Ante la prohibición del aborto en El Salvador, ellas luchan por la libertad y la despenalización social

Es larga la lista de derechos pendientes y demandas a las que todavía no se ha dado respuesta en El Salvador: sin embargo, la lucha para que se termine la prohibición del aborto es uno de los temas alrededor de los que se organiza con fuerza el activismo feminista y de derechos humanos. Desde el surgimiento de la campaña Las 17 y más han recobrado la libertad de 62 mujeres que estaban presas injustamente. Cada vez son más en las calles en cada marcha y a su vez, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela, que condenó a El Salvador por encarcelar a una mujer que sufrió un evento obstétrico, marca un hito y le da la razón al movimiento feminista y de derechos humanos que viene denunciando el impacto de la prohibición. Este texto forma parte de Las Resistencias Fundamentales un especial periodístico sobre las resistencias a los fundamentalismos en Latinoamérica y el Caribe coordinado por LatFem-Periodismo Feminista.

—¿Por qué nos ponen esta barricada? Esta forma tan violenta de recibir. Somos ciudadanas. Tenemos derecho de estar aquí. ¡Les exigimos que quiten esta barricada! ¡Permitan el diálogo ciudadano!


Con el micrófono en la mano, varias activistas y defensoras de derechos humanos gritaban frente al alambre razor, los hilos gruesos de metal que se entrelazan con pequeños nudos de púas tan tradicionales en Centroamérica como forma de seguridad, rodeaban al edificio de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en la capital. Funcionaban como una barrera material y simbólica entre la marcha de mujeres y quienes representan al pueblo. Eran las 8 de la mañana del último 28 de septiembre de 2021, Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto y las manifestantes habían llegado con una propuesta: la Reforma Beatriz, que pretendía modificar el artículo 133 del Código Penal para incluir la despenalización del aborto en tres causales. La bienvenida que les dio la Asamblea fue hostil pero finalmente salieron dos diputados: una del FMLN y otro de Nuestro Tiempo que fueron quienes introdujeron la solicitud a la comisión respectiva. Esa iniciativa, más tarde quedaría archivada pero no sería la primera ni la última vez en la que las salvadoreñas organizadas exigirían por una transformación del estado de situación: su historia de lucha es un recorrido de insistencias.

Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en la marcha del 28S.

Es larga la lista de derechos pendientes y demandas a las que todavía no se ha dado respuesta en El Salvador: sin embargo, la lucha para que se termine la prohibición, penalización y criminalización del aborto es uno de los temas alrededor de los que se organiza con fuerza el activismo feminista y de derechos humanos. Desde 1998 el Código Penal prohíbe totalmente el aborto. En códigos salvadoreños anteriores existían excepciones que hoy ya son parte del pasado. Además, en la Constitución de la República se agregó un candado en el primer artículo que señala: “Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

Con la prohibición, desde hace 23 años que se da una puja entre los movimientos feministas y de derechos humanos que intentan desbloquear estos límites a las libertades de niñas, adolescentes y mujeres gestantes salvadoreñas; y grupos políticos, partidarios, religiosos, entre otros, que se han encargado de poner aún más alambre razor a las iniciativas e impedir los esfuerzos por despenalizar el aborto por causales. En esa disputa el 2021 termina con un hito que le da la razón a las organizaciones feministas y de derechos humanos y es resultado de esa persistencia en las luchas. El 29 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a El Salvador por la criminalización de una mujer que pidió ayuda en medio de una emergencia obstétrica, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado y murió en la cárcel sin atención médica. Se trata de Manuela. Su nombre se volvió bandera en las manifestaciones y un caso que traspasó las fronteras de El Salvador. Ahora hay un fallo que ratifica lo que venían diciendo su familia, las organizaciones que acompañaron el caso y el movimiento feminista: el Estado se equivocó al encerrararla y condenarla luego de sufrir una emergencia obstétrica, negarle acceso a salud y dejarla morir al no brindarle un tratamiento adecuado para el cáncer que padecía. El caso Manuela plantea un horizonte de justicia y esperanza en el país más pequeño de Centroamérica. 

