Este domingo concluyó en Chile el extenso proceso que inició en el 2019 al calor del estallido social y que buscaba reescribir la Constitución que rige al país desde la dictadura. El cierre del proceso constitucional -al menos por el momento, ya que el gobierno de Gabriel Boric que tanto invirtió en él ha confirmado que no lo intentará una tercera vez- fue también la sublimación de la insólita paradoja que el último año ha dominado al país: la ciudadanía que hace tres años votó entusiasta y masivamente en las urnas para cambiar la Constitución de la dictadura, este año acaba de votar a favor de mantener la Constitución de la dictadura. Las izquierdas que han pasado décadas discutiendo la idea de reformar la Constitución de Pinochet, esta vez militaron por mantener la Constitución de Pinochet. Quizás, la declaración de la ex presidenta socialista Michelle Bachelet a la salida de su local de votación podría resumir el clima de la conversación general por estos días: “Siempre prefiero algo malo que algo pésimo”.
Nuevamente, 15 millones de chilenos fueron llamados a las urnas para votar “A favor” o “En contra” de la segunda propuesta para reemplazar la Constitución de 1980. A diferencia del primer intento por reescribirla, que fue un documento elaborado por un órgano paritario desprendido del espíritu del estallido social, elegido popularmente y predominantemente progresista en un proceso que duró más de un año y que la ciudadanía siguió con gran expectación, esta vez la nueva propuesta fue escrita en un clima más bien de agotamiento e indiferencia, y con unas características bien diferentes en lo operativo. Increíblemente, la derecha más radicalizada, encarnada por el Partido Republicano del ex candidato presidencial José Antonia Kast, que nunca quiso cambiar la Constitución, logró ganar más de dos tercios de los cupos del nuevo órgano para hacerlo y así dominó un proceso que nunca deseó, agregando su propia agenda al documento: el endurecimiento de las políticas migratorias, el posible retroceso en temas vinculados al aborto y la agenda feminista, y el achicamiento del Estado. La elaboración duró 5 meses y el texto no fue escrito desde cero, sino discutido en base a una serie de lineamientos previos elaborados por un comité de expertos elegido por el parlamento.
Aún con características opuestas, nuevamente la respuesta de la ciudadanía chilena fue una: rechazó el nuevo texto con una diferencia holgada de 55.76% inclinada a la opción “En contra” y 44.24% por la opción “A favor”. Apenas una hora después del cierre de los comicios, Javier Macaya, el presidente de la UDI, partido de la derecha tradicional, salió a reconocer la victoria de la opción “En contra”, pero a pesar de que su sector militó la opción “A favor”, su discurso fue extrañamente triunfal. Eso es lo que caracterizó los discursos del día porque si bien no se puede decir que alguien haya ganado estas elecciones precisamente -especialmente no lo hizo la política- esta vez para la derecha no hubo pérdida: no se impuso la Constitución hecha a medida por su propio sector, pero quedó ratificada la que nunca quiso cambiar. “La izquierda ha sido derrotada en su anhelo histórico por reemplazar la Constitución”, dijo Macaya al aceptar su propia derrota. Y uno no puede más que darle la razón.
Una vez más las elecciones se llevaron a cabo a través del voto obligatorio, una estructura nueva en Chile -que los últimos años mantuvo el voto voluntario con inscripción automática- y que se impuso especialmente para el proceso constitucional. A diferencia de las elecciones de 2022 con una ciudadanía francamente más entusiasmada en el proceso, esta vez la cifra de excusas para no votar -que los chilenos y chilenas deben presentar en largas filas en las comisarías- se triplicó. Esta nueva forma de votación plantea también nuevas interrogantes a la hora de leer un electorado impredecible que con el mismo tesón ha votado tanto en contra de las propuestas del progresismo como las de la derecha y que se une al clima de la región en cuanto a una crisis en la representatividad política que urge estudiar con nuevas herramientas. El proceso también ha sido largo: si bien la carga simbólica que siempre ha tenido la impenetrable Constitución de Pinochet desde el regreso a la democracia es grande, en el intertanto las dificultades cotidianas para la ciudadanía han seguido su curso y la han desdibujado como un asunto de urgencia. La entrada del narco, las alzas agresivas de la inflación, los procesos migratorios irregulares en masa son fenómenos más o menos nuevos en Chile, que la ciudadanía experimenta hace apenas unos años, y que se suman a los que arrastra desde siempre como la privatización de los servicios básicos, el endeudamiento agresivo, y la profundización de la desigualdad. Por tanto, los discursos de ambos sectores políticos se han volcado hacia la idea de trabajar en “lo urgente”. Camila Vallejo, la vocera de gobierno, confirmó a la luz de los resultados que el gobierno no iniciará un nuevo proceso por el momento: “Entendemos y consideramos el desgastamiento que hay por parte de la ciudadanía respecto al proceso constituyente, por eso nuestra tarea ahora es continuar la agenda de gobierno enfocada en la seguridad ciudadana, en el crecimiento, la generación de empleo, mejorar las condiciones de la educación pública (…) ahí van a estar nuestros esfuerzos porque son dos años de gobierno que requieren mucho trabajo y entendemos que no hay tiempo ni ánimo para otro proceso constituyente”.
Con un clima general de desgano y con una sociedad chilena francamente agotada que ha votado 9 veces desde que todo empezó, este 2023 cierra nuevamente para Chile con la Constitución de la dictadura. Una vez más, el futuro se ve impreciso en esta materia y en el camino, el proceso ha sido también desgastante para el gobierno de Gabriel Boric, que aun así fue optimista, y desde su ciudad natal en el extremo sur de Chile declaró: “Estamos llevando una nueva jornada cívica que más allá de cualquier resultado fortalece nuestra democracia. Chile ha demostrado una fortaleza que no tenemos que dar por sentada, que los problemas que tenemos en la sociedad los canalizamos institucionalmente y los resolvemos de forma pacífica y confiando en el pueblo. Eso es algo que no podemos dar por sentado, no en todos los lugares es así”.
