Foto de portada: Lucía Prieto
Entre estrategias y favores, el gobierno de Javier Milei gestiona a punta de motosierra con el aval de los votos democráticos la fiesta de los sectores económicos más poderosos del país y, por ahora, logró controlar el Congreso Nacional. Milei supo invertir el cálculo de desventaja en las dos cámaras y buena parte de la oposición se convirtió en oficialismo, empezando por el Pro y siguiendo por desprendimientos de la UCR y el peronismo. A fuerza de decretos, vetos y represión, la motosierra tiene prácticamente vía libre para avanzar en distintos y simultáneos frentes. En materia económica, con un proyecto de ajuste sin piedad contra la educación y la salud pública, el derecho a una jubilación un poco más digna, el empleo público, y el bolsillo de quienes en la formalidad o informalidad sostienen el peso de la economía cotidiana. Todo para bancar el objetivo de déficit cero.
Si pensamos la motosierra como emblema de la violencia podemos pensar que también opera en lo que el gobierno define como “batalla cultural”. Desde ahí se organiza y despliega un arsenal de agresiones contra quienes se calificaron como los principales enemigos: los feminismos, la comunidad LGTBIQ+, y todo lo que consideren que forma parte de (si es que la hay) una agenda comunista, socialista, progresista, peronista, que busque algún tipo de justicia social – considerada por el presidente como una aberración-, o vea con preocupación la catástrofe climática que derrite al mundo.
El hombre de la motosierra podría ser una imagen de lo que la filósofa mexicana Sayak Valencia, definió como capitalismo gore y que luego el intelectual italiano, Franco “Bifo” Berardi, tomó para pensar lo que caracterizó como el brutalismo supremacista libertariano. El señor no solo dijo que venía con una motosierra, no la traía camuflada como en el cine de suspenso, por el contrario, hizo gala de la violencia al estilo gore. Lo curioso es que a un sector político se le haya ocurrido acompañarlo, y lo sintomático es que para una buena parte de la sociedad se haya convertido en una opción elegible de la oferta democrática. Desde ese síntoma, Bifo lanza una afirmación por demás inquietante, y desde luego, no piensa solamente en el caso argentino sino en clave de una época global en la que las extremas derechas no son elegidas a pesar de la violencia, sino por esa violencia que pregonan.
El señor no solo dijo que venía con una motosierra, no la traía camuflada como en el cine de suspenso, por el contrario, hizo gala de la violencia al estilo gore. Lo curioso es que a un sector político se le haya ocurrido acompañarlo, y lo sintomático es que para una buena parte de la sociedad se haya convertido en una opción elegible de la oferta democrática.
“Estamos ante una verdadera inversión del juicio ético”, sostiene Bifo, y añade, “el entusiasmo por la violencia racista implica una perversión de la percepción y de la elaboración psíquica, incluso antes que moral: capitalismo gore”, dice retomando el concepto de la filósofa mexicana. En Argentina la expresión de ese capitalismo gore es el emblema de la motosierra en sus diferentes planos, como decíamos, en el ajuste, la represión y los discursos de odio que, en algunos casos pasan al acto. De estos dos últimos nos ocuparemos en esta nota. Con el objetivo, no sólo de enumerar diferentes hechos de violencia institucional y parainstitucional, sino también de rastrear algunas pistas de las resistencias entre quienes no participan de la fiesta del déficit cero y buscan construir una vida más allá de la que valida el mercado como único ordenador y cuya libertad no esté pregonada por el odio.
La restricción a la vida pública
El espacio cívico es el entorno en el que las personas ejercen sus derechos fundamentales para participar en la vida pública, como la libertad de expresión, el activismo, y la protesta. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un informe titulado Silenciar a través del miedo. Restricciones al espacio cívico en Argentina en el que se documentan las dificultades de libertad de expresión y participación pública, incluído el ámbito digital. El relevamiento va desde el inicio de gobierno, en diciembre de 2023, hasta septiembre de este año. En estos diez meses de gobierno de la LLA, la violencia directa ejercida por los operativos represivos a la protesta, las detenciones arbitrarias, la persecución en redes sociales y los discursos de odio forman parte de este amplio abanico de estrategias que buscan restringir la participación en la vida pública.