“Nosotras decimos: Manuela justicia y esperanza porque es una historia que atraviesa una serie de violaciones de derechos humanos. No queremos que se repita. Queremos justicia para ella y para su familia. Esperamos que se establezcan medidas de NO repetición. Hablamos de esperanza porque su historia y todo el proceso de lucha puede significar transformaciones para todas y cambios para las compañeras que están privadas de libertad”, dice Sara García, de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Esta organización junto a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) empujaron la historia de Manuela para que saliera de los límites de El Salvador y llegara a instancias internacionales. Manuela vrs El Salvador es el primer caso en llegar a la Corte Interamerica de Derechos (CIDH) que muestra el impacto de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres y en sus familias. 

Intervención callejera Manuela Justicia y Esperanza

El hijo mayor de Manuela, Jesús Hernández, se sienta junto a su abuela. Y desde ahí, con voz firme, empieza a recordar a su mamá, el camino que han transitado para demandar justicia y restituir la dignidad al nombre de su madre: “Que se haga saber a la gente que mi mamá no fue la culpable sino que fueron la policía, doctores y todos lo que hicieron esto para que ella fuera condenada y sufriera todo lo que sufrió. Eso es lo que yo quisiera. Hay gente que dice que ella fue la culpable pero no, en esta vida todos somos de carne y hueso y no sabemos lo que nos puede pasar. Mediante la resolución no van a andar diciendo que ella quiso hacer lo que dicen que hizo. A mí me repara que se diga que ella no fue la culpable de eso porque yo cuando estaba chiquito eso decían. A mí me pone la mente en alto el sentir que mi mamá no fue la culpable”. 

A su madre, Jesús la recuerda como una persona “bien cariñosa”. “Ella nos quería, a mí y a mi hermano, cómo ella iba a querer a dejarme votado.  Me cuenta la abuela que la última vez que la pudo ver le dijo que cuidara de nosotros. Ese amor siempre lo tuvo porque aunque ella no estaba con nosotros quería que no fuéramos a sufrir a otra parte sino que nos había dejado con mi abuela”, dice el joven de 22 años que creció con su madre presa por un delito que no cometió.

“Lo que espero es que no se vuelva a repetir. Así como mi mamá la que también sufrió y la que aguanto fue mi mamita.  Espero del sistema de salud que a quienes llegan enfermos no los maltraten. Es lo que nosotros queremos:  que no se destruyan más familias porque se destruye toda una familia así como nos pasó a nosotros. Si uno va a la clínica es para que le den medicina no para meterlos presos”, agrega. 

Manuela era una mujer de la zona rural. No sabía leer ni escribir y vivía en situación de pobreza. Tenía dos hijos: de 9 y  7 años,  era madre cabeza de familia. Nunca tuvo acceso a educación formal, a información y servicios de salud reproductiva, como métodos anticonceptivos. Sus dos primeros partos fueron en su propia casa. Ella era originaria de uno de los departamentos más pobres del país y esa situación parece no cambiar ya que aún para 2018 la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía (MINEC) colocaba a Morazán como el segundo departamento con una elevada pobreza económica con el 35.99% y pobreza multidimensional con el 42.10%. 

Entre 2006 y 2007, Manuela empezó a sentir constantes dolores de cabeza y estómago, náuseas y cansancio. Tenía masas visibles en el cuello. En la Unidad de Salud le diagnosticaron gastritis y le recetaron analgésicos. Pero  nunca le realizaron algún examen para establecer el origen de sus padecimientos. En ese lapso Manuela quedó embarazada. En febrero de 2008, empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal y fue a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa. En ese momento tuvo una emergencia obstétrica, expulsó un feto y se desmayó. Mientras estaba inconsciente su familia buscó auxilio y la llevó hasta el Hospital más cercano, ubicado a alrededor de dos horas de distancia. 

Manuela llegó al hospital envuelta en una hamaca, con hemorragia severa y síntomas de preeclampsia. En lugar de recibir la atención obstétrica de urgencia, fue interrogada por la doctora que la recibió posponiendo su atención durante tres horas. La médica asumió que se había provocado un aborto y dio aviso a las autoridades policiales. Al día siguiente, Manuela continuaba con un delicado cuadro de salud y sin la presencia de un abogado defensor fue interrogada por dos agentes de la policía, la acusaron de haber matado a su hijo. Sin orden judicial la detuvieron y la esposaron a la camilla, así permaneció por siete días, mientras recibía insultos por parte del personal médico.

