“Lo más increíble para mi, cuando me presenté a declarar, fue haber sentido que me escuchaban. Yo hablaba, y sentía que alguien por fin me estaba escuchando”, dijo Julieta González, más conocida como Trachyn, ayer ante el centenar de personas que asistieron al acto realizado en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Junto a Carla Gutierréz, Trachyn recibió una pensión conforme a la Ley 14.042 de la provincia, que establece la reparación histórica a personas detenidas durante el período 1976-1983 por razones políticas, gremiales o estudiantiles. Este gesto político, impulsado con fuerza por el Poder Judicial, dibuja un nuevo horizonte en la lucha por la reparación histórica para las personas travestis y trans que han vivido en carne propia la represión de la dictadura y los primeros años de la democracia argentina.
Hoy Trachyn trabaja en el Archivo de la Memoria Trans y ha colaborado activamente brindando testimonios y fotografías que permiten reconstruir las vivencias de las viejas travas del Tigre. Cuando llegó la noticia de que iba a recibir la reparación histórica, todas sus amigas vieron reanimadas sus esperanzas de ser las próximas. Y es que aunque la Trachyn es de las primeras en acceder a este derecho, a través de ella se reconoce al conjunto de las travestis y trans que trabajaron en Panamericana y experimentaron en primera persona las violencias más extremas. Por eso, el evento en la Subsecretaría de DD.HH. en La Plata convocó a muchas amigas y compañeras travestis que esperaron emocionadas a Trachyn en la vereda, cómo quien recibe a una quinceañera. Cerca del mediodía, llegó junto a su mamá de 91 años tomada del brazo. Su llegada se vivió como un abrazo de gol e inmediatamente la formalidad y el rictus estirado de un evento oficial se vió travestizado por aquellos cuerpos sobrevivientes.
Las luchas por la reparación histórica para personas travestis y trans tienen distintos territorios. La reparación obtenida por Julieta y Carla es parte de un proceso judicial más amplio. Durante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los ex-centros clandestinos de detención denominados Pozo de Banfield, Quilmes y Lanús, Julieta, Carla y otras personas travestis y trans dieron testimonio sobre lo vivido durante su detención. En sus declaraciones, dejaron constancia de haber sufrido una serie de maltratos que hoy son tipificados como violación, abuso sexual y físico, y reducción a la servidumbre. Los relatos que constan en la causa son aterradores, pero comunes entre las travestis. Trachyn cuenta como la policía les exigía mantener relaciones sexuales a cambio de un pedazo de pan, como les obligaban a limpiar autos y celdas con manchas de sangre y como oían cada noche los gritos de otros detenidos y detenidas, incluso a veces escuchaban llantos de bebés. “Nosotras no entendíamos lo que estaba pasando. Estábamos presas y nos exigían hacer cosas. No podíamos negarnos. Mucho tiempo después, viendo la tele vi el rostro de ese hombre y yo decía… ‘de algún lado lo conozco’, pero no lograba recordar”. Ese hombre era Miguel Osvaldo Etchecolatz.
La fiscalía tuvo un rol preponderante para lograr esta reparación histórica para Trachyn. Desde un primer momento la fiscal Ana Oberlín actuó con sensibilidad y premura para que los testimonios de travestis y trans formen parte de la causa judicial. Su trabajo estuvo enfocado en sentar un precedente jurídico histórico en la forma en que el Poder Judicial ha comprendido la violencia de la dictadura. Hasta aquí, el foco con el que se entendió la represión durante aquel periodo fue la persecución política, estudiantil y gremial pero pocas veces se había considerado el accionar de los genocidas contra las libertades sexuales. Este acto reparatorio y el contenido de los expedientes judiciales dejan en evidencia que las identidades travestis y trans también fueron parte de las víctimas del plan de exterminio de la Junta Militar. Durante el acto, Oberlín reafirmó el compromiso judicial por avanzar en el camino del reconocimiento, no sólo de la violencia durante la dictadura, sino también de la responsabilidad del Estado argentino de la violencia ejercida durante los primeros años de democracia contra las travestis.
¿Cómo avanzar hacia la reparación de toda la población trans?