Manuel Turfó, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, conversó con LatFem a partir del informe. “Esta noción de espacio cívico permite tener un poco más de flexibilidad frente a escenarios que estamos viendo en Argentina y en el mundo donde pareciera que la dicotomía democrático – autoritario no alcanza ya, porque hay gobiernos que tienen una legitimidad democrática de origen. No hay dudas sobre la legitimidad de la elección popular de Milei en este caso, pero después el ejercicio de la legitimidad democrática tiene que ser también de procedimiento”, explicó el abogado del CELS. Y añadió que, “hay una matriz o un interés de ejercer el poder de manera autoritaria. Bajo la excusa de que es una situación de emergencia económica se expande esa idea de emergencia y la idea de excepcionalidad que, está asociada en general a la emergencia, en el sentido de que hay que tomar medidas excepcionales, hay que tener procedimientos excepcionales que no son los procedimientos ordinarios de la democracia, se expanden a otras áreas y eso claramente se podría pensar como una tendencia autoritaria, pero en el marco obviamente, todavía, de instituciones democráticas que están funcionando. Por eso, la idea de espacio cívico y su mayor o menor apertura me parece que es justamente lo que sirve para pensar esta situaciones que son un poco más complejas”.
El protocolo represivo y la criminalización
A partir de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, su titular, Patricia Bullrich, puso en funcionamiento el 14 de diciembre pasado, el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Con el objetivo de garantizar la circulación del tránsito y pretender acorralar el trayecto de una manifestación sobre las veredas, desplegó enormes operativos en diferentes movilizaciones. “Se hace un despliegue exagerado, muy vistoso de las fuerzas policiales para amedrentar a las personas que están manifestando”, comentó a LatFem Gabriela Figueroa, periodista e integrante del Mapa de la Policía. “Desde que inició el protocolo de Bullrich, el 20 de diciembre de 2023, vemos que las calles dejaron de ser solamente monitoreadas por la Policía de la Ciudad, ahora vemos una asidua concurrencia y organización de los operativos que involucran esta unificación de las fuerzas de la Policía de Ciudad, la Federal, incluso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería, se despliegan todas las fuerzas. Eso es una novedad”.
Debido al trabajo realizado durante los operativos en cada movilización, la cronista del Mapa de la Policía, identifica dos escenarios posibles ante una movilización, aquellas que son multitudinarias como las marchas universitarias en las que “el protocolo es absolutamente desbordado”, pero “las fuerzas actúan en la desconcentración deteniendo arbitrariamente a militantes y personas que estuvieron en zonas lejanas de donde fue la concentración, sobre todo hacia la Avenida 9 de Julio que fue lo que pasó el 12 de junio, pero ya había ocurrido en otras movilizaciones. Actúan las fuerzas federales, marcan a ciertas personas y hay participación de policías de civil para poder detenerlas”. El otro escenario, es el de las movilizaciones con menor cantidad de manifestantes, como “la marcha de jubiladas y jubilados los días miércoles que es donde se producen hechos de represión ya no en la desconcentración sino mientras se realiza de la medida de protesta”.
La gestión del miedo opera también en el ámbito digital, especialmente en redes sociales, el terreno predilecto para el despliegue de la brutalidad twittera (ahora X) de los libertarianos locales con inclinaciones a prácticas de doxeo y hostigamiento digital.
Tal como señaló Gabriela, esta espectacularización de la violencia tuvo su punto crítico el 12 de junio pasado con la represión en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la “Ley Bases”. En esa represión fueron detenidas 33 personas. El informe del CELS detalla que la fiscalía las acusó de delitos gravísimos, como sedición e intento de golpe de estado, y fueron trasladadas a prisiones federales. La justicia demoró varias semanas en verificar la falta de pruebas ante los delitos acusados por el fiscal Carlos Stornelli. Las personas detenidas fueron recuperando la libertad en etapas, la última permaneció 85 días en prisión y 11 ya fueron sobreseídas.
El accionar de la fiscalía “deja precedentes políticos preocupantes por cómo operó el Ministerio Público Fiscal, que fue vergonzoso. Fue desmentido por las decisiones judiciales posteriores pero no tuvo ningún costo para el Ministerio Público Fiscal, no hay ninguna sanción, ni investigación y ni siquiera un llamado de atención”, comentó Manuel Turfó. Con este antecedente de criminalización sin acreditar pruebas, el primer daño es la acusación pública, por eso, el director del área de Justicia y Seguridad del CELS señaló que configura también un “dispositivo comunicacional” y no aplica solo sobre la protesta, “sino también a los procesos de criminalización de los movimientos sociales. “El hecho de que haya una denuncia, que se abra una causa, que se ordenen medidas de prueba, allanamientos…, todo eso es noticia todo el tiempo, y esas noticias generan una estigmatización fuertísima”, explica Turfó. Por eso advirtió que hay un “objetivo de daño político comunicacional, me parece que el dispositivo es judicial comunicacional. Después, creo que tienen la pretensión también de que esto sea disciplinador y, si pudieran llegar a algún procesamiento o alguna condena de algún manifestante, yo creo que eso también les parecería una forma interesante de generar miedo y disciplinamiento”.
