La máxima instancia del Poder Judicial tucumano absolvió hoy Belén, criminalizada durante años y forzada a transitar los pasillos de una cárcel y de un juzgado por un aborto espontáneo. El Superior Tribunal de Justicia de Tucumán (STJ), que debía expedirse el 2 de diciembre de 2016 por su caso, la hizo esperar cuatro meses más -desconocemos los motivos, pero subrayamos dos factores que gravitaron a lo largo del proceso: que Belén sea mujer y pobre.
Para Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “hay que celebrar su absolución. Sin embargo, la causa nunca debería haber existido. Belén perdió parte de su vida presa. Ahora es importante leer el fallo para saber qué es lo que consideró la Corte y ver cuáles son los mensajes para que no haya más Belenes en Tucumán y en el país”. El CELS es una de las diez organizaciones que presentaron amicus curiae para acercar al STJ argumentos legales para resolver el caso. Se sumaron Amnistía Internacional Argentina, Innocense Project Argentina, ELA, la Asociación Pensamiento Penal, ANDHES, APDH, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Cladem y APEL.
La demora judicial obturó, entre otras cuestiones, sus posibilidades de trabajo. El tiempo que estuvo libre pero no absuelta no pudo conseguir un empleo formal porque está procesada y necesita un certificado de buena conducta. Antes del encierro trabajaba en una cooperativa. Tras su liberación aprovechó lo aprendido en la cárcel para armar peluches y cotillón de manera artesanal y los vende con la ayuda de sus tías.
Belén es un caso perfecto para ver cómo el Estado argentino deja de lado el derecho a la salud para abordar determinadas situaciones con una política penal. Ella llegó a un hospital público de la provincia de Tucumán, el 21 de marzo de 2014, sin saber que estaba embarazada, con un fuerte dolor de panza. Tampoco sabía que estaba teniendo un aborto espontáneo. El médico anotó en su historia clínica “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”. Después de eso la sometieron a distintos tipos de maltratos, ubicables bajo el paraguas de la violencia institucional. Entre ellos, mostrarle un feto encontrado antes de su llegada al Hospital Avellaneda, decirle que era su “hijo” e insultarla.
Belén salió del hospital directo hacia una cárcel. A fines de abril de 2016 fue condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán no se basó en pruebas concretas -al feto no le hicieron ADN y después se perdió-, sino en que la defensora oficial de Belén no había cuestionado los hechos que se le imputaron. El Estado le dio a Belén el derecho a una mala defensa. Para remediar el desastre, asumió su defensa la abogada Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir. Lo primero que hizo fue apelar el fallo y conseguir que Belén espere este momento en su casa, con su familia. Fue liberada el 16 de agosto del año pasado, luego de dos años y cuatro meses presa.
El caso de Belén se convirtió rápidamente en bandera de los movimientos sociales, de mujeres, feministas y de derechos humanos. En la Argentina mueren alrededor de cien mujeres por abortos inseguros. Se trata de mujeres que prefieren arriesgar su vida a seguir con embarazos no deseados. Son mujeres que deciden exponerse a la muerte antes que ir a un hospital público por temor a quedar detenidas. La política penal del Estado argentino, sostenida por distintos gobiernos, limita además el derechos a la interrupción del embarazo en los casos en que son legales: cuando fue producto de una violación o cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. En la actualidad solo nueve jurisdicciones de este país cuentan con protocolos de atención respetuosos de los derechos de las mujeres.