Actualmente existen diversas iniciativas y debates en torno a la reparación histórica. Si bien han avanzado en el campo de la disputa jurídica, las reparaciones tienen sus límites. Se trata de acciones individuales que implican el asesoramiento judicial y que deben enmarcarse en las leyes existentes, por lo que suelen ser considerados sólo aquellos casos en los que las detenciones y violencias se produjeron durante el período 1976-1983. Sin embargo, los actuales activismos en torno a la memoria trans, evidencian que los primeros años de democracia fueron tiempos de fuerte represión policial, detenciones ilegales, violaciones y vulneración extrema de derechos. El recorte temporal existente en la actualidad también deja por fuera del derecho a la reparación a muchas travestis y trans mayores de edad, cuyas existencias están atravesadas de vulneraciones. En Rosario, una reforma parcial de las leyes que intervienen en la reparación a víctimas de la dictadura ha permitido, hace algunos años ya, la reparación de más de una decena de compañeras. Recientemente, Valeria del Mar Ramírez y Karina Pintarelli han recibido también reparaciones enmarcadas en el periodo dictatorial. Los recientes casos de Julieta y Carla, van demarcando una vía judicial que cada vez parece más inclinada a brindar respuestas.
Desde 2016 existen proyectos tendientes a lograr una ley de reparación para personas trans. En una iniciativa surgida desde la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual en octubre de ese año se presento un primer proyecto firmado por la diputada Diana Conti del Frente para la Victoria. Aquel proyecto, inspirado en las ideas de Lohana Berkins y Marlene Wayar, establecía una reparación para todas las personas trans detenidas antes de 1995, año hasta el que tuvieron plena vigencia en la Ciudad de Buenos Aires los edictos policiales que justificaban el accionar policial contra las travestis. Conjuntamente a este proyecto, Marlene Wayar sostuvo la campaña “reconocer es reparar” que exhibe la necesidad de que el Estado argentino avance en el reconocimiento de la violencia ejercida contra la población trans en su conjunto y por ende en una reparación económica de esas condiciones de extrema vulneración.
Los últimos años las luchas trans han virado en pos de la consecución del cupo laboral trans y el derecho a ser registrades y nombrades de acuerdo a la identidad autopercibida. Y aunque estas demandas se han enunciado en términos de “reconocimiento” estatal de las condiciones estructurales de opresión contra la población trans, poco han avanzado en términos de reparación. La población trans de mayor edad sigue estando en condiciones de extrema pobreza y afectadas físicamente por las consecuencias de cirugías clandestinas, consumos problemáticos y enfermedades. Para esta población de compañeras mayores de 50 años, poder acceder a un trabajo formal por las vías del cupo laboral trans no sólo es difícil, sino que muchas veces están físicamente impedidas de sostenerlo. Es por ello, ante la urgencia de estas vidas puestas al margen, que se torna importante avanzar en políticas de reparación que permitan sobrevidas dignas para las travestis y trans.
Desde el ejecutivo se han dispuesto en los últimos meses algunas medidas para paliar momentáneamente estas dificultades para la población trans de más edad. En Mayo durante el acto por los diez años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad anunció el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que establece el pago de seis sueldos básicos y acompañamiento integral para personas trans en situación de vulnerabilidad. Este plan sumado a otros que desde la pandemia se han implementado, permiten una arquitectura de ayudas económicas con las que se sostiene buena parte de la población. Aunque estas iniciativas estatales existen, el reclamo de las compañeras por la reparación no ha cesado y entre el año pasado y la actualidad se realizan frente al congreso manifestaciones por la reparación. En la última manifestación, algunas representantes fueron recibidas por la Diputada Mónica Macha, autora de uno de los proyectos actualmente en danza.