Manuela no tuvo la posibilidad de contratar a un abogado. Contó con tres defensores públicos distintos, con quienes solo tuvo contacto durante el mismo día de la audiencia y no escucharon su versión de los hechos o a sus familiares. Además, estos abogados nunca cuestionaron la coerción ejercida contra su padre por los agentes policiales, quien no sabía leer y fue obligado a imprimir sus huellas dactilares en un documento que luego resultó ser una denuncia fraudulenta contra su propia hija. 

El Tribunal que condenó a Manuela a 30 años de cárcel creyó que ella había lanzado a su hijo a una letrina para esconder una supuesta infidelidad y evitar la crítica pública. También, planteó que el “instinto maternal” debió haberla llevado a buscar atención médica. El defensor público de Manuela no presentó ningún recurso contra la decisión. Un año después de la condena fue diagnosticada con cáncer  Linfoma de Hodgkin pero no recibió la quimioterapia que requería. Manuela murió en el hospital, engrilletada, custodiada por policías, sin haber visto a su familia mientras permaneció en la cárcel y en el centro de salud. Dejó a sus hijos huérfanos. 

En octubre de 2021, la CIDH presentó el informe Situación de Derechos en El Salvador, que menciona la preocupación de la comisión al encontrar indicios de posibles violaciones del proceso, como violaciones al principio de presunción de inocencia al haber sido todas las mujeres tratadas como responsables del asesinato de sus hijos desde el inicio de las diligencias; la imposibilidad de defenderse, de ser oídas por el juez o de tener representación legal; posibles incumplimientos al principio de la proporcionalidad de la pena y del trato individualizado de cada uno de los casos; sentencias dictadas sin pruebas científicas u objetivas concluyentes en contra de ellas, en juicios permeados por estereotipos de género discriminatorios contra ellas por su condición de mujeres, al ser tratadas de malas madres y asesinas de hijo por los propios jueces. 

La sentencia en el caso Manuela solicita al Estado una batería de medidas para reparar de manera integral: la publicación de la sentencia, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, otorgar becas de estudio al hijo menor y al hijo mayor de Manuela; brindar gratuitamente tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a la familia. A nivel estructural también hace pedidos expresos para regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica; desarrollar un protocolo de actuación para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas; adecuar su regulación relativa a la prisión preventiva; diseñar e implementar un curso de capacitación y sensibilización a funcionarios judiciales y al personal de salud del Hospital Nacional Rosales;  adecuar su regulación relativa a la dosimetría de la pena del infanticidio; diseñar e implementar un programa de educación sexual y reproductiva; tomar las medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas, entre otras. 

Esta es una sentencia histórica y un logro de la lucha que por años han sostenido la familia de Manuela y  las organizaciones feministas. Sara García dice que “esta sentencia es histórica porque se ha condenado al Estado salvadoreño por la persecución, detención arbitraria y muerte de Manuela. ¡Manuela era inocente!”. Asimismo, esta resolución es un hito en la región y coloca a El Salvador como el primer Estado en ser condenado por criminalizar a mujeres tras enfrentar emergencias obstétricas. 

Tras el fallo, el hijo de Manuela dijo: “Nos sentimos contentos. Me siento muy contento porque por mucho tiempo hemos venido luchando y ahora me siento orgulloso de ser hijo de Manuela, a pesar de todo lo que a mi mamá le culparon ahora es esto muestra que no hicieron bien. No investigaron que ella estaba enferma y que podía dejar a sus hijos huérfanos. Yo le pido a todo El Salvador que entienda que lo hicieron con mi mamá y con muchas mujeres me duele por haber perdido a mi mamá y hay niños que tienen a sus mamás presas. Me siento agradecido con lo que la Corte ha hecho. Se ha hecho justicia. El nombre de mi mamá se ha limpiado. Me siento dichoso de ser hijo de Manuela.”, expresó a través de una conferencia de prensa.

