El pasado 27 de junio, las comunidades que integran la Red Torna Lickana lograron un hecho histórico: su territorio ancestral, ubicado en la región de la Puna salteña, fue incorporado al Registro TICCA global, convirtiéndose en el primer caso de Argentina reconocido como Territorio de Vida. Esta categoría —avalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC)— identifica a los espacios en los que pueblos indígenas y comunidades locales mantienen una relación de profundo arraigo con sus territorios, desde una lógica de cuidado, reciprocidad y organización comunitaria.
Lejos de tratarse de una inscripción simbólica, el registro implica un acto político de reafirmación territorial y cultural, especialmente significativo en un contexto de expansión extractiva en los salares y humedales altoandinos. Las comunidades, en conversación con LATFEM, celebraron este paso como parte de un proceso colectivo que lleva años de lucha, memoria y defensa del agua. “Significa haber logrado con éxito un objetivo que nos trazamos como Red”, expresaron. Y explicaron que esperan que este reconocimiento permita visibilizar ante la sociedad sus formas de vida y de relación con el entorno, que no se rigen por la lógica del lucro, sino por el equilibrio. “No todo pasa por el desarrollo económico desmedido. Consideramos el uso de los recursos naturales como un complemento para nuestras vidas, en respeto a la Madre Tierra, para nosotros “Pata Orris”.
Un territorio vivo en el corazón de la Puna
El Territorio de Vida Torna Lickana abarca más de 3.500 metros de altitud en los departamentos de La Poma y Los Andes, en la provincia de Salta. Lo habitan diez comunidades indígenas del pueblo Nación Atacama: Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro. Juntas conforman una red que en lengua atacameña se llama Torna Lickana: “nuestra tierra”. Desde allí, sostienen modos de vida profundamente vinculados al territorio: crían animales, producen tejidos con fibras naturales, cultivan hortalizas con agua de manantiales, utilizan plantas medicinales y conservan prácticas espirituales que dan sentido a la vida comunitaria.
Desde FARN, organización que acompañó el proceso, la abogada Vanina Corral, responsable del Área de Política Ambiental, explicó que este logro representa mucho más que un registro. “Impulsar los TICCA en el país es clave para visibilizar el rol central de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, a través de sus cosmovisiones, saberes y prácticas ancestrales. Este tipo de reconocimiento no sólo fortalece la autodeterminación, sino que también legitima sus formas de gobernanza frente a un contexto de presiones crecientes, como el avance de la minería de litio en humedales altoandinos”.
¿Qué son los TICCA?
Los TICCA (Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales) son espacios que, a diferencia de las áreas protegidas estatales, son gestionados autónomamente por las comunidades, desde normas propias y con base en conocimientos tradicionales. Según datos del propio PNUMA-WCMC, estos territorios cubren más del 20 % de la superficie terrestre mundial y hacen aportes significativos a la conservación de la biodiversidad, aunque en muchos casos permanecen invisibilizados o sin reconocimiento legal.
La inclusión de la Red Torna Lickana en el registro internacional fue el resultado de un proceso sostenido de talleres, intercambios y encuentros comunitarios, realizados desde 2022 con el acompañamiento de FARN, Fundación Humedales/Wetlands International y Brot für die Welt. A través de esos espacios, las comunidades reflexionaron colectivamente sobre el sentido del territorio, los conocimientos ancestrales, las amenazas presentes y las estrategias de defensa.
“Nos organizamos mediante asambleas rotativas en cada comunidad. Allí compartimos cómo avanzan o retroceden nuestros derechos y analizamos el avance de las mineras”, relataron. Pero reconocen también las dificultades que enfrentan: “La falta de fuentes de trabajo y el achicamiento del Estado hacen que el trabajo en las mineras aparezca como la única alternativa para nuestra gente, y eso debilita la organización en algunas comunidades”.
En ese sentido, destacaron el valor del proceso de registro como una herramienta interna de fortalecimiento político. “Los talleres nos dieron información valiosa, renovaron las esperanzas y nos permitieron proyectar nuestro reclamo por los títulos de propiedad comunitaria. Esa documentación legal nos permitirá exigir al Estado y a las empresas mineras el cumplimiento pleno de nuestros derechos como pueblos originarios”.