El proyecto de Ley de Reparación para Personas Mayores Travestis y Trans presentado por las diputadas Macha y Estévez apunta a la creación de un pensión reparatoria destinada específicamente a las personas travestis y trans mayores de 40 años. El beneficio de la pensión reparatoria no podrá ser inferior a una pensión universal para adultos mayores, actualmente en $30.020, y será de carácter vitalicio. Estarán exceptuadas del acceso a esta pensión quienes cobren otras pensiones, jubilaciones o prestaciones, a excepción de quienes hayan recibido una pensión reparatoria por las violencias en el periódo de la dictadura militar. Este proyecto presentado durante 2021, aún no ha tenido instancias de discusión dentro de las cámaras pero se perfila como el más acorde a los intereses del colectivo trans. La presentación fue impulsada por la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
Sin embargo existen al menos dos puntos de este proyecto que suscitan debates entre las compañeras trans. Por una parte existen diversas perspectivas sobre el piso de edad a partir del cual debería otorgarse la pensión reparatoria. Mientras para un sector el piso de 40 años da cuenta de una población que transitó la mayor parte de su vida por fuera de los derechos que actualmente son garantizados por la Ley de Identidad de Género, para otros amplía demasiado la base de beneficiarixs, dificultando conseguir acuerdos y recursos para su aplicación real. Sumado a esto, los montos establecidos por este proyecto son considerados insuficientes en muchos casos. La idea de reparación implica el otorgamiento de una pensión que subsane y permita revertir condiciones históricas de vulneración. Los beneficios otorgados a personas víctimas de la dictadura suelen doblar la cifra que el proyecto de Macha y Estévez. Por otra parte, para muchas compañeras travestis y trans, la cuestión de la incompatibilidad de esta pensión con otras significaría renunciar al cobro de algunos beneficios para recibir el equivalente a un salario mínimo.
La vida reparada
Para Trachyn la reparación fue algo inesperado. Un día, por intermedio del Archivo de la Memoria Trans, un equipo de documentalistas la contactó para pedirle su testimonio sobre su detención en el Pozo de Banfield. Ese día regresó al lugar donde había estado detenida y sintió en el aire esa pesadumbre de regresar a un sitio oscuro de la memoria. Mientras filmaban ella se apartó a fumar un puchito. De pronto sintió una voz, un ruido que la llamaba. Ella se volteó y dijo mientras extendía su mano con el cigarro encendido: “¿queres?”. Para Trachyn cómo para muchas travestis de su edad la convivencia con las muertas es permanente. En sus charlas, en las reuniones la mención de las que ya no están es constante. Incluso al recibir su reparación, Trachyn mencionó a quienes la acompañaron alguna vez en aquellas prisiones pero que hoy la miran desde arriba: “En algún lugar deben estar ellas, volando con tetas y mirando este momento que jamás nos imaginamos vivir”.
La reparación le permitirá a Trachyn tomarse el tiempo para disfrutar. A sus casi 60 años, tras haber sostenido su hogar y criado a su hijo, por primera vez ella podrá tomarse un descanso, darse un gustito, ayudar a su familia con lo urgente, arreglar su casita en Tigre. En su momento debió dejar la calle y la noche para ocuparse de cuidar de los suyos. Pasó de tener una vida sin apuros a pasar momentos de mucha pobreza. Su trabajo en el archivo, algunas changuitas cada tanto le ayudaron a llenar la olla día a día. Este reconocimiento es la posibilidad de dejar de pensar en lo urgente y proyectarse una vida digna. Dentro de la precariedad y la violencia, Trachyn supo construir un hogar feliz, una vida llena de compañeras y amigas. Su casa fue y es la parada obligada de muchas travestis y trans que llegan a Buenos Aires. Su madre, es un poco la mamá de muchas chicas del Tigre.
La reparación a la población travesti y trans es aún más urgente que muchas otras políticas. Se trata de contener y sostener a un grupo poblacional extremadamente vulnerado y poseedor de lo poquito que queda de memoria de una comunidad. En los debates actuales en torno a la memoria y la historia de nuestro colectivo, las voces de Trachyn y otras adultas mayores es imprescindible. Es el único recurso sobre el que no podemos volver, un material de consulta única e irrepetible que más allá de los archivos propone voces vivas. Para quienes trabajamos en torno a la historia trans, es terriblemente triste pensar que quizás nuestra entrevista con una travesti mayor sea posiblemente la última. La reparación es además una política que excede a las travestis y que necesitamos como sociedad. Reconocer esa diversidad, esos proyectos de vida por fuera de lo cisheterosexual, esa arte poética tan propia de las travas nos permite pensar en una sociedad distinta, con un futuro de reconciliación y de construcción colectiva que nunca más debe volver al calabozo de la vergüenza, el binarismo y las etiquetas.