La historia de las 17, y más …

La lucha por Manuela tuvo la fuerza internacional que consiguió y se convirtió en un hito porque detrás hubo una campaña que no se puede dejar de nombrar: Las 17 y más.  Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, recuerda que la campaña de las 17 nació cuando un grupo de activistas, entre las que ella estaba, empezó a conocer cada vez más historias de mujeres que habían enfrentado emergencias obstétricas y que debido a las normativas estaban perdiendo gran parte de su vida en una cárcel. Fue a partir de una publicación periodística que se titulaba: ‘Bienvenido al Salvador del siglo XXI’ el Estado antiaborto, de un periodico estadounidense, de 2006. La investigación planteaba que habian mujeres con penas de 30 años por aborto. En ese momento las activistas se preguntaron ¿cómo es posible que mujeres estén condenadas por esos años si el aborto en el país se condena con ocho años? Investigaron hasta que dieron con la historia que mencionaba el artículo: se llamaba Karina y fue la punta del ovillo para encontrar más y más empezar a formar la organización feminista alrededor de la libertad de las presas. Fueron cuatro años de lucha hasta que en julio de 2009 lograron devolverle la libertad a Karina, quien había estado detenida 7 años y 5 meses. Durante esa experiencia entendieron cómo funcionaba el proceso de sentencias en la cual al inicio se condena por aborto pero al final el delito se convierte a homicidio agrabado, incrementando las penas a 30 años o más. “Ella sale de la cárcel por el mecanismo de revisión de sentencia. Al salir, visibiliza que no es la única que fue condenada bajo ese sistema sino que hay muchas más pero que no hablan debido a la violencia que se ejerce hacia ellas”, explica Herrera.

Intervención de la colectiva Las 17 y más

A partir de ese primer caso, las historias que fueron encontrando se plasmaron en tres investigaciones que se llamaron “Del hospital a la cárcel” y se enfocaban en “documentar los impactos de la actual legislación sobre aborto en el ámbito penal, así como en identificar el perfil de las mujeres que se ven involucradas en procesos judiciales por acusaciones de aborto o casos relacionados”. El mecanismo del Estado para criminalizar a las mujeres quedó al descubierto. 

En un comienzo lograron identificar a 17 mujeres que contaban con características similares para presentar sus casos de forma colectiva. Decidieron optar por la figura del indulto para buscar su liberación y es ese entonces donde surgió las 17, no dejemos que su vidas se marchiten. Morena Herrera recuerda que desde ahí nace la representación y la voz de las mujeres que cumplían con los requisitos para optar por el indulto, pero aún había más. “Se logró la libertad de Mirna y de Guadalupe. Sin embargo, grupos fundamentalistas obstaculizaron otros indultos. De 17 obtuvieron su libertad dos mujeres en ese momento”, cuenta. 

En la primera investigación que hicieron lograron hallazgos claves para entender quiénes eran esas mujeres procesadas: la mayoría de ellas eran jóvenes pobres de entre 18 y 25 años; un 27 % tenía muy bajos estudios, siendo analfabetas o con primer ciclo; el 52 % no recibía ningún tipo de salario o ingresos económicos, el resto son empleadas domésticas, obreras, o desempeñan oficios cuyos ingresos no superan el salario mínimo. Y un dato significativo: el 74 % de ellas, afrontaban solas esta situación, no asumiendo ninguna responsabilidad el hombre que provocó el embarazo. 

Cinthia Rodríguez es del grupo de las 17. Fue condenada a 30 años de prisión y lograron su libertad el 8 de marzo de 2019 por Conmutación de pena, que consiste en un perdón por parte del poder Estatal.  Ella recuerda que se sintió feliz cuando le notificaron su libertad: “Cuando me dijeron usted va a salir libre mi corazón sintió alegría. Ese día salimos tres y empezamos a escuchar la “bulla” de muchas personas que habían estado luchando por nuestra libertad. Comenzaron a cantar que nos querían libres: sentí mucha emoción. Pero, a la vez sentí tristeza por mis otras compañeras que aún quedaban en la cárcel. Pero, yo sé que pronto van a salir y les van a dar la oportunidad de reunirse con sus familias”. 

En ese sentido, Cinthia explica que sus compañeras son inocentes como ella y que no deben estar en esa situación, ella estuvo en condición de cárcel por 10 años con nueve meses. “Estando acá afuera siento aún más fuerzas y ánimos para apoyarlas. Sé que por medio de contar nuestras historias, como esta entrevista, se dé a conocer todo lo que hemos pasado y eso puede ser un apoyo para ellas. Así las personas se den cuenta de lo injusto que es que ellas aún estén ahí adentro”. 

