Hoy a las 11.30 comenzó en Bogotá (a las 13.30 en Buenos Aires) una audiencia convocada por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la protesta en la Argentina. Es a partir de la información que viene recibiendo sobre la escalada de la represión, la criminalización y los mensajes amenazantes a quienes participan en manifestaciones y el uso de las herramientas penales como respuesta a los conflictos sociales, que convocó al Estado y a organizaciones sociales para poder elaborar un diagnóstico, luego de que Esmeralda Arosemena de Troitiño, Flávia Piovesan, Luis Ernesto Vargas -es relator de país- y Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión escuchen las exposiciones.
Por primera vez en la historia de las audiencias por este tema la confluencia de violencia machista y violencia policial estuvo tematizada ante lxs comisionadxs. Natalia Milduberger, una de las chicas que fue detenida el 8M luego del primer paro internacional, dio cuenta de las formas diferentes en que la represión recae sobre los cuerpos de las mujeres, lesbianas, trans y travestis. Contó cómo el movimiento feminista tiene una trayectoria de masividad novedosa y la forma en que las requisas vejatorias, la desnudez, los insultos machistas, los manoseos funcionan en ese contexto para disuadir y disciplinar, para que dejemos de salir en reclamo de nuestros derechos.
Las detenciones del 8M fueron “tipo razzia, sin orden judicial. Este método tipo cacería policial se ensayó ese día, pero se repitió en ocasiones posteriores, como en la marcha contra la reforma del sistema previsional”. Natalia contó cómo en las comisarías “muchas fuimos obligadas a desnudarnos, a algunas nos revisaron nalgas y vaginas y recibimos amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y el lesboodio. A algunas nos trataron de ‘negra de mierda’ o de ‘pibe’, para resaltar de forma denigratoria que no respondíamos a una expresión de género femenina”.
Los y las integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ven hace rato que en América Latina los derechos están siendo arrinconados por distintos gobiernos. Por eso dejaron de hacer las audiencias exclusivamente en Washington, donde se encuentra su sede, para trasladarse a los países de la región.
De la audiencia participaron además Diego Morales, del CELS, Carla Gaudensi del SiPreBA, Horacio Catena y Florencia Villareal del SUTEF y Patricia Romero Díaz de SUTEBA.
Diego Morales abrió la intervención de las organizaciones para señalar los principales rasgos que están afectando el ejercicio del derecho a protestar: operativos violentos y desproporcionados de las fuerzas de seguridad, cuando no irregulares o ilegales, sin o con poco control político; ensañamiento con periodistas y con quienes registran esos abusos, ausencia de canales de negociación para una salida política de los conflictos, judicialización de lxs manifestantes y persecución de las organizaciones, construcción pública de los reclamos como ilegítimos y violentos. También destacó que no hay protocolos vigentes de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales.
Suteba transmitió ante lxs comisionadxs la preocupación de amplios sectores sindicales por la “descalificación de las movilizaciones populares mediante la crítica de sus motivaciones y el ataque a sus referentes, con el fin de generar en la opinión pública la deslegitimación de las organizaciones convocantes”. En esa misma línea, como vía inmediata, enmarcaron la negativa del gobierno por habilitar “canales de diálogo y negociación para la resolución de los conflictos gremiales y sociales que subyacen a las protestas”.
La criminalización de quienes protestan es otra forma de deteriorar y debilitar el derecho a manifestarse. El Estado, dijo Horacio Catena, prioriza “la herramienta penal para el tratamiento de los conflictos sociales”. Además, “la criminalización del ejercicio de la protesta suele venir acompañada de un avance a nivel administrativo para lograr la exoneración de los dirigentes involucrados y así debilitar las organizaciones de trabajadoras y trabajadores”.
“Durante 2017 al menos 13 trabajadores de prensa fueron detenidos arbitrariamente en contextos de protestas sociales y algunos de ellos estuvieron varios días encerrados. Más de 45 colegas fueron heridos por balas de goma mientras registraban las manifestaciones”, dijo la representante del SiPreBa. El trabajo de la prensa es altavoz de las demandas sociales y del control de los abusos estatales. Por eso reclamó a la CIDH que “intime al Estado a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, que incluyen entre sus puntos más elementales garantizar la integridad física de los y las comunicadoras”.
Las respuestas del Estado reforzaron la idea de que seguirán con la misma política represiva. “Cuando las protestas se tornan violentas el Estado debe actuar para restablecer el orden con racionalidad y proporcionalidad”, se escuchó decir a María Gabriela Quinteros, funcionaria de la Cancillería. La misma cadencia oral mantuvo Rodrigo Badía, coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, que presentó dos videos: uno con el “efecto en vivo” de los disturbios de un grupo minoritario el 18 de diciembre y otro con música reggae que mostró el orden celeste y blanco del acto en la 9 de julio de las centrales sindicales. Ni racionalidad ni proporcionalidad se vieron en las represiones del 8M y del 18 de diciembre. En esta última, las balas de goma y los gases lacrimógenos se usaron mientras la protesta se desarrollaba y como modo de impedir que lxs manifestantes pudieran llegar hasta el Congreso. También se realizaron detenciones con el formato “cacería policial”.
María Gabriela Quinteros lamentó “si se produjeron” casos de violencia institucional durante las detenciones y luego en las comisarías el 8M.
El comisionado Luis Vargas se mostró preocupado por las imágenes que muestran a personas de civil deteniendo a manifestantes. “Me preocupa que haya policías de civil en las protestas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es que hay fuerzas paraestatales?”, dijo. La brasileña Flávia Piovesan subrayó que es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia, más allá de los desmanes de lxs manifestantes. Por eso preguntó a los representantes gubernamentales qué hizo el Estado para identificar, sancionar y condenar el uso desproporcionado de la fuerza, qué protocolos de actuación en protesta social tienen para las fuerzas de seguridad y si tienen medidas para proteger a lxs comunicadorxs y garantizar el rol de la prensa en una sociedad democrática.
Para Edison Lanza es preocupante que se descalifique a quienes protestan porque responde a un proceso de estigmatización de quienes reclaman. También llamó la atención sobre la gran cantidad de periodistas y reporterxs heridxs por las fuerzas de seguridad en las protestas y vio que se utilizó la fuerza con saña en el paro internacional de mujeres.
Lxs representantes de la sociedad civil solicitaron que:
- El Estado respete los espacios ya establecidos legalmente para la resolución de las demandas que originan las protestas sociales (como las paritarias) y termine con el amedrentamiento y la deslegitimación de las organizaciones y sus dirigentes.
- Que se convierta en ley los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.
- Que se dispongan las medidas necesarias para asegurar y proteger la labor de las y los trabajadorxs de prensa.
- Que el sistema de justicia adecúen su actuación a los estándares interamericanos y se priven de aplicar figuras penales como intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, sedición o tumulto o interrupción de los servicios de transporte como herramienta de criminalización de quienes protestan.
La comisionada Esmeralda Arosemena cerró la audiencia: los Estados y la sociedad civil tienen la obligación de promover la participación de jóvenes y adolescentes en las protestas sociales.
