Tronar el escarmiento

En la historia argentina, la proscripción ha sido siempre el sello con el que las élites intentaron domesticar al poder popular. No se trata solo de inhabilitar a una persona sino de la negación del derecho colectivo a elegir. La condena y proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no es una excepción. ¿Pero por qué Cristina? ¿Por qué ahora? ¿Y ahora qué? Algunas preguntas en búsqueda de una respuesta colectiva tras el fallo que, finalmente, sí salió.

¿Por qué Cristina? Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta de la Nación, reelecta para su segundo período con el 54% de los votos. Durante sus gobiernos la justicia social se materializó en políticas públicas progresivas de ampliación de derechos —dando continuidad al ciclo iniciado por Néstor Kirchner post 2003— que en algunos casos significó un avance sobre los intereses de los poderes concentrados en la Argentina. La nacionalización de las empresas estatales, las universidades nacionales distribuidas a lo largo y ancho del territorio, la Asignación Universal por Hijo, la jubilación para amas de casa, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, el fortalecimiento de los programas socioeducativos que dotaron a escuelas y comunidades educativas enteras de las herramientas necesarias para garantizar la justicia educativa a través de planes como el Progresar y Conectar Igualdad, entre otros tantos.

Junto a la protección de las infancias y adolescencias, las políticas para la prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, su gestión expresó la concreción de la escucha a demandas de larga data en lo que significó una transformación radical en la forma de hacer política pública en nuestro país y en la región. Cristina representa la posibilidad de ascenso social más cercana en el tiempo que haya conocido la historia de nuestro país. La memoria de esos tiempos en los que condujo los destinos democráticos de esta patria, lejos de volverse nostalgia, se vuelve carne viva en medio de un deterioro arrasador de las condiciones de vida generadas por un plan sistemático de miseria y exclusión. Pero, sobre todo, en este momento ella es el hecho maldito de este país derechizado, alimentado de individualismo y desangrado de odio antiperonista en el que los perpetradores del eterno retorno del vaciamiento y el desguace del Estado se frotan las manos calculando su próxima jugada maestra para sacar del medio a quien tenga el coraje de interponerse en sus planes.

¿Por qué ahora? Argentina está atravesando un año electoral de medio término con un creciente descontento social por el curso político que el gobierno nacional lleva adelante con ajuste, desmantelamiento del Estado y un avance represivo de la protesta social. En medio de una crisis interna del peronismo y de todo el campo nacional y popular, Cristina —principal líder opositora al gobierno libertario— confirmó hace pocos días su decisión de presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires. Competir en la tercera sección electoral en las elecciones legislativas de septiembre era la estrategia planteada para fortalecer al movimiento de cara a las elecciones nacionales de octubre.

¿Qué hacer ante un escenario que coloca de un lado ese poder popular que colma las calles y del otro, a los sectores que hoy detentan su poder desde los tres poderes del Estado bajo la supervisión de los intereses económicos locales e internacionales?

¿Por qué de esta manera? Cristina había sido condenada en 2022 y al no estar firme la condena, su defensa había presentado un recurso que este 10 de junio la Corte Suprema rechazó. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para la expresidenta. Esto cambió por completo el escenario electoral para la principal fuerza opositora del gobierno nacional. La confirmación de su condena con la consiguiente inhabilitación para ejercer cargos públicos significó lisa y llanamente una proscripción a la candidata con mayor caudal de votos del peronismo y otros espacios políticos aliados. La estrategia de sacarla de la contienda implica el uso de una de las herramientas más poderosas de la derecha regional en los últimos años: el lawfare ejecutado por el Partido Judicial.

La lectura de este fallo está lejos de tecnicismos jurídicos y más lejos aún de evaluar si se hizo justicia o no ante un hecho de corrupción. Quienes incitaron y aquellos que impartieron esta sentencia no están preocupados por la corrupción. Al contrario, dicho sea de paso, más de uno está salpicado o implicado por la corrupción que dicen condenar. Se trata de un fallo netamente político en el que la Corte decidió intervenir para alterar el escenario electoral, por lo tanto es una condena política. 

La Corte tenía, al menos, dos caminos posibles si hubiera decidido, como en otras oportunidades, que los problemas “los resuelva la política”. Podría haberla condenado sin inhabilitarla de por vida; también podría haber postergado el fallo hasta después de las elecciones y dejar que los problemas políticos los resuelva el voto, pero no: decidió intervenir con una celeridad inusitada para proscribir a una de las referencias políticas más importantes de los últimos años y así vetar el voto popular. 