Pero, ¿qué significa recobrar esa libertad? Para Cinthia fue volver a soñar y plantearse metas. Entre ellas: estudiar una carrera universitaria en el área de mercadeo más adelante y obtener un empleo formal. Sabe que este último objetivo es difícil porque tiene antecedentes penales. Actualmente, tiene su propio negocio al que está enfocada cada día y se esfuerza por mejorar. También posee sueños para sus compañeras: “mi corazón desea verlas pronto afuera y que podamos reunirnos nuevamente. Que ellas puedan disfrutar de sus familias, hay muchas que tienen hijos que no han podido ver a lo largo de muchos años”.  

Por otro lado, Cinthia demanda a la sociedad ser empática y respetuosa con la situación de las mujeres que se encuentran en prisión, ya que también existe estigma hacia ellas. Asimismo, pide a  jueces que investiguen sin estereotipos de género estos casos para que escuchen cómo han sucedido desde las voces de las mujeres. Además, los exhorta a darles una oportunidad a sus compañeras ya que tienen el derecho a su libertad.  

La campaña de Las 17 y más hoy atraviesa una segunda etapa: Libertad para las  17 y +. En este sentido, hasta el 2021 han recobrado la libertad de 62 mujeres -de un total de 181 casos identificados- por diferentes mecanismos y estrategias como: revisiones de sentencias, indultos, conmutaciones de penas, beneficios penitenciarios y en algunos casos defensa antes de la condena. Los esfuerzos no se acaban. Morena Herrera asegura que próximamente se lanzará otra etapa de esta campaña. 

El sistema de salud debe creerle a las mujeres

—Vas a estar libre, cuando me dijeron esto me llené de emoción y alegría. Las personas que conocieron mi caso estuvieron acompañándome e informándome de cómo iba mi caso.

Imelda Cortez es del grupo de las 17 y más y recuperó la libertad que nunca tendría que haber perdido en diciembre de 2018. Ella soñaba con seguir estudiando. Pronto comenzará la carrera que siempre quiso hacer desde pequeña: enfermería.  Desde ese lugar espera apoyar a las mujeres para que reciban un servicio adecuado. “Desde mi experiencia fue un tema de salud y quienes hacen llegar a estos lugares (cárcel) es en parte por el personal médico porque la mayoría que llegamos ahí fue por la denuncia del personal médico. En nuestro país el sistema de salud debe de creer en lo que dicen las mujeres”, cuenta. Lo anterior, corresponde a que debido a la legislación no se resguarda el secreto profesional que representa un deber en la profesión médica, ya que se les presiona para denunciar estos casos. 

Al igual que Cinthia dice que la sociedad debe cambiar la actitud hacia las mujeres criminalizadas. “Volver a comenzar me costó mucho porque  cuando una está marcada por algo así la gente nos discrimina. Somos las personas más señaladas en el mundo. A veces se escucha que nos dicen: la mata niños y similares. Es difícil. Pero, seguimos adelante porque también creemos que eso no nos tiene que detener. ¡Soy inocente! Por eso no me detengo para cumplir mis sueños”.

Imelda Cortez fotografiada por Fátima Cruz.

La fuerza feminista no se acaba

La experiencia feminista desde la campaña de las 17+ y el caso de Manuela son hitos importantes porque muestran que es posible buscar justicia para las mujeres y sobre todo demandar cambios profundos para que no se repitan  violaciones de derechos. Las transformaciones fueron posibles gracias a la acción colectiva nacional e internacional de las organizaciones feministas y de derechos humanos que inspiraron a la construcción de nuevos espacios como la organización Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, que realizan incidencia en los hospitales, hablan sobre el secreto profesional y están en comunicación con organizaciones feministas y de derechos humanos en caso de conocer alguna denuncia para que las mujeres tengan una defensa justa. En este sentido, los avances son más evidentes en la acción social y no gubernamental, según Morena Herrera: “Existe la conciencia en las personas que esa es una injusticia ya que las mujeres acuden a los hospitales para pedir ayuda”. 

Para la activista, se está avanzando en la despenalización social, aunque por el momento no se logre abrir la puerta en Órganos del Estado como la Asamblea Legislativa. Ella resume: “Ese logro también se debe a la fuerte convicción en que las mujeres vamos a ser libres, en la medida en que todas podamos decidir sobre nuestras vidas, desde ahí viene la fuerza”. La fuerza feminista en El Salvador no se acaba.