La persecución en redes que traspasa la virtualidad
La gestión del miedo opera también en el ámbito digital, especialmente en redes sociales, el terreno predilecto para el despliegue de la brutalidad twittera (ahora X) de los libertarianos locales con inclinaciones a prácticas de doxeo y hostigamiento digital. Por “doxeo” se entiende el acceso a información personal para ser expuesta públicamente y sin consentimiento de la persona afectada. Esto fue lo que vivió Gabriela Ivy, creadora de contenido sobre política y género, cuando comenzó a recibir insultos transodiantes por TikTok y luego amenazas, antes de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) el 19 de noviembre pasado. Después de esa fecha los insultos se convirtieron en amenazas de muerte que también llegaban a su celular. “Ya te vamos a encontrar en la calle y te vamos a romper las piernas”, decían los mensajes que se sostuvieron por varios meses. La violencia se materializó con personas que la seguían y le sacaban fotos que luego publicaban en redes para infundirle miedo. Ivy también fue víctima de doxeo, hecho que denunció ante la justicia con la certeza de que la violencia que recibió traspasó la virtualidad, “en el momento en que son violentos en las redes, es violento el presidente y todo su gabinete, directamente cualquier ser humano que ya era violento piensa ‘si una persona que está en el poder puede ser violenta y nadie le dice nada, yo también puedo serlo’. Nos quieren amedrentar a quienes hablamos del daño que están generando al eliminar las políticas públicas, y sobre todo, las políticas de género. La idea es utilizar discursos violentos y amenazarnos para que tengamos miedo y dejemos de desenmascarar lo que están haciendo. Ese es el fin de toda esta violencia”.
A pesar del hostigamiento que recibió, Ivy no se calla y eso es una forma de resistencia: “Lo mejor que podemos hacer es decirles: hagan lo que quieran pero no nos van a amedrentar. Que me amenacen a mí es algo habitual en la vida de las personas LGBT. Antes de un gobierno como el de Milei, en la calle nos han amenazado, nos han golpeado y eso no nos amedrentó porque es lo que vivimos cotidianamente”, una postura fundamental para animar a otras personas que también recibieron amenazas para que no caigan en el silencio. “Estar en las redes es una forma de resistencia y una forma de transmitir a otros sectores, que no son parte de la comunidad LGBT, a que den esta batalla donde no tenemos a los medios hegemónicos para demostrar que todo lo que están haciendo es en contra de los derechos humanos en general.”
Contra el odio, la articulación cotidiana de las resistencias
Es necesario recordar que Sabrina Bolke, militante de HIJXS, fue atacada y abusada sexualmente en su casa por dos hombres el pasado 5 de marzo. Antes de irse los atacantes escribieron la sigla ‘VLLC’ (Viva la libertad, carajo) y la palabra “ñoqui” en la pared de su habitación. “Sabemos todo de vos, sabemos dónde laburás, qué hacés, que estás con los derechos humanos… nosotros no vinimos a robarte, vinimos a matarte”, le dijeron los hombres. Un hecho que demuestra las consecuencias que pueden ocasionar la difusión de discursos de odio dentro de un gobierno que reivindica la última dictadura militar.
Los ataques no pueden no tener una vinculación directa o literal con los discursos de odio, pero logran correr el límite de lo decible y habilitan condiciones de posibilidad para otras formas de violencia. Así lo expresa Marta Dillon, activista, periodista e integrante de la Columna Mostri, un espacio transfeminista y LGBTNBQ+ que reúne diferentes sectores y generaciones con una misma preocupación: desde la llegada del nuevo gobierno “la vida está en riesgo”. Para Dillon los discursos de odio son “un caldo de cultivo, esa cocina permanente donde se va elevando la temperatura para encontrar un chivo expiatorio sobre el que desencadenar una violencia que produce el poder, que produce la desigualdad y la exclusión. Es peligroso en todo momento porque sabemos que aún cuando los perpetradores actúen por su propia mano, estoy pensando en el perpetrador del triple lesbicidio de Barracas, actuó de su propia mano y no necesitó que nadie le diga lo que tenía que hacer, pero sin duda está inmerso en este marco social donde la violencia hacia los otros, a les otres pares, es justamente lo que le da la base social al poder”. Retomando las palabras del filósofo italiano Bifo Berardi, la libertad de la que hablan las ultraderechas es la “libertad para ser brutales”.