Sin dudas, se trata de un punto de inflexión en la historia y, sobre todo, en este presente que cada día ve cercenada un poco más su democracia, rodeada por, como siempre en la historia argentina, los poderes económicos y financieros; por los golpes a los jubilados cada miércoles en las puertas del Congreso; por el vaciamiento de los hospitales públicos que salvan vidas de niñas y niños; por la represión de cada protesta; por la agitación constante de la violencia política; por este capitalismo gore que alimentan la derecha y la ultraderecha en este capítulo de la historia.

Este punto de inflexión además de diagnósticos del presente abre profundas preguntas que remiten a qué hacer ante un escenario que coloca de un lado ese poder popular que colma las calles y del otro, a los sectores que hoy detentan su poder desde los tres poderes del Estado bajo la supervisión de los intereses económicos locales e internacionales. Mientras tanto, el empobrecimiento avanza a paso firme en una democracia de baja intensidad y en un juego de partidos que aún no logra una síntesis electoral pero tampoco consigue canalizar el dolor de la precariedad cotidiana y guarecerlo en las calles.

“A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita. A militar junto a todos esos colectivos sociales que hoy están siendo agredidos por estas políticas. Dejemos de lado las diferencias”, dijo Cristina frente a las miles de personas que salieron de manera espontánea a acompañarla. Un llamado insistente que se viene fogoneando desde hace más de un año. Cada semana lo vemos en las calles: lxs jubilados golpeados frente al Congreso, los hospitales públicos vaciados, la represión a quienes protestan, el desprecio por la educación, la salud, la cultura, la diversidad.

Mientras, el presidente Javier Milei confirma la instalación de una embajada argentina en Jerusalén, desconociendo abiertamente el genocidio contra el pueblo palestino. No se trata solo de una toma de posición en política exterior, se trata de una lógica de gobierno negacionista y autoritario. La persecución interna y la complicidad externa forman parte de un mismo entramado de violencia institucional y disciplinamiento.

El fallo de la Corte no solo marca una condena judicial, es también una advertencia, un intento de disciplinamiento sobre todo aquello que huela a justicia social, transfeminismo, igualdad, comunidad, cuidado, ternura radical. Todo lo que se salga de la norma libertaria, ultraconservadora y violenta de estos varones enojados que gobiernan para el Fondo Monetario Internacional, es perseguido.

Y, sin embargo, hay algo que este fallo también deja al descubierto: la necesidad urgente y vital de organizarnos. El odio, el plan de saqueo, la violencia política y el autoritarismo que lleva a la detención de una de las líderes más importantes de la política en nuestro país, lo que hace también es tensionar y seguir provocando el encuentro. ¿Quedará volver a las asambleas, a los barrios, a las provincias, a los espacios donde la política todavía significa acompañar, resistir, construir, a todo eso que se viene gestando hace tiempo, desde que el Estado empezó a retirarse? La democracia está siendo arrasada. El daño es profundo, brutal, deshumanizante.

¿Y ahora qué?

Es la pregunta que resuena estos días, como si alguien, en algún rincón de la política, del barrio, de la historia, fuera a tener una respuesta lineal, ordenada, tranquilizadora. ¿Y ahora qué hacemos? Como si el paso a la acción fuera una instrucción automática, una certeza que alguien pudiera dictar.

La pregunta es provocativa. Pero también es desesperada. Porque hace más de un año que nos la hacemos. Cada vez que el poder avanza un poco más. Cada vez que un derecho cae. Nos seguimos preguntando ¿y ahora qué?, con la bronca acumulada que lleva décadas y que hoy representa al autoritarismo en el gobierno y en el poder, cuando la dictadura cívico-militar-empresarial desapareció a 30.000 compañerxs; cuando en el 2001 miles salieron a la calle y el Estado respondió con balas; cuando asesinaron a Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón; cuando en 2017 la represión mató a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel; cuando hay un fotoperiodista con el cerebro hecho trizas por una granada, cuando tantas veces el Estado eligió blindar al poder económico y desguazar a los pueblos.

Nos lo preguntamos como si la respuesta viniera de afuera. Nuestras respuestas las vamos construyendo en las marchas, en las ollas, en los medios de comunicación que resisten, en los espacios de salud autogestiva, en los cuerpos que no se rinden.

No sabemos todo. Pero sabemos que no vamos a callarnos. Sabemos que hay que abrazar más fuerte a todas las luchas y salir a la calle.  Sabemos que el ahora no es un después: es este momento de salir y poner un freno. 