Cuidar la vida en un territorio amenazado
El avance de la minería de litio en la región representa una de las principales amenazas para los humedales altoandinos, ecosistemas frágiles pero fundamentales para el equilibrio hídrico, climático y cultural del territorio. Las comunidades denuncian desde hace años que la extracción de litio no solo implica el agotamiento de los salares, sino también una transformación radical de sus modos de vida. Esta actividad, que se presenta como parte de la “transición energética”, en realidad reproduce lógicas extractivistas que generan impactos profundos a nivel ambiental, social y espiritual. En la mayoría de los casos, las empresas ingresan a los territorios sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, desconociendo no solo la legislación vigente, sino también las formas de gobernanza comunitaria.
La técnica más común de extracción consiste en bombear la salmuera desde pozos subterráneos para evaporarla en piletones, lo que requiere grandes volúmenes de agua en zonas que ya enfrentan estrés hídrico. En cuencas como la de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, los estudios advierten que los pozos mineros extraen más agua de la que se recarga naturalmente por lluvias, lo que provoca el descenso de los niveles freáticos y altera el delicado equilibrio de los manantiales, vegas y bofedales que sostienen la vida en la Puna. En otras zonas como el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, ya se evidencian consecuencias visibles: el río Trapiche, que alimentaba ecosistemas locales, fue secándose con el tiempo, afectando no solo a la biodiversidad sino también a las comunidades que dependen de él para el pastoreo, el cultivo y la continuidad de sus prácticas culturales. Estas experiencias muestran que, lejos de ser una “industria limpia”, la minería de litio opera sobre territorios vivos con consecuencias irreversibles.
En ese sentido, la abogada de Farn, Vanina Corral, advierte que la presión extractiva vulnera no sólo los ecosistemas, sino también los derechos colectivos y la espiritualidad de los pueblos indígenas. “Fortalecer los TICCA es una estrategia de justicia climática y territorial. Reconoce que las comunidades indígenas no son meras habitantes de estos espacios, sino verdaderas custodias de la vida, con normas propias que sostienen el equilibrio y evitan que estos territorios se transformen en zonas de sacrificio”, asegura.
El Territorio de Vida de la Red Torna Lickana incluye salares, vegas, lagunas y bofedales. Estos humedales, además de su riqueza en biodiversidad, son espacios sagrados y vitales para la producción, el agua y la salud. Su conservación no puede garantizarse sólo con áreas protegidas, advierten las organizaciones que acompañaron el proceso. Las áreas protegidas, por sí solas, no son suficientes para garantizar la preservación de estos ecosistemas frágiles. Es la presencia activa de las comunidades, su arraigo y su vínculo cotidiano con el territorio que habitan, lo que hace posible una conservación real y sostenida en el tiempo.
Un camino para fortalecer la autodeterminación
Las comunidades también reconocen que el registro internacional no es un punto de llegada, sino una herramienta más en un proceso largo: “Decidimos avanzar en el registro del TICCA para preservar nuestra historia, incentivar a les jóvenes a quedarse en el territorio, y fortalecer nuestra defensa comunitaria”. Hoy se encuentran impulsando un reclamo judicial ante el Estado provincial para exigir el título único de propiedad comunitaria. Esta demanda legal se complementa con estrategias colectivas, con base en el Buen Vivir, una cosmovisión indígena que propone vivir en equilibrio con la naturaleza y fortalecer la organización social basada en el cuidado, la espiritualidad y la comunidad.
Registrar el territorio como TICCA permite, además, articular con otras comunidades a nivel internacional que enfrentan desafíos similares. La incorporación a la base de datos global visibiliza no sólo su presencia territorial, sino también su rol en la conservación de ecosistemas esenciales para la vida, desde una perspectiva profundamente arraigada y colectiva: “Registrar nuestro territorio como un TICCA no es un acto simbólico. Es una estrategia concreta para fortalecer nuestra presencia territorial, consolidar nuestra autodeterminación y defender nuestras formas de vida desde nuestra propia cosmovisión”, concluyeron.
