja el Estado. Ese poder se despliega sobre la vida cotidiana de los y las jóvenes. “Tienen deseos de disfrutar y desarrollarse, pero si lo único que está a su alcance es la pobreza, el encierro como forma de cuidado, la imposibilidad de acceder a todo lo que las redes y los medios les venden para ‘ser alguien’, si ven a sus madres sobreexplotadas, buscan salidas, fugas para no tener un destino ya trazado”, dicen. Esas fugas no siempre encajan en el deber ser: la depresión, el encierro y el abandono escolar, la prostitución y los consumos problemáticos son, en muchos casos, la forma de fugarse o sobrevivir a una realidad que asfixia.
El avance del narcotráfico se traduce también en efecto disciplinador en todo el barrio. “Impone hasta cómo caminarlo. El narco toma zonas, dispone de la vida y de la muerte y, particularmente, del cuerpo de las pibas”, dicen. La Red advierte que esas formas de captura no siempre son explícitas: muchas veces son sutiles, ligadas a la necesidad y a la precarización de la vida. “Ahí donde el Estado se retira, cede su lugar al narco que cobra poder. Es un poder que llega incluso a socavar a las organizaciones sociales y avanza de la mano de la connivencia estatal. Lxs más jóvenes, de manera diferenciada entre varones y mujeres, son lxs más afectadxs por ello”. Frente a este escenario, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores apuesta a la organización comunitaria: articulan entre escuelas, hospitales, familias y organizaciones de base, siempre con las mujeres en el centro. “Acompañamos las búsquedas de las pibas que faltan de sus casas, difundimos nuestros saberes y hacemos prevención en las instituciones del barrio y nos movilizamos ante las ausencias. Buscamos y cuidamos colectivamente”, sostienen.
Femicidios territoriales
Desde el Observatorio Lucía Pérez, proponen la categoría de “femicidios territoriales” en un intento de comprender la singularidad de crímenes que no responden a la lógica íntima, sino que emergen de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con la activa participación —directa o encubridora— de agentes estatales como policías, penitenciarios y fiscales. Lo narco —explican— opera como una necromáquina que acalla resistencias y esclaviza cuerpos y territorios, y produce una forma particular de femicidio porque le otorga un significado político y cultural. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, los nombra como narcofemicidios. El Observatorio suma la referencia al territorio para iluminar los factores estructurales que producen o permiten esos crímenes. Ese concepto permite pensar a estos femicidios como un fenómeno particular, que hoy nos impacta por la crueldad extrema ejercida sobre los cuerpos de Lara, Brenda y Morena.
El triple femicidio en Florencio Varela no es un hecho aislado. En Rosario, los femicidios en contexto de criminalidad organizada muestran el mismo patrón: cuerpos quemados, mutilados, expuestos, cuerpo que son usados como una forma de venganza y para dar un mensaje. “Hay una saña particular con el cuerpo de las mujeres, tanto por violencia sexual como en el descarte de los cuerpos”, explicaba ya en 2020 la fiscal Luciana Vallarella de la Unidad de violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Entre 2020 y julio de 2025, la provincia registró 219 femicidios, 128 de ellos fueron en contexto de narcocriminalidad, según datos del Observatorio de MuMaLá.
Por su parte, la antropóloga Rita Segato en el podcast Crisis en el aire, definió el triple femicidio como un tipo de violencia hacia la democracia: “Hay ciertos tipos de violencia de género que son golpes a la democracia desde el subsuelo. Son crímenes políticos porque desestabilizan la fe, la creencia y la obediencia a la gestión institucional; generan obediencia a otro tipo de gestión subterránea y se expresan en las muertes por crueldad hacia a las mujeres, y se expresa, sobre todo, en una capacidad de crueldad sin límites. Y eso va destruyendo la fe democrática. Ese exceso de crueldad sin propósito, sólo como mensaje de una capacidad de destruir sin límites es político, y hasta que los gestores de gobierno no perciban la cartelización de esa forma, como un golpe a la Nación, que se extiende en nuestro país y otros países, si no entienden que ese es el verdadero peligro, creo que no podremos defendernos”.
La desigualdad que violenta
“Hoy estamos acá por Brenda, Lara y Morena, que son nuestras hijas, las hijas de los barrios populares. Tenemos la obligación y la responsabilidad no sólo de despedirlas sino de pedir justicia”, dice Norma Morales, referente de Barrios de Pie y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que también se sumó a la movilización. Como tantas referentes comunitarias de los barrios populares, Norma insiste en que no puede entenderse este crimen sin mirar la precariedad a la que están expuestas las jóvenes de los barrios populares y advierte sobre el avance narco frente al retiro del Estado. “Hoy muchas mujeres de nuestros barrios están endeudadas con el narco porque les piden plata para comprar comida. Son nuestros hijos los que se convierten en soldaditos, es a nuestras pibas a las que matan. Hay una pobreza estructural que avanza y que golpea con más crudeza en los barrios populares”.
Mientras tanto, el Gobierno nacional recorta los programas de prevención y asistencia. El Programa Acompañar, que desde 2020 brindó apoyo económico a más de 360 mil personas en situación de riesgo, sufrió en 2024 un ajuste del 90% respecto al año anterior. La Línea 144, que asistió a más de 38 mil personas en 2023, perdió el 64% de su presupuesto. Ninguna de estas políticas tiene asignación presupuestaria para 2025.
Los números se vuelven más graves en contexto: en lo que va del año ya se registraron más de 164 femicidios y casi 700 intentos, según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven. Desde la asunción de Javier Milei, el ajuste recayó de lleno sobre quienes más necesitan del Estado para vivir con dignidad. El informe La cocina de los cuidados, realizado por el CELS y otras organizaciones, advierte que de 50 políticas de cuidado vigentes en el país, hoy solo quedan 4 en pie. En un año y medio, casi tres millones de personas perdieron algún tipo de contención económica o social. El triple crimen de Florencio Varela no puede leerse por fuera de este escenario: no son solo cifras, son vidas interrumpidas, familias desgarradas, comunidades enteras marcadas por la violencia y el abandono. Un crimen que expone con brutalidad qué pasa cuando se desmantelan las políticas que podrían haber prevenido y protegido a las víctimas.
Al llegar al Congreso, Estela, la mamá de Lara, toma un megáfono y habla a la multitud. Agradece el impulso para movilizarse y la presencia de tantas personas. En un hilo de voz, pide: “No nos dejen solos. Les pido que sigamos juntos. Por Lara, por Brenda, por Morena y para que esto no vuelva a pasar”. Estela se quiebra. La plaza entera llora con ella y la abraza. Desde el fondo, una voz grita: “¡Fuerza! ¡No están solos!”. El grito se hace eco y se multiplica, recorre el Congreso, traspasa la plaza. Por Lara, por Brenda, por Morena. Por vidas dignas de ser vividas para todas. Ni una menos.
