“Estallada”, “detonada”, “en llamas”. Así describen los medios la situación que se vive en Chubut. Aunque se refieren a las últimas fotos de la Legislatura y la Casa de Gobierno provinciales prendidas fuego, así como a las de la movilización y la represión, el estado de disturbio e incendio generalizado en la provincia comenzó mucho antes. Incluso, con literalidad: en 2015, el bosque nativo ardió por 17 días enteros. No era el primero de los incendios ni sería el último. El viento, la sequía y las altas temperaturas se combinaron con responsabilidades políticas y privadas. Entre la tristeza y la desesperación, miles de ciudadanxs y brigadistas de la región y del país se acercaron a asistir a un acontecimiento que difícilmente pueda ser llamado un simple desastre natural. Esta es una sensación recurrente en Chubut: aquello que sostiene la vida —en este caso, el bosque— es continuamente amenazado, y el desafío de estar a la altura de las circunstancias es inagotable.
Aunque todos los organismos de Gobierno hoy se encuentran carbonizados, como dice la canción, “nosotrxs no encendimos el fuego”. Con escasa cobertura nacional, la provincia atraviesa una intensa crisis al menos desde 2018, que incluye salarios adeudados por tres meses —luego pagados en cómodas cuotas—, paros prolongados, niñxs y adolescentes sin escolarización regular durante más de tres años, movilizaciones, represión, asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, crisis hídrica, sequía, incendios forestales, desertificación, desempleo, entre otras.
A este panorama se suma la aprobación oportunista de una ley que habilita la megaminería en los departamentos de Gastre y Telsen, en la meseta central de la provincia chubutense. La Ley de Zonificación fue presentada hace más de un año y se intentó promulgar en numerosas ocasiones, pero todas fueron rebatidas con movilización: Chubut tiene una larga historia de lucha antiminera con casi dos décadas de resistencia. Con una maniobra irregular, el jueves 16 de diciembre la legislatura provincial aprobó la ley, en una sesión sorpresa y sobre tablas, con 14 votos a favor y 11 en contra. La noticia fue recibida con inmensa angustia e impotencia, pero a pesar del extenuante estado de movilización permanente, el pueblo chubutense no tardó en reaccionar —una vez más— en toda la provincia.
A pesar de la resistencia anti-minera, ya convertida en sentido común y emblema provincial, la sensación en Chubut es que de un día para el otro se lo ha perdido todo y, precisamente por eso, nunca tuvo más sentido estar en la calle. El gobernador Mariano Arcioni (perteneciente al partido provincial Chubut somos todos, fundado por Mario Das Neves) filmó un comunicado en que aseguró que perseguirían a quienes causaron los incendios, adelantó que no vetaría la ley y reafirmó la promulgación que ya había hecho a primera hora. Una vez más, como con la represión, la respuesta del gobierno es la división y el desgaste. La Legislatura en llamas es un ícono peligrosamente literal que no se reduce solo a la lucha contra la minería, sino que señala un estado de profunda crisis política y social en la provincia. La pregunta más interesante, que aún no puede ser contestada, es qué deparará este estado extraordinario de organización y espontaneidad popular. Mientras tanto, sí podemos preguntarnos cómo llegamos a esto.
La sensación en Chubut es que de un día para el otro se lo ha perdido todo y, precisamente por eso, nunca tuvo más sentido estar en la calle.
Además de pingüinos, alerces milenarios y ballenas francas, la provincia del Chubut es conocida por haber sido el escenario de un proceso de movilización popular en contra de la megaminería que, frente a todo pronóstico pragmático y realista, podemos decir que tuvo éxito —al menos hasta hace un par de días—. Todo comenzó en Esquel, una pequeña ciudad pre-cordillerana, donde en 2002 empezaron a organizarse los primeros grupos y asambleas vecinales para investigar de qué se trataba el proyecto de la multinacional Meridian Gold. Esta empresa planteaba una mina a cielo abierto y con uso de cianuro a solo 6 kilometros de Esquel que iba a emplazarse sobre el cordón montañoso que rodea el valle al noroeste, muy cerca de la laguna de la que se extrae el agua potable. En aquel entonces ya había problemas de escasez de agua en la zona. Con movilizaciones, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados logró que en 2003 se promulgara una ordenanza que habilitaba un plebiscito no vinculante, en el que participó más del 75% del padrón y del que resultó en un 81% de oposición al proyecto. Pero no quedó ahí: ese mismo año también se logró promulgar la ley 5.001 que prohibió la actividad minera con cianuro en toda la provincia. Al mirar el paisaje de Esquel y ver el cerro en lugar de un pozo, se comprueba una de la consignas históricas esquelenses: “la montaña sigue en pie, gracias a su gente”. En un gesto de democracia radical, se desempolvó un mecanismo —el plebiscito— que gracias a la Constitución provincial aún en nuestra democracia representativa era posible. Sería solo la primera de las oportunidades de democracia semidirecta que se ensayarían frente al laboratorio de ingeniería humana y ambiental en que el están convirtiendo a Chubut.
