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Además de lo meramente administrativo, el traspaso de todo lo relativo a políticas de género a manos del Ministerio de Seguridad implica un cambio de paradigma que pasaría de una perspectiva social y de derechos a un abordaje que entiende la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales como parte de las demás violencias que ocurren en la sociedad. Eso, siendo optimistas, porque bien podríamos estar ante el negacionismo total de la problemática en una provincia con la más alta tasa de femicidios del país.

Esta semana el saliente gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, presentó al poder legislativo un proyecto de ley que modifica los ministerios, reduciendo a nueve las actuales once unidades administrativas. En ese teje desaparecen del mapa el Ministerio de Primera Infancia -en una de las provincias con más alta tasa de mortalidad infantil de Argentina- y la jefatura de gabinete. También se dejarán de utilizar las denominaciones “Asuntos indígenas” y “Tierra y vivienda”, lo que permite adelantar la importancia que está nueva gestión pretende darle a los conflictos territoriales con las comunidades originarias: ninguna.

El proyecto fue presentado por Urtubey, quien culminará su dinastía de 12 años de gobierno, en acuerdo con el gobernador electo Gustavo Sáenz. Sáenz obtuvo una victoria rotunda frente al candidato del Frente de Todos, Sergio “Oso” Leavy, y representa una opción de derecha conservadora con tintes populistas que estuvo al frente de la intendencia de la ciudad capital los últimos cuatro años.

El aspecto más controversial de la nueva Ley de Ministerios y que afecta directamente la lucha feminista es la modificación que se hace en las competencias de los nuevos ministerios y que coloca el abordaje de las políticas sobre género y diversidad -que hasta el momento estaban comprendidas en las tareas del Ministerio de Derechos Humanos- bajo la esfera del Ministerio de Seguridad. Sáenz ya confirmó al frente de ese Ministerio al coronel retirado Juan Manuel Pulleiro. El Vallecito Patriarcal nunca deja de sorprender.

Pulleiro se desempeñó como jefe del Ejército en la provincia de Salta y fue comandante de la 5ta Brigada Militar de Montaña, hasta su retiro el año pasado, cuando pasó a integrar el equipo de la intendencia de Saenz como director del Plan de Recuperación y Mantenimiento de Plazas Barriales. Tomó gran notoriedad y provocó críticas entre los organismos de derechos humanos cuando en un acto por el día de la bandera del año 2017 dio un discurso reivindicando el accionar militar durante el asesinato de militantes del ERP en la escuela de Manchalá, un episodio trágico ocurrido dentro del marco del “Operativo Independencia”. Además de expresar discursivamente su simpatía con el terrorismo de Estado, hizo desfilar a las tropas en un homenaje a los militares veteranos que participaron del operativo.

Las distintas organizaciones de derechos humanos de la provincia se manifestaron públicamente ante la designación de Pulleiro por considerarse una clara afrenta a las garantías constitucionales.

El Estado, lejos de ser una unidad coherente y cohesiva, es una entelequia llena de resquicios y grietas, con límites difusos, pero que logra hacernos creer en su existencia. Mientras muchxs festejan con la victoria de Alberto Fernández y consideran que esto es una garantía para que la Argentina no siga los pasos de los demás países de la región, la derecha fascista y anti-derechos hunde sus garras en diversas regiones. Para lxs salteñxs la designación de Pulleiro significa, en primera instancia, una policía aún más represiva y violenta que la de Urtubey, la criminalización de la protesta social y un seguro incremento de la violencia institucional que se cobra la vida de lxs pibxs en las villas de la periferia de la ciudad.

Para las militantes feministas esta reestructuración de los ministerios y la designación de un milico anti-derechos, alerta sobre la continuidad de los planes y organismos destinados a trabajar sobre la violencia de género. En la provincia al menos dos organismos se verían directamente afectados: el Polo Integral de las Mujeres, que pasará a depender directamente del Ministerio de Seguridad, y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que pese a ser un organismo autárquico depende en buena medida de los recursos que el Ministerio de Derechos Humanos otorgaba para financiar investigaciones y proyectos. Lo más probable es que ambos organismos queden completamente desfinanciados e imposibilitados de accionar críticamente ante los casos de violencia machista.

Además de lo meramente administrativo, el traspaso de todo lo relativo a políticas de género a manos del Ministerio de Seguridad implica un cambio de paradigma que pasaría de una perspectiva social y de derechos a un abordaje que entiende la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales como parte de las demás violencias que ocurren en la sociedad. Eso, siendo optimistas, porque bien podríamos estar ante el negacionismo total de la problemática en una provincia con la más alta tasa de femicidios del país.

Además de lo meramente administrativo, el traspaso de todo lo relativo a políticas de género a manos del Ministerio de Seguridad implica un cambio de paradigma que pasaría de una perspectiva social y de derechos a un abordaje que entiende la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales como parte de las demás violencias que ocurren en la sociedad. Eso, siendo optimistas, porque bien podríamos estar ante el negacionismo total de la problemática en una provincia con la más alta tasa de femicidios del país.

¿Qué se puede esperar de la misma policía que golpea cada noche a decenas de travestis que trabajan en las calles, que se niega a recibir denuncias de violencia de género, que detiene ilegalmente a lesbianas y maricas para burlarse de sus identidades, que maltrata a las mujeres víctimas de violación, que es y ha sido cómplice en crímenes contra las mujeres? ¿Qué se puede esperar de los mismos policías que matan a sus compañeras con sus propias armas reglamentarias?

Además de la designación de Pulleiro al frente de Seguridad, Sáenz nombro en Salud a Josefina Medrano de la Serna, una médica pediatra “defensora de las dos vidas” y a un conjunto de empresarios del turismo y el agro. El gabinete de esta nueva gestión es la representación de los sectores más rancios de la política salteña, de los grupos empresariales de mayor poder, de los grupos evangélicos y ultra-católicos y de los milicos. Salta se tiñe de verde-amarillo y tiene su propia bancada del buey, la Biblia y la bala… pero en vez de ser un sector del poder legislativo, son un grupo de funcionarios con las facultades suficientes para intervenir en las políticas públicas, vaciar los servicios de atención a las víctimas de violencia de género, desfinanciar los organismos de investigación y desarrollo y plantar en el seno mismo del gobierno un sentimiento de negación de los derechos que con miles de jornadas de lucha las mujeres, las travestis, las tortas, las maricas, las personas no binarias y los trans luchamos por conseguir.