El fallo de la Corte no solo marca una condena judicial, es también una advertencia, un intento de disciplinamiento sobre todo aquello que huela a justicia social, transfeminismo, igualdad, comunidad, cuidado, ternura radical.

Les salió el fallo por la culata. No porque no hayan logrado la proscripción —lo hicieron—, sino porque, en el intento de anular a Cristina, reactivaron algo mucho más poderoso que una candidatura: el músculo histórico de la memoria, de la organización popular, de la mística política. En su afán por vetar el voto, terminaron recordándole al pueblo que, cuando lo intentan excluir, se cuela por cada grieta. Donde pretendían cerrar una etapa, abrieron un frente: el de quienes no se resignan a ver cómo la democracia se desangra en nombre de la república.

En la historia argentina, la proscripción ha sido siempre el sello con el que las élites intentaron domesticar al poder popular. Desde la proscripción del peronismo tras el golpe del ‘55, pasando por las listas negras, la censura y la persecución política, hasta llegar a esta democracia de baja intensidad donde se judicializa la voluntad popular, la proscripción funciona como mecanismo de disciplinamiento y exclusión. No es solo la inhabilitación de una persona; es la negación del derecho colectivo a elegir. Cada vez que el poder real —ya sea militar, mediático o judicial— intervino para definir quién puede participar del juego democrático, lo hizo para sostener privilegios, no para garantizar justicia. Este nuevo capítulo no es una excepción: forma parte de una continuidad histórica en la que las mayorías son sistemáticamente desplazadas del centro de decisión, bajo distintos mecanismos, pero con la misma intención de fondo.

En menos de 48 horas, la condena provocó un giro en la calle: tomas de facultades, vigilias, marchas espontáneas, cortes y asambleas. Pero no fue solo el peronismo el que salió; fue ese otro pueblo más amplio, diverso y muchas veces disgregado, que se encontró frente a un límite claro: no se puede seguir mirando para otro lado mientras se persigue a quien incomoda al poder real. La Corte creyó que ponía un punto final, pero lo que hizo fue señalar un antes y un después. La multitud que salió a las calles no lo hizo solo para bancar a una dirigente: salió a defender su derecho a elegir y a construir futuro.

Frente a un gobierno que niega genocidios, persigue disidencias y regala soberanía, la condena a Cristina no puede leerse como un hecho aislado. Es parte de una avanzada mayor, que pretende aniquilar cualquier proyecto de país que no rinda cuentas al capital financiero. Pero la historia de este territorio nos dice que cuando las élites deciden a quién podemos votar, el pueblo responde. Y esta vez no fue distinto: mientras ellos sentencian, el pueblo se organiza. Mientras ellos niegan, el pueblo recuerda. Mientras ellos proscriben, hay un pueblo que insiste.

Este gobierno de la crueldad y la deshumanización, cuyo sustento cultural apuntalado por la derecha tradicional y el poder económico concentrado sigue siendo el antiperonismo clásico, está reponiendo con la proscripción de Cristina un gesto demasiado familiar: su miedo atávico al pueblo organizado que, aún inmerso en un clima de profunda crisis de representación, sigue encontrando la manera de fluir “como un río” para levantar su voz en defensa de quien no lo ha traicionado.

La condena a Cristina en este contexto electoral, a solo dos años del gobierno de Milei y en medio de una crisis económica devastadora, tiene tufillo a desesperación. Una desesperación que nuestra historia conoce bien pero que hoy toma los ropajes de un “fascismo aspiracional” que acelera y profundiza los procesos sin entender que sus pulsiones tanáticas y exterminadoras nunca han funcionado como quisieran. Porque del otro lado, por muy fragmentada, herida y disminuida que esté, arrecia todavía la pulsión de vida popular que es mucho más que la posibilidad de sobrevivir; es potencia política que reconoce su memoria y afectividad en Cristina pero que al mismo tiempo se reconoce a sí misma otra vez como portavoz de la historia.

El cuerpo político nacional y popular rechaza las vejaciones —como lo hizo el cuerpo de Eva, como lo hace Cristina ahora— mitologizándose, volviendo a encontrar su fuerza en cada militante, en cada compatriota que entiende lo que está ocurriendo, en cada gesto de organización que revive y pone en común su lucha. Está llegando el tiempo de saber cuál será el cauce; lo más importante ahora es poder entender que el lecho del río ha vuelto a la superficie y le ha devuelto la vida a la aridez de una tierra que no está definitivamente arrasada.