A casi 20 años de las primeras asambleas, el grado de consenso social frente a la megaminería no se limitó a Esquel sino que se consolidó a nivel provincial, a través de la Unión de Asambleas Comunales de Chubut. Legislaciones contra la megaminería se promulgaron en otras provincias y el No a la mina de Esquel fue conocido en todo el mundo. En 2014 se presentó un proyecto de ley por iniciativa popular, otro mecanismo contemplado en la Constitución Provincial para el que se debía reunir las firmas de al menos un 3% del padrón. La iniciativa popular se proponía mejorar la ley 5.001 que surgió gracias a la presión popular, pero tiene hasta hoy varios problemas: permite la exploración minera, no menciona otras técnicas de extracción y, sobre todo, habilita futuras leyes que regulen la aprobación de la explotación por zonas. Las firmas se consiguieron, el proyecto se presentó y la legislatura esperó hasta el último momento para tratarlo pero, en lugar de votar en contra, promulgaron una ley diferente que sólo suspendía la actividad por 120 días y que la rehabilitaba, en una apropiación cínica del proyecto popular, mediante la realización de un plebiscito. El escándalo se hizo mayor cuando trascendieron las fotos de Gustavo Muñiz, legislador del Frente para la Victoria, que fue fotografiado recibiendo instrucciones del presidente de la multinacional Yamana Gold para modificar el artículo 4 del proyecto. Las fotos alcanzaron visibilidad nacional y la ley fue vetada. Desde entonces, no solo continuó incesantemente el reclamo por el tratamiento de la ley de iniciativa popular, sino que se mantuvo el estado alerta porque se sabía que el siguiente paso era la zonificación minera.
El actual gobernador, Mariano Arcioni, hoy inflexiblemente minero, incluyó en su campaña la oposición a la minería.
No es fácil quebrar un consenso social tan profundo y duradero como el del pueblo chubutense. Incluso el actual gobernador, Mariano Arcioni, hoy inflexiblemente minero, incluyó en su campaña la oposición a la minería. Arcioni había sido el vicegobernador de Das Neves, quien murió en 2017, y si bien era peronista había forjado una línea propia, el dasnevismo y su Modelo Chubut. Se trataba de una forma de gobernar basada en el precio del petróleo —en ese momento elevado— que se exportaba por Comodoro Rivadavia y en la toma de deuda en dólares, fondos que relativamente se traducían en obra pública, viviendas y rutas. Solo pausada por su coqueteo con la política nacional, la gestión Das Neves (2003-2011 y 2015-2017) abarcó casi quince años. Las controversias de su gobierno son muchas, desde asociación ilícita, coimas y sobreprecios en la obra pública, hasta la relación del Estado con los pueblos originarios: Das Neves acusó a activistas mapuche de terroristas, además de apoyar a Benetton contra la comunidad Curiñanco Nahuelquir y desalojar brutalmente la comunidad Lof Cushamen. Con todo, su gestión aseguró cierta gobernabilidad y estabilidad, al menos aparente. Tras la muerte de Das Neves, y debido a la baja en los precios del crudo —que alcanzó su mínimo en 2016— y a los vencimientos de la deuda, que comenzaron a llegar, también se acabaría el Modelo Chubut. Los sueldos de lxs trabajadores estatales dejaron de pagarse y, cuando se pagaron, lo hicieron en hasta seis cuotas, lo que se respondió con acampes, paros y marchas durante meses, que paralizaron la educación, la atención de salud y el sistema judicial, entre otros. Las vallas de la Legislatura quedarían instaladas desde entonces.
Frente a este estado de tensión social continua, Arcioni atacó quizá uno de los pocos consensos que quedaban en pie y forman parte de la identidad provincial: el No a la mina. Esta consigna, que atraviesa a todas las generaciones y sectores sociales, es parte de la vida de todxs lxs chubutenses. En el caso de mi generación, crecimos entre asambleas y marchas, muchas veces organizando acciones autónomas como jóvenes. Lxs más jóvenes directamente nacieron bajo el paradigma de que en Chubut no hay licencia social para la minería y que cada mes, sin excepción, se marcha para recordarlo.
Como si no fuera suficientemente irritante la posición de Arcioni en este marco, se intensifica por dos razones. Primero, porque en su campaña para la reelección decía: “La fuerza de la cordillera sos vos, somos nosotros. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice no a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”. Motivado por las declaraciones del ex-secretario de minería Alberto Hensel y por pedido del presidente Alberto Fernández, Arcioni cambió su posición y el proyecto de Ley de Zonificación Minera se presentó en la Legislatura chubutense en noviembre de 2020. Pero, además, porque la presentación se hizo el mismo día que fue entregada la segunda Ley de Iniciativa Popular, para la que se certificaron 30.000 firmas y que fue rechazada por la Legislatura. En aquel entonces trascendió un video del legislador de Juntos por el Cambio Sebastián López en el que negociaba su voto por 100.000 pesos. A punto de perder estado parlamentario, y en una maniobra sorpresiva y engañosa, su aprobación no podía sino terminar de encender la rebelión popular. Una reflexión compartida por muchxs chubutenses es que la destrucción económica y social de la provincia fue y es también una manera de intentar imponer la megaminería. El abandono de la meseta central, que afirman será subsanado con el proyecto Navidad, fue producido por un Estado ausente, como en la aldea de Yala Laubat, donde ya no hay agua, salvo que llegue el camión cisterna, que a veces va y a veces no. Cuencas y napas se secan, lagunas enteras desaparecen, también por prácticas ganaderas intensivas.
El río que le da nombre a la provincia, Chubut, que la atraviesa y del que toma agua la mitad de la población, ya no aguanta la demanda. Mientras tanto, las acciones de Pan American Silver subieron un 8,6% a partir de la promulgación de la ley, lo que significa que hay quienes ya ganaron muchísimo dinero. La discusión de fondo es qué tipo de vida queremos vivir. Si una orientada a una economía de enclave, exportación de materias primas y destrucción del ambiente y las comunidades, o acaso una vida ligada a su propia sustentabilidad. La buena noticia es que Chubut lo sabe. La pregunta es, ¿será suficiente?