La misma brutalidad arremete cada miércoles en las inmediaciones del Congreso contra las agrupaciones de jubilados y jubiladas que no solo ven afectados sus ingresos, sino también el acceso a la medicación. Comer o continuar con sus tratamientos médicos es una disyuntiva que se transformó en cotidiana para varias personas. “En la protesta frente al PAMI central vino un libertario a atacarnos, golpeó a dos compañerxs y también nos gritaba: “viejos de mierda, son todxs zurdos, se tienen que morir”. La violencia desatada es en todos los niveles: física, policial, discursiva, simbólica y económica. Están ensayando desde el gobierno de Milei un verdadero geronticidio”, dice Nancy Yulán, docente jubilada autoconvocada e integrante del Movimiento Activo de Trabajadores Jubilados (MATyJ). Llevan adelante una lucha que busca la construcción de espacios comunes, por eso acompañan asambleas, conflictos y movilizaciones no solo por sus demandas. “Nosotres venimos de los sesenta, del Mayo francés, de la idea de hagamos posible lo imposible, la dictadura, la generación diezmada, les desaparecides y entre durar y vivir, elegimos vivir porque se nos termina el tiempo. Y la lucha es vivir, por eso la calle es nuestro terreno para dar la batalla y allí seguiremos estando para seguir vivos.”
La gestión del miedo como estrategia de disciplinamiento para reducir el espacio cívico y limpiar de la vida pública aquellas expresiones disidentes es el denominador común en todos los casos. Ya no se trata solo de la dupla ajuste y represión, hay que sumar las diferentes formas de persecución.
La gestión del miedo como estrategia de disciplinamiento para reducir el espacio cívico y limpiar de la vida pública aquellas expresiones disidentes es el denominador común en todos los casos. Ya no se trata solo de la dupla ajuste y represión, hay que sumar las diferentes formas de persecución. Lamentablemente, en este corto tiempo no faltan ejemplos y podríamos listar más casos, pero también es necesario frenar, interrumpir la continuidad de denuncias para concentrar la atención en las formas de articular las resistencias que nos permitan encontrar algo de vitalidad ante tanta hostilidad. “La articulación de las resistencias es un trabajo cotidiano”, sostiene Marta Dillon, “creo también que además de resistencias tenemos que preguntarnos cómo articulamos una vida que nos guste vivirla aún con la precariedad. Que nos genere la ilusión de poder vivir una vida, de tener momentos de goce, de comunidad, tranquilidad, descanso, de amor. Tenemos que pensar cómo articular esa vida en común que tanto soñamos, que tanto discursivamente hemos expuesto y que todavía no somos capaces del todo de describir. Cómo sería eso de compartir cuidados, los míos, los tuyos, los de aquella y de más allá, alternarnos en esta idea de que hay momentos más de retracción, momentos más de salida. Yo no podría decir cómo articulamos la resistencia en este escenario tan hostil, pero no tenemos que olvidarnos que en nuestros movimientos LGBTIQ, feministas y transfeministas, nunca propusieron una salvación más allá de lo que tenemos sino una puesta en común de los recursos propios, los que surgen de la interacción, de la interconexión entre los seres vivientes y el espacio donde estamos entre nosotres y con otres. Ahí tenemos que persistir en seguir soñando, para mí no hay otra manera de articular las resistencias más que seguir soñando unas vidas otras.”
Fortalecer lazos y redes, aunque en lo inmediato no detenga la capacidad de daño de la motosierra permite articular cotidianamente las luchas, volver a generar el espacio y el tiempo del diálogo con otres, “poner en común nuestras fragilidades donde alumbre otra fuerza y encontrar vitalidad”, dice Marta Dillon. “Nosotres venimos de los sesenta, del Mayo francés, de la idea de hagamos posible lo imposible, la dictadura, la generación diezmada, les desaparecides y entre durar y vivir, elegimos vivir porque se nos termina el tiempo. Y la lucha es vivir, por eso la calle es nuestro terreno para dar la batalla y allí seguiremos estando para seguir vivos”, concluye Nancy.
En medio de la precariedad y la violencia desatada por el gobierno de la LLA, buscar horizontes de resistencias se vuelve una tarea difícil, sin embargo, colectivizar la rabia, las necesidades y urgencias puede ayudar a reconstruir algunos tramos de los lazos sociales que el odio ha roto. Encontrar espacios que se ofrecen como refugio donde aunar luchas, atravesar la derrota de manera comunitaria, reconocer los límites que nos impone este momento de fragilidad para pensar estratégicamente cómo, cuándo y dónde poner el cuerpo sin que ello implique un riesgo para la vida. Persistir aún en medio de la tormenta sin abandonar la idea de vida que soñamos y luchamos por alcanzar.
